EL MARQUES DE SEOANE
(1858-1928)
El 24 de febrero último falleció repentinamente en Madrid D. Ramón de Seoane y Ferrer, vizconde de Morata y Marqués de Seoane,
ex Senador del Reino, miembro correspondiente de la Real Academia de la Historia y de la de Bellas Artes de San Fernando y
vocal de la Junta de Gobierno de la Real Sociedad Geográfica. Fué
asimismo presidente de la Comisión de Monumentos de Guipúzcoa,
y de nuestra Sociedad Económica de los Amigos del País. Había
nacido en Madrid en 1858, era descendiente del cosmógrafo. Ferrer
y estaba emparentado con el marino y gran erudito Vargas Ponce,
cuyas aficiones a la investigación histórica había heredado. Hombre
de posición y rebuscador incansable, logró reunir en su hermosa finca
Salinas, de Pasajes, una curiosa colección de cuadros y un archivo
de documentos históricos, relativos especialmente a los marinos
vascos. Publicó, entre otros trabajos, Los marinos guipuzcoanos
(San Sebastián 1906) y Navegantes guipuzcoanos (Madrid, 1908).
En la actualidad preparaba un largo estudio acerca de Juan
Sebastián de Elcano (que él llamaba, haciendo mucho hincapie
en ello, «Sebastián del Cano») para el que yo le había, por cierto,
dado a conocer algunos documentos del archivo de la familia de
Lardizábal.
J. de U
LA MASONERÍA Y LA CRISIS COLONIAL DEL 98
El tema colonial fue uno de los preferidos del catolicismo y de los profesionales de la antimasonería para convencer a la opinión pública de que la masonería había impulsado la independencia de las colonias españolas. Era una historia en la que los masones eran convertidos en traidores a España por haber vendido las colonias y desgajar el territorio patrio para satisfacer las ambiciones de poderosos centros internacionales situados siempre en el extranjero y que habían puesto sus codiciosos ojos en España.
Por otra parte, no debe olvidarse que, desde el Sexenio e incluso antes, la Iglesia utilizó la masonería para denunciar o atacar indirectamente al Estado liberal, cada vez menos sensible a los argumentos del catolicismo tradicional. Además, asimilando expresamente liberalismo a masonismo mantenían a las masas católicas apartadas del primero, puesto que un masón provocaba siempre más rechazo que un burgués liberal.
La masonería frente al conflicto colonial caribeño
Hasta finales del pasado siglo la masonería española (es decir, las diferentes obediencias que componían la Orden en nuestro país) vivió aislada de las masonerías europeas y de otros lugares como EE. UU. por varios motivos, el más importante de los cuales era la pugna por los derechos masónicos de territorialidad sobre las colonias antillanas. El origen del conflicto estaba en que en Cuba y Puerto Rico se había implantado una masonería de filiación norteamericana con anterioridad a la española, compuesta mayoritariamente de cubanos y autónoma de la masonería de origen español, implantada más tarde.
 Logia Fraternidad Española de Ponce de Puerto Rico, 23 de diciembre de 1913 |  Agape solsticial de invierno de 1913 de la Logia Fraternidad Española de Ponce de Puerto Rico |  Logia Hijos de Minerva nº 336 del GOE en la Vega Alta de Puerto Rico, 17 de diciembre de 1900 |
En septiembre de 1875 —en plena Guerra de los Diez años— se reunieron en Lausana 22 Supremos Consejos del Grado 33 (organizaciones masónicas nacionales) de Europa y las dos Américas con el fin de federarse, ordenar y reformar el Rito Escocés y Aceptado. Allí estuvo representado el Supremo Consejo de Colón, que representaba a Cuba, pero no la masonería española. En dicho congreso masónico internacional se votó una resolución de especial trascendencia para la Orden, según la cual los derechos de territorialidad sobre Cuba y Puerto Rico correspondían al Supremo Consejo de Colón y no a una obediencia española. Así, Cuba fue independiente antes en el plano masónico que en el político. Ante dicha resolución, conocida ya de antemano, las obediencias españolas no participaron en el llamado «Convento de Lausana» y pasaron al ostracismo, aislados del resto de familias masónicas del mundo, con tal de no transigir en una cuestión tan delicada dado que Cuba era territorio español y, obviamente, a la masonería española correspondía la legalidad en aquella posesión. Huelga resaltar la trascendencia y el significado inequívoco de la resolución votada por el flamante cuerpo masónico internacional.
Sagasta, jefe del partido liberal, sería elegido al año siguiente Gran Maestro del Gran Oriente de España. El Marqués de Seoane, senador del reino, era el Gran Maestro del Gran Oriente Nacional de España. Pues bien, el G.O. de España rompió las relaciones con el Supremo Consejo de Colón, al que acusó de independentista, al tiempo que reafirmaba su misión de «Mantener la unión de la masonería y de la Patria». Desde entonces se agudizó el conflicto de los grandes orientes españoles contra la obediencia específicamente cubana, apadrinada por la de los EE. UU. En la Metrópoli, todas las obediencias, sin excepción, se declararon siempre enemigas de la independencia cubana e incluso, en muchos casos, de la simple autonomía.
El panorama político en la masonería cubana era completamente distinto, pues un sector era independentista, otro era partidario de integrarse a los EE. UU. y un tercero se inclinaba por mantenerse bajo la soberanía española con autonomía política.
En la Península, únicamente los masones adscritos al republicanismo federal —especialmente los catalanes— «comprendían» o podían aceptar los deseos independentistas de un sector de sus «hermanos» antillanos. Las demás familias republicanas eran centralistas y casi siempre contrarias a la autonomía cubana, empezando por el posibilista y luego fusionista Miguel Morayta, fundador y Gran Maestro del G.O. Español, obediencia admitida en la Masonería Universal en 1891.
La crisis filipina y sus consecuencias
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En Filipinas la realidad masónica y la política eran bien diferentes. El Archipiélago era una posesión muy cuidada por la Iglesia, donde el clero regular fiscalizaba una parte importante de la vida en aquella alejada colonia.
La masonería se implantó tarde y débilmente en la colonia oceánica y hasta 1884 no se admitieron «indios», como se decía. Era pues, una masonería de españoles y para españoles. Pero con la expansión del G.O. Español, Morayta y la cúpula de esa obediencia plantearon una batalla contra el claro regular en Filipinas; repetimos: al clero regular y no al sistema colonial.
Si en Cuba eran enemigos de la independencia, en Filipinas todos los esfuerzos se dirigieron únicamente a conseguir que la colonia lograse tener representación parlamentaria, como la disfrutaban Cuba (1876) y Puerto Rico (1871). Pedían que se aplicara la Constitución de 1876, la Ley de prensa y de asociación. En una palabra:asimilismo. Esa era la política del G.O. Español en Filipinas y en la Metrópoli. Pero dicha estrategia atrajo por igual a los filipinos asimilistas y a los independentistas. Con este propósito llegó a Barcelona la primera colonia de filipinos, encabezados por Marcelo H. del Pilar, Graciano López Jaena y Mariano Ponce, entre otros. A primeros de 1889 fundaron en esa ciudad la logia Revolución y el quincenario «La Solidaridad», órgano oficial de la Asociación de Hermandad Hispano-Filipina. El presidente de la entidad Hispano-Filipina era M. Morayta y cuando el núcleo filipino se trasladó a Madrid, se estrecharon aún más las relaciones entre éstos y el G.O. Español.
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Ante el fracaso de la estrategia moderada, ganó terreno con rapidez la tesis independentista por la vía armada, por ejemplo a través del «Katipunan», que no era una masonería, sino más bien un carbonarismo trasplantado a Filipinas.
No cabe duda de que el G. O. Español hizo política en Filipinas y en España, pero siempre dentro de la legalidad constitucional, porque allí no se respetaban los derechos individuales que la Constitución amparaba. En todo caso, al G. O. Español, la aventura filipina le costó la clausura de su sede central. El G.O Nacional de Pantoja desapareció. En el V Congreso Católico Nacional de Burgos de 1899, todos los obispos españoles, sin excepción, firmaron un manifiesto dirigido al gobierno en el que se pedía la reforma de la Ley de Asociación de 1887 con el fin de «expulsar la masonería de España». Esa batalla también se perdió.
Extractado de. Pedro Sánchez Ferré, "Masonería y Colonialismo", en La Masonería Española (1728-1939). Exposición, Alicante-Valencia, 1989, pp. 81-90.
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