Fiscalía señala que red de Rodolfo Orellana operó 12 años en la impunidad
Magistrada Marita Barreto solicitó 35 años de cárcel para Rodolfo Orellana y los cabecillas de su presunta organización criminal
La presunta organización criminal liderada por el abogado Rodolfo Orellana Rengifo operó por 12 años y amasó una fortuna de S/540’184.581, según informó ayer la fiscal para casos de lavado de activos, Marita Barreto, quien solicitó 35 años de cárcel para el procesado.
Explicó que la organización se apropiaba de inmuebles a través de actos fraudulentos y luego vendía dichos bienes con el fin de dar apariencia de legalidad a sus operaciones.
Barreto Rivera indagó por casi cinco años sobre Orellana y sus operadores, a través de una investigación preliminar y, posteriormente, en una etapa preparatoria. Ayer formuló la acusación con la finalidad de llevar a juicio oral a los presuntos cabecillas de este aparato criminal.
(Gráfico: El Comercio)
“Ni el Poder Judicial, ni el Ministerio Público pudieron lograr una sentencia [contra ellos]. La tesis que sostiene la fiscalía es que se trata de la organización [criminal] más grande de la historia del país”, indicó Barreto en conferencia de prensa.
La representante del Ministerio Público presentó la acusación por el presunto delito de lavado de activos y organización criminal para la red que operó entre el 2002 y el 2014, a través de la compra ilegal de inmuebles y blanqueamiento de dinero mediante la venta de estos a terceros.
Sostuvo también que los delitos fuente del lavado de activos fueron los diversos actos de corrupción que cometió el clan.
La fiscal explicó que la primera investigación a este presunto grupo criminal se inició en el 2009, pero luego de algunas decisiones fiscales y judiciales que buscaban enviar el caso al archivo, este fue derivado a su despacho en julio del 2014.
Desde entonces, pasaron cuatro años y ocho meses. La indagación, que se inició con 20 personas, llegó a sumar 382 investigados. Sin embargo, la acusación formulada ayer comprende a 51 personas que han sido consideradas cabecillas.
Debido a la gran cantidad de investigados, la fiscal Barreto pidió al Poder Judicial que el caso de los presuntos cabecillas sea desacumulado del expediente principal, pues ya se tenían los elementos suficientes para probar su responsabilidad penal en el juicio oral.
—Niveles y poder—
En la acusación fiscal, la red criminal está integrada por operadores del Ministerio Público, Poder Judicial, Superintendencia Nacional de Registros Públicos (Sunarp), abogados, técnicos especializados en derecho registral, notarial, concursal y arbitral que se dividieron en tres niveles.
En la acusación fiscal, la red criminal está integrada por operadores del Ministerio Público, Poder Judicial, Superintendencia Nacional de Registros Públicos (Sunarp), abogados, técnicos especializados en derecho registral, notarial, concursal y arbitral que se dividieron en tres niveles.
En el primer nivel están los más importantes cabecillas que tenían el manejo del dinero, mientras que en el segundo se encuentran los encargados de organizar los actos fraudulentos. En el último, los testaferros.
“Eso ha hecho que esta organización se mantenga a lo largo de 12 años en la impunidad”, anotó Barreto.
Acotó que en la acusación “se está probando” que el clan tuvo apoyo político y económico externo.
Adelantó que su despacho aún investiga, entre otros, al ex congresista Heriberto Benítez, quien está incluido en otras nueve indagaciones en curso sobre el mismo caso.
La acusación será sometida a un control previo y luego pasará a juicio oral.
En los últimos meses, Rodolfo Orellana ha asumido su propia defensa en este caso.
—Caso Sunarp—
Ayer también se inició el juicio oral al ex jefe de Sunarp Álvaro Delgado Scheelje y otras 21 personas por sus vinculaciones con Orellana. Según la fiscalía, que pidió penas de entre 3 y 16 años, los acusados eran los encargados de redireccionar los falsos títulos de propiedad de Ludith Orellana Rengifo.
Ayer también se inició el juicio oral al ex jefe de Sunarp Álvaro Delgado Scheelje y otras 21 personas por sus vinculaciones con Orellana. Según la fiscalía, que pidió penas de entre 3 y 16 años, los acusados eran los encargados de redireccionar los falsos títulos de propiedad de Ludith Orellana Rengifo.
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