¿Por qué el Pleno decidió aprobar el informe?
Luego de 12 horas de debate, Gana Perú y Perú Posible respaldaron el informe de la megacomisión. El fujimorismo no votó
Durante el gobierno aprista se dictaron 5.246 conmutaciones de penas. De este total, 3.207 fueron otorgadas a condenados por tráfico ilícito de drogas. (Foto: Archivo El Comercio)
JORGE SALDAÑA RAMÍREZ @jlsaldanar
Se veía venir. El ex presidente Alan García Pérez y los ex ministros de Justicia Aurelio Pastor y Rosario Fernández serán denunciados constitucionalmente por haber infringido la Constitución Política en el caso de los ‘narcoindultos’. Así lo establece el informe de la llamada megacomisión aprobado anoche en el pleno del Congreso, con 53 votos a favor (de Gana Perú, Perú Posible, AP-FA), 7 en contra y 7 abstenciones. Los congresistas fujimoristas, a pesar de que se encontraban en el hemiciclo y marcaron asistencia, decidieron no votar.
Este es el primero de los nueve informes de la comisión parlamentaria que investigó los presuntos actos de corrupción del segundo gobierno de Alan García (2006-2011).
Durante el intenso debate, la aprista Luciana León denunció la existencia de una “alianza contranatura” entre el oficialismo humalista y el fujimorismo para sacar de la carrera electoral – “por miedo y odio” – al ex presidente García Pérez.
LAS RAZONES DEL INFORME
El nacionalista Sergio Tejada, ex presidente de la comisión investigadora más conocida como megacomisión, fue quien tuvo a su cargo la sustentación del informe en mayoría y reveló que durante el gobierno aprista se dictaron 5.246 conmutaciones de penas. De este total, 3.207 fueron otorgadas a condenados por tráfico ilícito de drogas. Y de este último grupo, 400 corresponden al mismo delito pero en forma agravada.
Según dijo García Pérez a la megacomisión, las conmutaciones respondían “a una política de su gobierno para solucionar el hacinamiento carcelario”.
Durante el intenso debate, la aprista Luciana León denunció la existencia de una “alianza contranatura” entre el oficialismo humalista y el fujimorismo para sacar de la carrera electoral – “por miedo y odio” – al ex presidente García Pérez.
LAS RAZONES DEL INFORME
El nacionalista Sergio Tejada, ex presidente de la comisión investigadora más conocida como megacomisión, fue quien tuvo a su cargo la sustentación del informe en mayoría y reveló que durante el gobierno aprista se dictaron 5.246 conmutaciones de penas. De este total, 3.207 fueron otorgadas a condenados por tráfico ilícito de drogas. Y de este último grupo, 400 corresponden al mismo delito pero en forma agravada.
Según dijo García Pérez a la megacomisión, las conmutaciones respondían “a una política de su gobierno para solucionar el hacinamiento carcelario”.
“Sin embargo, la comisión observó que dicha política de deshacinamiento no estaba contenida en el decreto supremo 027-2007-PCM”, alertó Sergio Tejada. Y explicó: “Se benefició con la reducción de la pena a 371 condenados que ya se encontraban con beneficio de la semilibertad. Por lo tanto, no incrementaban el deshacinamiento carcelario. Por el contrario, el hacinamiento en los penales aumentó de 26.418 ingresos en el 2007 a 33.696 en julio del 2011”.
Así, García Pérez infringió la Constitución Política al abusar del otorgamiento de las gracias presidenciales y habría transgredido su artículo 8, el cual señala que “el Estado combate y sanciona el tráfico ilícito de drogas. Asimismo regula el uso de los tóxicos sociales”.
Según el informe, existen también indicios razonables de la comisión del delito de asociación ilícita, en el cual estarían involucrados altos funcionarios de Palacio de Gobierno (el ex presidente Alan García Pérez), del Ministerio de Justicia (Aurelio Pastor y Rosario Fernández) e integrantes de la Comisión de Gracias Presidenciales (que encabezó el aprista Miguel Facundo Chinguel).
SISTEMA JUDICIAL PARALELO
Tejada acusó que esta comisión de gracias instauró un “sistema judicial paralelo” porque desconoció la labor realizada por la Policía Nacional, el Ministerio Público y el Poder Judicial, debido a que modificó el 30% de las sentencias judiciales firmes y ejecutadas.
Así, García Pérez infringió la Constitución Política al abusar del otorgamiento de las gracias presidenciales y habría transgredido su artículo 8, el cual señala que “el Estado combate y sanciona el tráfico ilícito de drogas. Asimismo regula el uso de los tóxicos sociales”.
Según el informe, existen también indicios razonables de la comisión del delito de asociación ilícita, en el cual estarían involucrados altos funcionarios de Palacio de Gobierno (el ex presidente Alan García Pérez), del Ministerio de Justicia (Aurelio Pastor y Rosario Fernández) e integrantes de la Comisión de Gracias Presidenciales (que encabezó el aprista Miguel Facundo Chinguel).
SISTEMA JUDICIAL PARALELO
Tejada acusó que esta comisión de gracias instauró un “sistema judicial paralelo” porque desconoció la labor realizada por la Policía Nacional, el Ministerio Público y el Poder Judicial, debido a que modificó el 30% de las sentencias judiciales firmes y ejecutadas.
Dijo que existen varios testimonios – pertenecientes a Nelson Rosales, Carmen Delgado Méndez, Sócrates Grillo Bockos y Julio Palco Chimoy – que señalan que los integrantes de la comisión de gracias cobraron a internos para tramitar sus solicitudes de conmutación de penas. Según los testigos, por año conmutado cobraban cerca de US$10 mil.
Y en cuanto a los ex ministros Pastor y Fernández, ellos serían “solidariamente responsables por los actos violatorios de la Constitución Política”.
ENCUBRIMIENTO PERSONAL
Al ex presidente Alan García también se lo acusa del delito de encubrimiento personal por el otorgamiento del derecho de gracia por razones humanitarias a Julio Espinoza Jiménez (ex director del Seguro Integral de Salud).
EL TESTIGO 01-MEGA-13
También se han encontrado indicios de la presunta comisión del delito de cohecho pasivo propio por parte del ex ministro de Justicia Aurelio Pastor y su ex asesor José Manfredi Marruffo Acosta. El testigo identificado como 01MEGA13 acusa a Pastor de conmutar la pena al eslovaco Eugen Csorgo, condenado por tráfico de drogas, a cambio de 15 mil dólares.
Al ex presidente Alan García también se lo acusa del delito de encubrimiento personal por el otorgamiento del derecho de gracia por razones humanitarias a Julio Espinoza Jiménez (ex director del Seguro Integral de Salud).
EL TESTIGO 01-MEGA-13
También se han encontrado indicios de la presunta comisión del delito de cohecho pasivo propio por parte del ex ministro de Justicia Aurelio Pastor y su ex asesor José Manfredi Marruffo Acosta. El testigo identificado como 01MEGA13 acusa a Pastor de conmutar la pena al eslovaco Eugen Csorgo, condenado por tráfico de drogas, a cambio de 15 mil dólares.
¿CUÁNTO COSTÓ LA MEGACOMISIÓN?
1.260 días dedicó la denominada megacomisión a investigar el segundo gobierno de Alan García Pérez.
1.260 días dedicó la denominada megacomisión a investigar el segundo gobierno de Alan García Pérez.
12 millones de soles fue el costo que -según el Apra- demandó la investigación de la megacomisión.
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Conozca lista de juristas que aspiran a suceder a Beatriz Merino
Un total de 34 profesionales inscribieron su candidatura para convertirse en el nuevoDefensor del Pueblo
Luego de vencer el plazo, el pasado 6 de mayo, para inscribir las candidaturas a Defensor del Pueblo, se conoció que un total de 34 juristas aspiran a ocupar el cargo que ocupó hasta hace poco Beatriz Merino.
Entre los postulantes figuran Francisco Gómez Valdez, Roberto Abarca Fernández, Carlos Alberto Celis Zapata, Jacob Ochoa Arones, Ela Monge Palomino, Juan Bautista Bardelli y
Sócrates Grillo Bockos.
También Jesús Linares Cornejo, Susy Villegas Rodríguez, Jorge Rioja Vallejos, Isabel Miyaco Takagi, Daniel Urquizo Magia, Salim Strusberg, Juan Crisóstomo Munayco y Tony Yalles Ramírez
Asimismo, Miltón Guzmán Gutiérrez, Mario Blas Pantoja, Mario Luján Sánchez, Walter Gutiérrez Camacho, Valerio Echevarría Altamirano, Rolando Calderón Lizárraga, Carlos Echaíz Rodas, Juan Carlos Requejo Alemán, Zoilo Ciriaco Enriquez Sotelo, Dany Chávez López, Valentino Arango Arbi, Lorenzo Montañez Gonzales.
La relación es completada por Serafín Sáenz Loayza, Lourdes Chávez Dueñas, Ramón Ramírez Erazo, Guillermo Miranda Arosemena, Nidia Puelles Becerra, José Luis Noriega Ludwick y Ana Beatriz Franco Alzamora.
La Comisión Especial del Congreso que se encarga de calificar a los postulantes a la Defensoría del Pueblo acordó que el plazo establecido para la presentación de tachas relativas a dichas candidaturas vencerá el 12 de mayo.
La resolución de las tachas se dará entre los días 16, 17 y 18 de este mes; mientras que para el 19 de mayo se ha previsto la publicación de los postulantes aptos para ser calificados por la comisión.
Entre el 20 y 27 de mayo se realizará la evaluación de las hojas de vida y la documentación personal presentada por los postulantes aptos y se procederá a realizar las entrevistas personales de rigor.
Dicha comisión deberá presentar a más tardar el 6 de junio su propuesta final.Portada
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Guillermo Chanján, abogado del colaborador eficaz 001, denunció que dos sujetos le ofrecieron US$250 mil para que su patrocinado cambiara de versión en el caso ‘narcoindultos’.
El letrado indicó en ATV+ que dos hombres llegaron a su oficina, ubicada en Tarapoto, en mayo pasado, asegurándole que iban en representación del exministro aprista Aurelio Pastor, uno de los implicados en este tema que es investigado por la ‘megacomisión’.
Narcoindultos: Testigo responsabiliza a Aurelio Pastor por eventual atentado (VIDEO)
- Aurelio Pastor en el ojo de la tormenta. (Foto: RPP)
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Luego que Aurelio Pastor hizo pública la identidad del colaborador eficaz, este pidió garantías para su vida.
Lima. El colaborador eficaz que ofreció testimonió en contra del exministro de Justicia del gobierno aprista, Aurelio Pastor, en la denuncia sobre los “narcoindultos”, ha pedido garantías para su vida y lo responsabilizó de cualquier atentado contra su integridad o la de su familia.
Marco Antonio Gálvez Tello, quien tenía identidad reservada hasta que Pastor la hizo pública a través de la prensa, acusa al exministro de poner en riesgo su seguridad y la de su familia.
Según el programa Cuarto Poder, el testimonio que dio este colaborador al fiscal Walter Delgado y al presidente de la “Megacomisión” del Congreso, Sergio Tejada, es una “pieza clave” de la vinculación del exministro con los cobros por los indultos y conmutación de penas.
La “Megacomisión” del Congreso viene investigando los presuntos pagos que se realizaban a la Comisión de Indultos y Gracias Presidenciales durante el segundo gobierno de Alan García para aprobar indultos y conmutaciones de penas.
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