El estudio reconstruye el ciclo que ya se va haciendo común en los países de la hoya amazónica: la concesión minera, la permisividad estatal y el conflicto social.
Desde esa perspectiva, en una primera parte se describe el encuentro entre la empresa minera, avalada por su capacidad económica y la legalidad nacional, y la comunidad indígena carente de un título de propiedad. Contra la imagen idílica de una oposición civilización-barbarie, los awajum se defienden asumiendo rápidamente las armas de la modernidad: solicitan que, por razones de conservación, su territorio sea declarado zona reservada, primero, y parque nacional, después.
En una segunda parte se analiza el marco legal e institucional nacional peruano que se adhiere a los estándares internacionales de protección ambiental y defensa de los derechos de los pueblos indígenas, pero solo de modo formal. En la práctica, movidos por el convencimiento de que el amazónico es un territorio «vacío» y su «ocupación» traerá indefectiblemente el progreso, desde la década de 1990 los gobiernos aplicaron en forma sesgada el marco legal, consintiendo que la empresa minera se afincase en el área del parque nacional para explorar yacimientos de oro y cobre.
El surgimiento del conflicto fue una consecuencia casi obvia de esta situación, y de ello trata la tercera parte de este documento. La cual explica cómo las comunidades nativas siguen un curso gradual de acción que se inicia con la articulación con otras instancias (como municipios locales, organizaciones políticas regionales u organizaciones no gubernamentales ambientalistas) que les sirven de aliados, continúa con el cumplimiento riguroso de los procedimientos legales ante las dependencias públicas y, al resultar estos ineficaces para salvaguardar su territorio, recurren a la violencia. Solo entonces se instaura la negociación tripartita Estado-empresa-comunidad y se empieza a hablar de respeto al ambiente, compensación económica a los afectados y atención a la interculturalidad.
Desde esa perspectiva, en una primera parte se describe el encuentro entre la empresa minera, avalada por su capacidad económica y la legalidad nacional, y la comunidad indígena carente de un título de propiedad. Contra la imagen idílica de una oposición civilización-barbarie, los awajum se defienden asumiendo rápidamente las armas de la modernidad: solicitan que, por razones de conservación, su territorio sea declarado zona reservada, primero, y parque nacional, después.
En una segunda parte se analiza el marco legal e institucional nacional peruano que se adhiere a los estándares internacionales de protección ambiental y defensa de los derechos de los pueblos indígenas, pero solo de modo formal. En la práctica, movidos por el convencimiento de que el amazónico es un territorio «vacío» y su «ocupación» traerá indefectiblemente el progreso, desde la década de 1990 los gobiernos aplicaron en forma sesgada el marco legal, consintiendo que la empresa minera se afincase en el área del parque nacional para explorar yacimientos de oro y cobre.
El surgimiento del conflicto fue una consecuencia casi obvia de esta situación, y de ello trata la tercera parte de este documento. La cual explica cómo las comunidades nativas siguen un curso gradual de acción que se inicia con la articulación con otras instancias (como municipios locales, organizaciones políticas regionales u organizaciones no gubernamentales ambientalistas) que les sirven de aliados, continúa con el cumplimiento riguroso de los procedimientos legales ante las dependencias públicas y, al resultar estos ineficaces para salvaguardar su territorio, recurren a la violencia. Solo entonces se instaura la negociación tripartita Estado-empresa-comunidad y se empieza a hablar de respeto al ambiente, compensación económica a los afectados y atención a la interculturalidad.
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