ENTREVISTA CON CÉSAR HILDEBRANDT
Sí existió comando Rodrigo Franco
El periodista César Hildebrandt sostiene que Agustín Mantilla no podría haber formado y dirigido un grupo paramilitar sin orden del expresidente Alan García. Argumenta asimismo que “García saldrá impune” de todas las investigaciones en curso, a no ser que “un juez valiente lo procese en el caso de El Frontón”.
—El tribunal a cargo del caso Rodrigo Franco lo llamará en calidad de testigo al juicio para aclarar si recibió amenazas de muerte de parte de este grupo paramilitar. ¿Las recibió?—Recuerdo perfectamente una amenaza del diario vocero de Sendero Luminoso que me llamaba plumífero, mercenario, y me ponían en una lista de periodistas que eran dignos de ser exterminados. Pero amenazas explícitas del grupo Rodrigo Franco no recuerdo ninguna; sin embargo, que yo no recuerde no significa que no haya sucedido, han pasado muchos años, y ha pasado mucha agua bajo los puentes.
—¿Pero de acuerdo a su labor periodística en los 85 y 90, en el contexto de la guerra interna, existió el comando Rodrigo Franco?—No tengo dudas de que el comando existió y ahí hay varios crímenes por aclararse. El incidente que probó la existencia de este grupo terrorista, probablemente financiado por el Estado, fue justamente el incidente del coche bomba frente a “El Diario” que dejó dos muertos. La bomba reventó antes de lo previsto y ahí quedó gravemente herido “Chito” Ríos, famoso dirigente aprista, pero él no fue enviado al hospital Arzobispo Loayza sino con todo secreto a un hospital de las fuerzas de seguridad. ¡Imagínese: un terrorista frustrado que le revienta una bomba y es llevado con todo secreto a un hospital militar! Eso prueba que el comando Rodrigo Franco existía y que tenía apoyo estatal, eso no me cabe la menor duda.
—¿Usted puede ratificar que no existieron investigaciones diligentes en esos años sobre la existencia de este grupo?—Las investigaciones fueron nulas, todas fueron mañosas y todas acabaron antes de tiempo, antes que se averiguara más.
—¿Mantilla dirigió el comando Rodrigo Franco?—No hay ninguna evidencia que pruebe que Mantilla dirigía el comando Rodrigo Franco. La pregunta es si podía desconocer el señor Mantilla, hombre todopoderoso en el Ministerio del Interior, la existencia de un grupo paramilitar vinculado al gobierno que, sin duda, obedecía consignas del Apra, siendo él viceministro del Interior durante cuatro años y luego ministro del Interior en el último año y siendo, además, secretario personal de Alan García, y probablemente el hombre de más confianza de este en su gobierno.
—¿Cree entonces que Mantilla será absuelto en este caso?—Si el proceso se lleva correctamente, creo que esto puede terminar en la responsabilidad de García. Porque si Mantilla está implicado, Mantilla no hacía sino obedecer las órdenes de García. No puedo imaginar que Mantilla, un hombre muy servicial, tuviera autonomía para decidir que un grupo paramilitar y asesino actuara por cuenta propia. Si el grupo Colina tuvo apoyo del Estado, lo tuvo al más alto nivel, por tanto la figura de la autoría mediata en el caso Rodrigo Franco es igual que en el caso Fujimori. Por tanto, la pista del grupo Rodrigo Franco nos conduce, o nos debería conducir directamente a Alan García.
—En el caso de los Colina hubo confesiones de los propios actores, pero en este caso, Mantilla de ningún modo implicará a García.—Es ese su papel, del hombre sacrificado, que ha pasado cárcel. Se le encontraron seis millones de dólares en una cuenta y dice que es suya, cuando era presumiblemente una de las tantas cuentas de García, que tenía con otros nombres. Un hombre que le encuentran armas y dicen que son suyas; un hombre que dice que las armas de Corea del Norte, cuando era ministro, llegaron para su uso personal, y no para el gobierno. El papel de Mantilla es de un leal y sacrificado funcionario aprista al servicio de García. Va a decir siempre que el doctor García no se enteró de nada, como lo hizo con el caso de El Frontón.
—¿Cómo califica usted a Mantilla?—Tiene dos facetas simultáneas. En lo personal, es una muy buena persona, capaz de sacrificarse por los demás; era un aprista intachable hasta que llegó García al poder. La otra faceta es la de ser guardián de Alan García, judicialmente de lo más cuestionable.
—¿En el caso de El Frontón, le sorprende que no figuren como acusados García, Mantilla ni Giampietri?—Es una vergüenza más del Poder Judicial que no tenga el coraje de acusar a quienes deberían acusar. Si Fujimori está preso por lo que hizo, ¿por qué García está libre por lo que hizo también? Está clarísimo que García monitoreaba todo lo que ocurría en el develamiento del motín en los penales.
—Ahora ya no son los noventas, cuando García contaba con el apoyo del fujimorismo, que dirigía el Poder Judicial. ¿Confía en las investigaciones realizadas ahora sobre su gobierno por parte del Congreso y la Fiscalía?—No creo que lleguen a buen puerto porque no van a encontrar documentación como probanza para el delito de peculado, malversación o el asalto al erario público. No hay huellas, cheques, recibos. Van a llegar a conclusiones significativas en términos éticos, pero a nivel judicial todo se va a disolver, y la Fiscalía ha demostrado ser muy generosa con García, así que otra vez García saldrá impune, a no ser que haya un juez valiente que lo involucre directamente en el caso de El Frontón, por el que debería, por ser crimen de lesa humanidad, pagar como paga ahora el señor Fujimori por todo lo que hizo en temas de derechos humanos.
Henry Campos
Redacción
—¿Pero de acuerdo a su labor periodística en los 85 y 90, en el contexto de la guerra interna, existió el comando Rodrigo Franco?—No tengo dudas de que el comando existió y ahí hay varios crímenes por aclararse. El incidente que probó la existencia de este grupo terrorista, probablemente financiado por el Estado, fue justamente el incidente del coche bomba frente a “El Diario” que dejó dos muertos. La bomba reventó antes de lo previsto y ahí quedó gravemente herido “Chito” Ríos, famoso dirigente aprista, pero él no fue enviado al hospital Arzobispo Loayza sino con todo secreto a un hospital de las fuerzas de seguridad. ¡Imagínese: un terrorista frustrado que le revienta una bomba y es llevado con todo secreto a un hospital militar! Eso prueba que el comando Rodrigo Franco existía y que tenía apoyo estatal, eso no me cabe la menor duda.
—¿Usted puede ratificar que no existieron investigaciones diligentes en esos años sobre la existencia de este grupo?—Las investigaciones fueron nulas, todas fueron mañosas y todas acabaron antes de tiempo, antes que se averiguara más.
—¿Mantilla dirigió el comando Rodrigo Franco?—No hay ninguna evidencia que pruebe que Mantilla dirigía el comando Rodrigo Franco. La pregunta es si podía desconocer el señor Mantilla, hombre todopoderoso en el Ministerio del Interior, la existencia de un grupo paramilitar vinculado al gobierno que, sin duda, obedecía consignas del Apra, siendo él viceministro del Interior durante cuatro años y luego ministro del Interior en el último año y siendo, además, secretario personal de Alan García, y probablemente el hombre de más confianza de este en su gobierno.
—¿Cree entonces que Mantilla será absuelto en este caso?—Si el proceso se lleva correctamente, creo que esto puede terminar en la responsabilidad de García. Porque si Mantilla está implicado, Mantilla no hacía sino obedecer las órdenes de García. No puedo imaginar que Mantilla, un hombre muy servicial, tuviera autonomía para decidir que un grupo paramilitar y asesino actuara por cuenta propia. Si el grupo Colina tuvo apoyo del Estado, lo tuvo al más alto nivel, por tanto la figura de la autoría mediata en el caso Rodrigo Franco es igual que en el caso Fujimori. Por tanto, la pista del grupo Rodrigo Franco nos conduce, o nos debería conducir directamente a Alan García.
—En el caso de los Colina hubo confesiones de los propios actores, pero en este caso, Mantilla de ningún modo implicará a García.—Es ese su papel, del hombre sacrificado, que ha pasado cárcel. Se le encontraron seis millones de dólares en una cuenta y dice que es suya, cuando era presumiblemente una de las tantas cuentas de García, que tenía con otros nombres. Un hombre que le encuentran armas y dicen que son suyas; un hombre que dice que las armas de Corea del Norte, cuando era ministro, llegaron para su uso personal, y no para el gobierno. El papel de Mantilla es de un leal y sacrificado funcionario aprista al servicio de García. Va a decir siempre que el doctor García no se enteró de nada, como lo hizo con el caso de El Frontón.
—¿Cómo califica usted a Mantilla?—Tiene dos facetas simultáneas. En lo personal, es una muy buena persona, capaz de sacrificarse por los demás; era un aprista intachable hasta que llegó García al poder. La otra faceta es la de ser guardián de Alan García, judicialmente de lo más cuestionable.
—¿En el caso de El Frontón, le sorprende que no figuren como acusados García, Mantilla ni Giampietri?—Es una vergüenza más del Poder Judicial que no tenga el coraje de acusar a quienes deberían acusar. Si Fujimori está preso por lo que hizo, ¿por qué García está libre por lo que hizo también? Está clarísimo que García monitoreaba todo lo que ocurría en el develamiento del motín en los penales.
—Ahora ya no son los noventas, cuando García contaba con el apoyo del fujimorismo, que dirigía el Poder Judicial. ¿Confía en las investigaciones realizadas ahora sobre su gobierno por parte del Congreso y la Fiscalía?—No creo que lleguen a buen puerto porque no van a encontrar documentación como probanza para el delito de peculado, malversación o el asalto al erario público. No hay huellas, cheques, recibos. Van a llegar a conclusiones significativas en términos éticos, pero a nivel judicial todo se va a disolver, y la Fiscalía ha demostrado ser muy generosa con García, así que otra vez García saldrá impune, a no ser que haya un juez valiente que lo involucre directamente en el caso de El Frontón, por el que debería, por ser crimen de lesa humanidad, pagar como paga ahora el señor Fujimori por todo lo que hizo en temas de derechos humanos.
Henry Campos
Redacción
COMO TESTIGO
Convocan a Uceda a juicio Rodrigo Franco
El colegiado A de la Sala Penal Nacional decidió ayer llamar a testificar en el juicio del caso Rodrigo Franco, además de César Hildebrandt, al otro hombre de prensa Ricardo Uceda, autor del libro Muerte en el Pentagonito.
El tribunal acogió el pedido de la Fiscalía, para corroborar la versión de Uceda, quien sostuvo en su texto que existió “un clan del Besito”, el mismo comando Rodrigo Franco, que era dirigido por el exministro aprista Agustín Mantilla, para atacar objetivos enemigos del primer gobierno de Alan García.
Asimismo, citará en su momento, al fiscal del caso Cayara, Carlos Escobar, quien habría sido amenazado de muerte por el grupo Rodrigo Franco.
Asimismo, citará en su momento, al fiscal del caso Cayara, Carlos Escobar, quien habría sido amenazado de muerte por el grupo Rodrigo Franco.
PERIODISTA RICARDO UCEDA TESTIFICARÍA
Hoy sigue juicio por caso Rodrigo Franco
El fiscal superior Luis Landa solicitará hoy a la Sala Penal Nacional la incorporación de más testigos para el juicio oral del caso Rodrigo Franco, en el cual está involucrado el exministro Agustín Mantilla por los asesinatos del dirigente minero Saúl Cantoral, su compañera Consuelo García y tres estudiantes.
El periodista Ricardo Uceda, autor del libro “Muerte en el Pentagonito”, será uno de los testigos llamados a declarar aunque dependerá del tribunal si acepta o rechaza su convocatoria.
En el referido texto, Uceda cuenta que, a fines de 1985, Mantilla, exsecretario general del Apra, le contó a Jesús “Chito” Ríos sus planes de organizar un cuerpo de apristas que proveyera de información de inteligencia sobre Sendero Luminoso en todo el país, y que este mismo grupo, también denominado “el clan del besito”, pudiera atacar objetivos.
En la audiencia del lunes pasado, el colegiado A de la Sala Penal Nacional aceptó el pedido del Ministerio Público de citar a juicio a la exministra aprista Nidia Vílchez, sindicada de haber pertenecido al grupo paramilitar que habría dirigido Mantilla. Asimismo al congresista Javier Velásquez Quesquén y el exministro Rafael Rey.
Vílchez rechazó ayer las imputaciones en su contra al calificarlas como un refrito que tiene 25 años.
En el referido texto, Uceda cuenta que, a fines de 1985, Mantilla, exsecretario general del Apra, le contó a Jesús “Chito” Ríos sus planes de organizar un cuerpo de apristas que proveyera de información de inteligencia sobre Sendero Luminoso en todo el país, y que este mismo grupo, también denominado “el clan del besito”, pudiera atacar objetivos.
En la audiencia del lunes pasado, el colegiado A de la Sala Penal Nacional aceptó el pedido del Ministerio Público de citar a juicio a la exministra aprista Nidia Vílchez, sindicada de haber pertenecido al grupo paramilitar que habría dirigido Mantilla. Asimismo al congresista Javier Velásquez Quesquén y el exministro Rafael Rey.
Vílchez rechazó ayer las imputaciones en su contra al calificarlas como un refrito que tiene 25 años.
Jueces del caso rodrigo franco. Nidia Vílchez, Javier Velásquez y Rafael Rey son los citados como testigos. Rechaza además otro pedido para que el caso prescriba.
Llaman a exministros apristas
A Mantilla le espera un largo juicio.
El colegiado C de la Sala Penal Nacional acogió ayer el pedido de la Fiscalía de citar a los exministros de la última gestión aprista Nidia Vílchez, Rafael Rey y Javier Velásquez Quesquén, para testificar en el juicio oral del caso Rodrigo Franco, en el cual está procesado el exministro Agustín Mantilla.
El Ministerio Público sostuvo que Vílchez habría participado en acciones del grupo Rodrigo Franco en la Universidad Nacional del Centro, de Huancayo, según testigos, por lo que su testimonio aclarará su participación y la de los acusados implicados en los asesinatos del dirigente minero Saúl Cantoral, su compañera Consuelo García y tres estudiantes.
Junto a la extitular de Vivienda deberán concurrir sus hermanos, Martín y David, además de Omar Lacunza, personaje cercano a Mantilla, Miguel Goñi y Carlos Remi.
Del mismo modo, el tribunal convocará en su momento a audiencia al actual parlamentario Velásquez y a Rey, quienes fueron parte, en el 2003, de la Comisión Parlamentaria que investigó a Agustín Mantilla y su relación con los referidos crímenes.
También citará al actual congresista Heriberto Benítez y Ernesto Herrera, presidente de la mencionada comisión, que determinó en mayoría que el comando paramilitar Rodrigo Franco tuvo entre sus filas a militantes apristas, entrenados en unidades policiales durante la gestión de Mantilla al frente del Ministerio del Interior.
RECHAZAN PRESCRIPCIÓN
El tribunal decidió también rechazar otra demanda de prescripción de los cargos de homicidio y secuestro por parte de la defensa de uno de los acusados, Gino Fiori, atendiendo a la sustentación del fiscal del caso, Luis Landa, quien reiteró que los crímenes de lesa humanidad son imprescriptibles.
“La Corte Interamericana estableció que en casos como los crímenes contra la humanidad es inadmisible la prescripción o la amnistía. El caso Rodrigo Franco cumple con los requisitos de crímenes de lesa humanidad porque se trataron de actos contra la dignidad, la libertad y de una manera sistemática”, afirmó.
El fiscal Landa lamentó que en el primer gobierno de García y en la dictadura de Fujimori no se haya realizado investigaciones serias sobre la existencia del referido comando paramilitar a pesar de numerosas denuncias y expresó el deseo de que se esclarezca ello en el juicio.
“Jamás hubo investigación cuando Mantilla era ministro, a pesar de los hechos. Tuvieron que pasar muchos años y para eso estamos acá para aclararlo”, manifestó.
Humberto Abanto, abogado de Mantilla, acusó al fiscal de citar a juicio a testigos fallecidos e incluso dijo que el Ministerio Público sufre de un cuadro psiquiátrico institucional” para probar su acusación.
Durante la audiencia que duró cinco horas, le fueron rechazadas diversas tachas presentadas.
Landa rechazó las burlas y pidió orden al tribunal, lo cual fue aceptado. Sobre el tema de los testigos, reconoció que algunos, tras el paso de 25 años de ocurridos los hechos, habrían muerto, pero pidió la confirmación de los decesos.
Henry Campos
Redacción
Junto a la extitular de Vivienda deberán concurrir sus hermanos, Martín y David, además de Omar Lacunza, personaje cercano a Mantilla, Miguel Goñi y Carlos Remi.
Del mismo modo, el tribunal convocará en su momento a audiencia al actual parlamentario Velásquez y a Rey, quienes fueron parte, en el 2003, de la Comisión Parlamentaria que investigó a Agustín Mantilla y su relación con los referidos crímenes.
También citará al actual congresista Heriberto Benítez y Ernesto Herrera, presidente de la mencionada comisión, que determinó en mayoría que el comando paramilitar Rodrigo Franco tuvo entre sus filas a militantes apristas, entrenados en unidades policiales durante la gestión de Mantilla al frente del Ministerio del Interior.
RECHAZAN PRESCRIPCIÓN
El tribunal decidió también rechazar otra demanda de prescripción de los cargos de homicidio y secuestro por parte de la defensa de uno de los acusados, Gino Fiori, atendiendo a la sustentación del fiscal del caso, Luis Landa, quien reiteró que los crímenes de lesa humanidad son imprescriptibles.
“La Corte Interamericana estableció que en casos como los crímenes contra la humanidad es inadmisible la prescripción o la amnistía. El caso Rodrigo Franco cumple con los requisitos de crímenes de lesa humanidad porque se trataron de actos contra la dignidad, la libertad y de una manera sistemática”, afirmó.
El fiscal Landa lamentó que en el primer gobierno de García y en la dictadura de Fujimori no se haya realizado investigaciones serias sobre la existencia del referido comando paramilitar a pesar de numerosas denuncias y expresó el deseo de que se esclarezca ello en el juicio.
“Jamás hubo investigación cuando Mantilla era ministro, a pesar de los hechos. Tuvieron que pasar muchos años y para eso estamos acá para aclararlo”, manifestó.
Humberto Abanto, abogado de Mantilla, acusó al fiscal de citar a juicio a testigos fallecidos e incluso dijo que el Ministerio Público sufre de un cuadro psiquiátrico institucional” para probar su acusación.
Durante la audiencia que duró cinco horas, le fueron rechazadas diversas tachas presentadas.
Landa rechazó las burlas y pidió orden al tribunal, lo cual fue aceptado. Sobre el tema de los testigos, reconoció que algunos, tras el paso de 25 años de ocurridos los hechos, habrían muerto, pero pidió la confirmación de los decesos.
Henry Campos
Redacción
También a asesinos del grupo Colina. Neosenderistas arman alboroto tras audiencia por matanza de Soras, exigiendo libertad para la cúpula senderista.
Movadef defiende a Fujimori y Mantilla
Ponen el pecho por el grupo Colina y Rodrigo Franco.
El dirigente del Movimiento por la Amnistía y Derechos Humanos (Movadef) Alfredo Crespo, expresó ayer su desacuerdo con la sentencia que recibieron Alberto Fujimori y los integrantes del grupo Colina por las masacres de Barrios Altos y La Cantuta, así como por el juicio del caso Rodrigo Franco contra el exministro aprista Agustín Mantilla porque esos temas, según dijo, están enmarcados en cuestiones políticas.
Lesa humanidad
“La matanza de Soras es un crimen de lesa humanidad y no ha sido juzgado en ningún momento y no tiene nada que ver con cuestiones políticas. Los deudos merecen la verdad”, dijo el fiscal Marco Guzmán en respuesta a Crespo.
“La matanza de Soras es un crimen de lesa humanidad y no ha sido juzgado en ningún momento y no tiene nada que ver con cuestiones políticas. Los deudos merecen la verdad”, dijo el fiscal Marco Guzmán en respuesta a Crespo.
“La sentencia a Fujimori, Martin Rivas y a los colinas fue una sentencia política”, dijo en declaraciones a LA PRIMERA, a la salida de la Sala Penal Especial, en el centro de Lima.
Al respecto, sostuvo que las condenas de 25 años que recibieron Fujimori y los excolinas no se ajusta al derecho al basarse en la tipificación de la autoría mediata, pues –según su parecer- esa figura no forma parte de nuestro derecho penal. “Abimael Guzmán también ha sido condenado con la figura penal de la autoría mediata”, agregó.
Concluyó así que Mantilla, exministro del Interior de García, no debería estar procesado en el juicio por el caso Rodrigo Franco, grupo paramilitar acusado de los asesinatos del dirigente minero Saúl Cantoral, su compañera Consuelo García y tres estudiantes en 1989.
“A Mantilla le están aplicando la figura de la autoría mediata, él ha dicho que en base a eso el Papa sería responsable de lo que hacen los pedófilos”, sostuvo.
Sobre el indulto negado hace unos días por parte del presidente Ollanta Humala a Fujimori, el abogado de Guzmán refirió también que no fue otorgado por razones políticas.
ALBOROTOCrespo habló luego de la accidentada audiencia del caso Soras, en la que agentes de seguridad tuvieron que expulsar de la sala de audiencias a miembros del Movadef que corearon consignas, exigiendo amnistía general para los condenados por terrorismo.
El incidente comenzó durante el pedido de Crespo, de archivamiento del proceso referido a la matanza, en 1984, de 117 campesinos del distrito ayacuchano de Soras, en el cual están involucrados Guzmán y los miembros de la cúpula de Sendero Luminoso. Aduciendo que lo interrumpían, Crespo llamó mediocres a los integrantes del equipo de la procuraduría antiterrorista, los cuales lo llamaron “asesino”.
Henry Campos
Redacción
Al respecto, sostuvo que las condenas de 25 años que recibieron Fujimori y los excolinas no se ajusta al derecho al basarse en la tipificación de la autoría mediata, pues –según su parecer- esa figura no forma parte de nuestro derecho penal. “Abimael Guzmán también ha sido condenado con la figura penal de la autoría mediata”, agregó.
Concluyó así que Mantilla, exministro del Interior de García, no debería estar procesado en el juicio por el caso Rodrigo Franco, grupo paramilitar acusado de los asesinatos del dirigente minero Saúl Cantoral, su compañera Consuelo García y tres estudiantes en 1989.
“A Mantilla le están aplicando la figura de la autoría mediata, él ha dicho que en base a eso el Papa sería responsable de lo que hacen los pedófilos”, sostuvo.
Sobre el indulto negado hace unos días por parte del presidente Ollanta Humala a Fujimori, el abogado de Guzmán refirió también que no fue otorgado por razones políticas.
ALBOROTOCrespo habló luego de la accidentada audiencia del caso Soras, en la que agentes de seguridad tuvieron que expulsar de la sala de audiencias a miembros del Movadef que corearon consignas, exigiendo amnistía general para los condenados por terrorismo.
El incidente comenzó durante el pedido de Crespo, de archivamiento del proceso referido a la matanza, en 1984, de 117 campesinos del distrito ayacuchano de Soras, en el cual están involucrados Guzmán y los miembros de la cúpula de Sendero Luminoso. Aduciendo que lo interrumpían, Crespo llamó mediocres a los integrantes del equipo de la procuraduría antiterrorista, los cuales lo llamaron “asesino”.
Henry Campos
Redacción
Poder Judicial rechazó pedido de Agustín Mantilla de revisar la calificación de delito de lesa humanidad a los asesinatos cometidos por comando paramilitar.
Golpe a Rodrigo Franco
Agustín Mantilla no quiso declarar.
El Poder Judicial declaró ayer improcedente el pedido de la defensa del exministro aprista Agustín Mantilla, para que considere los asesinatos del dirigente minero Saúl Cantoral y su compañera Consuelo García y tres estudiantes, supuestamente perpetrados por el comando Rodrigo Franco, como un delito de homicidio y no como crímenes de lesa humanidad, como lo sustenta la Fiscalía.
La Sala Penal Nacional sostuvo que la acusación de la Fiscalía contra Mantilla y sus coacusados cumple los requisitos legales al indicar que los crímenes contra Cantoral y los otros habrían sido dirigidos por un aparato del Estado.
“Las muertes de Saúl Cantoral y Consuelo García y los estudiantes constituyeron actos contra la vida y habrían sido realizados de manera sistemática, ordenados por funcionarios estatales, entre ellos un exministro y agentes de la Policía”, resolvió el Poder Judicial, además de añadir que “la sentencia determinará si las muertes constituyeron crímenes de lesa humanidad”.
El colegiado decretó, además, como inadmisible el pedido de los abogados de los procesados Enrique Melgar y Rogelio Farfán de declarar prescritos los cargos por haber transcurrido 25 años de ocurridos los hechos; y desestimó el pedido de eliminar el cargo de secuestro en estos crímenes con el argumento de que no fue investigado por la Fiscalía en su momento.
Al respecto, el tribunal que preside la jueza Inés Villa Bonilla sostuvo que los errores en que habría incurrido la Fiscalía serán evaluados o subsanados.
También fue desestimada otra de las solicitudes de Humberto Abanto, abogado de Mantilla, para que el proceso no sea declarado como “complejo”. El letrado rechazó la decisión del Poder Judicial y presentó sendos recursos de queja, los cuales también fueron declarados improcedentes.
La abogada de los deudos, Gloria Cano, saludó la decisión del tribunal porque “no cayó en la trampa legal” que quiso tender la defensa de los acusados para que adelantaran opinión sobre este caso.
“Quisieron tenderles una trampita, para que la sala dictamine si eran crímenes de lesa humanidad o no los asesinatos cometidos por el comando Rodrigo Franco, es decir, para que adelanten juicio, pero sabiamente ellos han señalado que eso se verá en el juicio”, expresó.
Henry Campos
Redacción
“Las muertes de Saúl Cantoral y Consuelo García y los estudiantes constituyeron actos contra la vida y habrían sido realizados de manera sistemática, ordenados por funcionarios estatales, entre ellos un exministro y agentes de la Policía”, resolvió el Poder Judicial, además de añadir que “la sentencia determinará si las muertes constituyeron crímenes de lesa humanidad”.
El colegiado decretó, además, como inadmisible el pedido de los abogados de los procesados Enrique Melgar y Rogelio Farfán de declarar prescritos los cargos por haber transcurrido 25 años de ocurridos los hechos; y desestimó el pedido de eliminar el cargo de secuestro en estos crímenes con el argumento de que no fue investigado por la Fiscalía en su momento.
Al respecto, el tribunal que preside la jueza Inés Villa Bonilla sostuvo que los errores en que habría incurrido la Fiscalía serán evaluados o subsanados.
También fue desestimada otra de las solicitudes de Humberto Abanto, abogado de Mantilla, para que el proceso no sea declarado como “complejo”. El letrado rechazó la decisión del Poder Judicial y presentó sendos recursos de queja, los cuales también fueron declarados improcedentes.
La abogada de los deudos, Gloria Cano, saludó la decisión del tribunal porque “no cayó en la trampa legal” que quiso tender la defensa de los acusados para que adelantaran opinión sobre este caso.
“Quisieron tenderles una trampita, para que la sala dictamine si eran crímenes de lesa humanidad o no los asesinatos cometidos por el comando Rodrigo Franco, es decir, para que adelanten juicio, pero sabiamente ellos han señalado que eso se verá en el juicio”, expresó.
Henry Campos
Redacción
Dice que el expresidente no sabe nada sobre grupo paramilitar aprista Rodrigo Franco.
Mantilla sigue protegiendo a García
El exministro aprista Agustín Mantilla aseguró que el expresidente Alan García no pudo enterarse de los crímenes que el grupo paramilitar Rodrigo Franco cometió a fines del primer gobierno aprista contra el exdirigente minero Saúl Cantoral y otros cuatro ciudadanos.
“Si habrá respuestas que dar, García las tendrá que dar, pero él no conoce nada en absoluto”, dijo Mantilla al referirse a la eventualidad de que García sea llamado a testificar en el juicio oral del caso Rodrigo Franco, que se inició el lunes último. Y agregó: “García no tendrá nada que decir; si yo no conozco, él tampoco conoce”.
El exministro reiteró además su fidelidad absoluta al Apra, aun a costa de ser condenado a prisión, porque dijo es el papel que le toca cumplir como militante aprista, aludiendo a la prisión que pasó por recibir sobornos del gobierno fujimontesinista.
“Por el aprismo vale la pena. (…) La vida continúa. Cada quien tiene que cumplir su papel, me toca ese papel, tengo que afrontarlo”, expresó, aunque reconoció cierta responsabilidad en la condena que recibió por delitos de corrupción.
Henry Campos
Redacción
El exministro reiteró además su fidelidad absoluta al Apra, aun a costa de ser condenado a prisión, porque dijo es el papel que le toca cumplir como militante aprista, aludiendo a la prisión que pasó por recibir sobornos del gobierno fujimontesinista.
“Por el aprismo vale la pena. (…) La vida continúa. Cada quien tiene que cumplir su papel, me toca ese papel, tengo que afrontarlo”, expresó, aunque reconoció cierta responsabilidad en la condena que recibió por delitos de corrupción.
Henry Campos
Redacción
LUIS ALBERTO SALGADO
Exministro guarda la información
El exsecretario ejecutivo del Consejo Nacional de Derechos Humanos Luis Alberto Salgado dijo a LA PRIMERA que de las palabras de Mantilla puede inferirse que este protege a alguien o guarda importante información sobre el caso Rodrigo Franco, como lo hizo en el juicio que enfrentó por recibir $ 20 mil del exasesor Vladimiro Montesinos, por lo que fue condenado a seis años de prisión en el 2002.
“Mantilla dice que García no sabe nada de lo que pasó, es decir que él conoce algo que García no sabe. ¿Qué es lo que sabe Mantilla?”, preguntó el dirigente aprista.
Deberán responder por crímenes en primer gobierno de Alan García. Agustín Mantilla fue citado.
Hoy empieza juicio a Comando Rodrigo Franco
Deberá responder en el banquillo.
Agustín Mantilla, exministro de Interior del primer gobierno de Alan García, deberá presentarse junto a los integrantes del “Comando Rodrigo Franco” en el juicio oral que empezará hoy, a las 11 de la mañana, en la Sala Penal Nacional por graves crímenes cometidos hace 24 años durante el primer gobierno aprista.
La Sala, presidida por la jueza superior Inés Villa Bonilla, deberá recibir además de Mantilla a Franco Jesús Ríos (alias ‘Chito Ríos’), Jorge Huamán Alacute, Enrique Melgar Moscoso, Carlos Farfán Yácila, Óscar Urbina Sandoval, Gino Fiori Gonzales, Juan Pampa Quilla y Walter Lauri Morales. El expresidente Alan García también deberá presentarse en el juicio en calidad de testigo.
Todos ellos han sido acusados por la Fiscalía por la comisión de los delitos de secuestro y homicidio de los dirigentes mineros Saúl Cantoral Huamaní y Consuelo García Santa Cruz. Además, por el asesinato del abogado Manuel Federico Febres Flores y de los estudiantes Miguel Pasache Vidal y Sócrates Porta Solano, crímenes por los cuales la Fiscalía ha pedido 25 años de prisión para cada uno de los acusados.
Según el Informe Final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, documento recogido en la acusación fiscal, este comando utilizó la infraestructura e información del Ministerio del Interior para sus actividades ilícitas, en donde Mantilla fue en los primeros cuatro años del primer gobierno aprista viceministro del Interior (1985-1988), y en el último año fue ministro de la misma cartera (1989-1990).
El informe también sostiene que presuntamente este grupo habría estado integrado por estudiantes de la Universidad Inca Garcilaso de la Vega (donde Mantilla estudió Sociología), liderados por Jesús Miguel Ríos Sáenz y habría contado con la participación de algunos efectivos de la Dirección de Operaciones Especiales (DOES) y del Delta 5 de la Dirección Contra el Terrorismo (Dircote) de la Policía.
La secretaria ejecutiva de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, Rocío Silva Santisteban, dijo a LA PRIMERA que a los integrantes del Comando Rodrigo Franco debe caerles todo el peso de la ley si se comprueban sus crímenes como ha pasado con los miembros del Grupo Colina.
Indicó que la justicia peruana tendrá que demostrar si este Comando Rodrigo Franco contaba con el aval y el apoyo logístico del Estado y si el expresidente García acreditó la conformación de este grupo y si tenía el conocimiento de todos sus crímenes.
AVALADO POR GOBIERNO APRISTAOlmedo Auris, vicepresidente de la Confederación General de Trabajadores del Perú, afirmó a este diario que hay evidencias y testigos que comprueban la existencia de este grupo paramilitar que, según dijo, fue avalado por el gobierno aprista a través del exministro Mantilla, quien se desempeñó como secretario privado de Alan García desde 1979 hasta 1985.
“Con el pretexto de frenar el terrorismo asesinaron a enemigos políticos y a dirigentes sindicales que eran un estorbo para el régimen aprista”, sostuvo.
Javier Solís
RedacciónPublicado: Martes 28 de mayo del 2013 | Política | Imprimir | Compartir | 243 Lecturas
Todos ellos han sido acusados por la Fiscalía por la comisión de los delitos de secuestro y homicidio de los dirigentes mineros Saúl Cantoral Huamaní y Consuelo García Santa Cruz. Además, por el asesinato del abogado Manuel Federico Febres Flores y de los estudiantes Miguel Pasache Vidal y Sócrates Porta Solano, crímenes por los cuales la Fiscalía ha pedido 25 años de prisión para cada uno de los acusados.
Según el Informe Final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, documento recogido en la acusación fiscal, este comando utilizó la infraestructura e información del Ministerio del Interior para sus actividades ilícitas, en donde Mantilla fue en los primeros cuatro años del primer gobierno aprista viceministro del Interior (1985-1988), y en el último año fue ministro de la misma cartera (1989-1990).
El informe también sostiene que presuntamente este grupo habría estado integrado por estudiantes de la Universidad Inca Garcilaso de la Vega (donde Mantilla estudió Sociología), liderados por Jesús Miguel Ríos Sáenz y habría contado con la participación de algunos efectivos de la Dirección de Operaciones Especiales (DOES) y del Delta 5 de la Dirección Contra el Terrorismo (Dircote) de la Policía.
La secretaria ejecutiva de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, Rocío Silva Santisteban, dijo a LA PRIMERA que a los integrantes del Comando Rodrigo Franco debe caerles todo el peso de la ley si se comprueban sus crímenes como ha pasado con los miembros del Grupo Colina.
Indicó que la justicia peruana tendrá que demostrar si este Comando Rodrigo Franco contaba con el aval y el apoyo logístico del Estado y si el expresidente García acreditó la conformación de este grupo y si tenía el conocimiento de todos sus crímenes.
AVALADO POR GOBIERNO APRISTAOlmedo Auris, vicepresidente de la Confederación General de Trabajadores del Perú, afirmó a este diario que hay evidencias y testigos que comprueban la existencia de este grupo paramilitar que, según dijo, fue avalado por el gobierno aprista a través del exministro Mantilla, quien se desempeñó como secretario privado de Alan García desde 1979 hasta 1985.
“Con el pretexto de frenar el terrorismo asesinaron a enemigos políticos y a dirigentes sindicales que eran un estorbo para el régimen aprista”, sostuvo.
Javier Solís
RedacciónPublicado: Martes 28 de mayo del 2013 | Política | Imprimir | Compartir | 243 Lecturas
Mantilla y exintegrantes del comando Rodrigo Franco buscan prescripción de graves delitos. La Fiscalía ha solicitado 25 años de cárcel.
Pretenden la impunidad
Agustín Mantilla no quiso declarar a la salida del juicio oral.
El exministro del Interior del primer gobierno aprista Agustín Mantilla y los exintegrantes del comando Rodrigo Franco buscan la prescripción del delito de asesinato por el que son juzgados, al solicitar al tribunal que los juzgará que establezca que los homicidios de los dirigentes Saúl Cantoral y Consuelo García y tres estudiantes no son crímenes de lesa humanidad.
Mantilla enfrenta junto a Jesús “Chito” Ríos, Jorge Huamán, Enrique Melgar, Carlos Farfán, Óscar Urbina, Gino Fiori, Juan Pampa y Walter Lauri, este último como reo ausente, las acusaciones de secuestro y homicidio calificado de Cantoral, García y los estudiantes Manuel Posada, Sócrates Porta y Manuel Federico, perpetrados bajo el primer gobierno de Alan García. La Fiscalía ha solicitado que sean condenados a 25 años de prisión y que paguen una reparación civil de 200 mil soles.
En el inicio del juicio oral del caso Rodrigo Franco, el abogado de Mantilla, Humberto Abanto, argumentó ayer ante el colegiado A de la Sala Penal Nacional que el caso no debe ser calificado como de lesa humanidad, sino solo como homicidio, alegando que los crímenes de lesa humanidad no existían en aquella época.
Abanto negó incluso la existencia del referido comando paramilitar e indicó que la denominación de Rodrigo Franco “fue un invento para mancillar la honra de personas importantes como Mantilla que dirigían la política antisubversiva de aquellos años”.
“La pregunta es si hubo un ataque terrorista del MRTA o Sendero, o un ataque sistemático y generalizado del Estado contra la población civil”, precisó el abogado de Mantilla, quien además pidió se disponga para este caso el máximo de pena, de 15 años, debido a la reforma de 1991 al código penal de 1924.
Asimismo la defensa de los otros acusados solicitó expresamente la prescripción de los delitos en este caso, porque transcurrieron más de 20 años desde la comisión de los mismos.
El fiscal del caso, Luis Landa, junto a los abogados de la parte civil, demandaron al tribunal rechazar el pedido de la defensa de Mantilla y los otros procesados debido a que buscan la prescripción.
“Siempre los acusados han perseguido la prescripción incluso acudieron al Tribunal Constitucional para ese fin, a pesar que no se afectó el debido proceso y se ha respetado el derecho de su defensa”, manifestó Landa.
Landa, basándose en testimonios recogidos por la Comisión de la Verdad y la Reconciliación, refirió que Rodrigo Franco fue “un comando paramilitar, dirigido por Agustín Mantilla, formado por militantes del Apra, para enfrentar al terrorismo y eliminar ocasionales enemigos políticos”.
La abogada de la parte civil de este caso Gisela Astocóndor pidió que el tribunal cumpla las disposiciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el sentido de investigar y sancionar a los autores de los crímenes cometidos contra Cantoral.
El tribunal declaró complejo este caso, por el número de procesados y testigos que concurrirán próximamente al juicio, y decidió resolver los pedidos de la defensa de los acusados en la próxima convocatoria a celebrarse el próximo 5 de junio.
JURISTA CARLOS RIVERA
Prescripción es improcedenteEl representante del Instituto de Defensa Legal Carlos Rivera y el director de la Asociación Pro Derechos Humanos (Aprodeh), Francisco Soberón, coincidieron en señalar que la intención de la defensa de Mantilla con su pedido es que el tribunal dictamine que los asesinatos de Cantoral y los otros fueron solo homicidios simples, para que luego se declare su prescripción.
“La máxima pena para los crímenes de homicidio, en los años que fueron asesinados Cantoral y los otros, eran de veinte años, entonces si se niega que son crímenes de lesa humanidad, quedarían prescritos. No me queda duda de que al momento que la Sala acepte el pedido de Mantilla, este va a pedir la prescripción”, dijo Rivera a LA PRIMERA.
Soberón sostuvo asimismo que el asesinato de Cantoral, García y los estudiantes fueron crímenes de lesa humanidad porque “fueron digitados por el Estado a través de un escuadrón de la muerte”.
HERMANO DE VÍCTIMA
Nadie tiene derecho a matar impunementeUlises Cantoral expresó su convencimiento ante la prensa de que Mantilla y sus exsubordinados son los culpables de la muerte de su hermano menor y rechazó que se pretenda la impunidad en este caso.
“Los mineros eran reprimidos y fueron eliminados. Mantilla era el jefe de todos, hay muchos testigos que lo sindican. Espero que no haya impunidad porque nadie tiene derecho de matar”, demandó a la salida de la audiencia realizada por la mañana en el salón de audiencias de la Sala Penal Nacional.
HUMBERTO ABANTO
“Estado democrático”El abogado Humberto Abanto negó que su patrocinado, el exministro del Interior Agustín Mantilla busque la prescripción en este caso sino que se establezca la verdad sobre lo que ocurrió en los crímenes de Saúl Cantoral y los otros, para que no se condene a un Estado democrático.
Henry CamposRedacciónPublicado: Martes 21 de mayo del 2013 | Política | Imprimir | Compartir | 346 Lecturas
En el inicio del juicio oral del caso Rodrigo Franco, el abogado de Mantilla, Humberto Abanto, argumentó ayer ante el colegiado A de la Sala Penal Nacional que el caso no debe ser calificado como de lesa humanidad, sino solo como homicidio, alegando que los crímenes de lesa humanidad no existían en aquella época.
Abanto negó incluso la existencia del referido comando paramilitar e indicó que la denominación de Rodrigo Franco “fue un invento para mancillar la honra de personas importantes como Mantilla que dirigían la política antisubversiva de aquellos años”.
“La pregunta es si hubo un ataque terrorista del MRTA o Sendero, o un ataque sistemático y generalizado del Estado contra la población civil”, precisó el abogado de Mantilla, quien además pidió se disponga para este caso el máximo de pena, de 15 años, debido a la reforma de 1991 al código penal de 1924.
Asimismo la defensa de los otros acusados solicitó expresamente la prescripción de los delitos en este caso, porque transcurrieron más de 20 años desde la comisión de los mismos.
El fiscal del caso, Luis Landa, junto a los abogados de la parte civil, demandaron al tribunal rechazar el pedido de la defensa de Mantilla y los otros procesados debido a que buscan la prescripción.
“Siempre los acusados han perseguido la prescripción incluso acudieron al Tribunal Constitucional para ese fin, a pesar que no se afectó el debido proceso y se ha respetado el derecho de su defensa”, manifestó Landa.
Landa, basándose en testimonios recogidos por la Comisión de la Verdad y la Reconciliación, refirió que Rodrigo Franco fue “un comando paramilitar, dirigido por Agustín Mantilla, formado por militantes del Apra, para enfrentar al terrorismo y eliminar ocasionales enemigos políticos”.
La abogada de la parte civil de este caso Gisela Astocóndor pidió que el tribunal cumpla las disposiciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el sentido de investigar y sancionar a los autores de los crímenes cometidos contra Cantoral.
El tribunal declaró complejo este caso, por el número de procesados y testigos que concurrirán próximamente al juicio, y decidió resolver los pedidos de la defensa de los acusados en la próxima convocatoria a celebrarse el próximo 5 de junio.
JURISTA CARLOS RIVERA
Prescripción es improcedenteEl representante del Instituto de Defensa Legal Carlos Rivera y el director de la Asociación Pro Derechos Humanos (Aprodeh), Francisco Soberón, coincidieron en señalar que la intención de la defensa de Mantilla con su pedido es que el tribunal dictamine que los asesinatos de Cantoral y los otros fueron solo homicidios simples, para que luego se declare su prescripción.
“La máxima pena para los crímenes de homicidio, en los años que fueron asesinados Cantoral y los otros, eran de veinte años, entonces si se niega que son crímenes de lesa humanidad, quedarían prescritos. No me queda duda de que al momento que la Sala acepte el pedido de Mantilla, este va a pedir la prescripción”, dijo Rivera a LA PRIMERA.
Soberón sostuvo asimismo que el asesinato de Cantoral, García y los estudiantes fueron crímenes de lesa humanidad porque “fueron digitados por el Estado a través de un escuadrón de la muerte”.
HERMANO DE VÍCTIMA
Nadie tiene derecho a matar impunementeUlises Cantoral expresó su convencimiento ante la prensa de que Mantilla y sus exsubordinados son los culpables de la muerte de su hermano menor y rechazó que se pretenda la impunidad en este caso.
“Los mineros eran reprimidos y fueron eliminados. Mantilla era el jefe de todos, hay muchos testigos que lo sindican. Espero que no haya impunidad porque nadie tiene derecho de matar”, demandó a la salida de la audiencia realizada por la mañana en el salón de audiencias de la Sala Penal Nacional.
HUMBERTO ABANTO
“Estado democrático”El abogado Humberto Abanto negó que su patrocinado, el exministro del Interior Agustín Mantilla busque la prescripción en este caso sino que se establezca la verdad sobre lo que ocurrió en los crímenes de Saúl Cantoral y los otros, para que no se condene a un Estado democrático.
Henry CamposRedacciónPublicado: Martes 21 de mayo del 2013 | Política | Imprimir | Compartir | 346 Lecturas
El lunes próximo comienza proceso a miembros de grupo paramilitar que operó en el primer gobierno de Alan García.
A juicio criminales de Rodrigo Franco
Fiscalía pide 25 años de cárcel para Mantilla y otros apristas.
El jurista Carlos Rivera dijo ayer a LA PRIMERA que es muy improbable que el expresidente Alan García ignorara las acciones del paramilitar Comando Rodrigo Franco, que actuó durante su primer gobierno, al comentar que el próximo lunes los integrantes de este grupo paramilitar deberá responder ante la justicia por los graves delitos que se le imputan.
Responsabilidades apristas
“La justicia tendrá la posibilidad de determinar las responsabilidades legales y penales de miembros del Apra, quienes fueron altas autoridades en el manejo de la lucha contrasubversiva y que perpetraron crímenes de lesa humanidad”, remarcó Rivera.
Congreso
Llegó a grandes indicios El jurista Carlos Rivera recordó que el Congreso, en 1989, llegó a indicios razonables de que el comando paramilitar Comando Rodrigo Franco había cometido acciones criminales.
“Recordemos que una comisión investigadora, que lideró el diputado Manuel Piqueras, descubrió la actuación criminal de este Comando”, manifestó.
“Las leyes penales vigentes en el momento que se cometieron los crímenes establecían que los asesinatos solamente se podían sancionar con un máximo de 25 años. A la fecha actual los asesinatos se pueden sancionar hasta con 35 años o cadena perpetua en algunos casos”, enfatizó.
“La justicia tendrá la posibilidad de determinar las responsabilidades legales y penales de miembros del Apra, quienes fueron altas autoridades en el manejo de la lucha contrasubversiva y que perpetraron crímenes de lesa humanidad”, remarcó Rivera.
Congreso
Llegó a grandes indicios El jurista Carlos Rivera recordó que el Congreso, en 1989, llegó a indicios razonables de que el comando paramilitar Comando Rodrigo Franco había cometido acciones criminales.
“Recordemos que una comisión investigadora, que lideró el diputado Manuel Piqueras, descubrió la actuación criminal de este Comando”, manifestó.
“Las leyes penales vigentes en el momento que se cometieron los crímenes establecían que los asesinatos solamente se podían sancionar con un máximo de 25 años. A la fecha actual los asesinatos se pueden sancionar hasta con 35 años o cadena perpetua en algunos casos”, enfatizó.
“Resulta poco difícil que el expresidente García no haya conocido de la creación, funcionamiento y planificación de este aparato paramilitar, por eso debe explicar por qué su exministro Agustín Mantilla estuvo involucrado en los crímenes que cometió el Comando Rodrigo Franco, acusado como autor mediato de asesinatos”, subrayó.
Explicó que el exmandatario solo estará en el juicio oral en condición de testigo.
Rivera indicó que Mantilla, junto a Franco Jesús Ríos (Chito Ríos), Jorge Huamán, Enrique Melgar y Carlos Farfán han sido acusados por la Fiscalía por los delitos de secuestro y ejecución extrajudicial del dirigente sindical Saúl Cantoral, quien era secretario general de la Federación Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Siderúrgicos del Perú y sospechoso de militar en el MRTA.
Agregó que también fueron incriminados en los asesinatos extrajudiciales de Consuelo García (activista sindical ultimada junto a Cantoral), el abogado Manuel Febres y los estudiantes Luis Pasache Vidal y Javier Porta.
Rivera manifestó que la Fiscalía ha pedido que los acusados sean condenados a 25 años de prisión y paguen una reparación civil de 200 mil soles. Manifestó que por fin se hará justicia contra los crímenes atribuidos al Comando Rodrigo Franco y cometidos en 1986, 1987 y 1988 y ocultados de una manera sistemática por aquel gobierno aprista, según dijo.
Javier Solís
Redacción
Explicó que el exmandatario solo estará en el juicio oral en condición de testigo.
Rivera indicó que Mantilla, junto a Franco Jesús Ríos (Chito Ríos), Jorge Huamán, Enrique Melgar y Carlos Farfán han sido acusados por la Fiscalía por los delitos de secuestro y ejecución extrajudicial del dirigente sindical Saúl Cantoral, quien era secretario general de la Federación Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Siderúrgicos del Perú y sospechoso de militar en el MRTA.
Agregó que también fueron incriminados en los asesinatos extrajudiciales de Consuelo García (activista sindical ultimada junto a Cantoral), el abogado Manuel Febres y los estudiantes Luis Pasache Vidal y Javier Porta.
Rivera manifestó que la Fiscalía ha pedido que los acusados sean condenados a 25 años de prisión y paguen una reparación civil de 200 mil soles. Manifestó que por fin se hará justicia contra los crímenes atribuidos al Comando Rodrigo Franco y cometidos en 1986, 1987 y 1988 y ocultados de una manera sistemática por aquel gobierno aprista, según dijo.
Javier Solís
Redacción
Jorge Rimarachín, vocero de Acción Popular-Frente Amplio, anuncia que su bancada promueve comisión que investigue a García, Toledo y Keiko.
Combo anticorrupción
La necesidad de conformar una comisión investigadora denominada “combo anticorrupción” en el Congreso, para investigar los ingresos y compras inmobiliarias de los expresidentes Alan García y Alejandro Toledo, y de la excandidata presidencial Keiko Fujimori, expresaron los legisladores Jorge Rimarachín y Rogelio Canches, ante las encuestas que atribuyen a la corrupción los ingresos de los mencionados.
Según una encuesta de Ipsos Apoyo, difundida ayer por un diario local, un 65% de entrevistados consideran que el dinero usado por García para comprar su residencia es producto de la corrupción.
Al respecto, el legislador de Acción Popular-Frente Amplio Jorge Rimarachín anunció que su bancada promueve la conformación de esta comisión investigadora.
Sobre García, las sospechas de corrupción se agudizaron ante su reciente adquisición de una lujosa residencia valorizada en 800,000 dólares. En el sondeo un 62% piensa que Toledo usó su propio dinero para adquirir los dos inmuebles que aparecen como comprados por Eva Fernenbug. Sobre Keiko Fujimori, un 46% cree que los ingresos de la excandidata y excongresista provienen de la corrupción del gobierno de su padre.
LOS TRES DEBEN SER INVESTIGADOSRimarachín consideró que es necesario que la clase política haga un deslinde de estos hechos, por lo que rechazó que el Congreso pretenda “blindar” a Fujimori, García y Toledo.
Sobre García enfatizó que la percepción de los encuestados al parecer no está equivocada, pues recordó que durante su gobierno estallaron diferentes escándalos por corrupción como “los Petroaudios”, los “narcoindultos” y la emisión de un decreto de urgencia para evadir el control de los organismos supervisores de las contrataciones del Estado en la remodelación de los Colegios Emblemáticos.
De otro lado, dijo que se debe investigar cómo es que los hijos de Alberto Fujimori se han convertido de la noche a la mañana en empresarios. “¿Acaso se trata de un blanqueo de un dinero de la mafia?”, se preguntó.
Reiteró su desconfianza en que sea la Comisión de Fiscalización la que investigue a Keiko Fujimori, debido a que su titular, Gustavo Rondón, postuló en el 2006 a la alcaldía de Arequipa por Vamos Vecinos y luego al Congreso por Alianza por el Futuro del fujimorismo. Sobre Toledo, indicó que debe ser investigado por esta comisión con facultades especiales.
El legislador Rogelio Canches, como miembro de la Comisión de Fiscalización y expresidente de la comisión Forsur, respaldó la creación de la comisión congresal “combo anticorrupción” y dijo que los tres deben ser investigados por el Parlamento para impedir el desmérito de la clase política peruana.
SERGIO TEJADA
Razones para no confiarEl presidente de la Megacomisión, Sergio Tejada, consideró que existen hechos que motivan la alta desconfianza de la población con respecto a García, Toledo y Keiko, señalados por supuestos actos de corrupción.
Sobre el expresidente Alan García, recordó que cuando éste concluyó su gobierno un porcentaje similar al de ahora (65%) creía que la corrupción fue el principal motivo de su desaprobación.
Tras aclarar que la Megacomisión no indaga la compra hecha por García de una lujosa residencia de 800 mil dólares, acotó que sí investiga el patrimonio de éste y la presunta comisión del delito de Enriquecimiento Ilícito.
Afirmó que García nunca remitió documentos patrimoniales y que se ciñó a señalar cifras. Sobre la información alcanzada por éste a la Fiscalía de la Nación, Tejada sostuvo que recién pudo revisarla en internet.
Vilma Escalante
Redacción
Al respecto, el legislador de Acción Popular-Frente Amplio Jorge Rimarachín anunció que su bancada promueve la conformación de esta comisión investigadora.
Sobre García, las sospechas de corrupción se agudizaron ante su reciente adquisición de una lujosa residencia valorizada en 800,000 dólares. En el sondeo un 62% piensa que Toledo usó su propio dinero para adquirir los dos inmuebles que aparecen como comprados por Eva Fernenbug. Sobre Keiko Fujimori, un 46% cree que los ingresos de la excandidata y excongresista provienen de la corrupción del gobierno de su padre.
LOS TRES DEBEN SER INVESTIGADOSRimarachín consideró que es necesario que la clase política haga un deslinde de estos hechos, por lo que rechazó que el Congreso pretenda “blindar” a Fujimori, García y Toledo.
Sobre García enfatizó que la percepción de los encuestados al parecer no está equivocada, pues recordó que durante su gobierno estallaron diferentes escándalos por corrupción como “los Petroaudios”, los “narcoindultos” y la emisión de un decreto de urgencia para evadir el control de los organismos supervisores de las contrataciones del Estado en la remodelación de los Colegios Emblemáticos.
De otro lado, dijo que se debe investigar cómo es que los hijos de Alberto Fujimori se han convertido de la noche a la mañana en empresarios. “¿Acaso se trata de un blanqueo de un dinero de la mafia?”, se preguntó.
Reiteró su desconfianza en que sea la Comisión de Fiscalización la que investigue a Keiko Fujimori, debido a que su titular, Gustavo Rondón, postuló en el 2006 a la alcaldía de Arequipa por Vamos Vecinos y luego al Congreso por Alianza por el Futuro del fujimorismo. Sobre Toledo, indicó que debe ser investigado por esta comisión con facultades especiales.
El legislador Rogelio Canches, como miembro de la Comisión de Fiscalización y expresidente de la comisión Forsur, respaldó la creación de la comisión congresal “combo anticorrupción” y dijo que los tres deben ser investigados por el Parlamento para impedir el desmérito de la clase política peruana.
SERGIO TEJADA
Razones para no confiarEl presidente de la Megacomisión, Sergio Tejada, consideró que existen hechos que motivan la alta desconfianza de la población con respecto a García, Toledo y Keiko, señalados por supuestos actos de corrupción.
Sobre el expresidente Alan García, recordó que cuando éste concluyó su gobierno un porcentaje similar al de ahora (65%) creía que la corrupción fue el principal motivo de su desaprobación.
Tras aclarar que la Megacomisión no indaga la compra hecha por García de una lujosa residencia de 800 mil dólares, acotó que sí investiga el patrimonio de éste y la presunta comisión del delito de Enriquecimiento Ilícito.
Afirmó que García nunca remitió documentos patrimoniales y que se ciñó a señalar cifras. Sobre la información alcanzada por éste a la Fiscalía de la Nación, Tejada sostuvo que recién pudo revisarla en internet.
Vilma Escalante
Redacción
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