TRAFICO DE TIERRAS tolerado y hasta fomentado por los gobiernos de turno ¿HASTA CUANDO?
Con el advenimiento de la globalización los terrenos adyacentes a Lima metropolitana han disparado sus precios, resultando un fabuloso negocio la compra de terrenos eriazos y terrenos agrícolas que configuran el área adyacente que señalamos, la expansión urbana desordenada de Lima coadyuva en la formación de los precios y la SUNAT no actualiza criterios de fiscalización, que es su razón de ser para cobrar impuestos que ingresen al Estado. Los terrenos a fines de los noventa valían poco, con los problemas de las guerrillas y terrorismo se dio sostenida migración de hacia lima desde provincias, la gente invadía terrenos para asentarse y construir su vivienda, ponía las esteras cañas y calaminas o plásticos guarecerse y posesionarse. Estas invasiones de dieron en terrenos eriazos, y agrícolas. La SUNAT no incluía en su contabilidad los terrenos invadidos, con razón pues el valor de los terrenos informales no constituía un activo que justifique la fiscalización, más le costaba hacerlo pues a esta pobre gente no le podían sacar nada.
Hoy día los terrenos informales valen una millonada de dólares y la SUNAT sigue sin incluirlos en su contabilidad gestándose así un gigantesco tráfico de tierras que no pagan impuestos, los eluden mermándose así por la negligencia cómplice de la SUNAT la recaudación de ingresos del ESTADO.
Hay múltiples actores que han aprovechado y fomentado o por lo menos se han hecho de la vista gorda ante esta situación. Los funcionarios municipales son actores interesados que obtienen grandes beneficios de la informalidad en complicidad con compradores se llevan su “mermelada” para su finca, hay múltiples casos denunciados, los harto conocidos casos de Orellana Rengifo (preso).
Caso del alcalde de Lurigancho Carlos Burgos con denuncia por ser el gestor de invasiones desde el corazón de SJL donde ha permitido colocar un letrero con el nombre del Municipio de Huarochirí hasta el sector de Media Luna donde termina el distrito SJL hay 14 kilómetros, prácticamente la mitad del distrito. En toda esta zona invadida es donde se sucede gran tráfico ilícito de terrenos los traficantes invaden, traen gente, la posesionan, hace cobros por carretera, luz, y si no cumplen con lo que ellos dicen y no pagan el costo que ellos piden por el terreno, los sacan con bendición de la policía, que “inexplicablemente” ayuda a cometer ese acto ilícito de usurpación.
Caso del Alcalde de San Bartolo (preso) vende a emulo de Orellana Rengifo Racso Miro Quesada Vegas, quien se aprovecha de su apellido y contactos con su pariente dueño del monopolio de medios escritos, periódicos, TV, Radio y desarrollos urbanos en sociedad con urbanistas convirtiendo terrenos agrícolas en nuevos desarrollos urbanos como Los Portales, Graña Montero, Oderbretch, Orellana Renjifo, Ortiz de Zevallos vendiendo sin títulos de propiedad, algunas extensiones son inmensas compradas por casi nada y revendiéndolas a precios del mercado real como un terreno a un millón ochocientos, que después de inmediato revenden sin licencia alguna a treinta y seis millones de soles.
Caso no denunciado aun de distrito de Chilca donde finado Jorge Calmet compro grandes extensiones de tierra agrícola con fin absolutamente especulativo, convirtiéndose de hecho en traficantes de tierras con apariencia de grandes señorones de cuello y corbata
Igual situación se da en las pampas de Lurín donde familia Brescia, Graña & Montero, antiguos accionistas de Haaker Velaochaga, Banco de Crédito y sabe Dios que otros poderosos están detrás gigantesca extensión de tierras que al igual que finado Calmet se convierten de hecho en traficantes de tierras con apariencia de grandes señorones de cuello y corbata.
En general el TRAFICO DE TIERRAS es alentado por el mismo estado cuando empresas privadas compran a las comunidades campesinas a precio de un sol, compran grandes extensiones urbanas y fuerzan urbanizaciones en estas áreas pues se carece de una alternativa válida para que empresas menores nacionales ocupen estas extensiones de filiación urbana en forma progresiva desarrollando un crecimiento ordenado de la ciudad.
O también compran extensiones agrícolas a precio de un sol, en espera de especular cual vil traficante cuando la urbanización sea demandada por el crecimiento de Lima.
El costo de infraestructura urbana en la parte más complicada y cara se le reclama al Estado como los suministros de agua, también del agua tratada para riego, colectores de desagüe. La Luz, colegios, hospitales, seguridad (policía) etc. es pagado por el Estado y los señorones mencionados reciben beneficios en paila.
El Congreso de la República también es cómplice son los que hemos mencionado que se hacen la vista gorda pues omiten su función de legislar en defensa de los intereses del pueblo.
Este informe será ampliado en el futuro próximo si DIOS quiere y me da vida
Mito Vegas
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