Herederos de una barbarie, por Federico Salazar
Los hijos no deben cargar con las culpas de los padres.
- Federico Salazar
- Periodista
Los hijos no deben cargar con las culpas de los padres. La responsabilidad es personal, sin duda. Es así, a no ser que voluntariamente se quiere asumir la herencia paterna.
Este es el caso del flamante presidente de la Comisión de Constitución del Congreso, Miguel Torres Morales. Es hijo del ex primer ministro fujimorista y ex presidente del Congreso Carlos Torres y Torres Lara.
“Estoy orgulloso de lo que [su padre] pudo hacer en la década de los 90 donde (sic) se consolidó la paz”, declaró durante la campaña (Correo, 5.2.16). Al asumir la presidencia de la comisión dijo con orgullo que el proyecto de la Constitución del 93 se definió “en la sesión de la Comisión de Constitución que mi padre presidía”.
Yo no soy de los que piensan que haya que quebrar la actual Constitución con una asamblea constituyente. No admito como aceptable, sin embargo y por las mismas razones, la destrucción del orden constitucional y su legalización a través del llamado CCD.
La Constitución del 93 es una herencia que tenemos que tolerar y cambiar por vías constitucionales, para no hacer lo que hizo el fujimorismo. El golpe de Estado y su consagración en ese instrumento legalizado son un horror incorporado a nuestro pasado.
La Constitución del 93 señalaba que el presidente podía reelegirse una sola vez de manera inmediata. “El presidente puede ser reelegido de inmediato para un período adicional. Transcurrido otro período constitucional, como mínimo, el ex presidente puede volver a postular”, decía el artículo 112 en ese entonces (cambió el año 2000).
Era claro que los períodos 1990-92 y 93-95 eran períodos constitucionales, cada uno en relación a sendas constituciones, las de 1979 y 1993. El fujimorismo quiso darle una tercera elección a Alberto Fujimori.
Torres y Torres Lara, para eso, presentó una ley en la que se “interpretaba” que lo que quería decir el texto del 93 valía solo de 1995 en adelante.
Fue Torres y Torres Lara quien sustentó semejante aberración, la ley de “interpretación auténtica” (Ley 26657). El fujimorismo no pudo atenerse, siquiera, a sus propios límites constitucionales. Necesitaba interpretar su propia Constitución para modificarla según la voluntad de Alberto Fujimori.
La “interpretación auténtica” de Torres y Torres Lara franqueaba el camino para que Fujimori pudiera quedarse en el poder 15 años. ¡Qué orgullo de constitucionalismo! ¡Vicepresidente del Congreso!
La ley de Torres y Torres Lara estuvo íntimamente vinculada a la pretensión de perpetuarse en el poder. Llegó, a pesar de todo, al Tribunal Constitucional.
La mayoría fujimorista siguió con la barbarie: modificó el número de magistrados del TC para infiltrar a dos adictos al régimen, uno de ellos vinculado a Montesinos y ex candidato gobiernista. Además, cambió las reglas del quórum.
Los quintacolumnistas, sin embargo, cometieron errores y tuvieron que abstenerse de votar. El TC, en mayoría y con quórum, declaró inaplicable la ley. Se publicaron dos sentencias contradictorias en “El Peruano”.
La mayoría fujimorista finalmente destituyó a los magistrados que obstaculizaban el camino de Fujimori hacia la perpetuidad en el poder.
Guillermo Rey Terry, Delia Revoredo y Manuel Aguirre Roca sufrieron persecución política de los congresistas de la mayoría. Finalmente, fueron acusados constitucionalmente. La mayoría fujimorista cumplía, así, el encargo de una venganza.
El flamante presidente de la Comisión de Constitución, Miguel Torres Morales, dice: “Venimos construyendo democracia desde hace 23 años”. En lugar de pedir perdón por los atropellos contra las instituciones que su padre y los demás fujimoristas de entonces cometieron, apela a “la memoria de mi padre”. (Exitosa, 19.8.16)
La elección de este “heredero” de lo peor de la tradición fujimorista solo se puede interpretar como un homenaje a la destrucción del Estado de derecho. Su elección es un gesto de soberbia y de expresión de poder de Fuerza Popular.
Cabe presumir que el nuevo fujimorismo, con el poder obtenido, se convierta en la misma agrupación enemiga de las instituciones de los años 90. Se requiere, en todo caso, prueba en contrario.
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