Magistrados y fiscales volvieron a parar ayer. Exigen homologación y advierten que las cosas pueden empeorar.
Cinco millones de juicios paralizados
Jueces rechazan "manera apresurada" en que se aprobó nueva ley sobre PJ
Iván Sequeiros, presidente de la Corte de Lima, dice que la huelga blanca sigue y que el lunes se evaluará la norma para ver qué decisión tomarán
Los jueces hicieron un plantón hoy en Palacio de Justicia. (Foto: Mario Mejía)
MARIO MEJÍA HUARACA
El presidente de la Corte de Justicia de Lima, Iván Sequeiros, informó hoy que los jueces del país siguen con sus reuniones de sala plena (huelga blanca) y que el lunes evaluarán la Ley de Mejoramiento del Poder Judicialque fue aprobada anoche y promulgado hoy para decidir “cuál será nuestra actitud”.
En el frontis del Palacio de Justicia, donde jueces de Lima y de varias ciudades del país, efectuaron un plantón, Sequeiros expresó su rechazo a la forma en que el Ejecutivo sacó adelante la nueva ley que regular las remuneraciones de los magistrados. La norma fue aprobada de manera apurada en el Congreso a las once de la noche, luego que el Tribunal Constitucional había dictado una sentencia que exigía la ejecución de la homologación de los sueldos de los jueces.
“No damos un buen ejemplo a la sociedad cuando actuamos violentamente, y hacer normas legales como se ha hecho ayer es actuar también de manera violenta, por eso estamos aquí expresando nuestra extrañeza por lo que ha ocurrido ayer después de la expedición de la sentencia del TC”, dijo el magistrado tras señalar que el Poder Judicial merece respeto y que no se puede admitir los comportamientos que ha mostrado el Ejecutivo.
“Nosotros siempre estuvimos por el diálogo. Estuvimos conversando con los ministros de Justicia y de Economía el miércoles y ellos se retiraron para consultar y nunca más regresaron. Lo único que hicieron fue impulsar el proyecto de ley que anoche se debatió apresuradamente, se aprobó el proyecto a las once de la noche y ya está publicado hoy. Esos comportamiento es lo que nos extrañan”, sostuvo.
La Corte Suprema no se ha pronunciado aún sobre la nueva ley. Se supo que su presidente Enrique Elías estaba evaluando con su equipo de asesores la norma. Posiblemente el lunes recién esté emitiendo un pronunciamiento.
Cerca de cinco millones de procesos judiciales están paralizados en todo el país debido a la negativa del Ejecutivo de disponer los recursos para las homologaciones de sueldos de jueces y fiscales que han dispuesto el Poder Judicial y el Tribunal Constitucional en última instancia.
Así lo informó ayer el presidente de la Asociación Nacional de Magistrados, Oswaldo Ordóñez, quien advirtió que la situación puede empeorar en los próximos días si no hay una solución real a este problema que afecta directamente la administración de justicia en el país.
El presidente del Poder Judicial, Enrique Mendoza, lamentó por su parte que el Congreso no haya considerado los requerimientos del Poder Judicial para satisfacer sus necesidades presupuestales, haciendo prevalecer las restricciones que impone el Ministerio de Economía y Finanzas.
Añadió que el Parlamento “está perdiendo una oportunidad importantísima de darle a la nación un Poder Judicial acorde con el crecimiento económico del país, dejando de lado las inversiones nacionales y extranjeras”.
Señaló igualmente que el Congreso y el Ministerio de Economía y Finanzas han acentuando una crisis institucional cuya responsabilidad no recae en la magistratura.
Ordóñez dijo que el Ejecutivo es el único responsable de la paralización de las actividades judiciales por negarse a cumplir con las homologaciones. “El país entero está paralizado, tenemos reportes que en Piura, Sullana, Lambayeque, La Libertad, Lima, Cañete y otras ciudades se han suspendido las actividades”, anotó.
Refirió que, si bien es cierto, los magistrados no pueden realizar huelgas o paralizaciones, si están facultados para convocar juntas de fiscales y salas plenas para atender la problemática de los fiscales y magistrados.
“Lamentablemente cuando se convoca a juntas de fiscales y salas plenas se tiene que dejar la atención jurisdiccional y los procesos se paralizan”, precisó.
Ordóñez aseguró que la ley permite a los magistrados reunirse para evaluar la problemática de los jueces en todas sus instancias.
“Hay muchos módulos y juzgados que no tienen agua, tienen infraestructura precaria, no tienen sistema informático, carecen de Internet, hay muchas falencias y por eso los magistrados tenemos que reunirnos”, añadió.
Pese a que cuando nos reunimos se retrasa o paraliza la función jurisdiccional, los magistrados seguimos trabajando sensibilizando y llamando a las autoridades para que atiendan este problema. “El Estado tiene que proveer los recursos para que se pueda brindar el servicio de justicia. Estamos actuando dentro del marco de la Ley”, comentó.
DIGNIDAD
En diálogo con LA PRIMERA, Ordóñez dijo que moralmente y legalmente los magistrados van a la sala plena porque viven con dignidad y saben que no pueden hacer valer los derechos de los demás si ellos mismos no reclaman por sus derechos.
Con preocupación indicó que si el gobierno se niega a cumplir las sentencias del Poder Judicial y el Tribunal Constitucional, las cosas se pueden agravar pues seguirán las juntas de fiscales y las salas plenas.
El representante de los magistrados sostuvo que es obligación del Presidente y del Poder Ejecutivo, en este caso, ejecutar las sentencias. “Invoco al Presidente del Consejo de Ministros, César Villanueva, para que los 87 millones de soles sean transferidos al Poder Judicial”, afirmó.
Explicó que el “Tribunal Constitucional ya zanjó con el tema de la homologación de jueces y fiscales y al respecto, no hay nada que discutir. Cualquier recurso que se presente sobre ese tema debe ser desestimado por el TC, porque así se demostraría que funciona correctamente el estado de derecho”.
En caso de incumplimiento advirtió que los funcionarios pueden incurrir en responsabilidad penal y los tribunales internacionales y organismos defensores de los derechos humanos podrían sancionar a los representantes del Estado peruano. Adelantó que los magistrados han recurrido a instancias internacionales para que resuelvan una medida cautelar presentada y se cumpla la sentencia del TC.
AFECTA A TODOSEl presidente de la Asociación Nacional de Magistrados manifestó que lamentablemente esta situación afecta directamente a la ciudadanía porque no habrá quien atienda los procesos civiles, laborales, penales.
“Los litigios no avanzarán porque los jueces estarán atendiendo sus propios problemas. En esta causa están todos los jueces superiores, jueces especializados, jueces de paz letrados y fiscales. Seguiremos en esta situación hasta que haya una solución”, concluyó.
Por su parte, el decano del Colegio de Abogados de Lima (CAL), Raúl Chanamé Orbe, manifestó su solidaridad con los jueces y fiscales del país, quienes están exigiendo la homologación de sus sueldos, ordenada por sentencia del Poder Judicial e incluso por resolución del Tribunal Constitucional.
Chanamé fue enfático en señalar que el Poder Ejecutivo tiene que cumplir con las sentencias judiciales que amparan esta disposición y con la ley. Agregó que no se puede seguir admitiendo un trato indigno a los jueces y fiscales.
Henry Cotos
El presidente del Poder Judicial, Enrique Mendoza, lamentó por su parte que el Congreso no haya considerado los requerimientos del Poder Judicial para satisfacer sus necesidades presupuestales, haciendo prevalecer las restricciones que impone el Ministerio de Economía y Finanzas.
Añadió que el Parlamento “está perdiendo una oportunidad importantísima de darle a la nación un Poder Judicial acorde con el crecimiento económico del país, dejando de lado las inversiones nacionales y extranjeras”.
Señaló igualmente que el Congreso y el Ministerio de Economía y Finanzas han acentuando una crisis institucional cuya responsabilidad no recae en la magistratura.
Ordóñez dijo que el Ejecutivo es el único responsable de la paralización de las actividades judiciales por negarse a cumplir con las homologaciones. “El país entero está paralizado, tenemos reportes que en Piura, Sullana, Lambayeque, La Libertad, Lima, Cañete y otras ciudades se han suspendido las actividades”, anotó.
Refirió que, si bien es cierto, los magistrados no pueden realizar huelgas o paralizaciones, si están facultados para convocar juntas de fiscales y salas plenas para atender la problemática de los fiscales y magistrados.
“Lamentablemente cuando se convoca a juntas de fiscales y salas plenas se tiene que dejar la atención jurisdiccional y los procesos se paralizan”, precisó.
Ordóñez aseguró que la ley permite a los magistrados reunirse para evaluar la problemática de los jueces en todas sus instancias.
“Hay muchos módulos y juzgados que no tienen agua, tienen infraestructura precaria, no tienen sistema informático, carecen de Internet, hay muchas falencias y por eso los magistrados tenemos que reunirnos”, añadió.
Pese a que cuando nos reunimos se retrasa o paraliza la función jurisdiccional, los magistrados seguimos trabajando sensibilizando y llamando a las autoridades para que atiendan este problema. “El Estado tiene que proveer los recursos para que se pueda brindar el servicio de justicia. Estamos actuando dentro del marco de la Ley”, comentó.
DIGNIDAD
En diálogo con LA PRIMERA, Ordóñez dijo que moralmente y legalmente los magistrados van a la sala plena porque viven con dignidad y saben que no pueden hacer valer los derechos de los demás si ellos mismos no reclaman por sus derechos.
Con preocupación indicó que si el gobierno se niega a cumplir las sentencias del Poder Judicial y el Tribunal Constitucional, las cosas se pueden agravar pues seguirán las juntas de fiscales y las salas plenas.
El representante de los magistrados sostuvo que es obligación del Presidente y del Poder Ejecutivo, en este caso, ejecutar las sentencias. “Invoco al Presidente del Consejo de Ministros, César Villanueva, para que los 87 millones de soles sean transferidos al Poder Judicial”, afirmó.
Explicó que el “Tribunal Constitucional ya zanjó con el tema de la homologación de jueces y fiscales y al respecto, no hay nada que discutir. Cualquier recurso que se presente sobre ese tema debe ser desestimado por el TC, porque así se demostraría que funciona correctamente el estado de derecho”.
En caso de incumplimiento advirtió que los funcionarios pueden incurrir en responsabilidad penal y los tribunales internacionales y organismos defensores de los derechos humanos podrían sancionar a los representantes del Estado peruano. Adelantó que los magistrados han recurrido a instancias internacionales para que resuelvan una medida cautelar presentada y se cumpla la sentencia del TC.
AFECTA A TODOSEl presidente de la Asociación Nacional de Magistrados manifestó que lamentablemente esta situación afecta directamente a la ciudadanía porque no habrá quien atienda los procesos civiles, laborales, penales.
“Los litigios no avanzarán porque los jueces estarán atendiendo sus propios problemas. En esta causa están todos los jueces superiores, jueces especializados, jueces de paz letrados y fiscales. Seguiremos en esta situación hasta que haya una solución”, concluyó.
Por su parte, el decano del Colegio de Abogados de Lima (CAL), Raúl Chanamé Orbe, manifestó su solidaridad con los jueces y fiscales del país, quienes están exigiendo la homologación de sus sueldos, ordenada por sentencia del Poder Judicial e incluso por resolución del Tribunal Constitucional.
Chanamé fue enfático en señalar que el Poder Ejecutivo tiene que cumplir con las sentencias judiciales que amparan esta disposición y con la ley. Agregó que no se puede seguir admitiendo un trato indigno a los jueces y fiscales.
Henry Cotos
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