MEGACOMISIÓN APELA FALLO Y SOSTIENE QUE JUEZ VELÁSQUEZ BUSCA IMPUNIDAD DE ALAN
En documento presentado al Poder Judicial el congresista Sergio Tejada desbarata los argumentos del cuestionado magistrado que ‘limpió’, por segunda vez, al expresidente García
Por Diego Hernández
A estas alturas resulta risible hacer la siguiente pregunta: ¿el expresidente Alan García Pérez asistió a los interrogatorios de la Megacomisión en calidad de investigado o en calidad de testigo?
La respuesta, obviamente, es que el líder aprista acudió al Congreso como investigado. ¿A alguien le quedan dudas? Sí, existe una persona. Se trata del juez Hugo Velásquez Zavaleta, del Quinto Juzgado Constitucional de Lima.
En dos resoluciones (N° 15 y N° 33) Velásquez Zavaleta, en un gesto insólito, cuestiona que la Megacomisión haya utilizado el término “vinculado” en vez del término “investigado” al momento de citar a García Pérez.
“Un primer tema a dilucidar es si al momento de citarse al actor (Alan García Pérez) y no indicarle de forma precisa que se le citaba como investigado sino como vinculado no se le ha permitido ejercer su derecho de defensa a plenitud (…) Para temas de investigación el término “vinculado” resulta muy genérico”, señala el juez en la página 11 de la resolución N° 33.
Según el raciocinio del juez Velásquez Zavaleta, que la Megacomisión haya citado a García Pérez utilizando la palabra “vinculado” en vez de “investigado” es un motivo suficiente para sostener, en sus dos resoluciones, que el grupo congresal vulneró el derecho al debido proceso del líder aprista. ¿Acaso el magistrado no está exagerando?
IMPUNIDAD
Para la Megacomisión las decisiones del juez Velásquez Zavaleta son un exceso en beneficio del líder aprista. El último jueves el extitular del grupo investigador, el congresista Sergio Tejada, presentó la apelación a la resolución N° 33.
En dicho documento, al que diario16 tuvo acceso, Tejada explica de manera detallada y clara que la Megacomisión sí cumplió con el debido proceso. Pero también sostiene que el cuestionable accionar del juez Velásquez Zavaleta puede interpretarse como un acto que busca la impunidad de García Pérez.
“Solicitar la nulidad de actos administrativos, y más aun, de investigaciones por el uso de un término -que, indudablemente, conduce al mismo significado-, puede comprenderse como la búsqueda de impunidad de presuntos actos de corrupción, lo que revista especial gravedad para un Estado Constitucional, Social y Democrático de Derecho”, se lee en el documento.
Otro punto importante es el referido al comportamiento de García Pérez y sus abogados durante las investigaciones de la Megacomisión. Es evidente que en todo momento el líder aprista actuó como investigado y no como testigo.
Por qué para el juez Velásquez Zavaleta no está claro que la condición de García Pérez siempre fue la de investigado si, según Tejada en su apelación, “no es tan complejo llegar a tal conclusión si se evalúa el contexto general de la investigación”.
“El demandante (Alan García Pérez) actuó como investigado cuando acreditó abogados para que revisaran la documentación obrante en la Comisión Investigadora, y ellos acudieron a revisarla, con la notoria finalidad de articular su defensa”, afirma Tejada.
“Resulta obvio que solo los investigados pueden revisar la documentación de una pesquisa como la realizada, los testigos solo brindan su declaración. No se arman expedientes respecto de testigos. El demandante acudió a todas las citaciones con sus abogados y el íntegro de la bancada parlamentaria del partido político que lidera”, agrega el expresidente de la Megacomisión.
Si García Pérez actuó como investigado y su staff de abogados revisó la documentación obrante en la investigación de la Megacomisión, ¿por qué para el juez Velásquez Zavaleta resulta un misterio si el líder aprista acudió al Parlamento como investigado?
SENTIDO COMÚN
En su apelación Tejada recoge varios argumentos del juez superior Gunther Gonzales Barrón, uno de los tres miembros de la Primera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, que anteriormente, por este mismo caso, le dio un ‘jalón de orejas’ al juez Velásquez Zavaleta por no realizar un análisis adecuado antes de emitir su fallo.
Los argumentos del magistrado Gonzales Barrón, citados por Tejada, son ilustrativos y contundentes. Para el juez superior es más que suficiente que a García Pérez se le haya citado por tener “vinculación con los hechos” para que quede claro que su condición es la de investigado.
“(…) la citación del 04 de octubre de 2013 señala que el actor tiene ‘vinculación con los hechos’, lo cual implica que tiene relación, participación, vínculos, tratos, negocios, o que de una u otra manera cuenta con interés propio con los hechos materia de imputación. Por el contrario, el testigo no tiene ‘vinculación’, sino una mera presencia o cercanía temporal y física con los hechos. En consecuencia, el propio texto sirve para concluir que una persona investigada es aquella que tiene ‘vinculación con los hechos’”, sostuvo Gonzales Barrón.
Sobre este punto, Tejada concluye en su apelación que “la ‘vinculación con los hechos materia de investigación’ es indudablemente equiparable al término investigado (…) no cabe duda alguna de que el señor García Pérez era consciente de su condición de investigado”.
DETALLES
El otro argumento del juez Velásquez Zavaleta para anular la investigación de la Megacomisión es que dicho grupo de trabajo no detalló las presuntas imputaciones en contra del líder aprista y que, por esa razón, se vulneró su derecho al debido proceso.
Una vez más, Tejada recordó, por ejemplo, que para el caso Agua para Todos la citación a García Pérez, cursada el 4 de octubre del año pasado, fue muy detallada.
“A todas luces fueron expuestos los supuestos ilícitos por los cuales se convocó al señor García Pérez, en relación con el programa Agua para Todos y con un elevado nivel de detalles. Y así sucedió con todos los temas que contiene la citación”, manifestó el congresista de Gana Perú.
De otro lado, el juez superior Gonzales Barrón también se pronuncio sobre este punto y sostuvo que “(…) la exigencia de detalle es sustancialmente menor (…) cuando la acusación es formal entonces el detalle exigido es riguroso (máximo), pero cuando la investigación se encuentra en fase exploratoria, como ocurre con la primera citación de un investigado, entonces el detalle es más flexible (mínimo)”.
Asimismo, el Tribunal Constitucional, en el expediente 156-2012-PHC-TC, señala lo siguiente: “evidentemente el contenido de la notificación variará de acuerdo al avance de las investigaciones, llegando a su punto máximo (…) cuando se produce la presentación formal y definitiva de cargos”.
Tanto un juez superior como el Tribunal Constitucional coinciden en que no es necesario detallar las imputaciones cuando la investigación está en desarrollo. Una vez más, ¿por qué para el juez Velásquez Zavaleta sostiene lo contrario?
La apelación del congresista Tejada deberá llegar a una Sala Superior y esta tendrá que emitir un pronunciamiento respecto a la reiterada decisión del juez Velásquez Zavaleta de anular todo lo actuado por la Megacomisión y excluir a García Pérez de la investigación.
Pero ojo, ya una Sala Superior cuestionó el fallo del juez Velásquez Zavaleta. El pasado 1 de agosto la Primera Sala Civil emitió una resolución que dejó sin piso los argumentos de defensa de García Pérez y sus abogados, y que fue respaldado por el Quinto Juzgado Constitucional.
“La carta citación del 4 de octubre de 2013 cumplió adecuada y sustancialmente los términos y exigencias del debido proceso impuestos por la sentencia de vista del 27 de diciembre de 2013”, afirmaron en esa oportunidad los tres jueces superiores de la Primera Sala Civil.
Teniendo dicho precedente, y tomando en cuenta que el juez Velásquez Zavaleta ha repetido sus argumentos para anular el trabajo de la Megacomisión, es muy probable que la Sala Superior que reciba la apelación de Tejada le dé nuevamente la razón al grupo investigador.
EL DATO
El juez Hugo Velásquez Zavaleta también anuló los informes de la Megacomisión que advierten responsabilidad política y penal en el expresidente Alan García Pérez como el caso ‘narcoindultos’
Preparan Ley para frenar abusos del Poder Judicial
Legisladores buscarán modificar ley orgánica del Poder Judicial para evitar recientes intromisiones como las del juez Chang y anteriores del juez Velásquez. Mora afirma que seguirá adelante con proceso contra Universidad Garcilaso y su rector Luis Cervantes.
El presidente de la Comisión de Educación, Daniel Mora, y el legislador Víctor Andrés García Belaunde, de Acción Popular-Frente Amplio, anunciaron ayer que proyectan una fórmula legal para evitar intromisiones del Poder Judicial en la labor legislativa, al comentar el polémico fallo de los jueces constitucionales Ricardo Chang, a favor del rector de la Universidad Garcilaso, y Hugo Velásquez, que blinda al expresidente Alan García.
“Ya he conversado con el presidente de la Comisión de Constitución del Congreso para analizar una manera legal de evitar estas intromisiones totalmente ilegales”, dijo Mora al referirse a las resoluciones que pretenden anular las investigaciones parlamentarias a la Universidad Inca Garcilaso y su rector Luis Cervantes así como las referidas al segundo gobierno aprista.
“Vamos a evaluar una disposición legal para impedir que el Poder Judicial intervenga en todo el quehacer del Legislativo”, dijo tras agregar que los congresistas no pueden permitir que un poder del Estado interfiera de manera “maliciosa” y “calculada” para burlar una investigación que, según dijo, es contundente.
El legislador Víctor Andrés García Belaunde refirió que la resolución del juez Chang debe ser desestimada por el Congreso e indicó que la ley orgánica del Poder Judicial debe modificarse para evitar excesos.
“Hay que modificarla y precisarla para evitar estos excesos; el Poder Judicial no puede interferir en las investigaciones del Congreso hasta que estas terminen”, dijo.
Calificó al juez Chang de irresponsable e indicó que la resolución que este emitió, así como las anteriores del juez Velásquez sobre el caso de la Megacomisión, perturban la labor fiscalizadora del Congreso.
“Han intervenido en las investigaciones del Congreso y eso le hace daño al Poder Judicial y al Poder Legislativo, porque los va a enfrentar en cualquier momento. Me parece que es un juez totalmente irresponsable”, añadió.
CAMINO DE IMPUNIDAD
El legislador nacionalista Sergio Tejada rechazó la resolución del juez Chang e indicó que fue la acción de amparo del expresidente Alan García, alegando una supuesta violación a sus derechos, la que abrió el camino de impunidad en el Poder Judicial, hecho que atenta contra la labor legislativa.
El legislador nacionalista Sergio Tejada rechazó la resolución del juez Chang e indicó que fue la acción de amparo del expresidente Alan García, alegando una supuesta violación a sus derechos, la que abrió el camino de impunidad en el Poder Judicial, hecho que atenta contra la labor legislativa.
“Lamentablemente se está abriendo un camino de impunidad que perjudica al Congreso de la República y a nuestra labor constitucional que es la de fiscalizar”, dijo tras indicar que el Parlamento tiene que pronunciarse ya que si esto no ocurre las investigaciones de todas las comisiones pueden correr la misma suerte.
El constitucionalista Carlo Magno Salcedo comentó que es comprensible que existan dudas sobre las presuntas irregularidades en la investigación en la Universidad Inca Garcilaso y las denuncias a su rector Luis Cervantes y alegó que la resolución del juez Chang es correcta debido a que la casa de estudios es una asociación privada sin fines de lucro en la que no existe interés público que justifique una investigación.
Precisó que la resolución del juez Velásquez, que anuló los informes de la Megacomisión sí fue incorrecta debido a que anuló la investigación realizada a funcionarios del segundo gobierno aprista en donde el interés público era evidente.
Mora rechazó las declaraciones de Salcedo al afirmar que la Universidad Garcilaso no es una entidad privada.
“No es privada y además el servicio que brinda es de interés público. El Estado le da más del 40% de su presupuesto, no es privada es asociativa privada sin fines de lucro; no tiene un dueño conocido ¿Quién es el dueño?”, cuestionó.
Ramiro Angulo
Redacción
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