EXPERTO JUAN MENDOZA SE REFIERE A GRAÑA Y MONTERO, JJC, ICCGSA…
Jueves 16 de febrero del 2017
Todos tienen una responsabilidad compartida cuando una de ellas admite haber recibo una coima, afirma prestigiado experto.
El Gobierno avanza en la lucha anticorrupción, pero “yo no entiendo por qué no se les ha cerrado el caño a constructoras corruptas”, sentencia.
ROBERTO SÁNCHEZ R.
roberttosanchez7@gmail.com
-Doctor, ¿el Decreto de Urgencia 007 emitido por el Gobierno cautela los intereses del Estado sobre las concesionarias locales?
Me parece un buen paso, dado que va en la dirección correcta que el Gobierno pase a tomar algunas medidas para impedir que Odebrecht y otras empresas similares puedan llevarse sus activos. Porque hay que recordar que esa no ha sido la estrategia del Gobierno desde un comienzo. Incluso en el caso del gasoducto del sur, inicialmente se nos presentaba como una buena noticia que Odebrecht nos vendiera su participación. Sin embargo, parece que el decreto de urgencia tiene vacíos importantes. El principal es que no se habla de los socios [peruanos] de estas empresas [brasileñas] porque las licitaciones o las concesiones que se han dado en el caso de la Interoceánica han sido en consorcio. En los tramos 2 y 3 la empresa Odebrecht no ha ganado sola sino que ha tenido empresas socias, conocidas por su cuestionamiento [Graña y Montero (GyM), JJC e ICCGSA]. La medida tendría que aplicarse hasta que se esclarezca el tema de la corrupción, y cuanta corrupción hubo tiene que aplicarse al consorcio. Por ejemplo, en las concesiones de los tramos 2 y 3 de la Interoceánica es clarísimo. Mi sugerencia es que [apenas estalló el escándalo] debió solicitarse el nombramiento de un interventor que hubiese manejado la concesión y no hubiera permitido ninguna venta de activos de estas empresas.
-La medida parecería proteger a las empresas vinculadas a la constructora Odebrecht antes que al Estado…
Si una empresa como GyM entra a un consorcio y después que uno de los miembros del consorcio –como Odebrecht– admite haber incurrido en una coima, esta afectará a todo el consorcio. Por lo tanto, si ha existido ilegalidad o irregularidades en la obtención de esa concesión, todo el consorcio es responsable frente al Estado peruano y asume las consecuencias, las medidas punitivas y medidas cautelares que se disponga. Porque el resarcimiento económico que GyM pueda buscar por el daño que se le ha causado será con Odebrecht, pero el Estado peruano no tiene por qué perjudicarse. Entonces, la medida debe afectar a todos los consorciados. Cuando uno se asocia con alguien asume una responsabilidad y tiene que saber que en los negocios las malas decisiones se pagan con pérdidas ante la protección del Gobierno.
-¿Los vacíos se pueden identificar en el control de la venta de los activos de estas empresas?
El otro punto que me parece incompleto es que estas concesiones van a seguir recibiendo ingresos. Es decir, se está hablando de vender los activos pero no nos hablan de qué va a pasar con los ingresos. ¿Eso qué quiere decir? Que mientras hablamos que en los tramos 2 y 3 de la Interoceánica se están haciendo trabajos de mantenimiento, resulta que los pagos los va a seguir recibiendo el consorcio liderado por Odebrecht. Es un problema porque eventualmente cuando se aclare el panorama, se va a hablar del valor de los activos. Yo no entiendo por qué no se les ha cerrado el caño. Este es el problema. Si el señor Barata ha admitido que ha sobornado para que su empresa obtenga la Interoceánica, yo no entiendo por qué esa concesión va a seguir recibiendo ingresos del Estado peruano. En ese sentido, diría que el decreto de urgencia tiene esas dos falencias: que no cubre a los consorcios y protege a los socios de Odebrecht, de Camargo Correa y otras. Tampoco ventila los ingresos porque estos consorcios van a seguir recibiéndolos y se queda sólo en el tema de los activos.
-¿En el Gasoducto Sur Peruano pueden participar los consorciados?
A mi entender Graña y Montero ya no puede participar en la concesión del gasoducto. Si bien es cierto no fue parte del consorcio inicial, adquirió acciones y, según mi interpretación, el contrato del 2014 señala que en el caso que el ganador lo incumpla, por ejemplo, si no han obtenido el cierre financiero, significa que no puede volver a participar en una futura relicitación del proyecto, y eso incluiría a Odebrecht, Enagás y Graña y Montero. Ahora, si hubo corrupción a la fecha 15 de febrero, eso no lo sabemos, pero si se determina –en el curso de las investigaciones– que hubo corrupción o ilegalidad en la obtención de esa concesión, esta quedaría nula. El dinero que se ha liquidado de la carta fianza debería ser parte de pago de una indemnización por daños y perjuicios a todo el consorcio. Ni Enagás ni Graña y Montero deberían estar permitidas de volver a participar en una futura licitación en el momento que ello ocurra.
El caso Chinchero
“Esta es una supervisión que Graña y Montero había ganado ya mucho antes de la adenda. Es un tema complicado porque en el caso del gasoducto es claro, porque es miembro del consorcio. En el caso del aeropuerto de Chinchero, mientras no se compruebe que Graña y Montero ha participado en actos de corrupción, no sé qué pueda hacer el Estado, pero debe haber un proceso de calificación de la experiencia en proyectos de las empresas que vayan hacer cualquier obra. Si se detecta que estuvo consorciado donde hubo coimas y sobornos, debería descalificarse a la empresa”, afirma Juan Mendoza.
Jueves 16 de febrero del 2017
Todos tienen una responsabilidad compartida cuando una de ellas admite haber recibo una coima, afirma prestigiado experto.
El Gobierno avanza en la lucha anticorrupción, pero “yo no entiendo por qué no se les ha cerrado el caño a constructoras corruptas”, sentencia.
ROBERTO SÁNCHEZ R.
roberttosanchez7@gmail.com
-Doctor, ¿el Decreto de Urgencia 007 emitido por el Gobierno cautela los intereses del Estado sobre las concesionarias locales?
Me parece un buen paso, dado que va en la dirección correcta que el Gobierno pase a tomar algunas medidas para impedir que Odebrecht y otras empresas similares puedan llevarse sus activos. Porque hay que recordar que esa no ha sido la estrategia del Gobierno desde un comienzo. Incluso en el caso del gasoducto del sur, inicialmente se nos presentaba como una buena noticia que Odebrecht nos vendiera su participación. Sin embargo, parece que el decreto de urgencia tiene vacíos importantes. El principal es que no se habla de los socios [peruanos] de estas empresas [brasileñas] porque las licitaciones o las concesiones que se han dado en el caso de la Interoceánica han sido en consorcio. En los tramos 2 y 3 la empresa Odebrecht no ha ganado sola sino que ha tenido empresas socias, conocidas por su cuestionamiento [Graña y Montero (GyM), JJC e ICCGSA]. La medida tendría que aplicarse hasta que se esclarezca el tema de la corrupción, y cuanta corrupción hubo tiene que aplicarse al consorcio. Por ejemplo, en las concesiones de los tramos 2 y 3 de la Interoceánica es clarísimo. Mi sugerencia es que [apenas estalló el escándalo] debió solicitarse el nombramiento de un interventor que hubiese manejado la concesión y no hubiera permitido ninguna venta de activos de estas empresas.
-La medida parecería proteger a las empresas vinculadas a la constructora Odebrecht antes que al Estado…
Si una empresa como GyM entra a un consorcio y después que uno de los miembros del consorcio –como Odebrecht– admite haber incurrido en una coima, esta afectará a todo el consorcio. Por lo tanto, si ha existido ilegalidad o irregularidades en la obtención de esa concesión, todo el consorcio es responsable frente al Estado peruano y asume las consecuencias, las medidas punitivas y medidas cautelares que se disponga. Porque el resarcimiento económico que GyM pueda buscar por el daño que se le ha causado será con Odebrecht, pero el Estado peruano no tiene por qué perjudicarse. Entonces, la medida debe afectar a todos los consorciados. Cuando uno se asocia con alguien asume una responsabilidad y tiene que saber que en los negocios las malas decisiones se pagan con pérdidas ante la protección del Gobierno.
-¿Los vacíos se pueden identificar en el control de la venta de los activos de estas empresas?
El otro punto que me parece incompleto es que estas concesiones van a seguir recibiendo ingresos. Es decir, se está hablando de vender los activos pero no nos hablan de qué va a pasar con los ingresos. ¿Eso qué quiere decir? Que mientras hablamos que en los tramos 2 y 3 de la Interoceánica se están haciendo trabajos de mantenimiento, resulta que los pagos los va a seguir recibiendo el consorcio liderado por Odebrecht. Es un problema porque eventualmente cuando se aclare el panorama, se va a hablar del valor de los activos. Yo no entiendo por qué no se les ha cerrado el caño. Este es el problema. Si el señor Barata ha admitido que ha sobornado para que su empresa obtenga la Interoceánica, yo no entiendo por qué esa concesión va a seguir recibiendo ingresos del Estado peruano. En ese sentido, diría que el decreto de urgencia tiene esas dos falencias: que no cubre a los consorcios y protege a los socios de Odebrecht, de Camargo Correa y otras. Tampoco ventila los ingresos porque estos consorcios van a seguir recibiéndolos y se queda sólo en el tema de los activos.
-¿En el Gasoducto Sur Peruano pueden participar los consorciados?
A mi entender Graña y Montero ya no puede participar en la concesión del gasoducto. Si bien es cierto no fue parte del consorcio inicial, adquirió acciones y, según mi interpretación, el contrato del 2014 señala que en el caso que el ganador lo incumpla, por ejemplo, si no han obtenido el cierre financiero, significa que no puede volver a participar en una futura relicitación del proyecto, y eso incluiría a Odebrecht, Enagás y Graña y Montero. Ahora, si hubo corrupción a la fecha 15 de febrero, eso no lo sabemos, pero si se determina –en el curso de las investigaciones– que hubo corrupción o ilegalidad en la obtención de esa concesión, esta quedaría nula. El dinero que se ha liquidado de la carta fianza debería ser parte de pago de una indemnización por daños y perjuicios a todo el consorcio. Ni Enagás ni Graña y Montero deberían estar permitidas de volver a participar en una futura licitación en el momento que ello ocurra.
El caso Chinchero
“Esta es una supervisión que Graña y Montero había ganado ya mucho antes de la adenda. Es un tema complicado porque en el caso del gasoducto es claro, porque es miembro del consorcio. En el caso del aeropuerto de Chinchero, mientras no se compruebe que Graña y Montero ha participado en actos de corrupción, no sé qué pueda hacer el Estado, pero debe haber un proceso de calificación de la experiencia en proyectos de las empresas que vayan hacer cualquier obra. Si se detecta que estuvo consorciado donde hubo coimas y sobornos, debería descalificarse a la empresa”, afirma Juan Mendoza.
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