La Fiscalía y el poder Judicial abdicaron por metástasis de infiltrados apristas, quienes pretenden tumbarse mediáticamente con un jaque a Ollanta y Nadine por que García está con la soga al cuello y necesitaba una cortina de humo de escándalo mediático para quitarle el momentum a las denuncias congresales de Collique y los de la Megacomisión de Narcoindultos donde Alan García actúa como cómplice de los Miro Quesada Graña Montero en la estafa de Collique de 78 millones de dólares a investigar en el congreso , osea la venta de los Mirage, el dólar MUC, los patrulleros, el palacete den París, la mansión en Naplo, la casa en Pulpos, la mansión en Miraflores, el departamento de Miraflores, las Universidades Alas Peruanas, San Martín de Porres, Universidad Científica del Sur, SISE, Villarreal, la cadena de librerías Crisol, el departamento de Colombia, el tráfico de propiedades y tierras en Cieneguilla, la venta de los bosques de Motape, las playas de Tumbes.
Mas las 30,000 hectáreas en Chilca, el trafico de tierras en Cañete, la venta de los miles de hectáreas depredando la selva a sus socios y cómplices los Romero, el lavado de activos en sus bancos de Gran Caymán, el tráfico de tierras con las falsas "comunidades campesinas" en el norte, el sur, con las miles de invasiones de "golondrinos" con su secretario Luis Nava y cómplice de lavado de activos los Oropeza y de Orellana Renjifo quien con dinero del narcotráfico lavado financiaba a todos los empleados públicos del poder judicial, el agua para todos, los colegios emblemáticos, la complicidad del tráfico de drogas con sus "compañeros" José Jorge Zárate jefe de la policía en su primer gobierno, Mosca Loca, Los Sanchez Paredes, las masacres de Lurigancho, el regalo a Chile de una gran ´porción de costas pesqueras, mar y el triángulo de 300 hectáreas, los vínculos con Montesinos, el indulto y fuga de Crousillat.
También el nunca resuelto asesinato a Rodrigo Franco Montes de Peralta, el juicio a Agustín Mantilla por el grupo paramilitar de asesinos quienes utilizaron el nombre de Rodrigo como la cortina de humo perfecta, los 6,500 delincuentes y narcotraficantes indultados por García y su agente cómplice de todo mal Facundo Chinguel, el robo de los Petro-audios del congreso pruebas de la corrupción de Petroperú y el faenón de lotes de petróleo al grupo de República Dominicana.
Pero salieron este mes con una nueva cortina de humo para postergar la agenda congresal de investigar a García su impunidad es interminable es mas impune que Blater el jefe infinito de la Fifa serán opacados por el circo mediático de las compras de Nadine por que le compró con una tarjeta de crédito de su amiga unos encarguitos esta noticia es más importante para el grupo el Comercio que los 78 millones que se robaron en sociedad con García ambos socios en el tráfico de tierras y de propiedades utilizando sus mafias en COFOPRI con su "compañeros" Aurelio Pastor y el "Chileno" quienes han titulado a sus testaferros miles de hectáreas de todos los peruanos incluyendo mís tierras, SUNARP, la Fiscalía y el poder judicial mafia operada por el aprismo y sus agentes en el aparato del estado financiando a los empleados del poder judicial en prestamos personales con el gran financista-ladrón y traficante de tierras y propiedades "Orellana Renjifo", la fábrica de lavado de activos del narcotráfico quienes le daban y mantienen millonarios contratos de limpieza en el poder judicial y el congreso "Oropeza" instrumento de disuasión mediática para evitar la investigación congresal para tapar la transacción de Collique y los Narcoindultos con la venia de Alan García. para muestra un botón, abajo un reportaje por Pro-justicia que muestra exactamente como funciona el trafico y despojo de propiedades
.LA JUSTICIA INVADIDA: EL CASO CHIARELLA MASÍAS
Informe ProJusticia
Desde hace unos meses, la prensa nacional ha venido mostrando cómo el explosivo crecimiento inmobiliario al sur de Lima no solo es la expresión visible del bienestar económico que ha vivido la clase media y alta de la capital en los últimos años, sino también del crecimiento paralelo de mafias de traficantes de tierras y de construcción civil, que han hecho de esta zona una de las más convulsionadas y violentas del país, especialmente en toda la franja de playas que va desde Punta Hermosa hasta Cañete.
Más allá de la violencia y del poder de fuego y extorsión que han logrado estas mafias, ellas han contado también con importantes aliados para afianzar sus actividades ilícitas, como líderes comunales, asesores legales, notarios, alcaldes, fiscales, jueces y policías, sea de manera individual o trabajando en forma articulada al servicio del mejor postor. La invasión mafiosa ha llegado así hasta el sistema de justicia aquí nomás a unos kilómetros de Lima, al igual que ha ocurrido en zonas más alejadas de la capital, perjudicando a cientos de ciudadanos que muchas veces viven durante años recorriendo infructuosamente los pasillos judiciales para lograr algo de justicia, sea ante la pérdida de sus terrenos o viviendas o de algún familiar cercano.
Uno de estos cientos de litigantes es MANUEL CHIARELLA MASIAS. A pesar de ser un reconocido catedrático, a Manuel se le hace muy difícil comprender cómo funciona la justicia peruana, aun cuando viene batallando en este espacio por casi una década. Como muchos ciudadanos, no entiende porqué quienes usan documentos falsos ven amparados con tanta facilidad sus supuestos derechos, mientras los verdaderos propietarios gastan fortunas sin éxito; o porque asesinos comprobados siguen disfrutando de su libertad burlándose de la ley. Su historia no es una más de las que ya hemos contado aquí; es una que nos demuestra cuán invadida está nuestra justicia, a solo unos kilómetros de Lima.
EL PRIMER INTENTO DE INVASIÓN
El año 2006, cuando el crecimiento del sur limeño apenas se iniciaba, MANUEL CHIARELLA MASIAS junto con un socio adquirió un terreno de casi 40 hectáreas – denominado “Los Currunchos”- ubicado en las faldas de San Hilarión, distrito de Chilca, para dedicarlo al negocio avícola y a la construcción de reservorios para abastecer de agua a otras granjas y a cultivos de agroexportación (espárragos) ubicados en las cercanías1. Para ello firmó una escritura de compraventa con la comunidad campesina de Chilca, dueña formal de dicho predio, el 10 de febrero de dicho año.
El negocio iba avanzando cuando la mala suerte se le hizo presente en la figura de MARIO RIVERA PANTA. En octubre del 2009, éste denunció ante la fiscalía de Mala – perteneciente a la Corte Superior de Cañete- que los vecinos de CHIARELLA habían
1 Existen 3 reservorios dentro de la propiedad: uno de 3,500 M3, propiedad de un tercero con quien Chiarella firmó el 2006 un contrato de uso y paso para el reservorio y las tubería; y 2 reservorios de 70 M3 cada uno, destinados a clorificar el agua de la granja que se estaba construyendo cuando fue invadido.
usurpado un terreno de 160 Ha. pertenecientes a AGUSTIN PEDRO ROJAS DAVILA, a quien dijo representar. Para ello, presentó una escritura y un plano que luego se demostrarían serían falsos, planos que incluían el predio correspondiente a CHIARELLA, pero que fueron aceptados sin mayor miramiento por EDWARD FERNANDO ESCOBAR ARRESE, entonces fiscal de dicha jurisdicción.
Amparado en dicha denuncia, el 31 de octubre RIVERA PANTA tomó Los Currunchos por la fuerza con apoyo de unos 40 matones, quienes botaron a golpes a los guardianes, hicieron destrozos en sus plantaciones e instalaciones y se robaron cerca de 1,500 metros de tuberías de sus reservorios. Incluso CHIARELLA fue denunciado por la presunta usurpación de su propio predio por ROJAS DAVILA y SANDRA GREENWICH. Sin embargo, en el atestado levantado luego de dicha intervención por la comisaría de Mala –No. 33-2009-VII-DIRTEPOL-DIVPOL-CY-CDCH-SIC- la Policía Nacional se va a lavar las manos señalando que no estaba clara la ubicación de los terrenos en disputa, y que podía tratarse de “terrenos diferentes”. Tiempo después, el propio comisario aceptaría
que había sido sorprendido por el fiscal, y que todo se había tratado de un “error”.
Lo cierto es que, a diferencia de la supuesta minuta de compraventa presentada por ROJAS DAVILA –donde aparecía la firma del ex Presidente de la comunidad campesina de Chilca, EULOGIO ESPICHAN SABA, presuntamente firmada en el 2005 pero que luego se mostró era de fecha posterior- las minutas presentadas por CHIARELLA (una del 2004 y otra del 2006) en el marco del proceso que se abrió al respecto sí estaban en regla, señalando medio de pago y poderes inscritos, además de contar con coordenadas UTM que fijaban claramente los límites de su predio. A pesar de ello, CHIARELLA se la pasó cerca de dos años luchando ante la fiscalía de Mala para que se le devuelva su terreno, lo que finalmente se produjo en marzo del 2011.
Curiosamente, esta devolución fue fruto de un acuerdo intraproceso –aplicando el principio de oportunidad- antes que de una seria investigación de los hechos. RIVERA PANTA reconoció así en dicho acuerdo que todo había sido arreglado y que había sido contratado por ROJAS DAVILA por encargo de SANDRA MARITZA GREENWICH ALZAMORA para que promoviera la invasión del terreno de CHIARELLA, aceptando su responsabilidad y devolviendo el terreno a su verdadero propietario. Asimismo, en el marco del proceso fueron saliendo a la luz la nombre de otros cómplices de esta usurpación, como OSWALDO y TOMAS CHAUCA NAVARRO, además de ELTON MAYOR HERRERA, quienes nunca fueron sindicados ni investigados a pesar de ser denunciados como corresponsables de lo ocurrido.
LA GRAN FAMILIA DEL SUR DE LIMA
La desgracia de CHIARELLA –que, como veremos, se extiende hasta hoy- fue cruzarse con una de las bandas de usurpadores de terrenos más poderosas que existen en la zona sur de Lima, como es la de los CHAUCA NAVARRO, implicados en múltiples juicios por usurpación e invasión de terrenos en Chilca, Mala y Cañete, entre otros delitos, y cuyo poder económico, político y judicial les ha permitido actuar con total impunidad a lo largo de los últimos años.
La cabeza visible de esta banda es ALFREDO CHAUCA NAVARRO, ex Presidente de la comunidad campesina de Chilca y alcalde de dicho distrito en el período 2011-2014. En el
2007, CHAUCA fue condenado a dos años de prisión condicional por usurpación agra-
vada en perjuicio de Santiago Queirolo Ciuffardi, y el 2008 fue sentenciado por cometer el mismo delito contra Adriana Torres Carbajal. El Tercer Juzgado Penal de Cañete también lo condenó en el 2008 a dos años por provocar lesiones graves a Víctor Huapaya. De acuerdo a información del diario El Comercio (22-02-2012), solo entre el 2011 y el 2012
ALFREDO CHAUCA fue además objeto de diez denuncias por usurpación de terrenos ante el Ministerio Público, ninguna de las cuales prosperó.
Por el contrario, y a pesar de todas estas denuncias, CHAUCA resultó elegido alcalde de Chilca en el 2011, presuntamente gracias a los votos obtenidos de las personas a quienes entregó terrenos y a votos golondrinos provenientes de otras partes del país. Una vez instalado en la alcaldía local, CHAUCA inició un floreciente negocio de expedición de certificados de posesión de terrenos invadidos, incluso aceptando actas o minutas falsas, formalizando de esta manera el despojo promovido por él mismo y por otras bandas de traficantes de terrenos existentes en la zona. Cansados de la corrupción generada, la población de Chilca no lo reeligió, siendo poco lo que se sabe de éste en la actualidad.
Por su parte, OSWALDO CHAUCA NAVARRO fue diputado por el partido aprista entre
1990 y 1992, así como subprefecto de Cañete, pero adquirió notoriedad luego de ser condenado el año 2011 (poco tiempo después del primer intento de invasión del terreno de CHIARELLA) por tráfico de tierras en complicidad con funcionarios corruptos del Organismo de Formalización de la Propiedad Informal (COFOPRI), en ese entonces presidido por el dirigente aprista OMAR QUESADA. Según las investigaciones realizadas, COFOPRI le entregó a CHAUCA una playa de 300 mil metros cuadrados al precio regalo de 5 mil soles, cuando esos terrenos estaban valorizados en 12 millones de dólares. Por este hecho, QUESADA renunció a su cargo, mientras que CHAUCA fue condenado a 11 años de prisión por los delitos de colusión, cohecho y falsedad ideológica.
Sin embargo, esa no es la única perla de OSWALDO CHAUCA. IDL-Reporteros denunció que éste fue asesor legal2 de un grupo que invadió 65 Ha. de un terreno perteneciente al Centro de Entrenamiento del Ejército el año 2006, cercano al predio de CHIARELLA. El terreno fue rápidamente lotizado y publicitado como el Gran Parque Industrial SATOMI KATAOKA, haciendo caer a decenas de incautos que pagaron por un terreno invadido, mientras CHAUCA acusaba (siguiendo el modus operandi utilizado luego contra CHIARELLA) al propio Director de Educación y Doctrina del Ejército y a otros oficiales por supuestamente haber ingresado a “su” terreno. Cabe agregar que la pugna por la posesión de este terreno aún sigue en los tribunales.
Del tercero de los hermanos –TOMAS CHAUCA NAVARRO- no se sabe mucho, salvo que ha formado parte de la bien montada red familiar. También abogado, ha sido el encargado de proteger judicialmente a su hermano ALFREDO de las múltiples denuncias en su contra cuando se encontraba al frente de la municipalidad de Chilca. También se sabe que tiene fuertes vínculos con el sector de mototaxistas de Chilca y Cañete,
habiendo presidido la Asociación de Fondos contra Accidentes de Tránsito “Nuestra Señora de la Asunción”, logrando que sea reconocida como el único fondo registrado en la región Lima Provincias, lo que le permite contar con una base social de aproximadamente 10 mil mototaxis y 3 mil vehículos mayores. 2 El título de abogado de Chauca se encuentra en gestión, ya que habría inscrito en el Colegio de Abogados del Callao con un título que, de acuerdo a la ex Asamblea Nacional de Rectores, sería falso.
Por otro lado, si bien el vínculo entre los CHAUCA NAVARRO y SANDRA GREENWICH ALZAMORA solo está probado respecto del caso de CHIARELLA, es claro que entre ambos existe una afinidad de intereses que es necesario investigar con mayor profundidad. Lo que se sabe de ésta es que junto con su esposo, ELTON MAYO HERRERA, conforman uno de los grupos de crianza de ganado vacuno más fuertes del sur de Lima e incluso del país. De acuerdo a los registros comerciales revisados, GREENWICH aparece como propietaria de diversas empresas dedicadas a la crianza de ganado y a la venta y distribución de carne, como AGROINDUSTRIAS BOCA DE TORO S.A.C., CARNIVENTAS E.I.R.L. y AGROCARNE E.I.R.L.
Sin embargo, estos no son sus únicos negocios. Recientemente, la Dirección General de
Minería descubrió que tanto GREENWICH ALZAMORA como las empresas JRV Business
& Services S.A.C. y Valkam Constructores estaban extrayendo ilegalmente arena y piedra en el área de “Cruz de Hueso″, distrito de Punta Negra, a pesar de tratarse de un área no peticionable. Se sabe que JRV Business y Valkam conformaban un consorcio (Consorcio Ecológico de Ingeniería Río Verde) que había firmado un convenio de extracción con la municipalidad distrital de Punta Negra en el 2013, pero que fue anulado por el Concejo Distrital; lo que no se sabe, sin embargo, es cuál es el papel jugado por GREENWICH en este rollo ni que hacía en dicha zona. En todo caso, el hecho de que la sanción impuesta a ésta fuera mayor da cuenta que fue la mayor beneficiada de este ilícito negocio.
Existen al respecto muchos vacíos por resolver: ¿cómo se conocieron los esposos MAYO GREENWICH con los CHAUCA NAVARRO? ¿Desde cuándo mantienen negocios juntos?
¿En qué otros intentos de posesión ilícita han estado involucrados? GREENWICH tiene al respecto otras denuncias por intento de usurpación, e incluso el 2 de agosto del 2011 fue acusada a través de los medios de prensa de intentar invadir cerca de 50 Ha. de propiedad de EDGAR ALVAREZ MONTESINOS ubicada en la zona de San Bartolo, donde resultaron cinco personas heridas con armas de fuego. También ha sido denunciada por la invasión y destrucción de una fábrica de tuberías propiedad de ALEJANDRO REGALADO ubicada en las salinas de Chilca, en los humedales de Puerto Viejo, y de otro extenso terreno de 1,900 Ha. en la zona de San Bartolo3; sin embargo, hasta el momento la empresaria ha sabido salir bien librada de todo ello.
LA SEGUNDA INVASIÓN Y EL INTENTO DE HOMICIDIO
Pasado el primer trago amargo, CHIARELLA pensó que sus problemas acabarían allí, pero se equivocó. El 24 de julio de 2011, y luego de algunas amenazas recibidas, la propia SANDRA GREENWICH se apareció en la puerta de ingreso del terreno encabezando un nuevo intento de invasión en compañía de TOMAS CHAUCA NAVARRO, presentándose ambos como representantes de AGUSTIN ROJAS DAVILA. En esta oportunidad, CHAUCA presentó una minuta distinta a la de la primera invasión, esta vez firmada por el ex Presidente de la comunidad RUDECINDO RIVAS CAMACHO, cuya firma –según confirmó después el mismo RIVAS- era falsa.
De inmediato, CHIARELLA solicitó la presencia de la policía y del fiscal de Mala, EDWIN CHOQUE ZANABRIA, a fin de expulsar a los invasores. El fiscal autorizó la intervención
3 En esta invasión GREENWICH habría utilizado un modus operandi similar al usado contra Chiarella; esto es, una minuta firmada por el ex presidente de la comunidad de Chilca ESPICHAN SABA para avalar su presunta
de 20 policías antimotines que se apersonaron al lugar, pero cuando estaban por entrar la llamada del anterior fiscal –EDWARD ESCOBAR ARRESE, quien ya había apoyado a los CHAUCA y SANDRA GREENWICH en la primera invasión– frenó la entrada de los efectivos policiales, quienes se retiraron permitiendo que los invasores se quedaran en el lugar.
El 4 de agosto, y luego de conocer la denuncia hecha contra GREENWICH por el intento de invasión en San Bartolo, CHIARELLA regresó a su terreno creyendo que podía volver a retomar la posesión del mismo. Grande fue su sorpresa, sin embargo, al encontrar no solo que su propiedad aún estaba siendo custodiada por varias personas, sino además por ser recibido a punta de disparos. Según consta en el informe policial 058-2001-XXII- DITERPOL, que recogió lo ocurrido, los disparos fueron hechos desde dentro del predio y rozaron su vehículo, salvando milagrosamente la vida. Ello permitió que la policía intervenga el terreno ante el intento de homicidio, capturando a cuatro sujetos –entre ellos JOSE SOTO HIDALGO, cuñado de TOMAS CHAUCA NAVARRO; BENNY KENT VARGAS CABALLERO y GIN JERRY VARGAS RODRIGUEZ4- e incautando siete armas de fuego de largo alcance, dos de las cuales –según se constató luego- estaban registradas a nombre de ELTON MAYO HERRERA.
Ya en la comisaría, los presuntos vigilantes negaron haber usado armas de fuego, alegando incluso que no sabían de la existencia de las mismas, pero sí afirmaron haber sido contratados por SANDRA GREENWICH. Además, el propio TOMAS CHAUCA se apersonó como defensor legal de los detenidos, negándose sin embargo a participar de las diligencias de incautación de las escopetas. Increíblemente, la policía no aplicó la prueba de absorción atómica a los detenidos, lo que hubiera permitido saber con certeza quién había hecho el disparo contra CHIARELLA. Lo cierto es que, gracias a ello, éste pudo retomar una vez más la posesión de su predio, hecho que sin embargo le duraría apenas unas horas.
Antes de la Invasión
4 Un cuarto vigilante logró escapar de la zona en un vehículo propiedad de CHAUCA NAVARRO, el mismo que fue capturado un día después en el mismo predio con otros sujetos portando un arma blanca.
Durante la invasión
Presencia de Sandra Greenwich A. al momento de la invasión, en una de ellas al lado del abogado Tomas Chauca Navarro.
Armas incautadas
Después de la Invasión, llevaron maquinaria y cercaron el terreno EL TERCER Y DEFINITIVO INTENTO DE INVASIÓN
Un día después, el 5 de agosto, CHIARELLA volvió a encontrar a otras cinco personas merodeando en su terreno con armas blancas, los que fueron capturados y llevados a la comisaría de Chilca. Esta vez, los abogados enviados por TOMAS CHAUCA armaron un escándalo que permitió que uno de los detenidos lograra fugar con apoyo de los asistentes del abogado. Este hecho tampoco fue nunca investigado por la policía, ni materia de denuncia fiscal alguna, y la policía se ha negado a dar la identidad de dicha persona.
Pocos minutos después de la medianoche del 6 de agosto, los suboficiales PNP JOE RIVERA VIGO y HERMES ARIAS CHAMPAC se apersonaron en el terreno de CHIARELLA señalando que iban a realizar una inspección ocular por orden de la fiscal RUTH KARINA LOAYZA SANCHEZ, también de la fiscalía de Mala, encontrando al personal de vigilancia del empresario dentro del predio y expidiendo una constancia de posesión a su favor. Una hora después, un grupo de vigilantes registró dos disparos hechos con armas cortas desde dentro del predio, lo que fue denunciado ante la comisaría de Mala. Dos horas más tarde, los mismos suboficiales llegaron nuevamente al terreno en un vehículo policial, acompañados de ocho vehículos particulares llenos de personas armadas, incluyendo a SANDRA GREENWICH, TOMAS CHAUCA Y AGUSTIN ROJAS DAVILA, ordenando a los vigilantes que debían salir del predio al existir una orden de desalojo firmada por la fiscal LOAYZA.
A pesar de que la fiscal LOAYZA rechazó luego haber firmado alguna orden de desalojo, lo cierto es que nunca denunció a los suboficiales que participaron de la invasión ni emitió
orden alguna de intervención para la recuperación del predio dentro de las 24 horas, como estipula la ley. Paradójicamente, ella había participado en el levantamiento del acta por el hallazgo de las armas de fuego dos días antes, por lo que sabía quiénes eran GREENWICH y CHAUCA NAVARRO y cuáles eran sus intenciones al respecto. Sin embargo, su pasividad permitió que éstos retomaran la posesión del predio de CHIARELLA, el cual mantienen hasta el día de hoy gracias a la protección judicial brindada a ambas personas.
LA (ALUCINANTE) POSTURA JUDICIAL
Como puede apreciarse, en todos los intentos de invasión se produjeron una serie de delitos –usurpación agravada, intento de homicidio, amenazas, tenencia ilegal de armas, falsificación de documentos, usurpación de funciones, etc.- la mayor parte de los cuales no han sido investigados o procesados por el Ministerio Público o el Poder Judicial, buscando más bien asumirlos como hechos aislados e incluso negarlos como ciertos, mostrando con ello un claro favoritismo a favor de los CHAUCA NAVARRO y SANDRA GREENWICH.
Un ejemplo de ello es lo ocurrido en el juzgamiento de los detenidos en el segundo intento de invasión junto a un grupo de armas de fuego. El juzgado unipersonal penal de Mala, a cargo de la jueza TERESA ESPERANZA ZAMUDIO OJEDA, abrió proceso contra SOTO HIDALGO, VARGAS CABALLERO y VARGAS RODRIGUEZ solo por el delito de tenencia ilegal de armas sin incluir el intento de homicidio que sufrió CHIARELLA frente a su predio. El 27 de abril del 2012, la jueza ZAMUDIO condenó a los dos últimos –dado que SOTO HIDALGO se acogió a la figura de terminación anticipada- a siete y seis años de prisión, respectivamente, sobre la base de pericias que mostraban que por lo menos un arma había sido percutada y todas se encontraban operativas, pero sin preocuparse por identificar quién había disparado contra el empresario.
Peor aún, en julio del 2012, la Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Cañete
–conformada por los jueces superiores ROBERTO PAREDES DAVILA, ISAIAS ASCENCIO ORTIZ y FEDERICO QUISPE MEJIA- resolvieron REVOCAR la sentencia de primera instancia y ABSOLVER a los vigilantes alegando que nunca habían tenido contacto con las armas dado que las encontraron a cien metros de donde fueron detenidos. Nuevamente, los jueces obviaron solicitar la pericia de absorción atómica (que nunca se realizó) que hubiera permitido saber si alguno de los implicados disparó un arma de fuego. En otras palabras, los presuntos vigilantes fueron procesados por un simple razonamiento discrecional, sin considerar lo señalado en el acta fiscal.
Una postura igualmente absurda se ha venido dando en el proceso penal por USURPACION AGRAVADA (esto es, con violencia y con múltiples personas) abierto contra SANDRA GREENWICH ALZAMORA y ELTON MAYO HERRERA5. Recién el 12 de junio del 2012 –esto es, más de un año después de la tercera invasión- recién se formalizó la investigación fiscal contra estas 3 personas, luego de las investigaciones preliminares que se extendieron más allá de lo razonable. No obstante, la fiscal TERESA
5 Inicialmente, AGUSTIN ROJAS DAVILA fue incluido en el proceso pero fue dejado de lado el 2013 por haber fallecido. Sin embargo, CHIARELLA ha cuestionado el acta de defunción presentada, dado que existen indicios de que sería falsa.
QUISPE CHOQUE, quién asumió la fiscalía de Mala luego de la salida “intempestiva” de ARRESE6, optó por solicitar el ARCHIVAMIENTO del caso, señalando entre otras perlas, que “el delito denunciado no ha tenido lugar”, que no existen “documentos idóneos y fehacientes que demuestren la posesión previa del agraviado”, que “en ninguna parte se consigna que se hubiera ejercido violencia física contra el agraviado u otras personas que se encontraban en el predio”, y que nadie dijo conocer a ELTON MAYO o haberlo visto en el lugar de los hechos.
Por su parte, el entonces juez de investigación preparatoria de Mala, CIRILO ENOR SUAREZ MIRAVAL, rechazó el pedido de sobreseimiento alegando, a su vez, que la investigación fiscal estaba mal hecha al no haber hecho los interrogatorios o careos de todos los participantes y, sobre todo, porque la fiscal estaba valorando como ciertos una serie de documentos notoriamente falsos o cuya falsedad ya había sido demostrada, incluyendo certificados de posesión y recibos de impuesto predial presentados por AGUSTIN ROJAS DAVILA, entre otros. En su resolución del 2 de julio del 2013, la Primera Fiscalía Superior de Cañete va a ordenar así que se proceda a la acusación, aceptando los razonamientos del juez y señalando, por ejemplo, que la posesión previa de CHIARELLA se encontraba debidamente probada, por lo que no podía señalarse que no había habido delito alguno
De otro lado, la Fiscalía optó por separar a la fiscal QUISPE del caso y entregarlo al fiscal adjunto provincial del segundo despacho de la Fiscalía Penal Corporativa de Mala, SANTIAGO YARINGAÑO CASTILLO, para que proceda a la acusación, la que se presentó ante el Juzgado de Investigación Preparatoria de Mala, a cargo del juez PEDRO MIGUEL CHACALIAZA HERNANDEZ. Sin embargo, en su primera resolución de control de acusación emitida el 26 de agosto, el magistrado va a repetir casi de manera textual los argumentos de la fiscal QUISPE para ordenar nuevamente el archivamiento del caso. Ante la apelación presentada por CHIARELLA, la Sala de Apelaciones de Cañete asumió la postura de la fiscalía superior ante las claras pruebas en contra de los implicados, pero sin derivar el caso a otro magistrado, a pesar de conocer su postura en contra. Ante ello, y pasando por encima de lo dispuesto en la instancia superior, el 17 de diciembre -esto es, más de 3 años de ocurrida la tercera invasión- CHACALIAZA volvió a ordenar el archivamiento del caso, manteniendo no solo la opinión de que no existía delito sino un simple “conflicto en cuanto a la titularidad del inmueble”, sino acusando incluso a la fiscalía de “hostigar” judicialmente a la pareja MAYO GREENWICH.
UNA JUSTICIA POR LIBERAR
Como puede apreciarse, en ambos procesos son varios los hechos que se ocultan e invisibilizan para favorecer a los invasores: a) por un lado, el intento de homicidio no aparece por ningún lado, ni parece preocupar mayormente a los operadores de justicia, a pesar de ser uno de los principales delitos cometidos; b) la declaración de los vigilantes de la segunda invasión de haber sido contratados por SANDRA GREENWICH tampoco para tener mayor relevancia para la fiscalía o el Poder Judicial; c) en ninguno de los dos
6 Cabe agregar que ESCOBAR ARRRESE tuvo que retirarse el año 2012 de la zona de Mala, debido a que la población del lugar realizó una marcha en la que atentaron contra la comisaría, el juzgado y la municipalidad acusando a Arrese y otros de estar coludidos en dos asesinatos por sicariato. La fiscal TERESA VERONICA QUISPE CHOQUE se hizo desde entonces cargo de la fiscalía.
procesos se hace mención que parte de las armas encontradas en la segunda invasión eran propiedad de ELTON MAYO, esposo de SANDRA GREENWICH, lo que demostraría su participación directa en los hechos; por el contrario, en todo momento se insiste en que él nunca estuvo presente en el lugar y que nadie dijo conocerlo; y d) en ninguno de los procesos el tema de los documentos probadamente falsos presentados por ROJAS DAVILA y SANDRA GREENWICH para probar “su” propiedad es materia de discusión o denuncia; por el contrario, incluso una fiscal los acepta como pruebas totalmente válidas, mientras que el juez de Mala lo hace indirectamente al asumir que hay un conflicto de títulos, sin precisar que uno de ellos es claramente falso.
En este absurdo panorama, ¿qué tipo de justicia puede esperar MANUEL CHIARELLA? Poca o ninguna en realidad. CHIARELLA ha apelado la última resolución de control emitida por el juez CHACALIAZA, y espera que ella sea resuelta a su favor; sin embargo, hasta la fecha de cierre del presente informe no se ha convocado a audiencia, y sabe que los encargados de ello serán los mismos jueces que ya dejaron libre a los que le dispararon; esto es, los jueces ISAIAS ASCENCIO ORTIZ y FEDERICO QUISPE MEJIA. Ello lo lleva, al igual que otros cientos de litigantes que uno encuentra entre Mala y Cañete, a desconfiar en que se le devolverá en algún momento su propiedad, ocupada hoy por más de 2000 toros de una empresa que se llena los bolsillos gracias al despojo de terceros.
La pregunta es cuánto tiempo más se puede mantener una situación como esta mientras la OCMA y los organismos de control poco o nada parecen hacer al respecto. CHIARELLA se ha pasado los últimos meses presentando denuncias sobre estos hechos ante la Oficina de Control Interno del MP, el Consejo de la Magistratura y hasta la Defensoría del Pueblo, sin éxito alguno. También ha presentado su caso ante otros medios de comunicación, lo que solo condujo a que reciba amenazas contra su persona que lo alejaron del país por unos meses. Pero él ha vuelto con la poca confianza que le queda en que esto se puede arreglar, que la justicia podrá verse libre en algún momento de invasores corruptos y deleznables, y que la mafia que lo perjudicó no logrará que sus delitos prescriban, como parecen buscar con sus movidas judiciales. Estaremos vigilantes para que este deseo se cumpla.
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