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Thursday, September 26, 2013

JUEZ LE TIRA UNA TOALLA A GARCIA


Por Guillermo Olivera Díaz

Cualquier juez, ora constitucional, ora ordinario, consuma prevaricato cuando resuelve en forma contraria al texto expreso y claro de la ley, tal como lo dispone el Artículo 418° del Código Penal. Estimo que este delito se configura, sin duda, en la increíble sentencia del juez constitucional, doctor Hugo Rodolfo Velásquez Zavaleta, que declara ciegamente “NULO LO ACTUADO por la Comisión Investigadora…con posterioridad a la citación que se le efectuó (al actor Alan García) mediante documento de 8 de marzo de 2013”.

Es decir, anula dolosamente todo lo que haya actuado la Comisión después de la citación de aquel 8-03-2013. En otros términos, esta desbocada nulidad arrasa con todo tipo de diligencias actuadas, las mismas que el juez no las precisa cuáles son, por la sencilla razón de que no las conocía al resolver, ni las conoce hasta hoy que le han pedido medida cautelar, pues ni siquiera se señalan en la demanda de amparo, ni fueron cuestionadas, tampoco constatadas por el juez en el expediente mismo que gira ante la Comisión demandada.

Semejante fallo, independiente de la motivación que haya tenido, por más nefanda que fuese, viola el texto expreso y claro de los Artículos 42° y 55° del Código Procesal Constitucional, que se refieren al contenido obligatorio que deben tener la demanda del actor y la correlativa sentencia del juez que ampare la pretensión.

El citado numeral 55°, parágrafo 2), ha sido vulnerado, ya que éste ordena al juez que declare la nulidad de la “decisión, acto o resolución” violatorios del derecho constitucional invocado, el debido proceso en el sub judice, “con determinación, en su caso, de la extensión de sus efectos”.

Al declarar “nulo (todo) lo actuado”, con posterioridad a la citación del 8 de marzo de 2013, sin que en los considerandos del fallo se haya señalado lo que tal nulidad abarca o contiene, y que ni siquiera la demanda lo refiere, se viola el texto de esta norma legal, o sea, se prevarica, con dolo, favoreciendo a quien a ojos vista pretende una candidatura presidencial. No anula ninguna “decisión”, “acto” o “resolución” concreta de la Comisión Tejada, sino todo lo que ella actuó después del 8 de marzo aquel, ¡SIN QUE EL JUEZ SEPA LO QUE REALMENTE SE HABÍA ACTUADO!

Nótese, además, que declarar nulo lo actuado “con posterioridad a la citación”, no anula la citación misma, sino todo lo que está después o con “posterioridad” a ella. Sin embargo, ordena este juez a la Comisión que se “proceda a citar al actor con el mayor detalle posible” sobre hechos, conductas ilícitas posibles y elementos probatorios, ¡de lo posible! ¡No anula la citación, pero compulsa a citar de nuevo, con un texto que él indica, por aproximación!

El mismo numeral en cuestión manda al juez sentenciador que declare nula una “decisión, acto o resolución” (de la Comisión) y, a su vez, determine “la extensión de sus efectos”, apartado que igualmente resulta violado por cuando la sentencia no ha precisado, al detalle, cuál es la “extensión” de los efectos de su nulidad declarada. No la podía señalar ésta, porque la demanda tampoco los contiene o precisa, ni se tuvo a la vista el expediente que gira ante la Comisión.

Con un delito de prevaricato al sentenciar resulta inválido declarar “nulo lo actuado”, que pueden ser todas las declaraciones recibidas de otras personas diferentes al actor, por ejemplo, las de Aurelio Pastor, Facundo Chinguel, entre otros personajes, en cuanto se refieran al favorecido por el delito del juez, Alan García. A este respecto el Artículo 42°, 4) del Código Procesal Constitucional obliga al demandante a presentar la “relación numerada de los hechos que hayan producido…la agresión del derecho constitucional”, lo cual no aparece de la demanda de Amparo, sobre los hechos lesivos al demandante con posterioridad al 8 de marzo de 2013.

Los fallos prevaricadores deben ser anulados por el Superior, vía la apelación respectiva, debiendo citarse a García, en forma ajena al fallo de marras, a una ampliación de sus declaraciones, bajo los apercibimientos que la Constitución Política ha previsto para los contumaces.

Corrupción en Peru

foto: La república

Corrupción en la mira

El 44% de peruanos considera a la corrupción como uno de los principales problemas que enfrenta el país según Encuesta Nacional sobre Percepciones de la Corrupción en el Perú 2013

Publicado: 2013-08-21
De acuerdo con la VIII Encuesta Nacional sobre Percepciones de la Corrupción, presentada hoy por Proética, el 44% de los peruanos considera a la corrupción como uno de los principales problemas que enfrenta el país. Este resultado es tres puntos porcentuales menor a la encuesta del año 2012.
La encuesta nacional fue realizada a 1,202 personas en 16 regiones del país por la empresa Ipsos Perú por encargo de Proética; contó con el auspicio de la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción (CAN Anticorrupción), la Cámara de Comercio de Lima (CCL), la Sociedad Nacional de Industrias (SNI) y la Sociedad Nacional de Pesquería (SNP).
El estudio también indica que 3 de cada 5 entrevistados consideran que la corrupción es el principal obstáculo que enfrenta el Estado, el cual le impide lograr el desarrollo del país. En tanto, el Congreso de la República, la Policía y el Poder Judicial fueron percibidas como las instituciones más vulnerables a la corrupción, mientras que el Gobierno Central, obtuvo un 11%, ocupando el octavo lugar.
Y ante la pregunta de si en los últimos 12 meses le solicitaron o dio regalos, propinas o coimas a un funcionario del Estado, el 83% de los entrevistados indicó que no, mientras que el 17% admite haberlas otorgado, incluso sin que estas hayan sido solicitadas.
Al respecto, Cecilia Blondet, directora de Proética, señaló que, en esta coyuntura, en que se ha convocado a un diálogo nacional amplio, la sociedad civil y el sector privado están dispuestos a colaborar con el gobierno en fortalecer las políticas anticorrupción.
En el sondeo se observa también que 79% de los encuestados considera que la corrupción afecta al desarrollo de las empresas en el país. Asimismo, el 55% está de acuerdo en que la gran cantidad de trabas burocráticas genera más oportunidades para el pago de coimas y el 57% se halla igualmente de acuerdo en que si hubiese menos disposiciones controlistas habría menos coimas.
Sobre ello, Samuel Gleiser, presidente de la Cámara de Comercio de Lima (CCL), señaló que, efectivamente, las trabas burocráticas son el caldo de cultivo de la corrupción, y por ello el Gobierno hace bien en incentivar concursos como el “Trámite de Mas”, iniciativa que empodera a los emprendedores y les permite denunciar hechos absurdos que entorpecen gestiones, afectando el tiempo y por ende los negocios de muchas personas.
Con él coincide el presidente de la SNI, Luis Salazar, quien añadió que entre las acciones que se deben ejecutar para solucionar el problema de la corrupción en el país pasa por “eliminar la discrecionalidad del funcionario público, simplificando sistemas y haciéndolos más transparentes”.
“La adecuada implementación de la recientemente aprobada Ley del Servicio Civil contribuirá a atraer y promover a los mejores profesionales en el sector público, lo cual incidirá en que se simplifiquen los trámites, se limite la intervención del Estado en la economía y por tanto se reduzca la corrupción”, señaló Elena Conterno, Presidenta de la Sociedad Nacional de Pesquería.
Finalmente, los datos muestran que el 48% de los entrevistados considera que los resultados de las denuncias por caso de corrupción son poco efectivas y el 58% no sabe dónde denunciar un caso de corrupción. Ante ello, Susana Silva, Coordinadora General de la CAN Anticorrupción, indicó que es importante que toda la población asuma un papel más activo en la lucha contra la corrupción para evitar la impunidad. “Justamente por ello vamos a incidir con mayor fuerza en las medidas destinadas a fomentar la denuncia ante casos de corrupción, teniendo como eje central la protección al denunciante”, aseveró.  
“Es necesario trabajar en conjunto con el Gobierno, el sector privado y la sociedad civil”, concluyó Salazar Steiger.

EL PERÚ EN RIESGO


LOS CIELOS DEL PERÚ EN RIESGO

Publicado: 2012-05-16
Este informe pone al descubierto una serie de oscuros negociados  en el convenio suscrito por la Fuerza Aerea Peruana con Bielorrusia para la reparación de los aviones de ataque a superficie Sukhoi SU-25; que pone en riesgo la Seguridad Nacional

INFORME CONFIDENCIAL
El 20 de Octubre 2011, Resolución Supremo N° 355-2011 RREE del 29 de Setiembre 2011, se suscribe el convenio con Bielorusia que es de público conocimiento y que es ilegal por la forma cómo fue suscrito sin la ratificación previa del Congreso de la República y la firma del Ministro de Defensa como responsable del sector.
Se tiene información que luego de la suscripción del convenio arribó una delegación de Bielorusia (un representante de la compañía Beltechexport, uno de la planta reparadora 558 y uno del Comité Estatal Industrial de Bielorusia), deduciéndose que el siguiente paso era la firma del contrato directo, objetivo que se vio frustrado. Como consecuencia, actualmente el Estado Mayor General de la FAP (Teniente General Jaime Marin Figueroa Olivos), está elaborando las bases para una tercera licitación internacional (CACE). El Mindef y el MEF han elevado el presupuesto de $39 millones a $96 millones para la reparación de los aviones Sukhoi SU-25.
Desde fines de 2009 hasta hoy los altos mandos de la FAP, mantienen relaciones solo con la Beltechexport de Bielorusia, concluyéndose que el único postor sería esta compañía, actualmente judicializada, vetada por la Unión Europea y USA además de tener sus cuentas congeladas en los bancos Europeos.
El caso Rosoboronexport
En Enero del 2003 una delegación de la federación de Rusia de la Compañía Federal Estatal Unitaria Rosoboronexport visita el Perú y se entrevista con el vicepresidente con el objetivo de reestablecer las relaciones y exponer las nuevas politicas de Rusia que regulan la Cooperación Técnica Militar con los países extranjeros.
El 2004 se elaboró el Convenio de Asistencia Técnica Militar, previamente ratificado por el Congreso de la República y posteriormente firmado por el Ministro de Defensa y por Rusia el Señor Embajador. Perú reconoce a la Federación de Rusia como un aliado en el campo militar por poseer una industria bélica con tecnología de punta.
En el 2007 bajo la Ley Federal N° 114 - FA del 19/07/98 de Colaboración Técnica Militar con los países extranjeros, firmado por el Presidente de Rusia, la cual autoriza a la Compañía Aviatión Holding Company Sukhoi a presentar a la Fuerza Aérea del Perú el Convenio Marco N° SU / 066044121201- 2007, el mismo que respeta y garantiza los intereses de las partes, cumpliendo las Normas de Adquisiciones y Contrataciones del Perú, convenio aún vigente.
En Abril 2007, la Compañía Sukhoi invita al Sr. Ministro de Defensa Doctor Alan Wagner Tizon a visitar la feria internacional de defensa en Brasil LAAD 2007, para dialogar respecto al convenio marco y sus ventajas, a la cual no respondió ignorando y restándole importancia al convenio.
En Mayo del 2007, una delegación de la FAP a solicitud del Comandante General del Aire Miguel Ángel Gómez y con Resolución Ministerial N° 207-2007-DE/FAP el Doctor Alan Wagner Tison autoriza el viaje a la república de Georgia, para que se visite la compañía Tbilisi Aerospace Manufacturing (TAM-Compañía privada), planta ensambladora de aviones solo de SU-25 monoplazas hasta el año 1987 durante la Unión Soviética, la misma que nunca fue planta reparadora. Porque el gobierno permitió esta acción de la FAP sabiendo que una planta ensambladora no es igual a una planta reparadora. Este viaje fue cubierto por la compañía peruana PCB Representaciones y TAM, gestión que se trato de mantener en secreto y divulgada por la prensa.
En el 2007 se crea la comisión SU-25, presidida por el Mayor General FAP Jaime Marin Figueroa Olivos, la que evalúa la propuesta de TAM para la reparación de 8 aeronaves SU-25 a un costo de $ 39 millones, tomándola como referencia para la Primera convocatoria internacional.

DUDOSOS CONTRATOS (400 MILLONES APROXIMADAMENTE)
El Comando de la FAP decide por otras opciones técnicamente inadecuadas. La alta dirección de la Holding Sukhoi sigue apoyando el programa SU-25 de la FAP enviando dos delegaciones de especialistas para evaluar las aeronaves. Con documento N° 214-02/02 del 26/01/2009 Sukhoi comunica formalmente a la FAP basado en el informe del Director General de la planta reparadora 121 de Rusia (Coronel "R" Yakov Kazhdan), el cual personalmente  evaluó el SEMAN y concluyó que sí se daban las condiciones técnicas,  para realizar los trabajos de reparación mayor.
La Planta Reparadora 121, es la única planta asignada por el Holding Sukhoi y el Ministerio de Defensa de Rusia para realizar los trabajos de reparación mayor y modernización de las aeronaves SU-25 de la Fuerza Aérea de Rusia, ya que su staf de ingenieros estudiaron y elaboraron la documentación técnica para el programa de reparación mayor y la actualización de los boletines técnicos. Ninguna otra planta reparadora sea en Rusia o países de la Ex Unión Soviética poseen o tienen acceso a la documentación Técnica.
Dos años después de recibido el convenio marco de la Holding Sukhoi y de haber negociado con la compañía TAM un posible contrato para la reparación de 8 aeronaves por un valor de $ 39 millones, el 02 de Febrero 2009 la FAP convoca al concurso CACE CE-2-2009-CACE 2-FAP/GRU 11 para la reparación de 18 aeronaves con un presupuesto de $ 39 millones. A este CACE  se presentan solo dos compañías la Compañía Aviatión Holding Company Sukhoi y la Beltechexport.
Las bases contemplaban dos etapas, siendo la primera mandatoriamente de pre clasificación como único postor, al cual se le demandaba:Demostrar tener las capacidades técnicas; autorizaciones de su gobierno; tener la competencia para certificar los trabajos; extensión de la vida útil de las aeronaves.
El comité dejo sentada en Actas que la compañía Beltechexport ( Representada por el Coronel "R" Javier Ernesto Pulgar Silman) no presentó en la etapa de evaluación de acreditación, la documentación  que exigían las bases descritas en el punto anterior, sin embargo no fue descalificada.
El 07 de Abril 2009 con documento NC-70-CACE N° 022, según cronograma el presidente del comité, le comunica a la compañía Holding Sukhoi que se le declara como único postor para el proceso de contratación pora la reparación mayor y modificaciones especiales de un total de 18 aeronaves SU-25 que incluye la extensión del plazo de servicio asignado a los aviones, motores, asientos, componentes y agregados. En Mayo 2009, después de declararse desierta la primera convocatoria, el Comandante General General del Aire Pedro Enrique Minaya Torres y el Mayor General Cesar Augusto Sebastiani Chavarry Comandante del Material viajan a Bielorusia para asistir a la feria de defensa en la ciudad de Minsk, donde  se reunieron con la compañía estatal Beltechexport, sin contar con la autorización respectiva.
Previa coordinación con la agregaduría de defensa del Perú en la ciudad de Moscu, se solicita una audiencia con las autoridades del SERVICIO FEDERAL y la Alta Dirección de la Holding Sukhoi. En esta reunión, el alto mando de la FAP manifestó su malestar por la descoordinación de las acciones conjuntas entre la Holding Sukhoi y su representante en el Perú. Siendo el objetivo  imponer al Coronel "R" Benjamin Rueckner (Ex Agregado de Defensa en Moscu) promoción del General Minaya como nuevo representante ocacional.
El Coronel "R" Rueckner actualmente es Director Gerente de la compañía Peruana Aviamir la que está ejecutando el contrato de reparación mayor y modernización de la flota Mig-29,  desconociéndose hasta la fecha los resultados de esta reparación. Se realizó la segunda convocatoria a fines del 2009 sin poder otorgarse la buena Pro, debido a que ambas empresas sobrepasaron el monto referencial. Beltechexport oferto a US 115 millones y la Holding Sukhoi inducido por su representante ocasional Coronel "R" Rueckner a US 126 millones en base a información distorsionada.

Sergio Tejada no se rinde

foto: la república

Las pruebas que García preferiría olvidar

Informe de la Megacomisión recoge en su informe pruebas que demostrarían injerencia política en caso BTR.

Publicado: 2013-09-08
El talón de Aquiles de la ultima gestión del expresidente Alan García está de vuelta. Cuando todo hacía prever que el caso BTR que obligó a todo el gabinete Del Castillo a renunciar en el 2008 estaba olvidado y las más altas esferas del poder aprista serían finalmente exoneradas, el informe de la Megacomisión del Congreso recobra pruebas borrados que serían determinantes. 
Por ejemplo, pese a que el expresidente Alan García dijo que "la Corte Suprema de la República ya ha emitido sentencia final declarando que en ese caso no ha existido responsabilidad o presión política alguna", las declaraciones de la exfiscal de la Nación Gladys Echaiz resultan claves para darle la contra.
Echaiz Ramos manifestó el 10 de agosto del 2010: "...Teníamos que hacer un reglamento para el nuevo Código Procesal Penal sobre protección de víctimas, testigos y peritos", empezó contando Echaiz a una anterior Comisión Congresal que investigó la supuesta eliminación de archivos digitales de la ex funcionaria de BTR, Giselle Giannoti.
"Con un informe de la Fiscalía de la Nación, el Presidente (García) debía emitir un decreto supremo. Ha sido en el 2009, no recuerdo si en febrero, no me acuerdo cuándo fue que he ido llevando ese informe y el proyecto de decreto supremo para la protección de víctimas y testigos", siguió rememorando la magistrada y a renglón seguido llegó al punto.
"Creo que alguien comentó que en algún momento habría ido yo para esa diligencia, para esa entrega, y que probablemente, pues, no sé. ¿Qué ocurrió en ese acto [...]?. Entregado esto me pregunta el Presidente si la Marina estaba dando facilidades para la investigación (del caso BTR), y si había permitido que ingresen los fiscales a verificar. "No sé", le dije yo. Parece que no. Lo llama al ministro (Ántero Florez Araoz, ministro de Defensa) y le dice que "abra las puertas y permita que los fiscales entren". Le comuniqué a mis fiscales, que vayan y se fueron a hacer una diligencia allí en la avenida Santa Cruz".
Asimismo, el informe de la Megacomisión sugiere que hubo descontrol fiscal en la intervención de la vivienda de Giselle giannotti Grados, pues solo una fiscal inexperta que luego fue obligada a irse con una beca de seis meses a Estados Unidos asistió a una operación policial con 40 agentes.
Estas son algunas de las 28 conclusiones que luego de 8 meses de investigación, la Megacomisión presidida por Sergio Tejeda, a arribado. Mientras las 18 recomendaciones proponen denunciar al expresidente Alan García y a 8 funcionarios de su segunda gestión. El pedido alcanza al ex ministro Hernan Garrido Leca quien reporta rentas de 4ta. Categoría que no coinciden con sus declaraciones fiscales ante la Sunat.
foto: flickr.com / galería uao

"Fallo que favorece a García es una mala señal en la lucha contra la corrupción"

Giancarlo Castiglione, coordinador del Grupo de Trabajo contra la Corrupción, señaló que esto refuerza la sensación de impunidad.

Publicado: 2013-09-24
El pasado 20 de setiembre, se informó que una sentencia del Quinto Juzgado Constitucional de Lima favoreció al expresidente de la República, Alan García. El fallo judicial ordenó que se declare nulo todo lo actuado por la Megacomisión desde el 8 de marzo del 2013 en adelante.
Ante ello, diversos analistas políticos y líderes de opinión han rechazado este fallo. Para el Grupo de Trabajo contra la Corrupción (GTCC) esta decisión del Poder Judicial es "una mala señal" en la lucha contra la corrupción.
"Esta decisión tiene implicancias que van más allá de lo formal; es una mala señal en la lucha contra la corrupción porque refuerza ante la población el mensaje de impunidad cuando se trata de investigaciones a altas autoridades", dijo Giancarlo Castiglione, coordinador del GTCC, citado por Andina.
Respecto al fallo jurídico, Castiglione consideró que es correcto el sustento jurídico, pero que esto no significará que la "Megacomisión" deje de investigarlo por presuntos actos de corrupción en su gobierno.
"Hay un entorno de linchamiento mediático a quienes están dando la cara en la lucha contra al corrupción, en ese contexto se encuentran también los ataques al procurador Julio Arbizu. Todos eso demuestra que los afectados tiene una amplia red de aliados", señaló.
Como se sabe, en la sentencia pide volver a "citar al actor con mayor detalle posible sobre los hechos que consideren pertinente". "Alan García, en términos públicos, expresó su disposición de colaborar, aunque en el fondo es evidente que su interés es desestimar los hallazgos aprovechando algunas cuestiones de forma, por eso presentó su demanda al Poder Judicial", comentó Castiglione.
Alan García Pérez está siendo investigado por presuntas irregularidades por los casos relacionados al programa "Agua para Todos", el presunto espionaje a través de BTR y los "narcoindultos".
foto: larepública

Al ladrón, Al ladrón...

Publicado: 2013-09-21
En su columna de hoy, Augusto Álvarez Rodich comenta sobre la reciente sentencia del Quinto Juzgado Constitucional de Lima a través del magistrado Hugo Velásquez quien se pronunció a favor del expresidente Alan García amparándolo de la investigación de la Megacomisión.
Opina que con esta resolución, la población en el país va a sentir la sensación que la política en el Perú es una 'cueva de ladrones', espera que los casos de Business Track y los 'narcoindultos' no queden impunes y que Sergio Tejada no sea separado de la comisión investigadora.
Lea aquí la columna publicada en La República:

La sentencia judicial sobre García y la Megacomisión.
Más allá del debate jurídico sobre la decisión judicial por la investigación de la Megacomisión sobre el gobierno de Alan García, esto va a reforzar en la ciudadanía la sensación de que la política peruana es una cueva de ladrones favorecida por la impunidad.
Quizá no le falte razón a la gente.
Ante la denuncia de los abogados del expresidente de que la Megacomisión lo perjudicó pues no se comportó correctamente, la justicia resolvió "declarar fundada en parte la demanda de amparo interpuesta por Alan García Pérez al haberse acreditado la violación de su derecho al debido proceso. Por tanto: Se declara nulo lo actuado por la comisión investigadora multipartidaria encargada de investigar la gestión de Alan García a partir del 8 de marzo del 2013".
Como sucede con estas sentencias controversiales, se va a abrir un debate entre los que creen que la sentencia paralizará a la Megacomisión –cuando solo falta un par de meses para que esta termine su trabajo– y los congresistas que plantean desconocer el fallo judicial.
Lo más probable, sin embargo, es que corresponda volver a citar a García a la Megacomisión cumpliendo con rigurosidad el debido proceso para evitar que deje de dar cuenta por los graves hechos identificados, que es lo que realmente le preocupa a él y a la ciudadanía.
Es evidente que los narcoindultos o Business Track son escándalos que enlodan al gobierno aprista y que no pueden quedar en la impunidad, por lo que se debe sancionar a quienes resulten responsables.
Así como Alejandro Toledo se engañaría si creyera que salió favorecido por su tocata y fuga de esta semana en el Congreso, García debiera ser consciente de que este fallo que supuestamente lo favorece, en realidad lo perjudica, pues refuerza el manto de corrupción que arrastra en la opinión pública desde hace tiempo.
Y, peor aún, que sus abogados pidan la separación del presidente de la Megacomisión, Sergio Tejada, es un absurdo que parece motivado por la búsqueda de impunidad.
La Megacomisión, por su parte, y el Congreso en su conjunto, debieran ser conscientes de que deben elevar sus estándares especialmente cuando investigan a ex presidentes para evitar problemas como los que se están viendo con García y Toledo.
Hoy la gente cree, lamentablemente, que el Congreso es una institución inepta que favorece a los corruptos, y mientras un expresidente está preso por robar, entre otros delitos, hay otros dos ex presidentes que no pueden caminar por las calles sin que la gente les grite ‘ladrón’.
Serían muy ingenuos los que crean que todo esto no le va a pasar una grave factura política y social al país, quizá más temprano que tarde. Después, no se quejen.

¿La investigación llega sola?

En el Congreso de la República, oficialismo sugiere que la asesoría pagada a Alan García por empresa española Abengoa podría ser materia de investigación. 

Publicado: 2013-09-19
(Andina) La designación del expresidente Alan García como miembro del Consejo Asesor Internacional de Abengoa, empresa que ganó licitaciones durante su gobierno, debe ser investigado, señalaron hoy los congresistas Sergio Tejada y Juan Pari, integrantes de la Comisión Parlamentaria que investiga presuntos actos ilícitos en el período de gobierno 2006-2011. 
La filial de Abengoa en el Perú ganó una licitación por 106 millones de dólares y habría ganado otra licitación con Sedapal durante la gestión de Alan García.
El Congresista Juan Pari dijo que le "llama la atención" la vinculación laboral del exmandatario aprista con una empresa extranjera que participó de contrataciones durante el gobierno de García.
"La megacomisión no puede investigarlo, pero sí consideró pertinente que el Congreso lo haga, (ya que) estamos hablando de una empresa que se vio beneficiada por una licitación durante su gobierno", señaló Pari., coincidiendo con el congresista Tejada, quien ha señalado que si bien no es competencia de la Megacomisión, el Congreso de la República debiera considerar una investigación al respecto. 
Tejada dijo a la Agencia Andina que los calificativos del expresidente García contra la Megacomisión "no le hacen quedar bien". "No podemos responder a insultos, eso no le hace quedar bien y no la forma de tratar en forma civilizada y democrática imputaciones que se hacen a su gobierno", dijo.

Proponen que Congreso formule denuncia constitucional contra Alan

Vicepresidente de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, Heriberto Benítez, dijo que investigación de megacomisión justifican denuncia.

Publicado: 2013-09-22
Andina.- El vicepresidente de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, Heriberto Benítez, señaló que el Congreso no debería "perder el tiempo" con una nueva investigación al exmandatario Alan García, tras un reciente fallo a su favor, sino proceder a denunciarlo constitucionalmente.
En su opinión, la investigación realizada por la "megacomisión" contiene elementos indiciarios que justifican una denuncia de esa naturaleza.
Argumentó que una de estas acusaciones serían por "las escandalosas, sospechosas y extrañas" conmutaciones de penas otorgadas durante el segundo gobierno aprista, en favor de condenados por tráfico ilícito de drogas y robo agravado.
"Hay que recabar los elementos probatorios, obtenidos prolijamente durante el trabajo de la 'Megacomisión', compilar los testimonios, agregar las evidencias, indicios, sospechas y presentar la denuncia constitucional, a fin que el Congreso efectúe el tramite legal, con respeto al debido proceso", refirió.
Agregó el Congreso "no debería perder el tiempo" en una nueva investigación, ni en conformar otra Comisión o cambiar a los integrantes de la actual 'megacomisión', ya que cualquier legislador puede presentar, directamente, una denuncia por infracción a la Constitución.
Benítez dijo que, en esa eventualidad, el Parlamente se pronunciará a través de sus instancias legales como son la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, la Comisión Permanente y el pleno.
"Y si se demuestra o comprueba que hubo infracción constitucional, por las conmutaciones de pena a narcotraficantes y condenados por robo agravado, Alan García podría ser inhabilitado hasta por diez años en el ejercicio de la función pública", añadió.
Finalmente, sostuvo que si el fallo del Poder Judicial que favorece en parte al exjefe de Estado Alan García, quedara consentido y/o ejecutoriado, "deberá ser cumplido y acatado".
Además, indicó que dicha sentencia "es una advertencia para que la Comisión de Fiscalización y Contraloría", cumpla con respetar el debido proceso durante la investigación seguida a Alejandro Toledo, su cónyuge, suegra y otras personas comprometidas en probables delitos de enriquecimiento ilícito y lavado de activos.         

Tejada no se rinde

El presidente de la 'megacomisión', Sergio Tejada, apelará fallo del Poder Judicial que anula las investigaciones contra Alan García.

Publicado: 2013-09-22
El legislador Tejada informó que el lunes 23 de setiembre apelarán el fallo que favorece a García Pérez, el cual declara nulo todo lo actuado por la 'megacomisión' desde el 8 de marzo del 2013 en adelante. 
Sergio Tejada esperó que se respete el "fuero parlamentario", ante la posible influencia del PJ en el devenir de las investigaciones en el Congreso.
+ Bienvenidos al reino de la impunidad
La sentencia del Tribunal Constitucional que descalifica como lesa humanidad la matanza en el Frontón, así como fallos judiciales que piden que se devuelvan los bienes incautados a los sentenciados por corrupción, son prácticas, para Tejada, que "apuntan a la impunidad".
Por otro lado, no quiso realizar una crítica a la comisión que él lidera, ya que eso daría "herramientas a los investigados". Espera poder hacerlo al término de las investigaciones.
Lo quieren sacar  
El abogado de Alan García, Erasmo Reyna, se ha propuesto sacar de la presidencia de la 'megacomisión' al legislador Tejada, y para ello recurriría a un juez. Para Tejada, le parece "inaceptable" que el PJ pueda intervenir de esa manera, y si esto pasara, "se acabó la separación de poderes", agregó.

Alan García el nuevo miembro del Consejo Asesor Internacional de la empresa española Abengoa que ganó licitaciones en Perú durante su gobierno.



febrero del 2008: el entonces presidente García saluda a directivos de abengoa, empresa ganadora de una concesión de Línea de Transmisión Eléctrica. foto: andina / Dante Zegarra.

Alan García y los negocios de Abengoa

Ex presidente es el nuevo miembro del Consejo Asesor Internacional de la empresa española Abengoa que ganó licitaciones en Perú durante su gobierno.


Publicado: 2013-09-16
El expresidente aprista Alan García Pérez ha sido designado miembro del Consejo Asesor Internacional de la empresa española Abengoa, compañía que ganó varias concesiones durante su último gobierno. 
En este sentido, se debe señalar que García es el primer miembro de este consejo que ha desempeñado funciones de presidente de un país en el que opera la empresa. 
Según informa Europa Press, el nuevo cargo de García Pérez tiene una duración de dos años y entrará en el organismo junto al despacho de abogados Wilmer Cutler Pickering Hale and Dorr ubicado en Washington.
El expresidente aprista entra en reemplazo de Carlos Sebastián Gascón, hermano del exministro español de Industria, quien anunció que dejaba su cargo por la "intensificación de otras ocupaciones profesionales".
Durante la gestión como presidente de la República de García Pérez, la empresa española ganó la concesión definitiva para desarrollar la actividad de transmisión de energía eléctrica en la Línea de Transmisión de 220 kilovoltios (kV) S.E. Montalvo – S.E. Tía María en las regiones de Moquegua y Arequipa con una inversión de US$ 106 millones 140 mil. 
Además, ganó otra licitación del mismo tipo relacionado a las subestaciones de Chilca, Marcona, Ocaña y Montalvo por US$ 480 millones.
De igual manera, en alianza con Graña y Montero ganó un concurso de Sedapal para obras de ampliación y mejoramiento de agua potable y alcantarillado en el Callao por US$ 326,3 millones. Para este mismo tipo de obra se le otorgó la buena pro para un proyecto en Manchay por S/. 119 millones.
Cabe recordar que actualmente, el expresidente García es investigado por la Megacomisión del Congreso por los casos Narcoindultos y Business Track. Por su parte, la empresa Abengoa sigue manteniendo negocios en Perú.
En junio de este 2013, ProInversión informó que se suscribió el contrato de concesión del proyecto Línea de Transmisión 220 kilovoltios (Kv) Machupicchu – Quencoro – Onocora – Tintaya y Subestaciones Asociadas a la empresa ATN 3, subsidiaria de Abengoa.

la república

Se hace el loco

Mientras Gladys Echaíz evalúa denunciar al Estado peruano frente a la CIDH, Alan García pasa desapercibido y no dice nada sobre las nuevas acusaciones de la Megacomisión que lo investiga por el caso BTR. 


Publicado: 2013-09-13
La Megacomisión que investiga al gobierno de Alan García le debe sacar más de una cana al líder aprista. Difícil de entrarle y atacarlo al histriónico político, van apareciendo personajes en la historia que se complica aun más y cuyo lado político empieza a oler mal con la investigación que la CNM le abrirá a la exfiscal de la Nación Gladys Echaíz. 
Sobre esta notificación que le hace el presidente de la Megacomisión, Sergio Tejada, Gladys Echaíz afirmó que le preocupa que no se respete el debido proceso y que ha sido objeto de comentarios periodísticos falsos por la filtración de un informe que le atribuyen comportamientos irregulares. 
"Me han abierto una investigación de oficio. No tengo ningún inconveniente, aun cuando la ley diga que para hacerlo tiene que ser antes de la prescripción de los dos años. En el supuesto de que esta ley no sea aplicable, vamos al reglamento de Procedimiento Administrativo General que dice que la sanción del Estado prescribe luego de los 4 años. Desde el oficio mismo, la investigación no respeta el debido proceso, pero no importa porque no tengo nada que temer", afirmó Echaíz en RPP. 
La exfiscal de la Nación dijo también que no tiene nada que ocultar y que dará a conocer todos los hechos que la CNM considere pertinentes.
"Mi primera intervención en el caso fue cuando dicté la resolución para investigar a quienes estaban detrás de la interceptación de los teléfonos", afirmó la exfuncionaria. 
Por otro lado, a la exfiscal se le critica por un ingreso irregular de la Fiscalía a la Marina de Guerra y que se sustrajo información que ha desaparecido.
"Mi intervención de debió a la primera resolución. Delegué que fuera la Fiscalía de Crimen Organizado que investigara. El fiscal Castañeda era el organizador, pero el que investigó en el local de la Marina fue otro. Ellos hicieron la inspección física de cableados, escritorios, teléfonos, pero no vimos nada, levantamos actas, presentamos al Congreso -en presencia de gente de la Marina- y no tomamos muestra de ninguna computadora. Hay testigos que pueden confirmarlo", explicó la exfiscal. 
Echaíz no descarta ir a la CIDH pues afirmó que no hay formalidad en su acusación y que está evaluando denunciar al Estado por la violación del debido proceso.
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óscar medrano

Presidente del TC: "Poder Judicial debe decidir si hubo lesa humanidad en El Frontón"

Óscar Urviola dijo que la sentencia solo incluye a los autores materiales y no a los presuntos autores intelectuales, entre los que figura el expresidente Alan García. 


Publicado: 2013-09-13
El TC resolvió hace unos días que el caso El Frontón no era un crimen de lesa humanidad, lo que impide cualquier investigación futura a Alan García. La votación fue por mayoría y con el voto de los magistrados de Juan Vergara Gotelli, Carlos Mesía Ramírez, Fernando Calle Hayen y Ernesto Álvarez Miranda.
Al respecto, el presidente del TC, Óscar Urviola, dijo que el caso no buscó favorecer a Alan García, ya que él no aparece en el expediente. 
"Mi voto singular decía que correspondía al Poder Judicial determinar si ese proceso era un crimen de lesa humanidad”, recordó el presidente del Tribunal Constitucional (TC), Óscar Urviola. 
Por esta decisión, solo se podrá sentenciar a los autores materiales de la matanza, dejando de lado a los presuntos autores intelectuales, entre los que recae la mayor responsabilidad en el expresidente Alan García. 
“Todas las sentencias están sujetas a críticas, que siempre serán subjetivas, yo solo me debo a la Constitución”, afirmó Urviola.
Dijo también que su opinión sobre el caso está plasmada en su voto singular, donde dijo que es necesaria una sentencia que determine todas las responsabilidades. 
Urviola Hani voto en contra en la sentencia de hábeas corpus que anuló el proceso judicial al exalcalde de Lima, Luis Castañeda Lossio. 
“Mi voto fue por la improcedencia de la demanda, pues se había producido una sustracción de la materia, luego que el 22 de julio último el mismo Poder Judicial había excluido a Castañeda del proceso”, enfatizó.
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Condenarían a 25 años de cárcel a "testigo clave" de El Frontón


Publicado: 2013-04-04

La acusación del Ministerio Público pide una pena privativa de libertad de 25 años para el infante de Marina Carlos Castillo Vega por haber sido "testigo clave" de la matanza de El Frontón. Él declara haber aportado con el esclarecimiento de los hechos ocurridos en el motín del18 y 19 de junio de 1986, en el primer gobierno de Alan García.
"He colaborado con el Ministerio Público. En el año 2003 me puse en manos de la fiscal Eliana Álvarez, La he llevado a los lugares de entierro clandestino y por mí es que ha podido hallar los cuerpos de los amotinados para entregarlos a sus familiares", cuenta a La República.
Su esposa, Bertha Barrantes, se acuerda: "La fiscal Eliana Álvarez mandaba que nos recogieran en el mercado tempranito. Íbamos con los peritos a los cementerios. Él decía acá, allá, excavaban e iban encontrando (los restos). En algunos lugares mi esposo se ha desubicado por el paso de los años. Ahorita no coordina algunas cosas".
En 1992, a Carlos Castillo se le diagnosticó secuela de guerra, después de haber estado 11 años en la zona d emergencia de Ayacucho.
"Él ha sido testigo clave y se le asignó un número. Cuando iba a declarar lo ponían detrás de un vidrio y él hablaba, lo escuchaban mas no lo veían. Yo no sé por qué lo han puesto como culpable", declara Bertha.
El número con el cual se identificaba Carlos es N°EE10102270603, según el Ministerio Público. Su testimonio ante la Comisión de la Verdad y Reconciliación fue el N°053-03-CVR-UIE.
Después de sus 15 días de vacaciones, Castillo regresó a su base en Ancón. Por coincidencia, ese mismo día se inicio el motín, 18 de junio de 1986. Fue al día siguiente cuando le avisaron que había una nueva misión, desconocida. Los buses salieron muy temprano rumbo a la base del Callao. Fue al momento de llegada, cuando se enteró sobre lo del Frontón:
"Cuando llegamos al lugar de los hechos empezó la balacera, todo se desorganizó, se produjeron balas y sentí la voz del comandante Juan Vega Llona gritando: ¡Vamos muchachos! El seguía avanzando. En ese momento se tomaba el Pabellón azul, ese era el objetivo. No había habido una orden distinta. Pero ya tomado el objetivo, vi que del lado de los terroristas salía gente con sus banderas blancas, riéndose. Ahí me di con la sorpresa de ver a un pelotón con otra orden. A nosotros no se nos dijo que se les iba a fusilar. Ahí es cuando veo a mi compañero de estudio (el recluso) Armando Tulich Morales. Nunca he podido olvidarlo, porque siempre habíamos sido bien yuntas. Jamás pensé que me iba a encontrar frente a un cuadro así, vi lo que hace un fusil al cuerpo, eso me desubicó bastante. Lo que vieron mis ojos, nadie lo va a borrar. Comencé a caminar y vi todo el movimiento. Vi a Augustín Mantilla con uniforme de faena como si fuera militar dando órdenes, vi a Giampietri recibiéndolas."
Castillo tuvo que ir, 15 días después, a recoger los restos chamuscados para enterrarlos en secreto.
Su abogado, Walter Chinchay, dice haberse solidarizado con los subalternos, al haber seguido órdenes de sus superiores. La responsabilidad debe atenuarse, sin embargo, añade que tienen culpabilidad, ya que han matado gente.
"Mi cliente, habiendo sido un colaborador con código de seguridad, está incluido en esta acusación. Un mismo argumento han usado para todos, lo único que varía es el jefe que han tenido. Los que dieron las órdenes fueron excluidos del proceso. Ahora dos oficiales y veintitantos subalternos van a asumir toda la resonsabilidad de El Frontón. Es una justicia a medias, porque se entiende que esto tuvo que ser debidamente organizado por altos mandos", declaró el abogado.
También señaló que va a probar que hubo una colaboración y que ésta debe ser considerada por los fiscales, a la hora de emitir el fallo.


Tres momentos (Sobre la matanza de El Frontón)


Publicado: 2013-01-09
Este es un extracto del articulo "Acusación fiscal sobre matanza de El Frontón alcanzaría a Alan García", publicado en la web de Human Rights Trials in Perú.


Publicado originalmente el La República el 08 de enero de 2013

TRES MOMENTOS
La investigación fiscal alcanza a precisar los tres momentos claves de los hechos.
Primero, el denominado homicidio por ferocidad. Se desencadenó a las 13:50 horas del día 19, cuando los internos salieron de sus escondites y se rindieron. Se separó a los que se consideraba líderes y se les llevó detrás del Pabellón Azul. Determinados oficiales les ordenaron que corrieran a la playa, que estaban libres. Así lo hicieron, pero los mismos oficiales dieron otro grito, dijeron: se escapan, hay que disparar. Les dispararon y los mataron por la espalda.
Segundo momento. Después de las 2 de la tarde, las rendiciones continuaron y los internos fueron apiñados en la parte posterior del Pabellón Azul, de 15 en 15, de 20 en 20. Según los testimonios recopilados por la fiscalía, se les maltrató, humilló y torturó. Finalmente, entre 70 y 80 reclusos resultaron ultimados con bayoneta y cuchillo.
El tercer momento, calificado como homicidio por explosión, ocurrió después de las 4:40 pm, cuando llegó al lugar el Fiscal de la Nación César Elejalde Estensoro acompañado del vocal supremo Carlos Torres y de un periodista de Andina Televisión.
Los fusilamientos cesaron y el fiscal de la Nación intentó un llamado a la rendición pero, según pruebas recogidas, los internos ya estaban rendidos.
El fiscal de la Nación se retiró del área del Pabellón Azul, pero no de El Frontón. En esas circunstancias, la fuerza armada procedió a demoler por completo con cargas explosivas las instalaciones del Pabellón Azul. Pese a que se sabía que en su interior quedaban reclusos heridos y muchos otros con vida.

Caso El Frontón: El camino a la impunidad y la "convicción aprista"

Un recuento de lo dicho luego de la sentencia del TC que estableció que no se cometió delito de lesa humanidad en la matanza de 133 presos en 1986.


Publicado: 2013-09-05
El martes, el Tribunal Consitucional emitió un fallo en el que estableció que la muerte de 133 reos en el penal El Frontón no constituye delito de lesa humanidad. En este sentido, cabe mencionar que esta matanza se produjo en junio de 1986 durante el primer gobierno aprista de Alan García y el proceso judicial es contra 33 miembros de la Marina.
Para Rocío Silva Santisteban, secretaria ejecutiva de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH), esta sentencia "es contradictoria y tiene problemas de interpretación".
"El TC dice que el objetivo del operativo (en el penal El Frontón) no fue contra la población civil, entonces sino fue contra una población civil ¿quiénes estaban en las celdas? ¿Acaso una población beligerante? Si seguimos esa interpretación se podría decir que aquí hubo una guerra civil (...) algo que está totalmente descartado", señaló en declaraciones a la Agencia Andina.
La contradicción, según Silva Santisteban, estaría en el hecho de que no considera la matanza como un delito de lesa humanidad, pero, a la vez, señala que no prescribe. Al igual que el abogado Ronald Gamarra, reconoció el voto singular del presidente del TC, Oscar Urviola Han.
Además, recordó que en este caso hay personajes vinculados al Apra. "En este caso (El Frontón) faltaría establecer la responsabilidad de autoría mediata y aquí hay tres personas muy vinculadas con el Partido Aprista: Agustín Mantilla, el almirante Luis Giampietri y Alan García", dijo.
De igual manera, otro de los especialistas en pronunciarse fue el abogado Ronald Gamarra. Para él, esta decisión judicial está llena de contradicciones y "nos quiere llevar a la impunidad". Si bien los implicados directos en este caso son 33 miembros de las Fuerzas Armadas, Gamarra afirmó que esta sentencia "está escrita para limpiar” a Alan García.
Y como para confirmar las influencias apristas en el TC, el magistrado Fernando Calle aseveró en una entrevista en Canal N que no iba a negar su "convicción aprista". Además, llegó al punto de afirmar que el aprismo es "una escuela de moral, de conducta".
Respecto al fallo, Calle dijo lo siguiente: "[Para que sea delito de lesa humanidad], tiene que haber sido una política de Estado y tenían que caer copulativamente juntas y no por separado (...) Nosotros nos guiamos por el expediente (...) Yo tengo la mejor consideración por la CVR pero está en debate (...) A mí me interesa más la reconciliación que lo que ha sucedido". 

PERU, CAOS, TRAFICO Y VEHICULOS PELIGROSOS

EDITORIALPhoto: Check out this sidecar that looks like a fighter plane!

What do you want to customize on your motorcycle?

#WhyWeRide
EL PROBLEMA DEL TRANSITO, DEL TRAFICO, DEL CAOS VEHICULAR EN EL PERU es porque el organismo y la autoridad esta manejada por un ministerio con un ministro que parece un FANTASMA,  ese ministro no sabe dónde está parado debe de salir YA, está escondido no hace nada porque es un ignorante no conoce el tema, nunca viajo de su chacra, el adecuado tiene que ser un Ministro que vivió en un país donde vio y manejo en un sistema organizado, carajo pongan a una persona inteligente que vivió en el primer mundo para que organice el ministerio...Este personaje que tienen es un inepto...lo primero es SE HACE UNA AUTORIDAD UNICA QUE SE ENCARGUE DE REGULAR Y SEÑALIZAR LAS CALLES mientras no sea así todo será un desastre un desorden un chongo, como pretenden apilar tecnologías del primer mundo si es que la matriz del problema es un desorden, en USA existen organismos que se encargan de eso como el "Departamento de Vehículos y Carreteras" y el 
"Departamentos de vehiculos a motor" y estan regulados y administrados por cada estado(departamento o region) que son quienes se encargan de todo lo relacionado con señalización, licencias de conducir, papeletas, logística, velocidades, información vehicular, placas, etc. Si en el Perú se invierten millones en patrulleros inteligentes, cámaras de velocidad, y el sistema está diseñado por un retrasado mental y en forzado por un sistema disfuncional nunca se podrá arreglar el problema, como pretenden poner patrulleros inteligentes cuando los policías no han estudiado en la universidad? Cuando la policía no es inteligente? Cuando la policía es corrupta? Se tiene que empezar de cero…Empezando por enseñar en los colegios a conducir en las universidades cursos de “Leyes para el orden “para los policías y contratar efectivos que sean entrenados profesionalmente con dignidad con carreras universitarias que tengan esa currículo...Rodrigo Franco Seoane.

Organization within the government


The headquarters of the largest DMV of all: the California Department of Motor Vehicles.

A BMV license branch in West Lafayette, Indiana.
How the department of motor vehicles (or equivalent) is situated within the structure of a state's government varies widely.
Hawaii is the only U.S. state where no part of the state government performs DMV functions; it has completely delegated vehicle registration and driver licensing to county governments.
In Kentucky, the Transportation Cabinet set the policies and designs for licenses and vehicle registration; but the actual registration and licensing are handled by county clerks' offices. Likewise, in Tennessee, the Department of Revenue and the Driver License Services Division of the Department of Safety and Homeland Security establishes policies and designs for licenses and vehicle registration, but the actual registration and licensing are handled by county clerks.
In the District of Columbia, which is not part of any state, the DMV (formerly the Bureau of Motor Vehicle Services) is part of the city government.
In a few states, there may be a separate department which administers vehicle inspections (which are mandatory in a number of U.S. states with adverse weather conditions which make vehicle maintenance a high priority). In Virginia, the Department of Motor Vehicles handles both driver licensing and vehicle registration, while the Virginia State Police and the Department of Environmental Quality administer safety inspection and emission inspection, respectively. Note that the program is simply administered by the state; actual inspections are performed by specific authorized employees of privately owned gas stations and garages licensed by the state.
In some states, the DMV is not a separate cabinet-level department, but instead is a division or bureau within a larger department. Examples of departments which perform DMV functions include the Department of Justice (Montana), the Department of Public Safety (TexasOhio), the Department of Revenue (MissouriKansas, and Colorado), and the Department of Transportation (OregonPennsylvaniaNorth Carolina, and Wisconsin). In New Hampshire and Tennessee, the Division of Motor Vehicles and the Driver License Services Division, respectively, is a division of each state's Department of Safety [and Homeland Security, in Tennessee]. In Vermont, the Department of Motor Vehicles is a subunit of the state Agency of Transportation.
Some states do not separate DMV functions into distinct organizational entities at all, but simply bundle them into a laundry list of responsibilities assigned to an existing government agency. For example, in the state of Washington, the Department of Licensing is responsible for driver's licenses, and vehicle and boat registrations, in addition to most other business and occupational licensing. In Michigan and Illinois, the Secretary of State's offices perform responsibilities that would be handled by the DMV in other states.
DMVs and the Internal Revenue Service are the government agencies most Americans deal with the most often.

Jurisdiction and exceptions[edit]

Almost all long-term residents ("long term" in this case means over 30 days) of a state who wish to operate motor vehicles must possess a driver's license issued by their state DMV, and their vehicles must show license plates (and current registration tags or stickers) issued by that agency.
Armed Forces active duty service members are an exception to this general rule; by federal law, servicemembers do not change legal residence when relocating to a new duty station unless they take voluntary action to do so. These individuals have the option of retaining the license and vehicle registration of their legal residence or obtaining a new license and registration locally. Some states also let out-of-state college students maintain their existing license and/or registration.
Vehicles owned by the federal government register with the General Services Administration, rather than a state. Drivers of these vehicles must still be licensed with their home state, however.
The Office of Foreign Missions at the U.S. Department of State has a Diplomatic Motor Vehicles program which issues driver's licenses to foreign diplomats and their dependents, registers their vehicles, and issues special diplomatic license plates.

Areas of responsibility[edit]

Driver's licenses and identification[edit]

In countries with no national identification card (like the United States), driver's licenses have often become the de facto identification card for many purposes, and DMVs have effectively become the agency responsible for verifying identity in their respective states, even the identity of non-drivers. See Identity documents in the United States. The REAL ID Act of 2005 is an attempt to provide a national standard for identification cards in the United States.

Driver certification[edit]

In some states, besides conducting the written and hands-on driving tests that are a prerequisite to earning a driver's license, DMVs also regulate private driving schools and their instructors. All DMVs issue their state's Driver's manual, which all drivers are expected to know and abide by. Knowledge of the driver's manual is tested prior to issuing a permit or license.

Vehicle registration[edit]

DMVs are responsible for providing an identification number for vehicles, either with a permanent vehicle registration plate or temporary tag. See also Vehicle registration plates of the United States. A vehicle registration program tracks detailed vehicle information such as odometer history in order to prevent automobile-related crimes such as odometer fraud.
Many DMVs allow third parties to issue registration materials. These may include companies that specialize in processing registration application paperwork (often called "tag agents") or car dealers. Tag agents are given direct access to DMV systems (as in Louisiana [6]). Dealers often use their state DMV's electronic vehicle registration (EVR) program.

Vehicle ownership[edit]

The certification of ownership of automotive vehicles is handled by each state's DMV normally by issuing a vehicle title. The types of vehicles certified by a DMV varies by state. While almost all DMVs title vehicles that are driven on roadways, the responsibility to title boats, mobile homes, and off-road vehicles can be the responsibility of other agencies such as a Department of Natural Resources.
As the issuer of vehicle titles, DMVs are also usually responsible for recording liens made with an automobile as collateral on a secured loan. Several DMVs provide an Electronic Lien and Title program for lienholders.

Law enforcement[edit]

Duties of the DMV include the enforcement of state and federal laws regarding motor vehicles. Many departments have within their ranks sworn law enforcement officers whose purpose it is to enforce DMV regulations which are codified in state law. In North Carolina, for example, the DMV contains an element known as "License and Theft." Stolen motor vehicles are tracked down by "Inspectors," sworn law enforcement officers of the state employed by DMV, and suspected cases of fraudulent registrations, license plates, and/or theft of those elements, are investigated. Inspectors also investigate independent inspection stations licensed by the DMV. At times, some of these stations violate DMV regulations codified by law. The most common of these violations is passing inspection for a vehicle with windows tinted below the legal limits. The penalty for such a violation is a $1000 fine and, for first time offenders, a revocation of the inspection permit for 30 days. Inspection stations face permanent permit revocation for subsequent offenses.[18] In New York, the Division of Field Investigations (DFI) is the criminal investigations arm of the DMV. It employs investigators to combat auto theft, identity theft, and fraudulent document-related crimes that take place in New York. These investigators are armed New York State peace officers with statewide authority to enforce laws and handle investigations.
Compared to standard law enforcement officers, DMV law enforcement agents operate with greater flexibility when it comes to their specific police powers. If a person under investigation by the DMV refuses to answer questions or meet with DMV law enforcement agents, their registration and tags may be canceled. Although a citizen has a constitutional right not to speak or meet with sworn law enforcement officers while under investigation, no constitutional right protects a person's motor vehicle registration with a state agency. Another example of this flexibility of police powers is found in the policies of many states regarding suspected DUI offenders. If a person is stopped by police under suspicion of driving while impaired, and refuses a breath test to determine blood alcohol content, the DMV will automatically revoke that person's license for one year. Even if evidence of that person's impairment is found to be insufficient at trial, the individual loses their driving privileges simply for having refused the sobriety test.[19][20]

General identification[edit]

In most states, a separate identification card indicating residency is optionally provided.

Liquor ID[edit]

A liquor ID is also provided in some jurisdictions for residents to affirm their age of majority to sellers of liquor, although a state issued ID that proves the individual is over the legal drinking age often suffices.

Equivalent agencies in other countries[edit]