Alan García emitió decretos de urgencia que favorecieron a Odebrecht y GM
Leyes a pedir de boca. Con el argumento de enfrentar la crisis financiera internacional atrayendo a la inversión privada, el segundo gobierno aprista incluso llegó a restar capacidades fiscalizadores a la Contraloría General de a República.
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La Contraloría General de la República informó a la Comisión Lava Jato del Congreso que el ex mandatario Alan García Pérez emitió hasta tres decretos de urgencia para impulsar millonarios proyectos de obras públicas que fueron adjudicadas a la empresa brasileña Odebrecht.
Incluso uno de los decretos de García limitó la capacidad de la Contraloría General para cumplir con sus funciones.
Las obras a cargo de Odebrecht que resultaron beneficiadas con los decretos de urgencia del segundo gobierno de García son el Proyecto Especial de Irrigación e Hidroenergética Olmos, en Lambayeque, y el Proyecto Especial Chavimochic, en La Libertad.
Coincidentemente, la Procuraduría Ad Hoc del Caso Lava Jato denunció a García ante el Ministerio Público por haber emitido normas presuntamente para favorecer a Odebrecht en la ejecución de la Línea 1 del Metro de Lima.
“La información que tenemos hasta el momento muestra que en el Perú se creó todo un andamiaje jurídico y legal en los últimos años para favorecer (a Odebrecht)”, aseguraron a La República fuentes parlamentarias con acceso a los documentos que recopila la comisión Lava Jato.
La información sobre los tres decretos de urgencia llegó a la comisión Lava Jato desde la Contraloría en enero pasado, cuando el contralor, Édgar Alarcón Tejada, se presentó ante la comisión Lava Jato con siete cajas que contenían más de 20 informes sobre irregularidades detectadas en obras a cargo de Odebrecht y otras empresas brasileñas vinculadas al caso, entre ellas OAS, Camargo Correa, Queiroz Galvao y Andrade Gutiérrez.
Vieja práctica
El primer decreto de urgencia en la mira de la Contraloría General y el Congreso de la República es el Nº 047-2008, promulgado el 18 de diciembre de 2008.
Bajo el argumento de que “la crisis financiera internacional viene limitando los procesos de inversión a nivel global”, García dictó disposiciones extraordinarias para promover las concesiones del Proyecto Especial Chavimochic, la Carretera Interoceánica Centro, la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Taboada y otras obras públicas.
La concesión del proyecto Chavimochic fue obtenida por las consorciadas Odebrecht y Graña y Montero, justamente las mismas empresas que se encargaron de las obras del Metro de Lima, por cuyo caso hay cuatro detenidos acusados de recibir coimas por 7 millones de dólares, entre ellos el ex viceministro de Comunicaciones del segundo gobierno aprista Jorge Cuba.
Entre otras medidas, el Decreto de Urgencia 047-2008 constriñó la capacidad de la Contraloría para solicitar información adicional antes de emitir una opinión previa a la concesión, impidiéndole actuar ante eventuales actos de corrupción.
El segundo decreto de urgencia que menciona la Contraloría, en información que le proporcionó a la Comisión Lava Jato, es el Nº 049-2009, promulgado el 16 de abril de 2009.
La norma declara de necesidad pública la ejecución de las obras de irrigación y la intangibilidad de los terrenos que conforman el Proyecto Especial de Irrigación e Hidroenergético Olmos, cuya concesión también obtuvo Odebrecht en 2010 mediante el concesionario H2Olmos SA.
Por último, la Comisión Lava Jato recibió información sobre el Decreto Supremo 121-2009, que prioriza la promoción de la inversión privada de diversos proyectos, entre ellos, una vez más, Chavimochic, que tuvo como concedente al gobierno regional de La Libertad.
Basándose en los informes de la Contraloría, en la Comisión Lava Jato se ha formulado la hipótesis de que en el segundo gobierno aprista se elaboraron normas para apuntalar las obras públicas que estaban en manos de Odebrecht o de consorcios en los que participaba esta compañía acusada de corrupción de funcionarios.
Pagos siderales
Así como la Línea 1 del Metro de Lima es materia de investigación por el equipo especial del Ministerio Público, también se encuentran bajo escrutinio el Proyecto Especial de Irrigación e Hidroenergética Olmos y el Proyecto Especial Chavimochic.
Además de la coincidencia de que en los tres casos García promulgó Decretos de Urgencia, al final las obras en las que intervino Odebrecht costaron a veces el doble del valor original.
El consorcio Chavimochic paralizó sus obras en diciembre de 2016 y solicitó la aprobación de una adenda por 100 millones de dólares, pero esta no fue suscrita por el presidente regional de la Libertad, Luis Valdez Farías. Por la crisis que atraviesa Odebrecht, el Ministerio de Economía evalúa la caducidad del contrato, que inicialmente fue de 240 millones de dólares.
La Contraloría aún no audita el Proyecto de Irrigación Olmos, pero se conoce que el contrato de concesión sufrió modificaciones en los últimos años y se firmaron al menos cuatro adendas.
Chavimochic y Olmos tiene un futuro incierto debido a la crisis que atraviesa Odebrecht, a pesar de los beneficiosos Decretos de Urgencia del segundo gobierno aprista.
Once normas para viabilizar proyectos de infraestructura
La comisión del Congreso que investiga el caso Lava Jato conoce que entre el 2004 y el 2014, periodo que comprende los últimos dos años de gobierno de Alejandro Toledo y los mandatos de Alan García y Ollanta Humala, se emitieron once normas vinculadas con proyectos de inversión declarados de necesidad pública, varios de ellos en manos de empresas brasileñas investigadas por corrupción de funcionarios.
“Ya tenemos suficiente información para empezar a elaborar nuestro trabajo. Aquí han manejado 20 mil millones de dólares”, confirmó el vicepresidente de ese grupo parlamentario, el legislador Jorge Castro Bravo.
Entre el 2004 y el 2015, las empresas brasileñas vinculadas al caso Lava Jato participaron en 51 proyectos de gran envergadura que provocaron perjuicios económicos al Estado peruano, calculados en 319 millones de dólares, según ha detallado la Contraloría.
Claves
Durante el mandato de Alejandro Toledo, sobre quien pesa una orden de captura internacional, se promulgaron al menos dos leyes vinculadas con concesiones que luego obtuvieron empresas brasileñas del caso Lava Jato.
Se sospecha que la emisión de normas ad hoc fue una modalidad de favorecimiento.
Fuente: La República
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