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Tuesday, April 8, 2014

LA MEGACOIMISION QUE PUSO AL APRISMO CONTRA LAS CUERDAS

EDITORIAL:

Una làstima que el poder en el Perù sea una mìmica Chicha del feudalismo Español
El Perù es la chacra de unos cuantos señores feudales quienes tienen al crimen organizado como su herramienta de trabajo donde se combina el tràfico de influencia, el tràfico de tierras, el lavado de activos, la corruptela polìtica, el poder judicial corrupto, en fin es un desorden lo que sucede en el Perù el problema no es como actùa uno es como uno puede luchar en contra del crimen organizado, el crimen organizado està en todos los àmbitos de la sociedad, còmo puede ser que los medios de comunicaciòn estèn coludidos con el tràfico de tierras y de influencias?¿Inmediatamente y simult'aneamente crean cortinas de humo y los criminales envìan a sus agentes de relaciones pùblicas a todos los medios a limpiarle la cara al criminal, eso es pues una copia de un m odelo Fascista estilo Goebbles de la alemania Nazzi en resumen: "quien controla los medios controla las mentes del pueblo" y por ende la opiniòn pùblica, notese que los Ortiz de Zeballos complices de el tràfico de tierras tambièn controlan los medios de opiniòn al igual que los MiròQuesada-GrañaMontero quienes se benefician de los proyectos de infraestructura y de desarrollo de viviendas y bines y raìces es toda una <cofradìa del poder por el poder de controlar y gobernar con el que les dè piè a su maquinaria econòmica, para derribar a esa mafia tan poderosa se necesitan pruebas poderosas y un poder judicial que sea imparcial y honesto lo cual en el Perù es imposible...y esa es mi humilde opiniòn.


Primero que responda

Le critican a García, por sus nuevos ataques contra el presidente Humala
Primero que responda
El ex jefe de Estado Alan García debería responder a la justicia y respetar la ley, en lugar de crear “cortinas de humo” y persistir en sus agravios al presidente Ollanta Humala y a todos los que los investigan por su desempeño público, afirmó a LA PRIMERA, el analista político Alberto Adrianzén.
“La acusación de García a Humala de ‘títere de Maduro’ no es más que una cortina de humo. Es un intento desesperado de Alan por zafarse de la acusación (anunciada por la Procuraduría). Creo que en lugar de dedicarse a insultar, mentir y crear ese tipo de historias, debería de atenerse a la ley y a la justicia”, subrayó.
Adrianzén se pronunció así respecto a los nuevos ataques e intentos de descalificación de García contra el Mandatario y sus acusadores.
En España, el exmandatario calificó a Humala de “títere” del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. Y desde su cuenta de Twitter siguió arremetiendo contra el jefe de Estado, al acusarlo de “quitarse la careta, al mandar a su asalariado (el procurador anticorrupción) a denunciar”. Y exigirle, además, “que responda por los narcoaviones”.
El parlamentario andino Adrianzén insistió en que, ante cada acusación y la solidez de las pruebas que se van acumulando en su contra, el líder del Apra extrae de la manga nuevas cortinas de humo, en su afán de evitar las investigaciones que lo incriminan. “Es un síntoma de debilidad”, enfatizó.
“Debe de responder al Perú por las acusaciones que lo involucran, dejar de agraviar a la gente, de declarar mentiras”, remarcó.
REACCIONES SOBRE INVESTIGACIÓN
La investigación fiscal a García por el caso “narcoindultos” es pertinente y permitirá esclarecer la responsabilidad del exmandatario en este asunto, coincidieron en señalar los miembros de la Megacomisión parlamentaria Héctor Becerril y Enrique Wong.
En mayo o junio 
El parlamentario de Gana Perú Omar Chehade informó que los informes de la Megacomisión serán debatidos en el pleno del Congreso en mayo o en junio, de todas maneras antes de finalizar la actual legislatura del Parlamento a mediados de julio.
Javier Soto 
Redacción 

La megacomisión actuó correctamente..... Sergio Tejada

El debido proceso se ha respetado, con estándares mayores a los que exige la ley del Parlamento

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La megacomisión actuó correctamente, por Sergio Tejada

La megacomisión actuó correctamente, por Sergio Tejada
( Foto : Lino Chipana / El Comercio)
SERGIO TEJADA
Ex presidente de la megacomisión
El juez constitucional Hugo Velásquez no ha comprendido que elCongreso de la República no tiene, ni debe tener, los mismos procedimientos que el Poder Judicial en sus investigaciones. Su última resolución –firmada por su asistente debido a la huelga del Poder Judicial– que anula la citación del 3 de octubre a García Pérez, así como los actos posteriores o sucesivos de la comisión, es francamente abusiva y arbitraria, vulnera el fuero parlamentario y refuerza las estructuras de impunidad que ya reinan en nuestro país.
El artículo 93 de la Constitución establece que los congresistas no están sujetos a mandato imperativo, no son responsables ante autoridad ni órgano jurisdiccional alguno por las opiniones y votos que emitan en el ejercicio de sus funciones. Asimismo, el artículo 97 de la Carta Política señala que el Congreso puede iniciar investigaciones sobre cualquier asunto de interés público y que sus conclusiones “no obligan a los órganos jurisdiccionales”. Esto es importante, pues desvincula las conclusiones de los informes con las posibles sanciones políticas o judiciales que pudieran ocurrir en otras instancias.
Este artículo es desarrollado por el artículo 88 del reglamento del Congreso, que establece los procedimientos de investigación. En su literal d) señala: “Quienes comparezcan ante las comisiones de investigación tienen el derecho de ser informados con anticipación sobre el asunto que motiva su concurrencia. Pueden acudir a ellas en compañía de un abogado”. ¿La megacomisión ha cumplido con el reglamento del Congreso? Por supuesto que sí. 
Durante la investigación, el Tribunal Constitucional (TC) notificó al Congreso sobre la sentencia del caso Tineo Cabrera. Aunque usted no lo crea, esta sentencia que ha generado toda una crisis en la función fiscalizadora del Congreso no le dio la razón al demandante. Y, peor aun, la demanda no estaba referida a comisiones investigadoras sino a acusaciones constitucionales. 
Oportuno momento –para uno de los investigados– en el que el TC se pronunció sobre el debido proceso en sede parlamentaria, haciendo énfasis en las comisiones investigadoras. Sin embargo, esta sentencia no es de ejecución inmediata por obvias razones: el Congreso tiene un reglamento con rango de ley, que determina el debido proceso en sus investigaciones. Alterar los procedimientos supondría modificar el reglamento del Congreso. Por eso, la sentencia exhorta al Congreso a que modifique su reglamento (lo dice literalmente). En consecuencia, es de aplicación progresiva. ¿La megacomisión ha adaptado progresivamente sus procedimientos a la sentencia Tineo Cabrera? La respuesta es sí.
A diferencia de comisiones pasadas, presididas algunas de ellas por el Apra, la megacomisión citó con un alto grado de detalle al ex presidente García, le permitió a su abogado acceder en múltiples oportunidades a la documentación disponible (algo que jamás había hecho comisión parlamentaria alguna) y, finalmente, García acudió a la sesión de la comisión con su abogado, su asistente y toda su bancada parlamentaria. Sin embargo, el recientemente nombrado juez constitucional lo consideró insuficiente, con una visión errada sobre la naturaleza de la investigación parlamentaria y la adecuación progresiva (que supone modificaciones legales) a la jurisprudencia sobre el debido proceso. Es decir, se excedió en sus atribuciones, interfiriendo en un poder del Estado independiente que tiene su propia ley y sus propios procedimientos.
¿Una comisión investigadora del Parlamento debe tener exactamente los mismos procedimientos que el Poder Judicial en sus investigaciones? Evidentemente no, porque bajo el principio de separación de poderes es el Poder Judicial el que administra justicia y es el único que persigue y castiga el delito. Por ello, tiene exigencias mayores para un debido proceso. Además, las únicas sanciones que puede imponer el Parlamento son políticas, y estas siguen procedimientos que no se agotan en una comisión investigadora. Por el contrario, esta no sanciona, no inhabilita, no sentencia; tan solo recomienda formular denuncia, tal como establece su reglamento, cuando encuentra indicios razonables de infracciones constitucionales o delitos. Cuando fui denunciado penalmente por los secretarios generales del Apra, no necesitaron ningún procedimiento previo, pero un juez sí exige seguir al pie de la letra los procedimientos judiciales a una comisión investigadora del Parlamento que apenas puede aspirar a presentar sus conclusiones. El debido proceso se ha respetado, con estándares mayores a los que exige la ley del Parlamento. Lo que ocurre es que algunos son “intocables” e “ininvestigables”. Así es nuestra democracia criolla.

Denuncia a García se justifica

Para el presidente de la Megacomisión, hay elementos para que lo haga la Procuraduría Anticorrupción. Señala que Alan García ni siquiera reconoce que fue un error dejar libres a presos por narcotráfico.
Denuncia a García se justifica
El presidente de la Megacomisión, Sergio Tejada, saluda en esta entrevista el anuncio del procurador Christian Salas para pedir una investigación preliminar al expresidente Alan García porque hay elementos razonables para que la Fiscalía los investigue por los “narcoindultos”.
—¿Cómo considera la decisión de la Procuraduría Anticorrupción de denunciar al expresidente Alan García ante la Fiscalía de la Nación, con nuevos elementos, por el caso “narcoindultos”?
—Lo que ocurre es que toda la ciudadanía ha visto que evidentemente hay indicios de alta vinculación del expresidente por los hechos denunciados por los narcoindultos. En base a los hallazgos de la comisión e, incluso, a la información obtenida por los medios de prensa y sus respectivas unidades de investigación, hay elementos suficientes para abrir, al menos, una investigación preliminar (a Alan García). En ese sentido, me parece positiva la decisión.
—En todo caso, ¿la denuncia del procurador Christian Salas se basaría fundamentalmente en las investigaciones efectuadas por la Megacomisión? 
—Me imagino que sí. No tengo los detalles de la denuncia, pero por los hallazgos de la comisión y las denuncias periodísticas, puede haber algunos otros elementos que haya considerado la Procuraduría para hacer este pedido.
—¿Cuáles son los puntos principales de la investigación de la comisión parlamentaria sobre las cuales se basará la acusación de la Procuraduría Anticorrupción?
—Creo que el caso narcoindultos hay que mirarlo cronológicamente. Cómo se empiezan a dar las modificaciones legales para que la comisión (de gracias presidenciales) pueda haber llegado a esta feria de “conmutaciones”, variando las reglas internas, modificando la composición de dicha comisión, otorgándole un poder muy grande a la cabeza de este organismo que fue Miguel Facundo Chinguel. Y comparar todo esto con la serie de reuniones en Palacio que se producen, con actas de modificaciones.
Y con decisiones controversiales como la contratación de Manuel Huamán Montenegro, una persona que había estado vinculada a la banda de “Los Norteños”, que había purgado prisión en Lurigancho. Y, luego, otra persona más que estuvo vinculada al narcotráfico y que fue contratada por la Comisión de Gracias Presidenciales, pese a haber estado en el penal de Santa Mónica.
Y todos estos elementos que se dan cronológicamente permiten señalar que, efectivamente, pueda haber existido una coordinación permanente con Palacio de Gobierno para desarrollar esta serie de conmutaciones.
Y, por otro lado, están las denuncias de cobros y los testimonios que abonarían a que hubo reducciones de penas mayores, incluso a las que planteaba la propia Comisión de Gracias, y que están escritas de puño y letra del propio expresidente. Me parece que hay varios elementos que sustentarían la apertura de una investigación preliminar.
—¿El anuncio del procurador Christian Salas es una decisión viable para impedir la impunidad?
—Creo que hay varias medidas que se pueden hacer. Por un lado, lo que ha hecho el procurador, me parece positivo. Y también los congresistas que han conocido el detalle de la Megacomisión, pueden presentar una denuncia constitucional. Hay hechos que simplemente no pueden quedar en el pasado por una decisión judicial. Los hechos tienen que investigarse necesariamente.
—¿Está en lo cierto el ex jefe de Estado cuando aduce que su eventual inhabilitación política es un imposible jurídico y que si el Parlamento lo hace no tendría valor jurídico alguno?
—Bueno, lo que puede hacer García es ofrecer sus servicios jurídicos al excongresista Michael Urtecho, porque él fue inhabilitado de la función pública sin una sanción judicial.
—¿Qué tan cierto es lo afirmado por el exmandatario, respecto a que la Corte Interamericana señala que la inhabilitación política ocurre solo como consecuencia de una sentencia judicial previa y que ésta no existe?
—Insisto en que es un buen argumento que le puede dar al exlegislador Urtecho para ver si puede reponerlo en sus funciones. Como decía, Urtecho fue inhabilitado por la Representación Nacional, sin que haya un delito de por medio. Porque fue una sanción política establecida por el Congreso ante una falta ética. Hay, en todo momento, un debate jurídico al respecto. No hay nada cerrado. Pero creo que es un debate que no debería de darse en este momento. Porque ahora lo primero que tenemos que hacer es discutir los informes.
—¿Acaso el tema de la inhabilitación política le quita el sueño a García? 
—Pareciera que es así. Pero creo sinceramente que ha sido estrategia legal para conseguir lo que ha conseguido, a nivel judicial. Y como el juez, además, no sé con qué criterio, presume que se va dar una inhabilitación, señala que los informes no han respetado el debido proceso. Por eso insisto en que se trata de una clara estrategia política del ex jefe de Estado.
—¿El exmandatario insiste en que “no fue un error” haber otorgado los indultos y conmutaciones de penas? 
—Ha dicho que no es un error, y tampoco se ha disculpado con nadie. Creo que el país se merece disculpas, así como la Policía y el Poder Judicial, que persiguieron y sancionaron estos delitos. Del mismo modo lo merecen también las víctimas de las personas que fueron “conmutadas” e “indultadas”. Conozco el caso de una señorita que estaba siendo acosada por un interno que le mandaba amenazas de muerte y que, después, fue “conmutado” por García. No hay, pues, ni siquiera una disculpa a todos los afectados por esta política de liberación de convictos por narcotráfico.
Denuncia a García se justifica
EN PLENARIO DEL MIÉRCOLES
Hay que debatir informes, ya
—¿A qué atribuye la demora del juez Hugo Velásquez en notificar oficialmente su resolución al Congreso?
—No lo sé. Parece que ahí sí funciona la huelga de trabajadores del Poder Judicial. En todo caso, nosotros estamos a la espera de la notificación para presentar los argumentos.
—Pero el presidente del Congreso ha dicho que esperará la notificación judicial para tomar una decisión al respecto…
—Creo que debe agendarse en el Consejo Directivo, de todas maneras, la discusión de los informes en la próxima sesión plenaria (el miércoles), independientemente de la notificación judicial. Eso va a ser parte de otro tipo de procedimiento.
Javier Soto 
Redacción 

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