CASO DE LAVADO DE ACTIVOS CONTRA ÁLVAREZ NO PROCEDE POR EXTRAÑO PROCEDER DE MP
** Fiscales de Huaraz han archivado tres veces denuncia contra suspendido presidente regional y 56 personas.
No aceptan apelación de procuradora Julia Príncipe y esta se ha tenido que quejar ante Ramos Heredia
Por: Daniel Yovera
La Fiscalía de Huaraz parece no querer investigar a César Álvarez por el presunto delito de lavado de activos. Tres veces ha archivado una denuncia que involucra al presidente regional de Áncash y a 56 allegados suyos en presuntos actos de incremento patrimonial oculto.
Y las tres ocasiones han merecido la respectiva apelación o reclamo por parte de la Procuraduría Pública de Lavado de Activos. La última vez lo hizo con un recurso de queja porque un fiscal provincial había mandado al archivo la denuncia contra la autoridad ancashina sin haber efectuado diligencias de mínimo rigor.
La procuradora Julia Príncipe Trujillo presentó esa queja en mayo del año pasado y, desde entonces, su reclamo ha sido objeto de un sistemático rechazo en Huaraz y de un “paseo” poco cortés hacia la autoridad encargada de defender al Estado ante asuntos concernientes al lavado de activos.
Ha pasado un año y a la procuradora “antilavado” no le ha quedado otro camino que acudir al fiscal de la Nación, Carlos Ramos Heredia, para que llame al orden a sus subordinados en Huaraz y los concientice para que, por lo menos, admitan el reclamo que presentó.
Se trata de un caso que empezó en junio del 2010, cuando la autoridad de Áncash y 56 allegados suyos fueron denunciados por presunto lavado de activos por el Frente de Defensa de los Intereses del Pueblo de Huaraz.
“El presidente del gobierno regional, por intermedio de sus familiares directos, tiene bajo su dominio innumerables propiedades y vehículos. Así como también la consejera de la provincia de Huarmey… el consejero Ricardo Villegas… Hernán Molina [gerente regional, hoy detenido en la Dirincri]… Néstor Chong Veramendi”, decía, entre otros puntos, la denuncia.
A todos se les imputaba incrementos patrimoniales y de bienes desde que Álvarez tomó las riendas del gobierno ancashino.
Entonces, una fiscalía penal de Huaraz tomó el caso. Pero, al parecer, con poca dosis de entusiasmo porque luego archivaría la denuncia.
AL ARCHIVO
El primer archivamiento ocurrió el 25 de mayo de 2012 y lo firmó la responsable de la Tercera Fiscalía Provincial Penal de Huaraz, Silvia Paredes Goicochea.
Según esta fiscal, no había pruebas. Dijo que no era posible realizar una pericia contable “por falta de peritos”.
Tras el recurso de queja de la Procuraduría de Lavado de Activos, una fiscalía superior de Áncash ordenó una serie de diligencias que no se habían hecho, entre ellas, las pericias contables y el levantamiento del secreto bancario, bursátil y tributario de los denunciados.
Pero el 25 de enero de 2013 el fiscal José Antonio Pagaza Guerra, de la Tercera Fiscalía Provincial Corporativa de Huaraz, resolvió que no procedía formalizar ni continuar con la investigación preparatoria, y ordenó el archivo de todo. Era el segundo archivamiento.
Para este fiscal tampoco había ilícitos, y hasta llegó a sostener que las transferencias de propiedades efectuadas por los denunciados correspondían a años anteriores al inicio de la gestión de Álvarez.
La Procuraduría volvió a apelar. “Sostenemos que no es verdad que los bienes hayan sido adquiridos antes de que César Álvarez Aguilar ocupara el cargo de presidente regional”, señaló.
Otro fiscal superior ordenó a la fiscalía de primera instanciaque se pronuncie de nuevo. “No se ha fundamentado adecuadamente”, dijo el superior.
Fue una llamada de atención en vano, porque el 30 de mayo de 2013, el mismo fiscal Pagaza Guerra volvió a disponer el archivo definitivo, según adujo, por falta de pruebas. Fue el tercer archivamiento.
La procuradora Julia Príncipe fue notificada el 6 de junio de 2013. El día 11 le envió por courier otro recurso de queja porque no había solicitado el levantamiento del secreto bancario, tributario y bursátil, documento que llegó a Huaraz el día 13.
Cuarenticinco días después, es decir el 15 de agosto, la Procuraduría recibió la respuesta a su pedido: “Improcedente”, por extemporáneo. Cosa que la doctora Príncipe rechazó por considerarlo un hecho falso.
Ante la reiterada negativa de aceptar la queja, el 6 de noviembre Julia Príncipe viajó hasta Huaraz y se entrevistó con el fiscal provincial del caso. El 7 de abril último, la funcionaria debió dirigir un escrito a la Fiscalía Superior Penal de Huaraz para advertir que “el no conceder recurso de queja viene vulnerando nuestro derecho de defensa, así como el principio constitucional de recurrir a la segunda instancia”.
RETAHÍLA DE OMISIONES
En dicho oficio la defensora del Estado hizo un amplio recuento de las omisiones en que habían incurrido los fiscales que archivaron la denuncia contra Álvarez sin mayor argumentación. Como se aprecia en los documentos que publicamos, los magistrados obviaron lo más elemental en cualquier investigación.
A saber: no se tramitó el pedido de levantamiento del secreto bancario, bursátil y de reserva tributaria de los investigados y de su entorno familiar, ni se solicitaron los antecedentes penales y judiciales de los mismos.
No se le pidió a Interpol Lima los antecedentes internacionales de los indagados ni se ofició a los bancos para que remitan la cantidad de cuentas bancarias que pudieran poseer los investigados, así como los números de las mismas.
Ni siquiera se le requirió a la Fiscalía de la Nación información sobre posibles investigaciones que pudieran los 56 denunciados, ni a la Corte Suprema data sobre procesos penales pendientes.
Menos, se ofició a las notarías solicitudes sobre contratos diversos (mutuos, compra-venta, poderes) que pudieran haber firmado César Álvarez y sus allegados.
Se obvió pedirle a las empresas de servicios básicos información sobre suministros de agua y luz de los investigados. De algún modo, ello hubiera ayudado a verificar si poseían otros inmuebles.
No se consideró, tampoco, disponer la realización de pericias contables a los investigados y a sus familias. Ello, para “contrastar la información tributaria, bancaria, reserva tributaria y bursátil, lo que permitiría determinar algún desbalance patrimonial de los denunciados”.
Y… no todos los sometidos a la pesquisa fueron interrogados. Aun con estas omisiones, los fiscales de Huaraz lo archivaron todo.
Todo ello le fue informado a Fiscalía Superior Penal de Huaraz en el documento. ¿Y qué hizo esta?
Se lo devolvió a la Procuraduría. En el sobre, un empleado de Serpost había escrito: “Rechazado en dicha Fiscalía porque dicho documento no pertenece a dicha dirección”.
Entonces, ante la duda, la procuradora Príncipe le pidió ayuda a la procuradora Anticorrupción de Huaraz para que vaya y confirme la dirección de la fiscalía. La respuesta de la autoridad anticorrupción no podía ser más frustrante: “Es la correcta y es el lugar donde vienen funcionando las fiscalías superiores penales”.
Habían sometido a Julia Príncipe a un tremendo “paseo”.
OFICIOS A PELÁEZ Y A RAMOS
Así que a la funcionaria antilavado no le quedó otra alternativa que dirigirse al propio fiscal de la Nación, José Peláez.
Le envió un escrito el 10 de abril último, donde le hizo recordar que su administración había ofrecido “aplicar (en Áncash) las medidas correctivas necesarias a la brevedad posible”, y le pidió que dispusiera a la Fiscalía Superior Penal de Huaraz para que se pronuncie de una buena vez sobre su queja, que ya tenía un año esperando.
¿Qué hizo Peláez? No lo sabemos. Pero el 15 de mayo, un mes y cinco días después de haber hecho ese pedido, volvió a hacer lo mismo con el nuevo mandamás de la Fiscalía, Carlos Ramos Heredia.
A Ramos, Príncipe volvió a contarle lo que consideraba un conjunto de irregularidades, incluso el pasaje aquel de la dirección supuestamente equivocada.
“Habiéndose verificado las irregularidades señaladas en los documentos que acompaño, recurro a su despacho solicitando… se disponga el pronunciamiento de la Fiscalía Superior Penal de Áncash, concediéndonos el Recurso de Queja de Derecho que fue solicitado en el término de ley”, le pidió la procuradora a Ramos.
En suma, en el último año, la procuradora Príncipe prácticamente ha tenido que rogarle a la Fiscalía de Huaraz, y luego a dos fiscales de la Nación, que accedan a su derecho de apelar.
Pues, ella no está de acuerdo con que un grupo de fiscales huaracinos hayan enviado a los archivos del olvido un caso que ni siquiera fue debidamente investigado, en una acción que favoreció únicamente a César Álvarez y a 56 de sus allegados.
¿Qué respuesta dará a ello el fiscal Ramos Heredia? Hoy, que ofrecerá una conferencia de prensa, será una buena ocasión para que responda.
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