Se trata de varios predios de suelo mapuche, 13 millones de dólares, tres vehículos, 24 propiedades cuya devolución ha decretado la Corte Suprema
Un día antes de que la moción de censura, promulgada por el Partido Socialista, despojara a Mariano Rajoy de su cargo de presidente, el Partido Popular aseguró la vigencia del ducado de Franco. De ese modo, el ministro de justicia Rafael Catalá otorgó a Carmen Martínez-Bordiú, la nieta del fallecido Caudillo, el título de duquesa y "grande de España". No obstante, días después, el actual Gobierno anunció la potencial supresión del mencionado título, con el fin de "dignificar a quienes fueron asesinados o represaliados".
Pese a ello, la conocida "nietísima" sigue manteniendo una serie de privilegios relacionados a su familia. Entre ellos, la posesión de la finca gallega Pazo de Meirás (la que podría ser expropiada) y la posibilidad de adquirir terrenos en Sevilla, a través de una sociedad off shore en Panamá. Sin embargo, la aristócrata no es la única descendiente de un dictador que ha contado con tales beneficios. Porque en Santiago de Chile, la nieta del general Augusto Pinochet Ugarte también se encuentra "entre la espada y la pared" por hacer usufructo de tierras ajenas y explotar sus influencias para obtener ganancias personales.
A diferencia de su abuela Lucía Hiriart (95), viuda del dictador chileno, de su madre Verónica y de sus cuatro tíos, el rostro de Francisca Ponce Pinochet (38) no suele aparecer frente a los medios. Aunque su nombre se repitió constantemente el pasado junio. Y es que, 12 años después de la muerte del militar (que fue detenido en 1998 por el juez español Baltasar Garzón), su nieta ha sido obligada por el Tribunal Supremo a devolver terrenos ajenos -reivindicados como suelo mapuche (los indígenas ancestrales de la zona)- que, desde 2014, se había atribuido como propios.
Francisca Lucía Ponce Pinochet -nieta de Augusto Pinochet y Lucía Hiriart, e hija de Julio Ponce Lerou- reclamó a una comunidad mapuche unas tierras que no tuvo cómo legitimar que eran de su propiedad, por lo que el fallo fue a favor de los... biobiochile.cl/noticias/nacio…
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De acuerdo con telediarios como Ahora Noticias, Francisca habría "invadido", hace cuatro años, el predio en el sector de Puyehue (980 kilómetros al sur de la capital), habría intentado inscribir sus derechos en 2015 y, en 2016, habría demandado a los dueños originales -el matrimonio Guerrero Llanquileo- por impedirle el paso y alterar su paz. Pero, y aun cuando un juzgado le dio la razón en primera instancia, la justicia acabó por fallar a favor de los dueños vitalicios del fundo Llanquilaf.
A pesar de ello, la relaciones públicas, casada con el hijo de un político liberal nicaragüense, ha preferido mantenerse en silencio. Una estrategia que ya había utilizado anteriormente. En concreto, en 2013, cuando su nombre fue vinculado a la controvertida empresa Soquimich. Un sociedad minera privada -presidida por su padre, Julio Ponce Lerou, quien se volvió "sospechosamente millonario" tras el golpe militar- acusada de realizar transacciones con acciones a precios fuera de mercado.
Inicialmente, la participación de Ponce Pinochet se habría limitado a controlar el directorio de algunas compañías cascada de Soquimich. Pero, dos años después, un fiscal descubrió que la empresa también financiaba, de manera fraudulenta, algunas campañas políticas; lo que nuevamente empañó la imagen de la familia y decantó en que Francisca decidiera vender, este junio, sus 124 acciones del consorcio.
La Corte Suprema dictaminó que Francisca Ponce Pinochet (hija de Ponce Lerou y nieta de Pinochet) debe DEVOLVER TERRENOS USURPADOS a la comunidad mapuche Llanquilef #Marrichiwew cooperativa.cl/noticias/pais/…
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Por otra parte, esta no es la primera vez que los Pinochet intentan deshacerse de bienes que podrían ponerlos en aprietos. Por ejemplo, y según consignó el Centro de Investigación Periodística de Chile en 2016, la matriarca Lucía Hiriart vendió una serie de propiedades a sus hijos y nietos en los últimos años, para evitar el impuesto a la herencia y una posible demanda civil (a raíz del enriquecimiento ilícito del general Pinochet). Como consecuencia, en 2015, Francisca se habría hecho acreedora de una fracción de Los Boldos, el lugar de descanso favorito del dictador, además de unas de las viviendas de su abuela.
Asimismo, de acuerdo con la red de prensa BioBio, la deuda de la familia Pinochet con el Servicio de Impuestos Internos habría ascendido, hace 20 meses, a la cifra de 4.000.000 de euros. Aunque eso no es lo único que los descendientes del general deberán devolver al Estado, sino también otros 13 millones de dólares. Porque el pasado junio, la Corte Suprema chilena decretó que, con el fin del caso Riggs -proceso judicial que investigaba las cuentas que Pinochet abrió en el extranjero con fondos públicos-, los herederos deben devolver el dinero que yace en las cuentas confiscadas, junto a una decena de viviendas.
"El patrimonio corresponde a 4.864.638 dólares y 124.566.24 pesos chilenos en instrumentos bancarios, además de tres vehículos y 24 propiedades tasadas en 7,3 millones de dólares, pero el Fisco aspira restituir aproximadamente seis millones de la divisa estadounidense", afirmó el periódico La Tercera. No obstante, ni Francisca Ponce ni ninguno de los integrantes del controvertido clan -tan cercano, alguna vez, a la familia de Francisco Franco- han pedido perdón por la usurpación ilegal de caudales públicos o los crímenes cometidos por su líder. Como tampoco lo ha hecho Carmen Martínez-Bordiú, quien habría emigrado a Lisboa hace tres semanas para olvidar la posible exhumación de su abuelo y esas constantes polémicas que la mantienen hasta hoy en la palestra.
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