Las Bambas: estas son las claves para entender el conflicto social

Se cumplen más de 50 días desde que un grupo de comuneros de Fuerabamba bloqueó la carretera

Una carretera en disputa. Para la minera no hay nada que negociar

Más de 200 días de conflicto, 50 días de bloqueo de vías y 300 millones de dólares en pérdidas es el balance que hasta el momento deja el conflicto por los derechos al acceso de una vía en el proyecto minero Las Bambas.

Un equipo especial del Gobierno, formado por funcionarios de Economía y Energía y Minas busca intermediar entre la empresa minera y los comuneros de la zona para paliar una problemática que tiene larga data.

El origen del problema

La comunidad de Fuerabamba (Apurímac) es propietaria fundo Yavi Yavi (Cusco), camino de donde se ubica el campamento de la minera MMG Las Bambas, empresa que extrae el mineral de esta zona y la segunda más importante del rubro en el país.

Para llegar a este campamento hay una vía, que permanece bloqueada hace 50 días, por lo que no se puede ni entrar ni salir con el mineral extraído, lo que representa pérdidas millonarias.

Los comuneros han considerado que la reclasificación de esta ruta que atraviesa su propiedad, como vía nacional impuesta por el Gobierno en 2018, los perjudica. Son 12 kilómetros de ruta asfaltada por donde se saca el mineral de Las Bambas a Espinar para luego ser exportado.

Lo que exigen los comuneros

En una conversación entre los comuneros con la empresa Las Bambas, los primeros solicitaron un pago de 80 dólares por metro cuadrado. Son 39 hectáreas de terreno implicadas en el tránsito del mineral y que pertenece a Fuerabamba, lo que haría un total de 31 millones 200 mil dólares.

Pero la empresa ofreció pagar el monto 50 mil soles por hectárea y 1 millón 900 mil soles como monto social. El tema monetario es importante porque es una de las demandas de los comuneros y principales motivos por los que han bloqueado los accesos.

La empresa MMG Las Bambas considera que pagar por compensación de uso de una vía nacional no es factible, y que solo procede el pago de un monto para resolver el problema.

"Nosotros como empresa privada no podemos pagar a la comunidad ni a ningún otro privado una compensación por el uso de una carretera pública", dijo a El Comercio, Claudio Cáceres, representante de la empresa.

Por su parte, los comuneros consideran que no van a poder recuperar ese terreno que ya está asfaltado y por el que circulan los camiones que sacan todo el mineral. "Son 39 hectáreas que vamos a perder y nunca más seremos dueños", ha dicho el presidente de la comunidad, Gregorio Rojas.

Actores externos

Dos personajes claves en esta historia tienen que ver con las asesorías a la comunidad de Fuerabamba para hacer los pedidos y formular las exigencias a la empresa minera. Se trata de Frank y Jorge Chávez Sotelo, quienes según la PCM y el MTC, estarían manipulando a los comuneros.

Ambos, junto al presidente de la Comunidad de Fuerabamba Gregorio Rojas, fueron detenidos por la Policía Nacional. La Fiscalía de la Criminalidad Organizada de Abancay acusó a los hermanos de ser parte de extorsión contra el proyecto Las Bambas.

También se les ha sindicado como autores intelectuales del bloqueo de las rutas de acceso al proyecto. Ambos tienen antecedentes policiales por violencia en conflictos sociales y marchas.

Estos también serían cabeza de "Los Chavelos", una organización delictiva que se dedica a la extorsión y que estaría tras el conflicto que tiene paralizado al proyecto minero. 

Las posibles soluciones y el diálogo

El viceministro de Gobernanza Territorial, Raúl Molina, dijo en Canal N que el Estado ha ofrecido pagar a la comunidad de Fuerabamba 340 millones de soles por la expropiación de terrenos aledaños a la vía en discusión.

Los pobladores exigen otros 100 millones de soles por indemnización por "afectación del uso de la vía por la empresa privada", sin embargo el funcionario mencionó que no es viable el cobro de un derecho de paso en una vía pública. 

En los diálogos el Gobierno ha planteado que acuerden los comuneros y la minera un pago de retribución, pero no como una obligación al ser esta ruta una vía nacional. 

El Estado en este caso es solo mediador y su papel es de instar a la comunidad a que acuerde con MMG Las Bambas para el desbloqueo de la vía. Pero los comuneros se niegan a hacerlo hasta que no liberen a sus líderes. El caso aún no ve luces de solución.