Fondo estadounidense busca reclamar pago de bonos agrarios del Perú
El fondo Gramercy estudia opciones legales y políticas para reclamar el pago de los bonos de la Reforma Agraria.
El "hedge fund" Gramercy, un fondo de inversión de alto riesgo de Estados Unidos, está viendo opciones legales y políticas para reclamar el pago de bonos agrarios peruanos que están en cese de pagos desde hace dos décadas, informó hoy el diario The Wall Street Journal.
Las sumas reclamadas, el tipo de bono y las repercusiones para la deuda peruana no son tan importantes como el litigio que enfrenta a Argentina en los tribunales de Nueva York desde hace varios años.
Se trata de bonos peruanos que surgieron a partir de expropiaciones agrarias en Perú hace medio siglo y que fueron comprados en parte por Gramercy, de acuerdo con fuentes no identificadas consultadas por el Journal.
La firma de inversión compró el 20 % de esos bonos a un valor no especificado y, con intereses acumulados y el ajuste de inflación, entre otras sumas, asegura que la cantidad se eleva a más de 1 000 millones de dólares, según las mismas fuentes.
Las autoridades peruanas dejaron de pagar esos bonos en 1992 en medio de una grave crisis de deuda en Latinoamérica, pero en 2014 aprobaron un decreto para abonar menos del 10 % de lo que reclamaban los tenedores de esos bonos.
Gramercy, agrega el Journal, ha contratado la firma de cabildeo Podesta para realizar una campaña entre legisladores de Estados Unidos reclamando el pago y ha contratado a un experto legal de la Universidad de Columbia, John Coffee, para analizar el caso.
Según Coffee, Perú violó una ley de valores bursátiles de Estados Unidos de 1933 cuando en octubre pasado lanzó una emisión de deuda por 1,1 millones de euros y en la oferta aseguró que no tenía pendientes disputas con acreedores internos y externos.
La mayoría de los tenedores de bonos en cese de pagos son locales y, según el Journal, el caso no afecta a la buena calidad crediticia que tiene Perú entre los inversores, gracias a su crecimiento económico y la austeridad fiscal que desarrolla.
Además, no se trata de bonos soberanos internacionales en cese de pagos, que suelen comprar fondos de inversión de alto riesgo para luego reclamar su pago en tribunales internacionales, sino instrumentos de deuda regidos por las leyes peruanas.
Las sumas reclamadas, el tipo de bono y las repercusiones para la deuda peruana no son tan importantes como el litigio que enfrenta a Argentina en los tribunales de Nueva York desde hace varios años.
Se trata de bonos peruanos que surgieron a partir de expropiaciones agrarias en Perú hace medio siglo y que fueron comprados en parte por Gramercy, de acuerdo con fuentes no identificadas consultadas por el Journal.
La firma de inversión compró el 20 % de esos bonos a un valor no especificado y, con intereses acumulados y el ajuste de inflación, entre otras sumas, asegura que la cantidad se eleva a más de 1 000 millones de dólares, según las mismas fuentes.
Las autoridades peruanas dejaron de pagar esos bonos en 1992 en medio de una grave crisis de deuda en Latinoamérica, pero en 2014 aprobaron un decreto para abonar menos del 10 % de lo que reclamaban los tenedores de esos bonos.
Gramercy, agrega el Journal, ha contratado la firma de cabildeo Podesta para realizar una campaña entre legisladores de Estados Unidos reclamando el pago y ha contratado a un experto legal de la Universidad de Columbia, John Coffee, para analizar el caso.
Según Coffee, Perú violó una ley de valores bursátiles de Estados Unidos de 1933 cuando en octubre pasado lanzó una emisión de deuda por 1,1 millones de euros y en la oferta aseguró que no tenía pendientes disputas con acreedores internos y externos.
La mayoría de los tenedores de bonos en cese de pagos son locales y, según el Journal, el caso no afecta a la buena calidad crediticia que tiene Perú entre los inversores, gracias a su crecimiento económico y la austeridad fiscal que desarrolla.
Además, no se trata de bonos soberanos internacionales en cese de pagos, que suelen comprar fondos de inversión de alto riesgo para luego reclamar su pago en tribunales internacionales, sino instrumentos de deuda regidos por las leyes peruanas.
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