Fiscal encuentra las siete pruebas perdidas del caso Orellana
En un ambiente poco visible del búnker del clan Orellana, en la avenida Guardia Civil, en San Borja, la fiscalía encontró las siete muestras que supuestamente se habían perdido durante una diligencia realizada en el mismo edificio, el 1º de julio del 2014.
Las siete muestras contienen falsos sellos de notarios, municipalidades, juzgados, sellos de huellas digitales, mil dólares en efectivo, un teléfono, un fólder de "Control de préstamos-archivo", balas 9 milímetros y otros documentos.
La "desaparición" de estas muestras recién se detectó el 7 de julio y generó un conflicto en enero de este año, cuando el hecho trascendió a la prensa. La procuradora Julia Príncipe solicitó que la fiscal Marita Barreto sea separada de este caso por una grave negligencia.
El pedido fue respaldado por las fiscales Yanet Roller y Delia Espinoza. Pero fueron ellas las que dejaron la fiscalía de lavado de activos cuando el fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, respaldó a Barreto.
Hoy las pruebas han aparecido y siguen dentro de los sobres lacrados, en los que permanecen desde que fueron encontradas en julio del 2014, y serán claves para establecer el modo en que operaba la organización Orellana.
Es evidente que sí hubo un intento por desaparecer estas pruebas. Fueron encontradas semiocultas, lejos del lugar donde se les encontró inicialmente. El que intentó desaparecerlas no pudo regresar por ellas.
El búnker del clan Orellana permaneció cerrado hasta la semana pasada, cuando personal del despacho de Marita Barreto regresó para una audiencia de reconocimiento de ambientes, con participación de la Procuraduría y abogados de los investigados.
La fiscal Barreto ha convocado una audiencia de deslacrado, a fin de que estas pruebas sean incorporadas al proceso judicial contra los hermanos Rodolfo y Ludith Orellana.
Caso Rodolfo Orellana: reaparecen pruebas desaparecidas en nueva diligencia
A través de un comunicado de prensa, el Ministerio Público informó que en una diligencia en una de las propiedades del investigado Rodolfo Orellana, ubicada en el distrito de San Borja, se encontraron, ocultas, pruebas que habían desaparecido en un registro anterior.
La fiscal a cargo del caso, Marita Barreto, explicó que en esta nueva diligencia en el inmueble donde operaba la revista 'Juez Justo' participaron testigos que dieron ubicaciones de diversas áreas y señalaban cómo se operaba en dicho lugar.
La pruebas fueron halladas cuando los efectivos, en plena diligencia, se desplazaban por una zona poco visible del mencionado local y aparentemente habrían sido ocultas allí desde el último operativo realizado en julio del año pasado.
El documento explica que desde esta fecha, estas instalaciones habrían permanecido cerradas por lo que nadie pudo ingresar a este inmueble. Asimismo se refiere que a esta diligencia, realizada la semana pasada, acudieron dos fiscales adjuntos, personal policial y la representante de la Procuraduría Pública.
Las pruebas desaparecidas fueron halladas en un lugar diferente al sitio donde se acopiaron, por lo que se descarta un caso de olvido.
El dato
La fiscal Marita Barreto, ha solicitado la audiencia para el deslacrado del material incautado.
Hermano de Javier Velásquez pasaría a investigado en la comisión Orellana
El hermano del congresista aprista Javier Velásquez Quesquén podría ser incluido como parte de la organización criminal del procesado Rodolfo Orellana. La comisión investigadora del Congreso evalúa variar su condición de testigo a investigado debido a la evidencia que lo vincula con la red delictiva.
El 12 de noviembre del 2010, César Edgardo Velásquez Quesquén cobró un cheque por S/. 183.906 de parte de la empresa Sansón S.R.L., como pago por haberles facilitado una carta fianza de la Cooperativa de Crédito y Ahorro para Empresas Exportadoras (Coopex), de propiedad de Rodolfo Orellana.
La empresaria Delia Toranzo Silva de Ponce, de la firma Sansón S.R.L, sindicó a Velásquez Quesquén como representante de la cooperativa.
“El señor Velásquez era el sectorista de Coopex. Yo giré un cheque a su nombre y se lo entregué personalmente. Mantuvimos una conversación y eso fue todo”, manifestó Toranzo en su interrogatorio ante la comisión investigadora.
Este miércoles 14, el hermano del legislador aprista deberá declarar ante el grupo investigador. “Él cobra directamente el 3% de una carta fianza otorgada por Coopex cuando se supone él no tiene ninguna ligación con esta cooperativa”, declaró a La República el presidente del grupo parlamentario, Vicente Zeballos.
En su momento, el parlamentario Víctor García Belaunde, miembro de la comisión, consideró que la versión de la empresaria Delia Toranzo comprometía la situación de César Velásquez en cuanto se precisaba un vinculo entre él y la organización de Orellana.
Luego de escuchar la versión del presunto representante de Coopex, los miembros de la comisión investigadora determinarán si varían su condición a la de investigado.
Toledo y Orellana
Por otro lado, el ex presidente Alejandro Toledo deberá declarar este viernes 16 ante la comisión investigadora sobre la reunión que mantuvo con el procesado Orellana en la casa del ex ministro Javier Reátegui.
Esta es la segunda citación cursada al líder de Perú Posible. De no asistir, el presidente de la comisión, Vicente Zeballos, adelantó que lo citarán de grado o fuerza.
“En la anterior oportunidad se excusó, pero si en esta ocasión no asiste aplicaremos las prerrogativas que como comisión investigadora nos asiste”, sostuvo el legislador.
Toledo deberá responder, además, sobre el presunto financiamiento que el procesado empresario dio para la creación de un medio periodístico que apoyó su campaña presidencial en el 2011.
En ese encuentro también participaron Francisco Gonzales García, ex ministro de Agricultura del gobierno toledista y directivo del Banco Central de Reserva del Perú, y los periodistas Juan Carlos Tafur y Fernando Valencia.
Valdez: "Javier Velásquez le falta respeto a electores"
Trujillo. El vicegobernador regional de La Libertad, Luis Valdez Farías, criticó duramente al legislador aprista Javier Velásquez Quesquén por haber expresado que “el principio de Alianza Para el Progreso (APP) es la billetera”.
Según Valdez, esa frase proviene de un adversario político, por lo tanto, sus declaraciones respecto a APP y hacia su líder, el gobernador regional César Acuña Peralta, no van a ser de las mejores.
“Al decir eso, Velásquez ha faltado el respeto a los miles de electores que nos han dado su respaldo, en un primer momento en la Municipalidad Provincial de Trujillo, y ahora en el Gobierno Regional de La Libertad”, aseveró.
Valdez exhortó al congresista por Lambayeque a tener en cuenta la voluntad popular pues ese tipo de adjetivos no le hacen bien a la política. “En una elección hay ganadores y perdedores. El APRA ha perdido y Velásquez debe ser hidalgo y reconocerlo", acotó.
CNM abre proceso a jueces vinculados a red Orellana
El Pleno del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) acordó abrir proceso disciplinario a nueve jueces, en atención a la solicitud de destitución presentada por el Poder Judicial.
Entre los procesados se encuentran cuatro magistrados vinculados a la red deRodolfo Orellana, informó el CNM.
Se trata del ex presidente de la Corte Superior de Justicia de Ucayali Francisco Boza Olivari, quien purga prisión preventiva de 18 meses desde mayo pasado, así como los suspendidos magistrados Wenceslao Portugal Cerruche, del Juzgado Mixto de Campo Verde; Ricardo Castro Belapatiño, del Juzgado Mixto de Yarinacocha, y Jorge Reátegui Pisco, del Juzgado de Investigación Preparatoria de Atalaya.
El CNM procesa a Boza por presunta falta de motivación en cuatro resoluciones por las que dispuso la reasignación de jueces, incurriendo en falta muy grave. A los otros tres jueces, de la misma jurisdicción, se les procesa por presuntamente fundamentar fallos con motivación aparente para favorecer a una de las partes, vinculada a Orellana.
Entre los cinco magistrados restantes procesados está el ex presidente de la Corte Superior del Callao Daniel Peirano Sánchez, quien habría solicitado dinero a un litigante a través de una persona de confianza.
Telefónicos denuncian que aún se favorece a Orellana
La resolución de la jueza Olga Palacios, que declara "fundadas las excepciones de oscuridad, ambigüedad y arbitraje", presentadas por clientes de la red de Rodolfo Orellana, fue considerada inconstitucional por el abogado de los trabajadores telefónicos.
"Este fallo que favorece a las empresas Mota Engil, Sham-rock del Perú e Inmobiliaria Santa Clara, de la red Orellana, cierra la posibilidad de que los trabajadores recuperen el centro de esparcimiento que les despojaron con argucias", dijo el dirigente Enrique Arias.
Con la complicidad de un ex trabajador telefónico, la red Orellana simuló la compra-venta de un terreno en Asia. Al no pagarse la supuesta deuda, el centro terminó en manos de empresas constructoras.
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