“PLAN SUBMARINO”

AL DESCUBIERTO “PLAN SUBMARINO” PARA DESTRUIR LOS GREMIOS POLICIALES- MILITARES

Especial | 8 noviembre, 2013

 

Teniente Coronel EP(r) Julio César del Carpio, denuncia ejecución de infiltración masiva de las asociaciones de uniformados, coimas masivas a sus dirigentes y juicios a los que insisten en las reclamaciones contra las leyes que recortan derechos salariales y pensionarios de los uniformados

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“Denuncio al país la existencia del llamado Plan Submarino 2013, diseñado por la Dirección de Inteligencia Nacional (DINI), conocido como el ex SIN, por el cual el gobierno desde inicios del año en curso ha lanzado una serie de acciones dirigidas a neutralizar nuestras protestas, como infiltrar nuestras asociaciones y desde adentro desmotivar las acciones judiciales emprendidas contra el gobierno, neutralizar las marchas difundiendo mensajes contradictorios, coimear a los dirigentes para que no lideren actos de protesta y enjuiciar a todos los militares y policías que no se sometan al plan Submarino 2013.

Conocemos la existencia de este plan gracias a un informe elevado a nuestros gremios por uno de sus redactores, que por ahora por razones de seguridad personal su identidad será mantenida en reserva, y en el cual explica la estrategia y objetivos de este plan.

De acuerdo a las instrucciones del expresidente del consejo de ministros, Óscar Valdés Dancuart, ratificadas después por su sucesor, el reciente saliente Juan Jiménez Mayor, el PLAN Submarino 2013 fue diseñado por la DINI con el objetivo de introducir esquiroles en el terreno del oponente, léase la treintena de gremios que integran el movimiento policial y militar y desde adentro socavar sus fortalezas, debilitarlo y destruirlo.

DINERO A RAUDALES

Según este plan, su primera acción central ha sido incrementar la subvención económica que otorga a todas las asociaciones, frentes, alianzas, tanto del personal en actividad como en retiro de las FFAA y PNP, a fin de ganar la voluntad de sus directivos y evitar cualquier acción de protesta, reclamo o medida de fuerza lanzadas por estas organizaciones, lo cual ya se ha comenzado a producir en algunos de los gremios aparentemente más combativos.

E igualmente, el pago directo a los presidentes de estas organizaciones en función de la cantidad de socios que representan, todo ello con cargo al presupuesto que manejan los órganos de inteligencia, siendo el caso que muchos cobran en cuentas a sus nombres aperturadas en el Banco Continental, o al nombre de sus esposas o hijos mayores, para evitarse complicaciones.

Para cumplir este objetivo se ha contratado los servicios de dos organizaciones particulares que prestan servicios de inteligencia con su propio personal, es decir, que venden sus servicios ante los requerimientos solicitados, por tanto para este plan se ha escogido a personal militar y policial que cuenta el perfil y condición de pensionista para que tenga acceso a los locales de reunión y participar activamente.

Estos esquiroles tienen la misión de “neutralizar, impedir, bloquear, cualquier demanda de los pensionistas ante el tribunal constitucional, porque sería el primer caso en la historia en que las fuerzas tutelares se enfrenten al gobierno.

CAMPAÑA A LA VISTA

En las esferas del gobierno se tiene la convicción de que las leyes promulgadas para desconocer los derechos de policías y militares, no soportarían el mayor análisis de suficiencia y solidez, y serían declaradas inconstitucionales, con el consecuente desprestigio del gobierno, que ya va sufriendo reveses similares con la ley del servicio militar y la ley del servicio civil.

Por lo tanto, el objetivo del régimen, en este caso, es que no se presente la demanda ante el TC, para lo cual los efectivos infiltrados en las organizaciones buscarán confundir, retroceder, plantearán denuncias infundadas contra los líderes que persistan en continuar la lucha, para eso se tiene coordinado con algunos fiscales para que admitan estas denuncias y menoscaben la moral de los principales líderes.

El plan, pues, contempla acallar cualquier voz sensata que se levante en aras de la unidad y que busque potenciar la lucha, imponer el autoritarismo, para que mucha gente deje de luchar, crear una gran confusión mediante algunas resoluciones judiciales ganadas por jubilados a título personal, y no gremial, para que el resto pretenda seguir ese camino y desviarlos del objetivo gremial principal, y de esta manera reducir al mínimo la capacidad combativa del movimiento y luego dar paso a la decisión de muchos dirigentes de retirarse bajo el pretexto de viajes fuera del Perú, para facilitar la derrota definitiva de sus bases.

Si bien las acciones descritas permitieron acallar cualquier protesta o reclamo de los pensionistas por falta de dirección y liderazgo, al estar los presidentes de las organizaciones “aceitados” por el gobierno, no se previó la reacción directa y espontánea de los pensionistas afectados que de manera organizada han salido. En estos momentos han salido a buscar justicia dentro del marco legal que la normatividad les permite.

UNA CALUMNIA

Personalmente, me encuentro entre los enjuiciados, para lo cual se me ha inventado una carta que está circulando profusamente en las redes sociales desde hace mucho tiempo, en la que se me atribuye temerariamente acusaciones calumniosas a determinados dignatarios, sin que haya una pericia técnica, una verificación de nodos y subnodos de distribución, que correspondan a mi modem personal y prueben mi responsabilidad. En este caso, sin duda la carta calumniosa que se me atribuye ha sido hecha en el marco del Plan Submarino 2013, desde un servidor de la división de delitos de alta tecnología, adscrita al Ministerio del Interior.

Por esta razón, rechazo los términos calumniosos de esa carta enviada a miles de emails durante varios días, expresados en la carta notarial que ha dado origen al juicio y que ha sido enviada en copias múltiples y en los mismos términos difamatorios a varios militares contestatarios que forman parte de la resistencia militar-policial, a pesar de tenerse la evidencia que el correo original no es de mi autoría.

Estamos, sin duda, frente a una estrategia de la DINI lanzada contra los militares y policías que venimos luchando en defensa de nuestros irrenunciables y constitucionales derechos pensionarios, denunciando la corrupción en la adquisición sobrevalorada de equipos militares, persistiendo en la batalla legal contra el gobierno que pretende liquidar la caja de pensiones militar-policial para rematarla a las mafias a un precio basura, y que estamos haciendo propuestas para mejorar la seguridad ciudadana, fuera de control por la anomia e incapacidad manifiesta del responsable del sector”.