En caso García está en juego “la lucha contra la corrupción en América Latina”
La decisión de Alan García de solicitar asilo en la residencia del embajador uruguayo en Lima tomó por sorpresa a la mayoría de la clase política peruana, que horas antes había escuchado al dos veces presidente decir que no tenía nada que ocultar.
A quien no sorprendió fue a Pedro Cateriano, un abogado y político que durante el último gobierno de Ollanta Humala (2011-16) fue presidente del Consejo de Ministros y ministro de Defensa.
Cateriano dijo a El Observador que García estuvo “preparando el escenario” durante varias semanas y trabajando en silencio para su solicitud de asilo. “Hablaba de un posible golpe de Estado y un rompimiento del orden constitucional, algo que fue desmentido rotundamente por casi la totalidad de la sociedad civil, los partidos políticos y los gremios. Nadie en su sano juicio llega a la conclusión que hay persecución política, lo que hay acá es una coartada para evitar la acción de la justicia bajo el argumento de ser un perseguido político”.
El político es autor de “El caso García”, un libro en el que detalla la investigación que motivó que el Parlamento peruano acusara al expresidente de enriquecimiento ilícito en 1991, un año después de terminar su primer mandato.
Esa publicación, que fue reeditada en 2017 y acaba de llegar a Uruguay, es la crónica de las tareas que cumplieron las diferentes comisiones del Congreso tratando de llegar a una investigación que permitiera romper el secreto bancario.
Para Cateriano, Alan García es un “político en huida” que está “asustado y desesperado” por evitar la acción de la justicia. Su temor no radica únicamente en la investigación de la Fiscalía por haber brindado en 2012 una conferencia en San Pablo (Brasil) para la Federación de Industrias del Estado de Sao Paulo (FIESP) por la que le pagaron US$ 100 mil a través de la “Caja 2” de Odebrecht, destinada al pago de coimas, en este caso por la adjudicación de las obras del tren eléctrico de Lima, informó el sitio IDL-Reporteros.
“García no tiene prestigio internacional como intelectual ni reputación como estadista eficiente ni honrado, y por eso llama profundamente la atención que una empresa contratista del Estado le haya pagado ese dinero”.
“Para sacar adelante ese proyecto, García dictó decretos de urgencia que fueron inconstitucionales y violaron el orden legal vigente para que esa obra la pudiera realizar Odebrecht”, agregó Cateriano.
Según Cateriano, el verdadero motivo de la solicitud de asilo es la posibilidad cada vez mayor de que el exviceministro de Comunicaciones durante el último gobierno aprista, Jorge Cuba, que está en prisión preventiva se acoja a la figura de “colaborador eficaz” y revele a quiénes entregó parte de los millones de dólares que recibió en sobornos por parte de la constructora brasileña.
A principios de octubre, el ex director de Contratos de Odebrecht en Perú, Antonio Carlos Nostre, reveló ante el fiscal José Domingo Pérez, que la empresa pagó US$ 24 millones en coimas.
Una parte de este dinero fue entregada por Nostre, mientras que la otra por Jorge Barata, otro exdirector de la empresa y señalado como el cerebro de las coimas.
—¿Usted cree que le pertenecen a Alan García?
—Lo tiene que acreditar el Poder Judicial, pero si vemos el patrón sobre cómo ha actuado García, sus dos gobiernos estuvieron manchados por la corrupción en este caso del tren eléctrico. Se debe investigar cuál es el grado de responsabilidad penal de Alan García.
Según Cateriano, Uruguay no debe otorgar el asilo porque en Perú no hay un gobierno autoritario ni una “dictadura”, sino que “con todos sus defectos hay una democracia débil” debido a que el presidente Martín Vizcarra “no tiene mayoría parlamentaria, partido político ni cuadros técnicos”.
Para el político peruano, lo que está en juego en la solicitud de asilo es “la lucha contra la corrupción en el Perú y también en América Latina” porque es un “hecho inédito” que un fiscal y un juez estén decididos a pasar el “bisturí a fondo”.
“Es algo que nosotros tenemos que enfrentar, y es algo destacable, que si hay hechos de corrupción el Poder Judicial sancione, más aún tratándose de personas que personificaron a la Nación”, agregó.
Pese a esta debilidad de la democracia, para Cateriano se puede asegurar que la justicia está siendo imparcial. “El propio expresidente Humala, que estuvo nueve meses en prisión preventiva acaba de declarar que no hay persecución política en Perú. El expresidente Pedro Pablo Kuczynski, que está siendo investigado también no ha huido del país. Los únicos que se proclaman perseguidos políticos son Alejandro Toledo y Alan García, cuyos gobiernos han sido acusados de recibir sobornos, no por adversarios políticos sino indagaciones de la Justicia brasileña, de jueces y fiscales, y además de ejecutivos de la empresa Odebrecht y ejecutivos de la Banca de Andorra”, subrayó.
El político destacó el hecho de que el combate a la corrupción haya tomado mayor visibilidad desde que Vizcarra es presidente y dijo que esto se debe a que asumió el “liderazgo político”, lo cual le ha dado un gran respaldo de la ciudadanía que se refleja “en las encuestas”.
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