A cinco mil metros sobre el nivel del mar, en Challapalca, hoy se encuentra recluido Rodolfo Orellana Rengifo, que en la base de datos de #ArchivoRecuperado figura en el segundo lugar por número de presuntos delitos de corrupción y vinculados
Por: Gonzalo Torrico, Óscar Libón y Claudia Martorellet.
Para contribuir al ejercicio de la memoria ciudadana, Convoca.pe construyó una base de datos con más de 500 personajes y 200 empresas que aparecen con mil 524 presuntos delitos vinculados a prácticas corruptas en informes finales de comisiones investigadoras del Congreso de la República, entre 2001 y 2016. El análisis abarca los periodos legislativos durante los gobiernos de Alejandro Toledo, Alan García y Ollanta Humala, y forma parte de la primera etapa de la aplicación web #ArchivoRecuperado de nuestra plataforma Memorias de la Corrupción.
Antes de fugarse del Perú, el exministro de Defensa de Alberto Fujimori, Víctor Malca Villanueva, se presentó en diciembre de 2000 en el Congreso de la República ante la ‘Comisión Waisman’ que investigaba los delitos de Vladimiro Montesinos Torres, ex asesor presidencial y jefe de facto del Servicio de Inteligencia Nacional (SIN). A Malca, quien aparecía entre los investigados por el escándalo de la compra de 36 aviones de combate MIG-29 y SU-25 por 590 millones de dólares, se le exigió presentar sus declaraciones juradas de los últimos cinco años. Pero él dio una respuesta digna de quienes prefieren el secretismo.
“Ojalá las tenga porque yo, ¿sabe qué?, tengo la costumbre de quemar todo. ¿Sabe por qué? Porque uno se llena de documentos”, respondió el general en retiro
Aunque el último tramo de la biografía de Malca ha sido un misterio para la Interpol, de lo que sí se tiene certeza es que murió con siete órdenes de captura en el balneario brasileño de Camboriú a los 82 años sin enfrentarse a la justicia por el escándalo de las aeronaves de guerra, la compra más grande del régimen fujimorista.
El caso no sólo involucraba a Malca sino también al entonces ministro de Defensa, César Saucedo Sánchez (sucesor de Malca), al titular de Economía Jorge Camet Dickmann, al expremier Alberto Pandolfi Arbulú y a Alberto Fujimori por aprobar la compra millonaria de aviones a través de decretos de urgencia secretos.
La comisión investigadora de delitos económicos y financieros, presidida por Javier Diez Canseco, denunció a los responsables por colusión, malversación de fondos, peculado y asociación ilícita para delinquir, entre otros delitos. Pero además hizo pública la información que merecían conocer todos los peruanos sobre el uso de los fondos públicos en esta operación justificada bajo la “hipótesis de guerra” con Ecuador y puesta en marcha con la complicidad de funcionarios, empresarios, traficantes de armas, compañías offshore y directores nominativos.
Para contribuir al ejercicio de la memoria ciudadana, Convoca.pe, construyó una base de datos con más de 500 personajes y 200 empresas que aparecen con mil 524 presuntos delitos vinculados a prácticas corruptas en informes finales de comisiones investigadoras del Congreso de la República, entre 2001 y 2016. abarca los periodos legislativos durante los gobiernos de Alejandro Toledo, Alan García y Ollanta Humala, y forma parte de la primera etapa de la aplicación web#ArchivoRecuperado de nuestra plataforma Memorias de la Corrupción
En la lista de personajes investigados que aparecen en miles de páginas de 21 informes analizados, hay cerca de 30 altos funcionarios de Estado, entre Jefes de Estado y ministros. Ellos concentran el 10 por ciento de los presuntos delitos identificados.
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Los altos funcionarios del Ejecutivo
LAlberto Fujimori Fujimori, que gobernó el Perú de 1990 al 2000, no solo es el mandatario que acumula más imputaciones en los informes del Congreso, sino es además la persona que encabeza el ranking total de los 509 personajes de la base de datos construida por Convoca.pe
Las comisiones investigadoras consideraron a Fujimori como presunto responsable de delitos de corrupción por 59 acciones distintas:17 por asociación ilícita (organización destinada a delinquir), 10 por peculado (apropiación de patrimonio público que debía cuidar por su cargo), tres por enriquecimiento ilícito (enriquecerse en razón de su cargo), y más. No todas las acusaciones que se le hicieron fueron judicializadas.
Alberto Fujimori es incluido, además, en 13 casos investigados y acumula su mayor número de imputaciones por la compra de líneas editoriales de medios de comunicación con 12 presuntos delitos. También se le encontró presunta responsabilidad penal por los preparativos para la re-reelección y el caso “fraude electoral” y por el retiro de fondos de la Casa Militar de Palacio de Gobierno y adquisiciones del Ejército. Además, se le señaló por enriquecimiento a través de transferencias al Servicio de Inteligencia Nacional (SIN), controlado por su entonces asesor Vladimiro Montesinos, entre otros hechos más.
En las indagaciones seguidas a los personajes del régimen de los 90, el Congreso imputó responsabilidades a 148 personas naturales por presuntos actos de corrupción, de los cuales el 40 por ciento recayó sobre Fujimori.
“Ese año [2001, cuando se iniciaron estas comisiones] significó un quiebre en la política nacional porque pasamos de una etapa de gran corrupción a una etapa de fortalecimiento de la democracia”, recuerda el excongresista Walter Alejos Calderón, que fue vicepresidente de la comisión que investigó los delitos económicos y financieros de 1990 a 2001, junto a Javier Diez Canseco, quien lideraba este equipo.
Retirado hoy de la política, Alejos asegura que el clima encontrado entonces fue favorable para las indagaciones, pues hubo consenso entre todas las bancadas de la época para destapar la corrupción, algo impensable en el Parlamento dos años antes con Fujimori en el poder.
Alberto Fujimori cumple 25 años de prisión por delitos contra los derechos humanos y actos de corrupción.
En la lista de presidentes investigados en el Congreso, Alan García aparece como es el segundo más mencionado como presunto responsable de delitos, con seis imputaciones. Cuatro de ellas se deben al caso bautizado por la prensa como “Narcoindultos”. Además, tanto en la investigación “Agua para Todos” como en “Interferencia política en el caso Business Track”, se le atribuye ser parte de una asociación ilícita
En estos dos últimos casos además aparecen dos de sus funcionarios de confianza: el ex presidente del Consejo de Ministros Jorge del Castillo , con tres imputaciones en nuestra base de datos, y el ex ministro de Vivienda y de Salud Hernán Garrido Lecca -que acumula dos-.
En “Agua para Todos”, ambos fueron acusados de formar parte, junto con García, de una supuesta asociación ilícita, pues a través de una declaración de emergencia del sector se emitieron normas que “permitieron flexibilizar los requisitos para los proyectos y para crear procesos de selección especiales”, según el informe correspondiente.
Por otro lado, en “Interferencia política en el caso Business Track (BTR)”, caso en el que se perdió parte del material probatorio incautado a esta red de chuponeo que era custodiado por las autoridades, aparte de estos tres altos funcionarios apristas, la comisión investigadora incluyó al ex director general de la Policía Miguel Hidalgo Medina, quien luego fue nombrado Ministro de Interior en ese gobierno.
Hidalgo, que en su cargo de director antidrogas de la PNP dirigió las pesquisas a la empresa BTR, asegura que los objetivos de la “megacomisión” eran políticos. “Ningún órgano de justicia me ha llamado. ¿Sabe por qué no me han llamado? Porque la investigación [policial] estaba arreglada a ley”, aseguró el general retirado.
No obstante, recuerda que un peritaje sí demostró que en la madrugada del 4 de mayo de 2009 el contenido de dos memorias USB que se encontraban bajo custodia del Poder Judicial fue alterado. Giselle Gianotti, analista detenida de la empresa, declaró en su momento que contenían información relativa a Del Castillo y a Garrido Lecca. Hidalgo hace hincapié en que, para el momento en que fueron modificadas, las memorias no estaban bajo control policial.
Lo que omite Hidalgo, sin embargo, es que la policía antidrogas mostró en los videos de la incautación dos dispositivos USB amarillos y dos plomos, que cuando fueron entregados a la fiscalía se consignaron con otras características (“tapa transparente”), según informó La República en 2011.
Otros exministros apristas señalados en las investigaciones son Antonio Chang, con 6 imputaciones por los “Colegios emblemáticos”, y Aurelio Pastor, con una presunta conducta delictiva por el caso “Narcoindultos”. Así, los altos funcionarios apristas acumularon 20 imputaciones.
Entre otros altos funcionarios del Ejecutivo, al expresidente Alejandro Toledo, a su vez, se le imputaron en 2008 tres presuntos delitos: uno por destacar a su sobrina como secretaria de la presidencia y encargarle administrar fondos que terminó utilizando para gastos personales, y dos supuestas acciones de colusión en el caso Gas de Camisea. La primera, por suscribir la resolución suprema 15-2002-EM, que aprobó modificar el contrato “en desmedro de los intereses del Estado”, según el informe. Y la segunda, por ser responsable de emitir el decreto supremo 426-2002-EM, que favoreció al ganador de la buena pro al obligar a los ciudadanos a pagar un derecho que no reciben.
En total, ocho ministros de ese periodo y el propio Toledo acumularon 13 imputaciones.
Por otro lado, respecto al último gobierno, la comisión investigadora que hoy indagaba sobre presuntos delitos durante la gestión de gobierno de Ollanta Humala Tasso, presidida por el fujimorista Daniel Salaverry, aún no presenta su informe final o algún avance de sus pesquisas. Su período venció el último 10 de julio, aunque se le concedió una ampliación por 180 días. Sin embargo, del gobierno humalista se recuerda el caso “Brujas de Cachiche”, en el que se vio involucrado su vicepresidente Omar Chehade en una cena donde se conversó con altos mandos policiales sobre el desalojo de la azucarera Andahuasi a favor del grupo empresarial Wong.
Este episodio evidenció un quiebre en las relaciones de Chehade con la exprimera dama Nadine Heredia, hoy con prisión preventiva, que entonces en su cuenta de Twitter expresó: “¿Tan difícil es caminar derecho?”. en alusión a lo sucedido en este caso.
“No, hermano, no fue ningún tema de impunidad porque eso lo vio la Fiscalía de la Nación y el Fiscal de la Nación, que no es ningún amigo mío, archivó el caso”, apresura Chehade. “Lo mío fue un tema de error político que a final de cuentas el Poder Judicial archivó”, dice el también excongresista.
Como se recuerda, el informe de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso, suscrito por la excongresista Marisol Pérez Tello, concluyó que existían indicios suficientes de un supuesto patrocinio ilegal de parte de Chehade, que renunció a la primera vicepresidencia antes de que la Comisión Permanente del Parlamento debatiera una posible acusación constitucional.
La ruleta de Orellana
A cinco mil metros sobre el nivel del mar, en Challapalca, hoy se encuentra recluido Rodolfo Orellana Rengifo, empresario que en la base de datos de #ArchivoRecuperado figura en el segundo lugar por número de presuntos delitos de corrupción y vinculados: 41. La comisión investigadora que revisó su caso -y presentó su informe en diciembre de 2015- le imputó 10 veces asociación ilícita, siete veces falsificación de documentos, siete veces usurpación (apropiación de terrenos) y varios ilícitos más.
La red de corrupción dirigida por él, que se extendió por varias regiones del Perú, también sorprende por la cantidad de personas que involucró. De acuerdo con la información del Congreso, todas las personas naturales implicadas en este caso son 158 y juntas suman 468 posibles delitos.
Sus colaboradores más cercanos también tienen una posición entre los 10 primeros del total de personajes implicados en casos de corrupción: su hermana Ludith Orellana Rengifo fue imputada 13 veces, la misma cifra que tienen sus cómplices Jorge Miguel Pérez Chávez y el pastor evangélico Vicente Díaz Arce. También resalta la participación del notario Walter Ramón Pinedo Orrillo, 11 veces apuntado como autor de algún presunto delito en las conclusiones del informe final (Ver caso).
De acuerdo con la investigación del Congreso, son 205 personas jurídicas -entre consorcios, consorciados y empresas- las que presentaron al Estado cartas fianzas de las cooperativas de Orellana para postular a contrataciones públicas y, en algunos casos, estafar al propio Estado cobrando adelantos, incumpliendo los plazos y ganando arbitrajes con tribunales con árbitros vinculados a la red.
Convoca.pe identificó que la empresa que más se repite en el informe final de esta comisión investigadora fue Promacsa SAC, con seis participaciones en consorcios. De acuerdo con el portal de transparencia económica del MEF, esta compañía facturó más de 54 millones de soles con el Estado peruano hasta 2014, sin contar lo que se le ha pagado a los consorcios que integró.
Solo para la obra de la avenida Pardo en Chimbote, Ancash, el Consorcio Pardo que conformó Promacsa junto con MVA Contratistas Generales SAC y Tecnología y Desarrollo Contratistas Generales SAC, presentó cinco cartas fianzas emitidas por la cooperativa Coopex, de Orellana, por casi 22 millones de soles, según apuntó el diario Correo en diciembre de 2014. Es sabido que Coopex nunca estuvo autorizada para entregar este tipo de garantías, por lo que su presentación ante autoridades públicas resultaba ilegal.
Otra empresa que se repite es Reyes Constructora SAC. A pesar de ser mencionada cuatro veces en el informe final del Congreso, la compañía registra pagos del Estado hasta 2016, después de que se conocieran los resultados de estas primeras investigaciones. Desde 2003 ha contratado un monto total de 55,5 millones de soles. El último desembolso fue efectuado por el Gobierno Regional de Piura por 10 mil 974 soles.
En la lista también figuran las empresas Estuardo Vásquez Talavera Contratistas Generales SRL (cinco veces), Agregados y Equipos SRL (cuatro), Ceba SA (cuatro), Heral SAC (cuatro) y más.
Investigados con estrella
En 2011, al exnacionalista Sergio Tejada le tocó presidir la comisión investigadora del gobierno aprista, que por la amplitud de los casos investigados se hizo conocida como la “megacomisión”. El exnacionalista reconoce que el grupo no sufrió mayores presiones políticas en su trabajo: el nacionalismo ya era gobierno, tenía 45 congresistas y los votos suficientes dentro del grupo para que se aprobaran las decisiones.
“Lo que sí generó problemas fue la acción de amparo que presentó [Alan] García, que hizo que se anularan sus declaraciones, que lo volvamos a citar, que se vuelvan a anular y que lo citáramos en una tercera oportunidad”, anota Tejada. Como se recuerda, el exlíder aprista justificó esta medida judicial alegando que los plazos de la comisión se “alargaban indefinidamente” y que se le negaba el acceso al expediente.
Solicitar el secreto bancario y de comunicaciones, el acceso a peritos o a información de cuentas en el exterior son “limitaciones que hace que el Congreso presente informes políticos que sí dan cuenta de una serie de hechos pero para ser profundizados [en otra instancia]”, sostiene Tejada. Así, al menos en ese momento, las dificultades para investigar venían de afuera del Parlamento.
Si bien destaca el caso “Narcoindultos” porque “sí se empezó una investigación que concluyó con una sentencia”, de otro lado le “parece extraño” lo que ocurrió con el caso “Colegios Emblemáticos”, en el que la fiscalía abrió y archivó su indagación antes de que la comisión sustentara su informe en el Pleno. Este caso tiene 28 implicados y cuatro de ellos entre los primeros 20 de la lista de #ArchivoRecuperado.
"Los otros investigados presentaron acciones de amparo, habeas corpus, de todo, y a nadie le hicieron caso. Solamente a [Alan] García (...). Creo que las comisiones del Congreso siempre tienen una dificultad: que no se puede tener el nivel de medios probatorios que puede tener una fiscalía (...)". Sergio Tejada, expresidente de la comisión investigadora de la gestión de Alan García.
De hecho, este escándalo vuelve a irrumpir en la escena mediática por estos días. Los funcionarios del Ministerio de Educación, Asabedo Fernández Carretero y Pedro Elmer Morales Gonzales, son mencionados de nuevo dentro de la hipótesis del fiscal Castellanos como miembros de segundo nivel de la organización criminal que acusa a Alan García de liderar. Fernández Carretero aparece en la lista de los diez personajes con más imputaciones con 13 presuntos delitos. El arquitecto Morales Gonzales, 11. Ambos incluidos por su participación en el proceso de remodelación de los colegios estatales.
El fiscal Castellanos señala además como miembros de esta organización a otros funcionarios que también aparecen en otros informes de la “Megacomisión” que asumieron distintos puestos durante el gobierno aprista. Es el caso de Luis Huaylinos Maraví –investigado también por los colegios con cinco imputaciones–, Jorge Barco Martínez y Carlos Arana Vivar –señalados en los casos “Sedapal” y “Agua para todos”, con seis y dos imputaciones– y Hammer Zavaleta Gutiérrez en “Agua para Todos”, con una imputación.
Por otro lado, el también exnacionalista Daniel Abugattás tuvo que presidir en 2008 una comisión investigadora para esclarecer las presuntas irregularidades en la adjudicación de cinco lotes petroleros a favor de la empresa noruega Discover Petroleum. Los “Petroaudios”, que hicieron temblar a gran parte de la esfera política y empresarial, no solo revelaron cómo se trabajaba el lobby al más alto a nivel, sino también puso de manifiesto la dimensión real de una red de espionaje industrial que hacía pensar que todo y todos habían sido grabados.
En los audios, se podía percibir la voz del exministro aprista Rómulo León, del entonces presidente de Perúpetro Alberto Químper y de otros personajes coordinando un “faenón”.
En ese momento, el Partido Aprista Peruano dirigía el Congreso y en los audios interceptados por Business Track se dejaban escuchar nombres muy familiares para la agrupación política, como la del propio presidente del Consejo de Ministros Jorge del Castillo. “Nos vamos limpios a nuestras casas, señor presidente”, dijo al momento de su renuncia el expremier.
“El APRA en teoría daba [para investigar] todas las facilidades, para la prensa y el público, pero dentro las limitaciones fueron enormes”, sostiene Daniel Abugattás. Y reprocha que el trabajo de la comisión se dio en un clima hostil, con un solo asesor asignado para temas complejos como el petrolero, y que tuvo que firmar un informe en minoría porque otros miembros del grupo cambiaron de parecer el mismo día de la votación.
El fujimorista Carlos Raffo y el pepecista Rafael Yamashiro presentaron un informe sorpresa distinto al que habían acordado, recuerda Abugattás. Su nuevo documento exculpaba a los ministros Jorge del Castillo, Hernán Garrido Lecca y Alfredo Vallejos de cualquier responsabilidad y fue además avalado por el quinto miembro de la comisión, Miguel Guevara, aprista.
El informe en minoría de Abugattás y Reymundo, encontró supuestas responsabilidades penales a 11 personas por 30 delitos, además de posibles infracciones constitucionales para los tres ministros involucrados. Pero el pleno del Congreso no aprobó este informe, sino el mayoritario.
El exlegislador asegura que el procurador del Congreso se negó a participar en todos los oficios que envió al Ministerio Público. En agosto de este año, el Poder Judicial absolvió en última instancia a todos los acusados del caso. Los “Petroaudios” no fueron considerados dentro del proceso judicial por no ser una “prueba lícita”. Se trataba de escuchas ilegales que revelaban información de interés público.
La Interoceánica de Toledo
En ese mismo 2008, una comisión investigadora presidida por Fredy Serna Guzmán había evaluado la gestión de Alejandro Toledo. Pero en ese momento no le atribuyó ninguna responsabilidad en las irregularidades advertidas en la adjudicación de la Interoceánica Sur, caso por el cual hoy está prófugo y acusado de haber favorecido a Odebrecht a cambio de 20 millones de dólares.
Las imputaciones por este caso recayeron más bien sobre otros 22 supuestos responsables que sumaban 32 presuntos delitos. Los funcionarios de ProInversión, tanto para los miembros del comité adjudicador como para su director ejecutivo René Cornejo Díaz (con dos imputaciones), que luego llegó a ser presidente del Consejo de Ministros, se llevaron buena parte de las acusaciones.
La comisión, incluso, atribuyó el delito de incumplimiento de deber funcional al entonces ministro de Economía Pedro Pablo Kuczynski, hoy presidente de la República. Él, como a otros ministros que conformaban el consejo directivo de ProInversión, se les cuestionó haber aprobado la versión final del contrato que terminaron firmando con el consorcio ganador integrado por Odebrecht, Graña y Montero, ICCGSA y JJC Contratistas Generales -de la familia Camet-.
Ver: Lo que el Congreso encontró y no quiso debatir sobre IIRSA-Sur, Click.
Entre los involucrados en las irregularidades figura también Jorge Peñaranda Castañeda, que fue contratado para realizar el estudio de factibilidad, que resultó excesivo en sus propuestas y exagerado en el cálculo del beneficio económico, según el informe que le imputa una presunta colusión.
Hoy se sabe que cuentas en Andorra vinculadas a Peñaranda recibieron, por lo menos, 2,6 millones de dólares de Odebrecht. El organismo supervisor estatal OSITRAN, inclusive, contrataba a su empresa Alpha Consult para supervisar las obras viales de la brasileña.
Ver: Los nexos ocultos de la supervisora de Odebrecht, Click.
Otro nombre que apareció en este informe fue el de Oswaldo Plasencia, entonces funcionario de Provías, señalado por aprobar el estudio de factibilidad a cargo de la representada de Peñaranda.
El informe de la Comisión Serna se vio enfrentado a un informe en minoría presentado por el excongresista Mario Peña que desestimaba los hallazgos del grupo. La exparlamentaria Rosa Florián, que había firmado el primer documento, retiró su firma y suscribió el de Peña.
Trece días antes de que la comisión Serna culminara su trabajo, el Legislativo ya había instalado una comisión ad hoc para revisar el caso IIRSA Sur, a pesar de que ya existían dos informes alusivos a estos hechos.
En este escenario, la mesa directiva del Congreso, presidida por Luis Alva Castro, del partido aprista, decidió archivar ambos informes y no llegaron nunca a debatirse en el pleno. El pedido de archivo llegó de parte del congresista de Perú Posible Carlos Bruce, entonces hombre de confianza y exministro de Toledo.
La nueva comisión investigadora sufrió dos bajas antes de emitir su informe: la presidente Margarita Sucari fue grabada cobrándole parte de su sueldo a una de sus empleadas y fue suspendida por la comisión de ética y el vicepresidente Renzo Reggiardo renunció al grupo.
El informe final de este nuevo grupo concluyó que “en el procedimiento administrativo para el otorgamiento de la concesión no se han comprobado irregularidades”. El documento lleva las firmas de Aurelio Pastor (del APRA, que durante su gobierno aprobó diversas adendas CONFIRMAR), Juan Carlos Eguren (Unidad Nacional) y Juvenal Silva (UPP).
Presiones y núcleo fujimorista
Las presiones han existido en diversos momentos del trabajo de las comisiones investigadoras del Congreso.
Aunque con la salida de Fujimori del poder se abrió un camino para investigar la corrupción de su régimen, también hubo intentos del sector empresarial para no avanzar en las pesquisas.
En 2001, la comisión Diez Canseco que investigó el proceso de privatización de las industrias del Estado durante el fujimorato, determinó que entre 1993 y 2000 el “núcleo de poder” ya había gastado los 6 mil 445 millones de dólares obtenidos por la venta de los activos nacionales. Alrededor de un tercio de este monto fue asignado a los sectores Defensa e Interior, con lo que se solventó la compra de los aviones de segunda mano y otras adquisiciones militares.
A pesar de la subvaluación de los activos peruanos, el dinero conseguido por la privatización se repartió a manos llenas mientras duró y parte de esta suma también fue destinada a contratar obras de infraestructura.
Walter Alejos, entonces vicepresidente de dicha comisión, recuerda que los implicados empezaron a reaccionar y a ejercer presiones”. Apunta que eso ocurrió cuando el grupo de legisladores cuestionó los montos que las empresas de energía eléctrica privatizadas dejaron de pagar a la Sunat, amparadas en leyes emitidas durante el gobierno de facto.
“Tengo mis propias conclusiones de gente que llegó al gobierno con pequeños negocios y ahora son corporaciones”, señala Alejos.
Para algunas empresas de aquellos días la fortuna fue generosa. Este es el caso de JJC Contratistas, una de las empresas constructoras de la carretera Interoceánica Sur por la que las compañías brasileñas Camargo Correa y Odebrecht pagaron sobornos al expresidente Alejandro Toledo.
JJC Contratistas fue fundada en 1958 por Jorge Camet Dickmann –Ministro de Industria en 1992 y de Economía entre 1993 y 1997– y no se inscribió para contratar con el Estado hasta 1992, cuando empezó a ser controlada por los hijos de Camet y éste llegó al poder con Fujimori.
El informe de la comisión Diez Canseco señala que entre 1992 y 1995, las ventas de JJC Contratistas crecieron 177 veces: de facturar 339 mil soles anuales pasó pronto a reportar más de 60 millones de soles, tal como lo confirmaron las declaraciones juradas presentadas al organismo tributario SUNAT.
En el período que Camet administró los gastos e ingresos del Estado, la empresa vinculada a su familia contrató un total de 666 millones de soles por la construcción de carreteras y centros penitenciarios, de los que 408 millones de soles provinieron de lo percibido por la privatización de activos públicos.
En el aplicativo #ArchivoRecuperado, puede identificarse que al extitular de Economía también se le atribuyeron los delitos de asociación ilícita y peculado (apropiación de patrimonio del Estado) por disponer que los ministerios de Defensa e Interior transfieran recursos al Servicio de Inteligencia Nacional para favorecer a Alberto Fujimori, según la comisión investigadora presidida por el legislador aprista Mauricio Mulder en 2002.
A Camet se le llegó a condenar por la compra de aviones de Bielorrusia en 2012. Sin embargo, en 2013 se anuló su sentencia y murió a los pocos días, después de recibir una condecoración del grupo empresarial más influyente del país, la CONFIEP.
Cuestión de vigilancia pública
Anel Townsend, que participó en la comisión Waisman y luego presidió el grupo de trabajo que investigó los movimientos de recursos públicos de Vladimiro Montesinos y su relación con Fujimori, que implicaba también a altos mandos militares, sostiene que en ese momento (2001-2002) existía una expectativa nacional e internacional sobre dichas pesquisas.
Así, destaca que hubo una “circunstancia de vigilancia pública fuerte” que de alguna manera protegió a las investigaciones de los intentos por vulnerarlas: desde artilugios legales hasta llamadas anónimas. Sin embargo, no niega que los testigos hubiesen podido sentir alguna amenaza al declarar, si se toma en cuenta que se investigaban hechos que no solo involucraban a políticos, sino también a militares y paramilitares.
“Yo soy partícipe de las sesiones públicas y las secretas, por excepción, cuando haya un pedido por temor por la seguridad de la persona o de alguna represalia”, declara. Y lamenta que el reglamento del Congreso se haya modificado y permita un manejo distinto. Además, considera que una práctica que debería recuperarse es la entrega de informes periódicos preliminares para transparentar los avances pero protegiendo la información.
Si bien las investigaciones del 2001 y 2002 tuvieron eco en el fuero judicial, las siguientes tuvieron suerte distinta.
“¿Qué objetivo puede lograr una comisión investigadora cuando ni el Ministerio Público ni el Poder Judicial van en la misma línea? Hay que replantear las facultades y las funciones (...), que creo que son muy limitadas y terminan siendo anecdóticas”, dice Daniel Abugattás.
Convoca.pe solicitó al Ministerio Público, vía la Ley de Transparencia, información sobre las investigaciones que viene realizando a los más de 500 personajes y 200 empresas que aparecen en los informes finales de las comisiones investigadoras del Congreso, pero el pedido fue rechazado. Nuestro equipo continuará siguiendo el rastro a estos casos que los ciudadanos merecen conocer sobre todo a pocos meses de iniciarse un nuevo año electoral en el Perú y ante los hechos de corrupción que aún siguen impunes.
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