TIENE AMARRADO A TODO EL PODER JUDICIAL CON PRESTAMOS

10.10.2014 | 20:30 pm

Cooperativa de Rodolfo Orellana prestó dinero a empleados del Poder Judicial

Coopex del prófugo empresario firmó un convenio con sindicato de empleados

Foto: archivo El Comercio

La Federación Nacional de Cooperativas de Ahorro y Crédito del Perú (Fenacrep) reportó que la cuestionada Coopex, cooperativa del prófugo Rodolfo Orellana, realizó préstamos a trabajadores del Poder Judicial. 

José Latinez, representante del sindicato mixto de trabajadores del Poder Judicial y vinculado al Apra, firmó un convenio con Coopex, acusada de estafar al Estado por millones de soles, el 17 de julio del 2009, cuando Javier Villa Stein era presidente de esta institución gubernamental.      

El funcionario del Poder Judicial realizó el convenio de descuento por planilla con Rodolfo Orellana, gerente general de Coopex, y Pablo Iglesias Palza, miembro del consejo administrativo de la cooperativa, según informó El Comercio. 

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Coopex ofreció créditos personales a los trabajadores del Poder Judicial por un monto máximo de 300 mil soles y pedía cómo requisito un aporte inicial de 10 soles y una mensualidad de 5, a pesar de que la cooperativa su cuestionado respaldo financiero. 

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Además los magistrados, empleados jurisdiccionales y administrativos debían tener un contrato laboral a tiempo indeterminado o determinado mínimo de seis meses para acceder a estos préstamos. 

Se supo que actualmente el 96% de los préstamos otorgados  por Coopex se encuentran en situación de morosidad, con más de 180 días de retraso.

Comisión Rodolfo Orellana citará al padre y hermana del ex ministro Castilla

Preguntarán por compra de terreno valorizado en más de 8 millones de dólares a persona ligada al prófugo abogado  

Foto: archivo El Comercio

También bajo la mira. La comisión que investiga el caso Rodolfo Orellana acordó citar a la hermana y el padre del ex ministro de Economía, Luis Miguel Castilla. 

Los legisladores investigarán si la compra de un inmueble por parte de los familiares de Castilla en Lima en el 2012 y que es valorizado por más de 8 millones de dólares, tiene nexos con la red del prófugo abogado. 

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“Los predios fueron comprados a un señor Landa (Niada) que es del entorno inmediato del señor Orellana. Obviamente, de convocarlos no quiere decir que tengan a un grado de responsabilidad, pero si va a ser bastante esclarecedor su participación”, dijo el presidente de grupo parlamentario, Vicente Zeballos. 

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El legislador de Solidaridad Nacional indicó que los familiares de Castilla serán citados para la primera semana de noviembre. 

Tumbes: investigan intento de venta de terrenos del parque Cerros de Amotape

Denuncia involucra al abogado Rodolfo Orellana como el vendedor de 24 mil hectáreas en una zona protegida.

Foto: Piura Web

Tras la denuncia difundida por Cuarto Poder, el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (SERNANP) se pronunció sobre el intento de venta de terrenos del Parque Cerros de Amotape de Tumbes que involucra al cuestionado abogado Rodolfo Orellana.

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SERNANP informó tras solicitar al Superintendente Nacional de Registros Públicos realizar una búsqueda de partidas registrales del área natural protegida, se verificó que existe duplicidad de partidas registrales, las mismas que no existieron durante la inscripción inicial del Parque.

“Conocido este hecho, el SERNANP tomó medidas de inmediato; remitió al Procurador Público del Ministerio del Ambiente el Oficio Nº 498-2014-SERNANP-OAJ con el fin de que inicie las acciones legales pertinentes para salvaguardar este patrimonio natural”, señaló.

Según SERNANP la Oficina Registral de Tumbes no constató que el predio se encontraba dentro de un área natural protegida y como tal estaba sujeto a limitaciones y cargas ambientales que impedían que sea adjudicada, y que la primera opción de compra corresponde al Estado.

Asimismo indicó que, al omitirse la notificación de la compra-venta de la Hacienda Cazaderos, la Oficina Registral no ha cumplido con el procedimiento previsto, exponiendo y vulnerando la seguridad jurídica del área natural protegida.

La investigación se extenderá al mismo Parque Nacional Cerros de Amotape, pues al estar inscrito en los Registros Públicos no debió proceder a una nueva transferencia de la propiedad inmueble.

Como se recuerda, la denuncia da cuenta de la intención de venta de un terreno de 24 mil 470 hectáreas del caserío Capitán Hoyle. Según los Registros Públicos, el dueño es el investigado y prófugo de la justicia Rodolfo Orellana Rengifo, por el que pagó 200 mil dólares.

Procuradora advierte

Alertan que Orellana está infiltrado en todo el Estado

 

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Jueves, 19 de junio de 2014 | 5:59 am

denunciado. Procuradora Príncipe revela que investiga a Orellana desde el 2009, y desde ese año se inicia una vil campaña de hostilización contra ella.

 

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Brazos de Orellana llegan, además del Congreso, a la Policía, Fiscalía, Poder Judicial, notarios, Registros Públicos y gobiernos regionales. La cooperativa Coopex tiene en jaque a la SBS y la OSCE. Según la UIF ha blanqueado fondos por 14 millones de dólares.

César Romero C.

La presunta organización ilícita que encabeza el abogado y empresario inmobiliarioRodolfo Orellana se ha infiltrado en la Policía, Fiscalía, Poder Judicial, Registros Públicos, Notarias, Gobiernos Regionales, afirma la procuradora pública para lavado de activos, Julia Príncipe Trujillo.

Ella ha venido librando una dura batalla legal contra Orellana Rengifo y sus asociados desde el 2009. Lo que ha descubierto lo ha puesto en conocimiento de la fiscalía, hasta ahora con poca fortuna, pues las investigaciones recién empiezan a moverse. 

Fiscalía inactiva

En agosto del 2011, el entonces fiscal de la Nación, José Peláez designó al fiscal provincial Luis Arellano como fiscal ad hoc para investigar las denuncias de lavado de activos, fraude y estafa contra dicho empresario, pero al cabo de un año y medio el caso fue archivado.

En el 2012 volvió a ser reabierto en manos de otro fiscal más acucioso, pero entonces, la organización recurrió a sus contactos en el Poder Judicial: un juez de la localidad de Atalaya, en Ucayali, ordenó excluir a Rodolfo Orellana de dicho proceso.

Tras la reacción pública, la última semana, la fiscalía especializada en lavado de activos, que despacha el fiscal superior Marco Guzmán, ha vuelto a reactivar el caso, al revocarse el fallo del juzgado de Atalaya.

La investigación involucra hoy a 53 personas y más de un par de docenas de empresas de fachada, entre estudios de abogados, inmobiliarias y hasta una cooperativa que tiene un convenio con el Congreso para ofrecer créditos a sus trabajadores.

Brazos muy largos

"Se ha determinado que hay vinculaciones, hay brazos del señor Orellana en todas las instituciones del Estado: Poder Judicial, Ministerio Público, Policía Nacional, Registros Públicos, gobiernos regionales y más", afirma la doctora Príncipe.

Esa infiltración, explica la procuradora, le permite actuar impunemente y que luego fracasen o se congelen las investigaciones que promueve  la procuraduría o sus víctimas.

Entre las víctimas de Orellana, además de personas particulares, se encuentran la Superintendencia de Banca y Seguros y la Oficina de Supervisión de Contrataciones del Estado (OSCE) prohibidas por fallos judiciales de controlar a la Cooperativa de Ahorro y Crédito para Empresas Exportadoras (Coopex).

Esta empresa, sin tener un sustento económico, otorga millonarias cartas fianzas a empresas que contratan con el Estado. Luego las empresas incumplen los contratos y el Estado no tiene a quién cobrarle las cartas fianzas de Coopex.

El asesor del fiscal

Uno de los socios fundadores y director de Coopex, Daniel Ramsay Romero, fue entre el 2011 hasta hace un par de meses, uno de los principales asesores del fiscal supremo José Peláez Bardales.
Ramsay dice haberse apartado de Orellana el 2010, pero es claro que en la gestión Peláez, su exsocio y exjefe no pudo ser investigado.

Un reporte de la Unidad de Inteligencia Financiera, estableció el 2012 que la organización de Orellana habría blanqueado fondos por 14,43 millones de dólares, supuestamentente provenientes del narcotráfico. 

Los últimos reportes reservados de la UIF triplican ese monto por supuestas actividades ilícitas provenientes del tráfico y apropiación de terrenos, la estafa, el fraude, la minería ilegal, trata de personas y narcotráfico. La UIF ha rastreado las cuentas de Orellana y sus asociados en bancos nacionales y en entidades bancarias de Panamá y China. 

Ataques

Para su defensa, además de sus abogados, la organización Orellana cuenta con la revista  "Juez Justo" y la ONG "Unidos Contra el Narcotrafico y el Lavado de Activos" (UCONA), que fundó junto al congresista Heriberto Benítez.  

A través de estos organismos, Orellana promueve denuncias contra los que lo investigan, incluyendo la procuradora Julia Príncipe y el director de la UIF, Sergio Espinoza. 

OJO SON Socios. La ONG UCONA tiene como presidente, vicepresidente y secretario a Heriberto Benítez, Benedicto Jiménez y Rodolfo Orellana.

publicación. La revista Juez Justo tiene como apoderada legal a Ludith Orellana, y como gerente general a Rodolfo Orellana y Benedicto Jiménez.