Perú necesita leyes anti-monopolio de medios y de empresas si quiere tener una verdadera democracia
Conozca el proyecto de ley que debe impulsar la libre competencia 
Javier Contreras
La Constitución fujimorista de 1993 establece al Perú como una economía social de mercado. Pero en la práctica tenemos una economía de libre mercado, esto es, que favorece la inversión privada como motor de crecimiento y desarrollo.
Y dentro de este modelo que hace más de 20 años adoptó el Perú, la libre competencia debiera ser una piedra angular. Por lo tanto es deber del Estado asegurar que haya exactamente las mismas condiciones para todos aquellos que quieran invertir en un determinado sector económico y lo hagan sin verse afectados por el resto de ‘jugadores’.
Pero aquí comienzan los problemas porque si bien la Constitución de 1993 dice que el Estado combate toda práctica que limite la libre competencia, también dice que combate “el abuso de posiciones dominantes o monopólicas” (Art. 61). Nótese, entonces, que la Constitución no prohíbe la posición dominante, sino el abuso de esta posición. Lo que quiere decir que la posición dominante está permitida. Una empresa puede controlar el 70% del mercado aéreo, por ejemplo, lo que configura una posición dominante. Y la Constitución se lo permite, mientas no abuse de esa posición.
La ley vigente (Nº 29571 Código de Protección y Defensa del Consumidor) señala que los carteles y las concentraciones de precios son prácticas anticompetitivas, pero no dice nada sobre las fusiones que pueden pasar a convertirse en monopolios u oligopolios con poder dominante en el mercado.
Se debe insistir en que las fusiones y concentraciones no están normadas en la ley vigente, por lo que en el Perú las empresas con posición dominante pueden incurrir en prácticas monopólicas.
Consciente del daño que ocasionaría a los consumidores el que un solo grupo empresarial, o un oligopolio, acapare un servicio o actividad, en el 2011 en el Congreso fue presentado el proyecto de ley 972/2011, que apuntala al Indecopi a evaluar los casos de aquellas corporaciones que pretendan fusionarse o monopolizar alguna actividad.
Dicha iniciativa fue aprobada en la comisión de protección al consumidor, pero debido a obstáculos del Ejecutivo, particularmente del entonces ministro de Economía y Finanzas, Luis Miguel Castilla, de la mano con Nadine Heredia, jamás se debatió en la comisión de Economía ni llegó al Pleno del Congreso y así quedó encarpetada.
Su autor, el ex congresista Jaime Delgado, explicó que su propuesta indica que todas aquellas empresas que facturen más de 100.000 UIT, o S/ 395 millones, y deseen fusionarse con alguna otra corporación deban pasar por una evaluación de la agencia promotora de la competitividad, en este caso, Indecopi y su Tribunal de Libre Competencia.
De este modo, aseguró Delgado, solo se incluirá en las evaluaciones a las grandes empresas, transnacionales, que lleguen a este gran volumen de facturación, y no se afecta a las pequeñas o medianas empresas, muchas de las cuales se fusionan para crecer.
“Este es un umbral de notificación que solo involucraría a las operaciones de concentración realizadas por las 200 empresas más grandes del mercado peruano”, dijo.
Añadió que así es como se hace en 92 países del mundo, como el caso de la aerolínea chilena LAM, que compró por US$ 3.800 millones a la brasileña TAM, dicho proceso ingresó a una evaluación que duró un año y al final se aprobó la compra con algunos reparos.
Delgado insistió en que ese es el modelo que se requiere aplicar y de ningún modo se busca prohibir las compras o fusiones.
Pero ¿por qué el Estado debería regular las fusiones o concentraciones?
“Imagínese usted que Movistar compra a Claro, Entel y Bitel (lo cual bajo las reglas actuales es absolutamente factible), y convierte el sector telecomunicaciones en un monopolio, podrá arbitrariamente subir los precios de los equipos de teléfono, de los planes, del internet, sin miedo a perder clientes porque no habrá nadie que le compita por ellos. Perjudicará a los consumidores que tendrán que pagar las tarifas que la empresa que domine el mercado decida, sin tener otra opción. Y así se puede repetir en cualquier otro mercado, eso es lo que debe prevenir el Estado, pero parece que no se quieren dar cuenta”, dijo el ex parlamentario, quien criticó a quienes se dicen liberales y no apoyan una norma necesaria para el país.
“En el Perú no somos liberales, pues solo se protegen intereses de grupos empresariales. Ahora mismo el mercado se sigue concentrando, se constituyen monopolios y nadie hace nada”, cuestionó al precisar que los países más liberales como EEUU cuentan con una ley antimonopolio (ley antitrust= desde 1890 y China, el gigante asiático, desde el 2007.
La Constitución fujimorista de 1993 establece al Perú como una economía social de mercado. Pero en la práctica tenemos una economía de libre mercado, esto es, que favorece la inversión privada como motor de crecimiento y desarrollo.
Y dentro de este modelo que hace más de 20 años adoptó el Perú, la libre competencia debiera ser una piedra angular. Por lo tanto es deber del Estado asegurar que haya exactamente las mismas condiciones para todos aquellos que quieran invertir en un determinado sector económico y lo hagan sin verse afectados por el resto de ‘jugadores’.
Pero aquí comienzan los problemas porque si bien la Constitución de 1993 dice que el Estado combate toda práctica que limite la libre competencia, también dice que combate “el abuso de posiciones dominantes o monopólicas” (Art. 61). Nótese, entonces, que la Constitución no prohíbe la posición dominante, sino el abuso de esta posición. Lo que quiere decir que la posición dominante está permitida. Una empresa puede controlar el 70% del mercado aéreo, por ejemplo, lo que configura una posición dominante. Y la Constitución se lo permite, mientas no abuse de esa posición.
La ley vigente (Nº 29571 Código de Protección y Defensa del Consumidor) señala que los carteles y las concentraciones de precios son prácticas anticompetitivas, pero no dice nada sobre las fusiones que pueden pasar a convertirse en monopolios u oligopolios con poder dominante en el mercado.
Se debe insistir en que las fusiones y concentraciones no están normadas en la ley vigente, por lo que en el Perú las empresas con posición dominante pueden incurrir en prácticas monopólicas.
Consciente del daño que ocasionaría a los consumidores el que un solo grupo empresarial, o un oligopolio, acapare un servicio o actividad, en el 2011 en el Congreso fue presentado el proyecto de ley 972/2011, que apuntala al Indecopi a evaluar los casos de aquellas corporaciones que pretendan fusionarse o monopolizar alguna actividad.
Dicha iniciativa fue aprobada en la comisión de protección al consumidor, pero debido a obstáculos del Ejecutivo, particularmente del entonces ministro de Economía y Finanzas, Luis Miguel Castilla, de la mano con Nadine Heredia, jamás se debatió en la comisión de Economía ni llegó al Pleno del Congreso y así quedó encarpetada.
Su autor, el ex congresista Jaime Delgado, explicó que su propuesta indica que todas aquellas empresas que facturen más de 100.000 UIT, o S/ 395 millones, y deseen fusionarse con alguna otra corporación deban pasar por una evaluación de la agencia promotora de la competitividad, en este caso, Indecopi y su Tribunal de Libre Competencia.
De este modo, aseguró Delgado, solo se incluirá en las evaluaciones a las grandes empresas, transnacionales, que lleguen a este gran volumen de facturación, y no se afecta a las pequeñas o medianas empresas, muchas de las cuales se fusionan para crecer.
“Este es un umbral de notificación que solo involucraría a las operaciones de concentración realizadas por las 200 empresas más grandes del mercado peruano”, dijo.
Añadió que así es como se hace en 92 países del mundo, como el caso de la aerolínea chilena LAM, que compró por US$ 3.800 millones a la brasileña TAM, dicho proceso ingresó a una evaluación que duró un año y al final se aprobó la compra con algunos reparos.
Delgado insistió en que ese es el modelo que se requiere aplicar y de ningún modo se busca prohibir las compras o fusiones.
Pero ¿por qué el Estado debería regular las fusiones o concentraciones?
“Imagínese usted que Movistar compra a Claro, Entel y Bitel (lo cual bajo las reglas actuales es absolutamente factible), y convierte el sector telecomunicaciones en un monopolio, podrá arbitrariamente subir los precios de los equipos de teléfono, de los planes, del internet, sin miedo a perder clientes porque no habrá nadie que le compita por ellos. Perjudicará a los consumidores que tendrán que pagar las tarifas que la empresa que domine el mercado decida, sin tener otra opción. Y así se puede repetir en cualquier otro mercado, eso es lo que debe prevenir el Estado, pero parece que no se quieren dar cuenta”, dijo el ex parlamentario, quien criticó a quienes se dicen liberales y no apoyan una norma necesaria para el país.
“En el Perú no somos liberales, pues solo se protegen intereses de grupos empresariales. Ahora mismo el mercado se sigue concentrando, se constituyen monopolios y nadie hace nada”, cuestionó al precisar que los países más liberales como EEUU cuentan con una ley antimonopolio (ley antitrust= desde 1890 y China, el gigante asiático, desde el 2007.
Para luchar contra los monopolios y oligopolios que tanto daño hacen a la economía, hace falta una ley. Por eso, La República hizo un sondeo entre congresistas de diversas bancadas y encontró que la mayoría daría su respaldo a un proyecto similar.
Javier Velásquez Quesquén, vocero de la bancada aprista, señaló que su grupo parlamentario no ha conversado sobre esta posibilidad para la presente legislatura, pero consideró que luego de las reformas electorales, que por ahora son su prioridad, se debería proteger la libre competencia. Manuel Dammert, legislador del Frente Amplio, comentó que desde su bancada se buscará impulsar leyes que fortalezcan la competitividad del país.
“En el Perú hay una altísima concentración financiera, cuatro bancos manejan lo fundamental de las finanzas, los depósitos de la gente y la AFP, con una serie de cobros muy altos”, analizó.
Pero sin el apoyo fujimorista no se podrá aprobar ninguna ley y, en ese sentido, Daniel Salaverry declaró que si bien no está en su agenda inmediata el fujimorismo no sería un obstáculo.
“Cualquier tipo de monopolio es pernicioso, influye negativamente en el mercado”, recalcó.
Para luchar contra los monopolios y oligopolios que tanto daño hacen a la economía, hace falta una ley. Por eso, La República hizo un sondeo entre congresistas de diversas bancadas y encontró que la mayoría daría su respaldo a un proyecto similar.
Javier Velásquez Quesquén, vocero de la bancada aprista, señaló que su grupo parlamentario no ha conversado sobre esta posibilidad para la presente legislatura, pero consideró que luego de las reformas electorales, que por ahora son su prioridad, se debería proteger la libre competencia. Manuel Dammert, legislador del Frente Amplio, comentó que desde su bancada se buscará impulsar leyes que fortalezcan la competitividad del país.
“En el Perú hay una altísima concentración financiera, cuatro bancos manejan lo fundamental de las finanzas, los depósitos de la gente y la AFP, con una serie de cobros muy altos”, analizó.
Pero sin el apoyo fujimorista no se podrá aprobar ninguna ley y, en ese sentido, Daniel Salaverry declaró que si bien no está en su agenda inmediata el fujimorismo no sería un obstáculo.
“Cualquier tipo de monopolio es pernicioso, influye negativamente en el mercado”, recalcó.
El 40,3% de los encuestados por GFK está de acuerdo con una ley antimonopolio
Cuatro de cada diez encuestados (40,3%) indicaron estar de acuerdo con que el Estado pueda regular las fusiones y los monopolios en el Perú, según reveló una encuesta realizada por GFK.
En dicho estudio, el 28,5% de los encuestados dijo estar en contra de esta regulación y el 31,2% no sabe o no precisó su respuesta.
Hernán Chaparro, gerente de GFK, explicó que 1.256 personas participaron en esta encuesta, que se realizó a nivel nacional y en los ámbitos urbano y rural, por lo que la muestra es significativa.
Resaltó que es significativo el porcentaje de personas que no precisaron su respuesta (3 de cada 10), lo que revela que hace falta difundir más las posibles consecuencias de las concentraciones empresariales.
Cabe resaltar que en este momento existen dos propuestas en el Congreso para evaluar los monopolios empresariales. Una es de la bancada de Acción Popular, elaborada por el parlamentario Yonhy Lescano.
Esta iniciativa señala que deberán pasar por una evaluación todas las operaciones que signifiquen el 51% o más de algún mercado. Además, las empresas que tengan esta posición de dominio tendrán dos meses para adecuarse a la nueva condición.
La propuesta de Lescano es cuestionada incluso por quienes están a favor de la ley antimonopolio, pues se advierte que de acuerdo con las prácticas recomendadas a nivel mundial, el umbral debiera ser de tipo relativo, objetivamente cuantificable y que permita una indexación, como es el caso de ventas brutas o ingresos anuales del ejercicio fiscal anterior, como en valor por UIT.
Según declaró el congresista Víctor Andrés García Belaunde, de Acción Popular e integrante de la Comisión de Economía del Legislativo, la propuesta de su bancada deberá pasar primero por la Comisión de Defensa del Consumidor, que la deberá aprobar en primera instancia, para luego ser debatida en el grupo de Economía.
La segunda iniciativa, impulsada por el Apra, es la conformación de un grupo técnico especializado que estudie el mercado peruano y emita una recomendación sobre la pertinencia de contar con una evaluación a los monopolios.
Dicho equipo especializado, constituido dentro de la Comisión de Economía, fue encargado al grupo de trabajo "Monitoreo de la crisis internacional, promoción de la inversión privada y generación del empleo", integrado por los legisladores Jorge del Castillo (coordinador), Cecilia Chacón, Paloma Noceda y Oracio Pacori.
Esta propuesta es la que tiene mayor aceptación en el Legislativo. De hecho, Mercedes Aráoz, presidenta de la Comisión de Economía, dijo que le parece adecuado que el debate de esta ley sea técnico y no político, pues involucra a muchos agentes económicos que tienen que ser tomados en cuenta.
Se conoció que este martes, en la sesión de la Comisión de Economía, se podría definir quiénes conformarán este grupo técnico (además de los congresistas, habrá un grupo de profesionales, expertos independientes que darán su punto de vista), de modo que el informe final pueda emitirse antes de que acabe esta legislatura.
Desde las tiendas políticas hay consenso en apoyar una ley antimonopolio. Diversos representantes de las bancadas del Apra, Frente Amplio, Acción Popular y Peruanos por el Kambio han respaldado esta iniciativa.
Sin embargo, la posición que tome el fujimorismo aún es una incógnita.
José Távara, docente PUCP, recordó que en el 2012, cuando el tema también estaba en debate, Luis Galarreta, actual vocero de Fuerza Popular, se mostró en contra argumentando que la Confiep no había dado su visto bueno.
"Entonces yo le pregunté si él defendía los intereses de los peruanos o de algunos grupos empresariales, a lo que Galarreta no respondió", contó José Távara a La República.
Enfoque: Los aspectos a tener en cuenta
Tania Zúñiga. Docente ESAN
En el diseño (de un control de concentraciones) debe considerarse necesariamente la legislación y la experiencia comparada, también las recomendaciones de la OCDE, UNCTAD, World Bank y la ICN (International Competition Network).
Dichos organismos internacionales evalúan regularmente lo que sucede a nivel mundial, evalúan las economías y los factores que influyen en su desarrollo. Otro punto importante son los acuerdos comerciales que tienen capítulos que regulan aspectos de libre competencia, como es el caso expreso del TLC con la Unión Europea, pero también algunos acuerdos comerciales con economías del Asia como Japón y Corea del Sur.
El control no condena per se la concentración, sino que evalúa si los efectos de dicha concentración limitan o restringen el proceso competitivo.
El poder de dominio es solo un criterio a tomar en la evaluación porque además se toman en cuenta la eficiencia productiva o dinámica, ya que el control se dirige a los efectos en el cambio de estructura del mercado.
Se debe plantear una ley antimonopolio, afirma Fernando Zavala
El presidente del Consejo de Ministros, Fernando Zavala, se pronunció sobre la creación de una ley antimonopolio, que regule los procesos de fusiones. La norma no existe en nuestro país, aunque la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) lo sugiere.
PUEDES LEER: Jorge del Castillo: “Hay que promover un debate sobre la regulación y control de fusiones”
“He revisado los documentos de la OCDE, en algún momento se debe plantear una ley antimonopolio”, dijo en declaraciones a RPP.
Zavala señaló que “ni en este ni en otro caso podemos pensar en leyes retroactivas. La legislación tiene que mirar hacia adelante”.
El primer ministro añadió que el país debe “empezar a mirar” si se necesitan cambios en esa ley, “si queremos ponernos como meta la OCDE”.
En entrevista con La República, el congresista Jorge Del Castillo informó que con el respaldo de la bancada aprista presentó ayer, durante la sesión del pleno del Congreso, la Moción 557 que busca poner al debate una legislación que regule los procesos de fusiones y monopolios.
“En el Perú no existe ninguna legislación regulatoria de los procesos de fusiones y adquisiciones, por ello lo que queremos es motivar al Congreso, a la sociedad civil y a la opinión pública a una discusión sobre este tema de manera serena”, sostuvo.
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