Alan García: ¿por qué lo investigan bajo la Ley de Crimen Organizado?
El fiscal José Antonio Castellanos amplió la pesquisa preliminar al aprista por 36 meses. Aquí su disposición en cinco puntos
El fiscal José Antonio Castellanos decidió investigar de manera preliminar al ex presidente Alan García, a la ex primera dama Pilar Nores y a cuatro ex ministros, entre otros, por el presunto delito de lavado de activos bajo el marco de la Ley de Crimen Organizado. Medida que ha sido duramente cuestionada por el líder aprista.
Genaro Vélez, abogado de García Pérez, adelantó que tomarán acciones legales para dejar sin efecto la disposición del fiscal Castellanos, a la que El Comercio tuvo acceso y detalla a continuación:
1. Los círculos de confianzaEl ex presidente Alan García, de acuerdo a la fiscalía, es el líder de una presunta organización criminal, “cuyo objetivo es la comisión del delito de lavado de activos” originados en “actividades criminales de cohecho, contra la administración pública y otros”.
En su disposición, el fiscal José Antonio Castellanos indica que García Pérez estableció tres círculos de confianza con la finalidad de evitar que se le detecte como líder de la presunta organización criminal; de encubrir el contacto directo con los activos de origen ilícito; de facilitar la operatividad y continuidad de los actos de lavado de activos y de evitar el descubrimiento de las actividades criminales previas al blanqueo.
Según el Ministerio Público, los ex ministros José Antonio Chang Escobedo (PCM y Educación), Hernán Garrido Lecca (Vivienda), Aurelio Pastor (Justicia) y Luis Nava (Producción) así como la ex primera dama Pilar Nores formaron parte del primer círculo de confianza del ex mandatario. En el segundo estuvieron 10 ex funcionarios, entre los que figuran Carlos Arana, ex jefe de Sedapal, y Miguel Facundo Chinguel, ex director de la Comisión de Gracias Presidenciales. Este último cumple una sentencia de nueve años de cárcel por los ‘narcoindultos’.
En el tercer nivel de la presunta organización criminal están 15 personas naturales que no fueron funcionarios públicos y 34 empresas relacionadas con todos los investigados.
2. El código del silencioEn el punto 14 de la disposición de Castellanos, a la que El Comercio tuvo acceso, este señala que varios integrantes de la presunta organización criminal liderada por el Alan García “desempeñaron funciones en diversas instituciones públicas”, en especial a las vinculadas con “contrataciones estatales y obras de infraestructura de gran envergadura”.
También afirma que no cualquier persona podía ser integrante de la organización, sino solo aquellos con “vocación de permanencia” y que demuestren “capacidad de guardar silencio”.
El fiscal agrega que cualquier acto de traición era castigado, debido a que el grupo se rige “bajo un código de honor, propio de las organizaciones criminales tristemente célebres”, como la “mafia Camorra” de Italia.
3. La operación de presunto lavadoEl fiscal Castellanos, además, explica cómo la presunta organización criminal dirigida por Alan García habría lavado dinero de origen ilícito.
“Los objetivos y la operatividad de la presunta organización criminal es que el dinero y activos de origen ilícito penal aparezcan a nombre de empresas y corporaciones nacionales debidamente constituidas con patrimonio propio y aparentemente sólidas y relativo prestigio y de empresas constituidas en el extranjero y corporaciones ‘off shore’ ubicadas en paraísos fiscales o en países no cooperantes con la justicia, utilizando cuentas a efectos de que no se pueda identificar al verdadero titular de los activos procurando que los activos se mezclen con otros de naturaleza lícita para que no se pueda identificar el origen de los activos ilícitos ni se logre su incautación por las autoridades”, se lee en la disposición fiscal en el punto 22.
4. Las contrataciones públicasEl Ministerio Público indica que las empresas de los llamados “testaferros externos” habrían sido beneficiadas con contrataciones públicas durante el segundo gobierno de Alan García (2006-2011). La institución agrega que estas compañías mantuvieron relación con el líder aprista, una vez que este dejó el poder.
“[Esto] hace inferir que los patrimonios habrían sido trasladados años posteriores [al segundo mandato aprista], concretándose un ocultamiento y posesión permanente y transformación inmediata y sucesiva de los activos ilícitos, siendo la única finalidad evitar que se identifique el origen ilícito de los activos”, reza la disposición que declara a los investigados como integrantes de una presunta organización criminal.
5. La conexión brasileñaEl fiscal Castellanos también indica que existiría una conexión entre los integrantes de la presunta organización criminal que lidera Alan García “con las actividades delictivas” de otros grupos, “específicamente con la empresa Odebrecht”, que fue el principal ejecutor de obras en el Perú durante la segunda administración aprista.
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