Jueves, 17 de octubre de 2013 | 11:32 pm
(Foto: PCM)
Entre los principales delitos figuran el tráfico de influencias, peculado, colusión desleal y malversación de fondos. Con esta modificación legal, el Perú cumple con los estándares exigidos por diversos instrumentos internacionales.
El pleno del Congreso aprobó por unanimidad la propuesta de la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción (CAN) que incorpora la pena de multa para los delitos de corrupción, a fin de fortalecer la respuesta punitiva del Estado y castigar con mayor severidad a los funcionarios públicos que incurran en estos delitos.
Los delitos de corrupción que serán sancionados con multa son los que revisten mayor gravedad e incidencia como son: concusión, peculado (en sus modalidades dolosas), colusión desleal, malversación de fondos, cohecho en sus distintas formas -incluida la de carácter internacional-, negociación incompatible, tráfico de influencias y enriquecimiento ilícito.
Con esta modificación legal el Perú cumple con los estándares exigidos por diversos instrumentos internacionales como la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, la Convención Interamericana contra la Corrupción y la Convención para Combatir el Cohecho de Servidores Públicos Extranjeros en Transacciones Comerciales Internacionales de la OCDE.
Asimismo, con esta iniciativa, que se enmarca dentro del Plan nacional de lucha contra la corrupción 2012-2016, nuestra legislación penal se pone a la par de lo establecido en diversos países de la región –Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, España, Uruguay y México–, que ya han incorporado la pena de multa para estos delitos.
El presidente del Consejo de Ministros, Juan Jiménez Mayor, en su calidad de presidente de la CAN Anticorrupción, manifestó su satisfacción por la aprobación de la ley y dijo que el Perú está avanzando en su esfuerzo por acabar con este flagelo y erradicar la impunidad.
Por su parte, la Coordinadora General de la CAN Anticorrupción, Susana Silva Hasembank, señaló que la aprobación de la ley es un logro trascendental y fortalece el trabajo de articulación de la sociedad civil, la empresa privada y el Estado en su lucha contra la corrupción, y se enmarca en la agenda normativa “Tolerancia Cero a la Corrupción”.
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