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Thursday, April 30, 2015

García al Congreso por vínculos con el narcotráfico

García al Congreso por vínculos con Oropeza


Proponen interrogarlo tras declaraciones de Facundo Chinguel, quien confirmó vínculos de acusado de narcotráfico con el Partido Aprista.

El expresidente Alan García podrá ser citado por el Congreso para que explique si mantuvo vínculos con el investigado por narcotráfico Gerald Oropeza tras el testimonio de la madre del “Tony Montana” peruano, la excandidata aprista al Parlamento Pilar López, aseguró el congresista Elard Melgar, miembro de la Comisión que investiga la influencia del narcotráfico en los partidos políticos.
Melgar anunció que la Comisión que integra volverá a visitar a Facundo Chinguel en el penal de Piedras Gordas-Ancón II, para que precise algunas de las declaraciones que no quedaron claras sobre los presuntos vínculos del exfuncionario aprista con la mafia de Gerald Oropeza.
Sostuvo que Facundo Chinguel, quien tiene detención preventiva por los presuntos delitos de cohecho pasivo y asociación ilícita para delinquir por el caso “narcoindultos”, reconoció en el interrogatorio congresal que habría encubierto a una mafia de narcos infiltrada en el Servicio Postal del Perú (Serpost) cuando se desempeñaba como director de este organismo.
Facundo Chinguel llegó a tener dos cargos importantes en el segundo gobierno de García, porque fue miembro del directorio de Serpost entre el año 2007 y el 2011; y desde abril del 2008 hasta el 2010 integró la Comisión de Indulto y Derecho de Gracias Presidenciales.
“Lo más preocupante es que Facundo Chinguel haya declarado que si sabía que existía una mafia infiltrada en el Serpost que enviaba droga al extranjero y que se demoró cinco meses en denunciar el hecho ante el Ministerio Público”, recalcó.
Melgar dijo que el aprista actualmente preso preparó los expedientes con los que García rebajó condenas a varios narcos encarcelados por enviar droga mediante Serpost, entre ellos el preso colombiano Edwin Valenzuela, detenido en 2004 como cabecilla de una banda que enviaba droga a través de esa empresa y quien fue beneficiado con la rebaja de su condena en 2009.
Los reclusos Philip Sethole, César Quijaite y Óscar Ramírez también fueron favorecidos con las conmutaciones de Facundo Chinguel, a pesar que dirigieron una red que utilizó el Serpost para enviar droga a Estados Unidos, Europa y Asia, entre junio de 2009 y febrero de 2011.
El exdirector del Serpost agradeció en el interrogatorio a Pilar López, por contratarlo como abogado tras la muerte de su esposo y dirigente aprista Américo Oropeza, para darle asesoría en la declaración de herederos, los problemas laborales de su empresa y la compra de una propiedad. “Me dio la oportunidad de trabajar. Ahí ganaba 5 mil soles mensuales”, dijo.
“Fue una transferencia de favor para proteger sus intereses y yo pueda lidiar con los otros herederos de Américo Oropeza, fallecido padre de Gerald Oropeza”, explicó Facundo Chinguel cuando se le consultó sobre la compra de acciones en las empresas de la familia Sanidad y Limpieza Industrial Peruana S.A.C. (Salinpsac), Servicios Generales Oro S.A.C. (Sergeoro) y Servicios Oro Perú S.A.C.
FUE UN ERROR
Facundo Chinguel dijo que ahora ve como un error dichas compras ficticias, pero que en el momento “fue una forma de proteger los intereses de la señora Pilar López”. Se autocalificó como un “abogado externo” que iba al local de Sergerosac, en Breña, “unas dos o tres veces por semana por un par de horas al día”.
El exfuncionario aprista reveló que fue candidato con el número 15 en la lista de regidores con la que Américo Oropeza San Martín tentó la Alcaldía Distrital de San Juan de Lurigancho con el Apra. Aunque advirtió que para ese entonces no lo conocía muy bien y que postuló como invitado del partido de la estrella.
En otro pasaje de la sesión, le consultaron sobre el local ubicado en la cuadra 16 de la avenida Paseo de la República, donde funcionó su oficina y que terminó en manos de la familia de Gerald Oropeza. Sostuvo que alquilaba el inmueble desde el 2006, pero luego, en el 2012, los dueños vendieron el mismo a la madre de Gerald Oropeza con su participación de por medio. “Yo les hice el contacto. Yo fui el abogado de esa transferencia”, admitió ante la comisión.
Al término de la reunión, que se desarrolló de manera reservada, la congresista Mavila señaló que era necesario considerar la versión de Facundo Chinguel, ya que “establece la naturaleza del vínculo político, aunque en sus declaraciones el investigado no establece con profundidad haber sostenido vínculo con el señor Gerald Oropeza, quien está implicado en casos de narcotráfico”.
Después de haber escuchado aproximadamente tres horas la versión de Chinguel, la legisladora indicó que no se puede tener una conclusión del tema, por cuanto se requiere citar a otras personas.
Mavila no quiso dar detalles del encuentro, porque señaló que el Reglamento establece que las comisiones investigadoras deben tener carácter reservado y cualquier comentario sobre este caso podría interpretarse como adelanto de opinión.
ADEMÁS
Rosa Mavila dijo que Facundo Chinguel confirmó a los integrantes de la comisión que sí tenía vínculos con el padre de Gerald, el aprista Américo Oropeza y la madre, Pilar López de Oropeza, en materia laboral, civil y administrativa.

¡PREPOTENCIA Y ABUSO CONTRA SURFISTAS! CASTAÑEDA Y SUS ROCONES

Gestión de Luis Castañeda insiste en colocar un muro de rocas a lo largo de dicho litoral, pese a que la Marina de Guerra del Perú no lo autoriza
Foto: Renzo Giraldo
La gestión municipal de Luis Castañeda Lossio ha demostrado una vez más su prepotencia y falta de respeto por las áreas naturales y ciudadanos. En esta ocasión, los afectados son los cientos de surfistas y bañistas que por décadas han visitado –y visitan- la playa La Pampilla, en la Costa Verde. Para ellos, este litoral era su ‘segundo hogar’ y el alcalde de Lima se los arrebató.
Con la ayuda de la Policía Nacional, el líder de Solidaridad Nacional desalojó violentamente a los tablistas que protestaban pacíficamente contra el enrocado de la playa La Pampilla por parte de la Empresa Municipal Administradora del Peaje de Lima (EMAPE).
Este enrocado que fue traído en un volquete y vaciado en La Pampilla busca evitar, según Emape, que el mar arrase por completo el polémico tercer carril, que ya ha erosionado a raíz del azote del oleaje.
En las imágenes se puede apreciar como un camión de la comuna metropolitana arrojaba enormes piedras a esta playa de la Costa Verde, ante la mirada impávida de los peatones, bañistas, y la protesta de los tablistas, quienes no se quedaron de brazos cruzados y se abalanzaron contra la unidad de carga para impedirlo.
Los policías de la Unidad de Servicios Especiales (USE), con cascos, escudos, y macanas en mano, salieron en defensa del municipio y reprimieron a los surfistas. Incluso, se metieron hasta el mar para detenerlos.
Por la tarde, el único detenido producto de esta violenta represión, Roberto Luis Boyee Castelli (dirigente de la comunidad de tablistas de la Costa Verde), fue liberado y no hubo una respuesta oficial por parte de la Municipalidad de Lima.
NO TIENEN AUTORIZACIÓN
De acuerdo al presidente de Emape, José Justiniano, la colocación de piedras en esta parte del circuito de playas busca contrarrestar el posible desborde de las aguas marinas, luego de que la Marina de Guerra del Perú advirtió en la víspera que se producirían oleajes de mediana a fuerte intensidad desde el mediodía del jueves 30 de abril hasta el viernes 1 de mayo.
"La Municipalidad de Lima ha tomado acción inmediata y ha incorporado la protección de la infraestructura vial existente. (…) Es la mejor solución y también lo ha recomendado la Marina", señaló el funcionario edil a Canal N, dejando entrever que dicha institución castrense les dio la ‘luz verde’ para arrojar los enormes bólidos al mar.
Sin embargo, la Dirección General de Capitanías y Guardacostas de la Marina de Guerra (Dicapi) desmintió a Justiniano y aseguró que los trabajos que realiza la gestión de Luis Castañeda Lossio en la playa La Pampilla, para colocar grandes piedras al borde de la pista, no cuentan con autorización.
Según el capitán de navío Felipe Silva Berengel, jefe de la Capitanía de Puerto del Callao, cualquier obra que se realice dentro de los 50 metros próximos a línea de marea alta debe contar con estudios para medir el impacto en el medio ambiente y el ecosistema marino, y luego solicitar la aprobación de la Marina de Guerra. Algo que no ha cumplido el alcalde de Lima.
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¿Para quién trabaja la PNP?
Otro hecho que llama la atención es la constante represión policial que se ejecuta contra las manifestaciones en nuestro país, como por ejemplo, los actos de violencia producidos en Islay, Arequipa (por el proyecto Tía María), y La Pampilla (Costa Verde). Consultado por este lamentable accionar, el abogado Ronald Gamarra instó a la Policía Nacional a respetar a la ciudadanía y evitar el uso excesivo de la fuerza.


Castañeda y sus rocones, si no saben cómo recuperar la Costa Verde, los alcaldes siempre se tiran la pelota de la responsabilidad cuando las papas queman, finalmente los que pagamos por sus estupideces somos nosotros, si no se le ocurre ideas del siglo 21 para los Limeños entonces contraten profesionales de USA expertos en el tema del tránsito y cómo salvar nuestras playas llenas de huevadas que las han puesto allí manipulando la ley y por coimas de los interesados en construir sus clubes y agarrarse los espacios públicos de todos los Miraflorinos y Chorrillanos, antes podíamos ver el mar, ahora está repleto de tiendas, clubes restaurantes, concesiones y cojudeces que se han hecho ilegalmente en nuestro espacio natural, el último bastión ecológico marino que le quedaba a la ciudad, y los alcaldes son los responsables, carajo. Contraten pues al que hizo el proyecto de Santa Barbara California, Costa Rica o Sebastian Inlet en la Florida proyectos que se realizaron para malecones preservando el medio ambiente y lugar de esparcimiento de los citadinos. Se podría aprovechar todos esos troncos de la madera confiscada recuperada de la tala ilegal de la selva y utilizarla como pilotes y se construye un malecón ecológico natural, sin alterar las corrientes, el flujo, la fuerza ni la forma de las olas

Oropeza fue aliado de García “La DEA investiga a la organización de Gerald Oropeza”


El jefe de la Unidad de Investigación de ATV, Juan Carlos Gambini, asegura en esta entrevista que agentes de la DEA, se encuentran en Lima, investigando la organización que supuestamente lidera Gerald Oropeza. También confirma que ‘Caracol’ quiere asesinarlo y que hay una pugna entre sicarios.
- ¿Posees información de que la DEA investiga a Oropeza?
La DEA y la Dirandro ya estaban investigando a Oropeza meses atrás (antes del atentado del pasado 2 de abril en San Miguel). La última información que tenemos es que ha venido un grupo de agentes porque están preocupados por la situación y porque (Oropeza) tiene relación con Estados Unidos.
-Me comentabas que ‘Caracol’ es uno de los sicarios nacionales que quiere asesinar a Oropeza (ya falló el pasado 2 de abril)…
Lo que se sabe es que aparte de este grupo de mexicanos que ya estarían ingresando al país para asesinar a Oropeza, también hay grupos locales que estarían buscándolo porque hay una recompensa de 200 mil dólares…Y uno de esos grupos sería el que encabeza ‘Caracol’.
-Cuéntanos sobre ‘Caracol’…
Es un caso extraño. Tras estar 10 años en la cárcel, por narcotráfico, recién el 16 de diciembre del año 2014 se inscribió en la Reniec. Es decir, desde esa fecha posee DNI. En septiembre de ese mismo año, Dirandro hace una captura y logra desbaratar la red que este sujeto dirigía desde prisión con su lugarteniente: un ciudadano iraní…Su socio también cumplía condena por tráfico de drogas en el penal Sarita Colonia donde estaba él recluido. Lo curioso es que estuvo 10 años en prisión sin tener un registro de la Reniec. Un día antes de que la Policía capture a toda su banda (en septiembre de 2014), obtuvo una orden de excarcelación del Poder Judicial para que siga su proceso con comparecencia. Salieron libres él y su socio: el iraní…Lo extraño es que ‘Caracol’ recuperó su libertad en una hora no permitida para hacerlo (después de las ocho de la noche). Por eso, cuando fueron los agentes de la Dirandro fueron al penal Sarita Colonia del Callao, él ya no estaba…
El dato 1:
Gerald Oropeza, junto a otros siete sujetos, posee orden de detención de la Policía. Su presunto socio en la organización de narcotráfico, Javier Poémape, está en República Dominicana. Logró inscribir, con la ayuda de un militante de su partido, en la municipalidad de La Molina, la exvivienda del broadcaster, Luis Enrique Crousillat, que fue embargada por el Estado.
El dato 2:
‘Tony Montana’ es de familia aprista. Su papá, Américo Oropeza, fue un importante dirigente del Apra en San Juan de Lurigancho (fue asesinado, el 26 de enero de 2011, en un presunto ajuste de cuentas). Su empresa Sergerosac ha ganado más de 300 millones de soles en contratos con el Estado.


García tiene responsabilidad en caso de los narcoindultos

Asegura Daniel Urresti, quien considera se debe investigar los nexos de Chinguel con Oropeza. Califica de “tarados” a magistrados que lo pretenden implicar en muerte de Bustíos.
El exministro del Interior y potencial candidato presidencial nacionalista, Daniel Urresti dijo al diario UNO que el expresidente Alan García tendría responsabilidad en el caso de los “narcoindultos” y que si se realiza una investigación a fondo se podrán encontrar los nexos entre el Partido Aprista y el narcotráfico. Manifestó que nuestro país es minero pero puede convivir con la agricultura y dijo que el conflicto de Tía María debe resolverse con un plan para convencer a la gente que el proyecto los beneficiará.
—¿Cuál es su opinión de la relación del presunto narcoaprista Gerald Oropeza con el Partido Aprista?
—El caso Gerald Oropeza tiene que investigarse. Estoy seguro que en el caso narcoindultos van a encontrar culpabilidad, pero, por mucho que esté en contra de Alan García, querer ligar el caso de Oropeza con el Apra creo que es un exceso, porque ningún partido está en condiciones de poder controlar las actividades de todos sus militantes.
—¿En caso de narcoindultos sí es culpable?
—Es diferente en el caso de los narcoindultos porque allí sí intervino directamente Alan García pues él firmaba y decía que (Facundo) Chinguel era probo. En el caso del fujimorismo cuando se han descubierto algunos problemas con el narcotráfico han participado directamente o se les menciona directamente, como el caso de la señora K (Keiko Fujimori) en el caso de “Olluquito” (narcotraficante por el que abogó ella) en el norte. O al hermanito que está medio enfermito, hermano de la señora K que es congresista (Kenji Fujimori), pues él también estuvo involucrado con droga en un almacén que tenía. Pero en este caso (Oropeza) es un militante y hay que investigar, pero tampoco podemos ser ligeros de decir que está implicado el mismo Alan García.
—¿Cómo se entiende que Chinguel, hombre de confianza de Alan García, antes fue testaferro de Gerald Oropeza?
—Por ahí puede estar el nexo. Hay que investigar a García. Yo no digo que no se investigue. Hay que investigar los narcoindultos que administraba Chinguel, y ahora resulta que Chinguel estaba con Oropeza. De repente Chinguel es la manija que los une. Chinguel debe responder sobre este tema para ver hasta donde llegaban los tentáculos.
—¿Cómo toma la relación del exsecretario de Alan García Luis Nava con la familia de Gerald Oropeza?
—Es un secreto a voces y lo comenta todo el mundo, que el señor Nava sería un amigo de Alan García en muchas cosas, incluso hay quienes se atreven a decir que es un testaferro de García. La fortuna que ostentan él y su familia es bastante grande. Si tienen dudas por qué no lo investigan por lavado de activos. Parece que a él le han encontrado desbalance patrimonial.
—¿Alan García debe responder por los nexos entre al Apra con el narcotráfico y Gerald Oropeza ?
—Estos personajes que se meten al narcotráfico normalmente arman actividades o empresas de fachada para lavar dinero y para lavarse la cara ellos y aparecer ante los medios como si fueran grandes empresarios, y lo que buscan es acercarse a los políticos y financiar las campañas. En el caso del Apra si se investiga bien se van a encontrar nexos definitivamente porque ya hay demasiadas coincidencias. Yo no puedo afirmar, pero hay indicios suficientes como para realizar una investigación a fondo.
Sergio Tejada: ruta del dinero de "narcoindultos" tendría relación Gerald Oropeza-Chinguel
CANDIDATO
—¿Usted será candidato o precandidato presidencial por el nacionalismo en el 2016?
—En agosto o setiembre se va a definir cómo se va a realizar la campaña. Si vamos a ir solos o si tal vez se formen alianzas. Lo que actualmente vengo realizando es un encargo de la presidenta del partido para bajar a las bases y conversar con ellas, tratar de repotenciarlas o mejorarlas para participar en las próximas elecciones.
—Si usted fuera presidente, ¿cómo resolvería el conflicto de Tía María?
—Tía María no solo es un conflicto que debe resolver el Ejecutivo. Tía María requiere de la participación de todos, del Ejecutivo, del Congreso, del Ministerio Público, del Poder Judicial, de los partidos, de las universidades y de todos, con el fin de hacer entender a la población lo importante que es la minería. Somos un país minero pues toda nuestra economía se basa en la minería. No somos un país agricultor y menos vivimos de la ganadería. ¿Eso está bien? No. Tenemos que diversificar porque no podemos pensar que toda la vida vamos a vivir de los minerales.
—¿Las protestas contra Tía María se justifican, como cree la mayoría de la población, según una reciente encuesta?
—Hay un pequeño grupo de gente que tiene intereses ocultos y si tú sigues los hilos vas a llegar a las ONGs. Les interesa un pito la justicia y el bienestar para el país. Lo que les interesa son resultados, condenas, estadísticas. Estamos en contra de Tía María dicen y entonces les responden: te vamos a enviar más plata. Esta gente ha tenido tiempo para meter ideas falsas a la gente. Ya han logrado meterse en la cabeza de la gente y han dicho que el proyecto va a ser para mal para sus hijos y no entienden que eso le dará bienestar a todo el sur y va hacer que los pobres sean menos pobres. La cantidad de negocios y movimiento económico aumentará, pero eso no le interesa a un grupo.
—¿Cuál debe ser la solución luego de ver los abusos y las pruebas sembradas por la policía?
—Esas son anécdotas y no es la política del gobierno, que alguien quiso sembrarle un arma a alguien. Eso lo hace la policía en la China y en cualquier sitio. Eso es un delito y cuando se puede descubrir hay que sancionarlo. Lo que tal vez ha faltado es llamar a todas las fuerzas vivas pues les han metido una idea falsa y actúan por ignorancia. El gobierno debió coordinar con las universidades, los partidos y todas las organizaciones sociales para que apoyen a que esa mentira no se difunda, pues la minería se puede combinar con la agricultura. Lo uno no tiene porque perjudicar al otro.
—¿Es necesario un referéndum en Tía María?
—Un referéndum en este momento va a ser totalmente negativo. Aquí lo que se necesita es un plan integral para que todo el Estado vaya a Arequipa y le quite esas ideas falsas a la población y hacerle ver los beneficios que le va a traer este proyecto.
—¿Cambiaría el modelo económico y aplicaría “La gran transformación”?
—Eso ya ha sido superado pues el modelo económico es el que ya está funcionando. Está demostrado que el Estado no es un buen administrador y la venta de todas las empresas estatales fue un acierto, ¿pero qué hicieron con ese dinero? Algún día se sabrá. La empresa privada es la que sabe manejar esas cosas y las inversiones no deben parar. El Perú es un país que debe manejarse abierto a las inversiones y para eso debemos continuar con esa seguridad jurídica que les estamos dando. Se puede ir conversando y mejorando pero no se pueden

Oropeza fue aliado de García

Gerald Oropeza: Luis Nava niega vínculos, pero fotos lo desmientenNarcotráfico tiene vínculo con el Partido Aprista de manera directa y Alan García debe ser investigado por el Ministerio Público, dice Víctor Andrés García Belaunde.
El investigado por narcotráfico Gerald Oropeza habría sido un aliado político del expresidente aprista Alan García en las elecciones generales del 2011, por lo que la Fiscalía de Lavado de Activos que investiga al empresario prófugo debería incluir al líder aprista en las investigaciones, indicó el parlamentario acciopopulista Víctor Andrés García Belaunde.
“Yo creo que Alan García y el Apra tienen que deslindar responsabilidades con la mafia de Oropeza, porque lamentablemente la ciudadanía es testigo de como la delincuencia organizada dedicada al narcotráfico tiene vínculos con el Apra de manera directa”, señaló al recalcar que Pilar López, madre de Gerald Oropeza, fue candidata aprista al Congreso con el número 17 en las pasadas elecciones generales.
Luis Nava, brazo derecho de García en su segundo gobierno, tuvo también vínculos con Oropeza, pues era amigo de su mamá Pilar López. En las elecciones del 2011, Nava fue candidato por el Apra al Parlamento Andino y utilizó un inmueble de campaña que era vinculado al “Tony Montana” peruano.
Al respecto, García Belaunde comentó que “son evidentes todas las vinculaciones que existen entre el Apra y el narcotráfico. Hay algo que no funciona bien, porque las autoridades que tienen el deber de investigar los delitos de narcotráfico y sus nexos con la política, no hacen nada y aceptan estas cosas de una manera rayana con la complicidad”.
ANTECEDENTES
“El Apra carece de decisión para marcar distancias con el narcotráfico y eso le va a hacer mucho daño a esta agrupación política, sobre todo cuando existen antecedentes históricos de sus vínculos con el narcotráfico desde su fundación”, remarcó.
El legislador resaltó que el caso de Gerald Oropeza recuerda el caso del narcotraficante más poderoso del Perú en los años 80, Carlos Langberg, quien compró la casa “Villa Mercedes” de Ate para regalársela al fundador del Apra, Víctor Raúl Haya de la Torre.
Langberg era un próspero empresario que fue detenido en 1980 en Acapulco por un caso de narcotráfico, en un yate en el que se encontraba como pasajero Jorge Idiáquez, exsecretario personal de Haya de la Torre.
Langberg fue señalado también como financista de la campaña presidencial de Armando Villanueva en 1980, que incluyó un spot que hacía recordar las propagandas facistas de los años 30.
“El Partido Aprista, con esos antecedentes, debió cuidarse mucho de cualquier infiltración en su partido pero parece que no lo hizo y parece más bien que estaban cómodos y han gozado con esa situación”, dijo.
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García Belaunde recalcó también que “el encarcelado Carlos Orellana tenía militancia aprista y hasta fue jefe del plan de gobierno municipal de Alan García. Con todo eso, el Apra debería hacer un ‘mea culpa’ y García debería pronunciarse al respecto y deslindar responsabilidades”.

FACUNDO CHINGUEL CONFIRMA COMPRA DE BIENES A FAMILIA OROPEZA

Miguel Facundo Chinguel, expresidente de la Comisión de Gracias Presidenciales durante el segundo gobierno aprista, sostuvo que realizó compras ficticias en empresas de Gerald Oropeza, esto durante un interrogatorio que se realizó ayer en el penal de Piedras Gordas-Ancón II.
Se trata de la compra de acciones en tres empresas de Oropeza: Sanidad y Limpieza Industrial Peruana S.A.C. (Salinpsac), Servicios Generales Oro S.A.C. (Sergeoro) y Servicios Oro Perú S.A.C., así lo confirmó ante la comisión que investiga los nexos del narcotráfico con los partidos políticos.
“Fue una transferencia de favor (...) para proteger sus intereses y yo pueda lidiar con los otros herederos [de Américo Oropeza, fallecido padre de Gerald Oropeza] (…) fue una forma de proteger los intereses de la señora Pilar López [madre de Gerald Oropeza]”, indicó el ex funcionario aprista, según información de El Comercio.
Asimismo, reconoció haber asesorado de manera externa a la empresa Servicios Generales Ronald S.A.C. (Sergerosac), donde ganaba 5 mil soles mensuales, y que iba al local de Breña “unas dos o tres veces por semana por un par de horas al día”.
Además, explicó que los dueños del local ubicado en la cuadra 16 de la avenida Paseo de la República, donde funcionó su oficina, vendieron el inmueble a la madre de Gerald Oropeza y él fue abogado de la transferencia.
Respecto a sus vínculos con Américo Oropeza, señaló que fue candidato a regidor cuando el fallecido dirigente postuló a la Alcaldía Distrital de San Juan de Lurigancho por el partido aprista.



Wednesday, April 29, 2015

PERU NEEDS AN ANTI-MONOPOLY LAW AND PRIVATE PROPERTY






IN URGENT NEED OF ANTI-MONOPOLY AND PRIVATE PROPERTY LAWS 


In Peru we still so far behind that business structures and guilds believe that we live in feudalism, is a field so broad backlog reaching up governance structures and society, it is time for that the country needs to evolve from the fifteenth century to the XXI century, monopolies are gone "Feudal". What about congressmen who do not make a law of "Fair Trade" and private property? (laws of "fair trade") that exist in the advanced democracies of the world where the basic principles inclusion and equality in business, services, antitrust and other laws also protect the rights of property. 


Do not they know, these inept congressmen that in Peru to evolve and to be a real democracy must exist these minimum rights and basic laws? Corrupt politicians, corrupt public officials, corrupt journalists, common employee is bullied to go with the corruption flow and cannot do anything about it and forcing everyone must join the parallel system and live in the corruption circle is such that "a corruption form and standard is the norm" 

According to the UPC (Catholic University) studies on corruption, Peru is 77% corrupt by force, 75% of Peruvians are obligated in a corruption modus operandis they are bound to be part of this medium, because otherwise nothing works anywhere. The media is corrupt also it only functions with "payola". It cannot be possible that in our country no justice is done, justice is for the corrupt or for the guy who pays the most, in the judiciary system everything is done with bribes, bribing is the only way to get things done, the way to get on the right track set, if the allegations are not mediatic you may not get into the system you must bribe the state attorney and the police to get your file going otherwise you will never have your case seen by a judge, it is a vicious circle, if the complaint is not in the broadcasting system or any type of media you might never get a piece of justice all is done if you have made a media scandal is the way in this parsley circus and it must be tailored and have all the paraphernalia to be "morbid" or you will never get published and everything is filed by the complainant will be thrown away is therefore designed and ordered to pay bribes in the prosecution or the police and if it is a political issue will file all or is put in the infernal limbo rocker, 

There must be a legal reform and Anti-monopoly laws such power of the media today is controlled by only one family who plays as the media octopus they own 87% of all newspapers radios, internet, TV, broadcasting distributing that has that media circus by the balls then. the Octopus media mogul now wants more power to be the God of all Feudal Lords becoming the oil octopus because he has recently purchased all places of storage and distribution of fuel and oils, lubricants and gas will not only be able to handle and manipulate what people hear, see and think, now he will be the one who controls all prices, his last name appears in the socialite pages in all his papers and magazines the last name is Miró Quesada Grana Montero also owns the largest and most powerful construction mafia and gets all the states and country infrastructure bids all the time the state infrastructure monster Graña-Montero, this fellow is a complete octopus, he is also in real estate and people know his nephew squatters land and has an army of thugs with heavy weaponry for land trafficking,

 The underworld rules in Peru and feudalism still at large and mobsters called “politicians” uses these guilds and control the country, the country is a Narc state and all the people hear in the news about killings and narc traffic deals involve and signal a political party as per AL Capone once ruled the organized crime in New York, here we have the politicians like Al you must add “lan” to the name and you get Aprista Mafia´s king pin Alan García Perez, Perú ex-president all the latest events have pointing at him adding a Congressed Mega commission who tries  to convict him from liberating 2,500 drug trafficking convicts during his latest mandate, everything signals him to be the guy behind all illegal business since 1985 obviously he gets infinite impunity cause he pays everyone  will be handled with black money laundering and drug money creating the perfect machine for living the easy money way; these "feudal" monopoly groups are paid so low to stay in their economic power and political control and are accomplices of the trap, armored, of shenanigans, of ignorance of the mass, ruling of the monopoly of "feudal lords" rings and corrupt brotherhoods  continue free doing what they like organized crime, land traffic, drugs, influences, human trafficking, children, usurpation property, land, mining, and illegal logging.

LEY ANTI-MONOPOLIO Y DE PROPIEDAD PRIVADA (OPINION)


Ayer se difundió el último reporte anual sobre libertad de prensa que elabora la organización estadounidense Freedom House. En él, el Perú no sale muy bien parado, pues obtuvo su peor puntaje en los últimos diez años. El estudio ubica a nuestro país en un rango de "libertad de prensa parcial".“En agosto de 2013, el conglomerado de medios más grande del Perú, el Grupo El Comercio, adquirió el 54% de la Empresa Periodística Nacional (Epensa), que maneja los diarios Ojo, Correo, Bocón y Ajá. Esta compra le otorga al Grupo El Comercio –que ya es la compañía periodística más grande del país y que domina todo el sector de la prensa escrita– el 78% del mercado de periódicos en el Perú. Diversos grupos periodísticos han expresado su preocupación por la movida del Grupo El Comercio, que ha sido criticado por su cobertura política, pues afectaría negativamente la diversidad de opinión en la prensa peruana.”

En el Perú seguimos tan atrasados que las estructuras de negocios y cofradías creen que vivimos en el feudalismo, es un ámbito de atraso tan amplio que alcanza hasta las estructuras de gobierno y nuestra sociedad, es hora pues que mutemos del siglo XV al siglo XXI y se acaben con los monopolios "Feudales “

¿Qué pasa con los congresistas que no hacen una ley de "Fair Trade" y de propiedad privada? (leyes de "comercio justo") que existen en las democracias avanzadas del mundo donde existen los principios básicos de inclusión y de igualdad en los negocios, servicios, leyes anti-monopólicas y otra también de defensa de los derechos de propiedad. ¿Acaso no saben estos otorongos ineptos que para que en el Perú exista una verdadera democracia tienen que existir estos mínimos derechos y leyes básicas? Los políticos corruptos, los empleados públicos corruptos, los periodistas corruptos, el empleado común esta coexionado y no puede hacer nada al respecto y se une al sistema paralelo y viven en la corruptela de tal manera que es "la forma y la norma", según los estudios de la UPC sobre la corrupción en el Perú el 75 % de los Peruanos piensan que están obligados a ser parte de este medio, por que de otra manra nada funciona.

 Hasta los medios de comunicación funcionan con la "payola". No puede ser posible que en nuestro país no se haga justicia en el poder judicial por la vía correcta establecida, si las denuncias no son mediáticas, si no se hace la denuncia en escándalo mediático y se forma un circo perejil con "morbo" no se publica ni mierda y se archiva todo por consiguiente el denunciante está condenado a pagar coimas en la Fiscalía o en la policía y si es un tema político se le archiva todo o se le pone en el limbo de la mecedora infernal, que tal poder de mierda que tiene ese pulpo de los medios entonces. 

El pulpo de los medios de comunicación ahora será también el pulpo del petróleo porque ha comprado todos los centros de almacenamiento y distribución del combustible y tendrá no sólo un poder de manipular lo que la gente oye, ve y piensa si no ahora también controlará los precios de todo también porque se apellida Miró Quesada Graña Montero apoquinará también lo de infraestructuras estatales, un pulpo completo, Estas cofradías serán manipuladas con los dineros negros del lavado de activos y los dineros del narcotráfico creando la perfecta lavadora por que viven de la plata fácil que estos grupos monopólicos "feudales" les pagan por lo bajo para mantenerse en sus poderes económicos y de control político y son cómplices, de la trampa, del blindado, de los chanchullos, de la ignorancia, del monopolio de "los señores feudales", argollas y cofradías corruptas del crimen organizado, del tráfico de tierras, de drogas, de influencias, trata de personas, niños, usurpasión de propiedades, predios, la minería, y tala ilegal.

ESTE ES EL REPORTE

Freedom of the press is guaranteed by the 1993 constitution, but local and international media organizations continued to express concern about the use of criminal defamation statutes against journalists and the continued harassment of reporters by both state and nonstate actors in 2013. A merger in the newspaper industry led to further consolidation of Peru’s already-concentrated media sector.
Politicians frequently react to criticism, particularly corruption allegations, by suing journalists, press outlets, and activists. Defamation remains a criminal offense that can result in imprisonment, though suspended sentences are more common. In October 2013, two journalists from the newspaper La Calle in the city of Ayacucho were sentenced for defamation in separate cases related to their reporting on irregularities in public works projects. Esther Valenzuela Zorrilla, the newspaper’s editor, was convicted of defaming Ernesto Molina Chávez, the former president of Ayacucho region. She received a two-year suspended prison sentence and was fined $9,000. La Callecontributor Asencio Canchari Sulca, meanwhile, received a two-year suspended sentence and was ordered to pay $1,000 after being convicted of defaming Magno Sosa Rojas, a former adviser to the regional government’s current president, Wilfredo Oscorima Núñez. In May, Alcides Peñaranda Oropeza, editor of the newspaper and magazine Integracíon, received a two-year suspended sentence and was ordered to pay $3,700 in civil damages after he reprinted an article from another source alleging that César Álvarez Aguilar, head of the Áncash region in northern Peru, had received protection from local prosecutors. Peñaranda and the manager of Integración, Yolanda Quito Camones, also reported receiving threats from people loyal to Áncash government officials. In a positive development, blogger José Godoy was acquitted in April 2013; he was originally convicted of defaming a cabinet minister in 2010, and the case had undergone several levels of appeal.
A controversial bill, proposed by President Ollanta Humala in 2012, that would criminalize the denial of terrorist crimes committed and make violations punishable by 6 to 12 years in prison continued to be debated in Congress in 2013. Human Rights Watch and local and international press groups criticized the law for the stifling effect its vague terms could have on free expression.
Despite the existence of access to information laws, adherence to transparency norms is inconsistent, particularly at the regional and local levels. In December 2012, the government published a legislative decree denying the public access to any information related to national security and defense. Any person who reveals such information could be charged with a criminal offense and punished by up to 15 years in prison. The national ombudsman’s office, the Defensoría del Pueblo, submitted a challenge to the decree to Peru’s Constitutional Court. The case was still pending at the end of 2013. Additionally, in October Humala signed a new Cybercrime Law, approved by Congress in a closed-door session in September, which press groups worry will undermine transparency and access to information. The law restricts the use of government data by imposing a three- to six-year sentence for people found guilty of intercepting computer information from a public institution. It weakens the most important component of Peru’s 2002 transparency law, which allows for the creation of government databases that the public can access to track spending, by establishing a three- to five-year sentence for tracking information via database on any aspect of a person’s personal, family, financial, or professional life.
There is no independent media regulatory body in Peru; under the 2004 Radio and Television Law, broadcast licensing is the responsibility of the Ministry of Transport and Communications. Outright censorship of content is not practiced. However, journalists often experience pressure from government officials, business interests, and media owners to self-censor or limit coverage of sensitive topics.
Physical attacks and threats against media workers continue to create a hostile climate for the press. The National Association of Peruvian Journalists (ANP) reported 131 press freedom violations in 2013, including physical and verbal attacks, threats and harassment, administrative and judicial pressure, and impediments to practicing journalism. Northern Peru continues to be an especially dangerous region for journalists. Topics such as corruption and misuse of state resources, drug trafficking, and mining-related social conflict are considered particularly dangerous to cover. In February, prominent photojournalist Luís Choy Yin Sandoval of the country’s leading newspaper, El Comercio, was gunned down by a hit man outside his home in Lima, the capital. In June, two men who confessed to accepting $100,000 for Choy’s murder were themselves killed by Peruvian police after escaping from prison. The organizers of the assassination were still at large at year’s end.
There were a number of other high-profile attacks on journalists and media outlets in 2013. In January, Nixon Solórzano Bernales, a television host at Channel 25 in the northern Cajamarca region, was stabbed by an assailant who Solórzano had accused of involvement in a domestic violence case. In May in the province of Chiclayo, journalist Jorge Moncada Mino, editor of the dailyEl Ciclón and director of Radio Kaliente, was attacked by two unknown assailants. In July, an explosive device was detonated at the door of Radio Tropicana in the Junín region. Earlier that week, a journalist at the station had during one of his programs discussed an alleged violation of labor regulations by the administration of a local municipality. And in December, attackers detonated an explosive at the home of Edvan Ríos Chanca, a journalist who frequently reported on alleged corruption in the regional government in Junín.
There were also instances in which government officials threatened, harassed, or otherwise interfered with the work of journalists. In July, Fernando Valverde, a journalist who had reported on accusations of domestic violence against the mayor of the town of Llumpa in Áncash, received death threats that caused him to flee to Lima. The owner of Radio La Voz, in the Amazonas region, claimed that the station continued to be subjected to political reprisals by the armed forces for its reporting on a 2009 clash between soldiers and indigenous protesters, including being forced off the air for 14 months.
Impunity for perpetrators of attacks on journalists continues to be a problem. According to the Peruvian Press Council (CPP), the murders of 57 journalists between 1982 and 2011 remain unsolved. However, in a positive development, in August 2013 a magistrate on the National Criminal Court brought a case against Marco Antonio Rivero Huerta, mayor of the Comandante Noel de Casma district in Áncash, and five accomplices for the 2011 murder of journalist Pedro Flores Silva.
The government owns one television network and two radio stations, and operates the print news agency Andina. However, private outlets dominate the media industry, and the audience for state-run media is relatively small. Radio is an important news medium, especially in the countryside, and many incidents of harassment, intimidation, and censorship by media owners are related to radio coverage of local issues. The media corruption that was endemic during Alberto Fujimori’s presidency in the 1990s continues to some extent, with journalists occasionally accepting bribes in exchange for slanted coverage.
In August 2013, Peru’s largest media group, Grupo El Comercio, purchased a 54 percent stake in Empresa Periodistica Nacional S.A. (Epensa), which owns the dailies OjoCorreoEl Bocón, and Ajá. The purchase gives Grupo El Comercio, already the largest media company in the country and the dominant player in the country’s print media sector with the El Comercio newspaper, a 78 percent share of Peru’s newspaper market. Press groups expressed concern that the purchase by Grupo El Comercio, which has been criticized for its politicized news coverage, will negatively affect the diversity of opinion in the country’s media. In November, eight journalists, including the editor of La RepúblicaEl Comercio’s main rival, filed suit in the Constitutional Court to block the merger.
In 2013, 39 percent of Peruvians had access to the internet, with no reported government restrictions on users’ activity. Web-based media content and social-media use have been steadily increasing in recent years, particularly in the urban areas.