Tramo 2 del metro de Lima causó perjuicio por más de US$20 millones
Según la contraloría, consorcio de Odebrecht y Graña y Montero fue favorecido con licitación. También fue beneficiado con pagos de adelantos por US$155 millones fuera del contrato
El proceso de licitación y ejecución del tramo 2 de la línea 1 del metro de Lima ocasionó al Estado Peruano un perjuicio de al menos US$20’665.644, según un informe de auditoría de la Contraloría General de la República.
Esta historia comienza días antes del fin del segundo gobierno de Alan García. El 11 de julio del 2011, el entonces presidente inauguró el tramo 1 de la línea 1 del metro, que une Villa El Salvador con el Centro de Lima. La obra fue ejecutada por el Consorcio Tren Eléctrico, formado por Odebrecht y Graña y Montero
Tres días antes, el 8 de julio, ese consorcio firmó un contrato como ganador de la licitación para elaborar el expediente técnico final y construir el tramo 2, que conectaría el Centro de Lima con San Juan de Lurigancho.
Tres días antes, el 8 de julio, ese consorcio firmó un contrato como ganador de la licitación para elaborar el expediente técnico final y construir el tramo 2, que conectaría el Centro de Lima con San Juan de Lurigancho.
La auditoría de la contraloría investigó todas las etapas de este segundo tramo y determinó –entre sus primeras conclusiones– que el consorcio de Odebrecht y Graña y Montero resultó “favorecido [pese a que] incumplió con lo estipulado en las bases […], no presentó análisis de gastos generales [...], transgredió el derecho de vías” y “no cumplió con las exploraciones a la profundidad mínima exigible”.
La investigación muestra que todo “lo señalado dio lugar a que durante la ejecución del contrato el consorcio cambie la solución técnica [...] al modificar el trazo inicial propuesto” y logró, gracias a ello, incrementar el monto de la obra de US$583’480.359 a US$900’610.616. El proyecto fue liquidado en US$885’154.813.
Entre los 14 funcionarios responsables de lo sucedido, según la contraloría, están Oswaldo Plasencia, ex director de la Autoridad Autónoma del Sistema Eléctrico de Transporte Masivo de Lima y Callao (AATE).
Plasencia también fue asesor del despacho presidencial de García y del despacho del entonces ministro de Transportes y Comunicaciones Enrique Cornejo.
—Irregularidades desde la etapa previa—
La investigación halló irregularidades desde la etapa previa del megaproyecto. En setiembre del 2010, se firmó un contrato con la empresa Dessau International para que elaborara el expediente técnico preliminar, base para la futura licitación.
Según la contraloría, el servicio se contrató para ejecutarse en apenas 30 días, “pese a la complejidad” del mismo. Aunque el resultado fue “deficiente [...], se le pagó US$294.383 en perjuicio del Estado”.
Este contrato se propició –según se detalla en el documento– después de que, en mayo del 2010, el proyecto del metro de Lima fuera exceptuado de las normas del Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP), gracias al Decreto Supremo (D.S.) 081-2010-EF firmado por el presidente García y sus ministros Mercedes Araoz (Economía) y Cornejo. El decreto se sustentó en que “la realización de los estudios de preinversión [...] demoraría un tiempo estimado de 3 a 4 años”.
—El comité especial—
El 14 de enero del 2011, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) designó a Janette Huerta Minaya, Jesús Munive Taquia y Edwin Luyo Barrientos miembros del comité especial que determinaría al ganador de la licitación.
El 14 de enero del 2011, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) designó a Janette Huerta Minaya, Jesús Munive Taquia y Edwin Luyo Barrientos miembros del comité especial que determinaría al ganador de la licitación.
La contraloría ha encontrado que este comité elaboró las bases con “inconsistencias” y “ocasionó que se limite la libre competencia”. A pesar de las quejas de las constructoras, el grupo estableció y mantuvo 30 días de plazo para que las empresas postulantes presentaran sus anteproyectos. El desenlace: el Consorcio Tren Eléctrico resultó ganador.
Huerta se encuentra prófuga de la justicia, mientras que Luyo cumple prisión preventiva y Munive obtuvo orden de arresto domiciliario.
Para Alberto Retamozo, especialista en contrataciones del Estado y director de la Unidad de Posgrado de Derecho de la Universidad de San Marcos, el informe de la contraloría revela que “las deficiencias iniciales son las que generaron todos los incrementos de gasto por esta obra”.
Para Alberto Retamozo, especialista en contrataciones del Estado y director de la Unidad de Posgrado de Derecho de la Universidad de San Marcos, el informe de la contraloría revela que “las deficiencias iniciales son las que generaron todos los incrementos de gasto por esta obra”.
Afirmó que si bien puede existir “una decisión política para sacar el proyecto con premura”, ello es válido “siempre que se hagan las cosas bien y, por lo que se lee, no lo hicieron”.
—Supervisora—
El ente de control también halló presuntas irregularidades en el contrato firmado en mayo del 2011 con el Consorcio Cesel S.A. para la supervisión de la construcción de la obra por US$26’778.769.
Debido a los cambios en la etapa de ejecución del proyecto, Cesel solicitó que se ampliara su servicio en 235 días con un presupuesto adicional de US$5’650.436.
El ente de control también halló presuntas irregularidades en el contrato firmado en mayo del 2011 con el Consorcio Cesel S.A. para la supervisión de la construcción de la obra por US$26’778.769.
Debido a los cambios en la etapa de ejecución del proyecto, Cesel solicitó que se ampliara su servicio en 235 días con un presupuesto adicional de US$5’650.436.
De acuerdo con la auditoría, el cálculo del monto fue sobreestimado por la supervisora y algo aun más grave, “[AATE] no solicitó autorización previa al pago a la contraloría general”, pese a que “correspondía que la contraloría se pronuncie”.
Asimismo, los peritos encontraron que el “acta final de recepción de obra se produjo […] 49 días antes de la fecha prevista” y aun así se pagó al supervisor, “ocasionando un perjuicio de US$1’210.871”.
—Ejecución de obra—
Los peritos de la contraloría también hallaron irregularidades en la ejecución de la obra, que concluyó en mayo del 2014, durante el gobierno de Ollanta Humala. Primero, se detectó que hubo “pagos [que no correspondían al Consorcio Tren Eléctrico] por concepto de adelanto directo y de adelanto de materiales e insumos por US$155’065.170”. Ello “benefició al contratista al otorgarle mayor liquidez”.
Los peritos de la contraloría también hallaron irregularidades en la ejecución de la obra, que concluyó en mayo del 2014, durante el gobierno de Ollanta Humala. Primero, se detectó que hubo “pagos [que no correspondían al Consorcio Tren Eléctrico] por concepto de adelanto directo y de adelanto de materiales e insumos por US$155’065.170”. Ello “benefició al contratista al otorgarle mayor liquidez”.
Se revela además que apenas “siete días posteriores a la suscripción del contrato”, es decir, el 15 de julio del 2011, el consorcio de Odebrecht y Graña y Montero “solicitó [un primer] adelanto directo por US$116’696.071”, pedido que fue aprobado cinco días después “a pesar de que solo correspondía [a AATE] aprobar y pagar la suma máxima de US$109’842.221”.
—Descargos—
Representantes de Odebrecht se abstuvieron de participar en este reportaje. En Graña y Montero, aseguraron que “el expediente técnico del tramo 2 del tren fue liderado 100% por Odebrecht” y que “la actual gestión no cuenta con información que corrobore o desmienta las supuestas irregularidades cometidas”.
Representantes de Odebrecht se abstuvieron de participar en este reportaje. En Graña y Montero, aseguraron que “el expediente técnico del tramo 2 del tren fue liderado 100% por Odebrecht” y que “la actual gestión no cuenta con información que corrobore o desmienta las supuestas irregularidades cometidas”.
El ex presidente Alan García se negó a ser entrevistado y respondió, a través de Twitter, que es un “error de El Comercio” atribuirle los sobrecostos de una obra que fue ejecutada en el gobierno de Humala.
Respecto al mandato de García, Erasmo Reyna, abogado del ex gobernante, indicó que este solo emitió “la normatividad que posibilitó la continuación del metro de Lima, durante más de 19 años paralizada, decisión de orden político” y que “no le correspondió intervenir en el proceso de contratación y ejecución”. Agregó que “nadie de la empresa Odebrecht ni de ninguna otra ha imputado a García haber pedido o cobrado coima alguna”.
Respecto a la exoneración del SNIP al proyecto del metro, la ex ministra Mercedes Araoz explicó a El Comercio que “se tomó una decisión política y legal” por distintas razones. Entre ellas –acotó– una necesidad y expectativa de la población ante lo que era una promesa presidencial, además de informes técnicos que sustentaban esta salida en términos financieros e incluso ambientales.
El ex ministro Cornejo no se pronunció al respecto. Plasencia dijo que no declararía porque desconoce los detalles del informe.
María Tello, abogada de José Munive, afirmó que no existe ningún testimonio que sindique que este recibió coima alguna. Lamentó que su patrocinado continúe en la cárcel a pesar de tener una orden de arresto domiciliario vigente. La defensa de Janette Huerta aseguró que Odebrecht no le ha atribuido pago alguno, mientras que ha afirmado que enfrentará “todos estos hechos”.
Finalmente, la empresa Cesel sostuvo que desconoce los detalles de la auditoría. Sin embargo, refirió que concluyeron su labor antes del plazo, porque “se trabajó a doble turno” para evitar malestar en la ciudadanía. Esto significó la correspondiente inversión en horas-hombre y maquinaria. La firma Dessau se abstuvo de responder.
(Infografía: El Comercio)
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