PROCURADOR SEGURA: LA BUROCRACIA ENTORPECE LA INVESTIGACIÓN DE 'LAVA JATO' EN PERÚ
Aseguró que la cooperación judicial para el intercambio de información entre Perú y Brasil debe ser más ágil
Procurador anticorrupción Joel Segura. Foto: Andina.
Las filiales peruanas de las grandes corporaciones de Brasil y los funcionarios peruanos vinculados con los casos de corrupción ‘Lava Jato’ y ‘Castillo de Arena’ aseguran que una cosa es lo que pasa en Brasil y otra en Perú. Pero el procurador anticorrupción peruano, Joel Segura, señala que ese argumento no es “atendible”. Para él ya quedó al descubierto el grado de coordinación entre las empresas del país vecino y sus filiales en América Latina. “Lo que pasa en Brasil está demostrando que la estructura de la corrupción está desarrollada en varios niveles”, apuntó el procurador, a más de ocho meses de haberse iniciado las indagaciones en Perú y a dos años del inicio del proceso ‘Lava Jato’ en Brasil. Aquí una entrevista amplia que tuvo con Convoca.pe sobre uno de los casos de corrupción más importantes de Latinoamérica que involucra la gestión de tres presidentes de Perú.
Por Milagros Salazar
Publicado el 17 de marzo de 2016. Hora 9 a.m.
En junio de 2015, el procurador anticorrupción, Joel Segura, empezó a solicitar documentos a Brasil, mediante la Fiscalía de la Nación, para investigar a los funcionarios peruanos involucrados en las presuntas coimas por la construcción millonaria de la carretera Interoceánica Sur en manos de las empresas brasileñas Norberto Odebrecht S.A., Camargo Corrêa, Andrade Gutierrez y Queiroz Galvão. Los documentos fueron solicitados después que Convoca.pe y Brío revelaran los llamados “capilés” (sobornos) de Camargo Corrêa en favor de funcionarios de los gobiernos de Alejandro Toledo y Alan García que aparecían en un informe de la Policía Federal como parte de la investigación ‘Castillo de Arena’. Pero los papeles llegaron a “cuenta gotas” meses después. “Algunos recién en diciembre”, apunta Segura.
Cinco personas de su equipo ven “diez casos de corrupción de alto perfil” a tiempo completo, entre ellos los casos vinculados con Brasil. La cantidad de información es abrumadora. En el expediente bautizado como “Interoceánica”, explica Segura, se ha incluido las denuncias de la construcción de la carretera Interoceánica Sur, que de 800 millones de dólares pasó a bordear los dos mil millones de dólares de presupuesto sin respetar las normas y con cambios reiterados de los contratos: 22 adendas para los tramos 2, 3 y 4 de la carretera. También se ha sumado el caso Sedapal por la construcción de la planta de tratamiento de agua en Huachipa que tuvo a cargo Camargo Corrêa y que involucra en presuntos pagos de coimas al ex ministro aprista Hernán Garrido Lecca y otras autoridades que gobernaron con Alan García. A estos primeros casos, se suma al expediente “Interoceánica” el de la empresa OAS por el dinero oculto que llegaba al Perú para ser entregado a la filial de esta empresa brasileña, según los testigos y delatores de Brasil.
En forma paralela, las autoridades peruanas investigan otros casos de corrupción relacionados a inversiones de Brasil en gobiernos regionales. Son entre siete y ocho casos en diversos expedientes, advierte Segura. Las autoridades peruanas que indagan estos hechos apenas se están acercando a la “caja negra”. En el caso de la Interoceánica Sur es donde hay más avances, dice Segura. “Toda la semana pasada han desfilado personas (en la Fiscalía) que han abierto un abanico de información”, agrega. En esta entrevista, Joel Segura habla del modus operandi de las empresas brasileñas en el Perú, las coordinaciones con el país vecino para obtener información y los obstáculos para llegar a las entrañas de este sistema de coimas, cada vez más expuesto.
¿Han logrado obtener nueva información para establecer las responsabilidades y vínculos de los funcionarios del Perú con los casos de corrupción de Brasil ‘Lava Jato’ y ‘Castillo de Arena’?
En el caso Interoceánica hay un avance interesante porque la Fiscalía ha logrado viajar en cuatro oportunidades a Brasil. Lamentablemente nosotros no hemos podido acompañarlos en ese viaje por diversos motivos. Es importante ponerse en contacto con la misma Fiscalía de Brasil. También ha habido pedidos vía cooperación judicial para que documentos, declaraciones vinculadas con el caso ‘Castillo de Arena’ y ‘Lava Jato’, puedan ser alcanzadas para avanzar en nuestra investigación. Se busca recopilar toda la información documentaria que sea posible. Por ejemplo, el caso Interoceánica tiene un componente bastante amplio de documentos: viene desde 2004, desde la habilitación de la carretera, todas las adendas al contrato, hay varios informes de la Contraloría General de la República. Ese conjunto de documentos permite en alguna medida posicionar cierta información para que las personas vinculadas con la elaboración o participación en estos hechos puedan hacer sus descargos. La idea es entrar a esa fase.
(La construcción de la obra se inició oficialmente en marzo de 2006 sin Estudio de Impacto Ambiental y sin pasar por el Sistema Nacional de Inversión Pública que, según los expertos, en la práctica significaba no demostrar la rentabilidad social y económica de la obra. La concesión fue entregada solo con un Estudio de Factibilidad y no con un Estudio Definitivo de Ingeniería, lo que hizo que se subestimaran los costos de inversión y se abriera una puerta para que los propios concesionarios definieran los costos adicionales y el aumento del presupuesto).
¿Ustedes han logrado obtener la justificación técnica del incremento del Pago Anual por Obras (PAO) de la carretera Interoceánica? El Ministerio de Transportes nunca lo entregó a Convoca.pe. a pesar que era el tema de fondo.
Precisamente esa información es un elemento de sospecha. No me gustaría adelantar pero sí tenemos una hipótesis: no solo en el tema de justificación técnica sino otras acciones (de los funcionarios) que habrían servido para que este proyecto avance. Hay muchos elementos que caen en el espacio de dudoso y sospechoso que están vinculados con la ley.
Y que tienen que ver con el favoritismo de los funcionarios públicos a las empresas de Brasil…
Partiría por decir que es algo complejo. Lo fundamental es que en este caso lo que se va a analizar es si hubo o no un manejo responsable de los recursos al asumir el Estado peruano la ejecución de grandes proyectos de inversión con fondos públicos. El caballo de batalla es que son grandes proyectos de inversión aparentemente de interés público que justificarían acciones que están alejadas de un proyecto con una licitación normal. No dejamos de lado que se trate de un proyecto de interés nacional pero tampoco vamos a descartar que eso sea la justificación para que se pase por encima muchas reglas que estaban establecidas para garantizar la imparcialidad y un manejo responsable de los fondos públicos, que el funcionario haya defendido el interés del Estado y no el de las empresas.
Un argumento repetido de las compañías brasileñas que operan en el país es que una cosa son las empresas en Perú y otra las de Brasil. ¿Van a tomar en cuenta los documentos incautados por la Policía Federal de las oficinas de las empresas en Brasil como pruebas para establecer las responsabilidades de los funcionarios y las filiales en Perú?
El argumento que tienen las empresas para descartar o limitar una investigación no es atendible. A estas alturas, lo que se está evidenciando en Brasil es una coordinación (de los funcionarios de las empresas del vecino país) con el resto de Latinoamérica, eso ya está al descubierto. Eso tiene que revisarse en cada caso pero de primera mano no podemos descartar la investigación y construir la responsabilidad de las empresas filiales y de las personas. También han existido argumentos, que seguro más adelante se va a conocer, que aquí no hubo delito de parte de las compañías sino que lo hicieron sus representantes, que la empresa no tiene nada que ver. Eso es un argumento que no tiene ningún sustento. Dada las circunstancias y los modos en que se ha ido operando, esto está adquiriendo consistencia y la verificación de la información está dando hipótesis afirmativas.
¿Hipótesis afirmativas de que las empresas de Brasil pagaron sobornos en Perú?
Todo lo que abona en esa línea se está tomando en cuenta.
Se ha logrado determinar que el modus operandi que empresas como Odebrecht usaron en Brasil para comprar políticos, ¿es el mismo que se aplicó en Perú?
No solo para el caso de Odebrecht, sino para las trasnacionales en general. En el sistema de justicia, la Procuraduría descarta definitivamente que en el caso de las empresas que pagan coimas sea el representante de la compañía que se sienta en una silla con el Presidente de la República, un ministro o un congresista, gente de Proinversión o el jefe que está licitando la obra, para entregarle un fajo de dinero. Esas son hipótesis que la ciudadanía se puede imaginar pero la forma de corrupción ha sido perfeccionada. Normalmente la corrupción busca la impunidad y la máxima reserva, incluso distanciarse de quienes actúan en la corrupción. Por eso es muy complejo y es necesario entender el rol de las offshore, cuál es su razón de ser, qué hacen en el mercado y quiénes las integran. Lo que pasa en Brasil está demostrando que la estructura de la corrupción está desarrollada en varios niveles y para eso se sirven de offshore, testaferros, empresarios que se venden, intermediarios. La creación de esas offshore están usualmente en paraísos fiscales.
Uno de ellos es Panamá, donde se controlaron cuentas para pagar los sobornos a los funcionarios de Petrobras.
Esos son modus operandi que se están tomando en cuenta. No es una mirada pequeña de la corrupción, es una mirada bastante macro. En Perú, las experiencias de investigaciones complejas de corrupción están vinculadas a la época de Fujimori y (su ex asesor) Montesinos cuando se crearon empresas offshore para el pago de coimas. En la actualidad, también se usan maletas y ya no transferencias de las cuentas. Y en esa modalidad, ayuda mucho lo que puedan decir los delatores brasileños sobre los funcionarios peruanos. También hay que tomar cuenta que los empresarios hacen un análisis de costo y beneficio, y prefieren delatar a los políticos para evitar caer presos y salvar a sus empresas.
Una práctica de las empresas de Brasil ha sido pagar sobornos a los candidatos en plena campaña electoral. Hay menciones de presuntas coimas en el caso de la Interoceánica según los documentos que incautó la Policía Federal y que están asociadas a los apellidos Toledo y García. Algo similar sucede con el Proyecto OH con el que se vincula al presidente Humala. ¿Han logrado profundizar en estos indicios?
Más allá de estos datos, la transparencia de quiénes aportan a la campaña de los políticos es un mecanismo que necesita afinarse en el Perú. Por eso, un buen modelo de investigación tiene que abarcar todas las etapas previas (que le permitieron al funcionario llegar al poder). Este es un caso complejo. El sistema en el que nos movemos le garantiza al Presidente de la República una inmunidad absoluta. Solo si el Congreso sigue un procedimiento de desafuero, se puede autorizar a la Fiscalía de la Nación iniciar una investigación al Presidente. Mientras tanto lo que se puede hacer son indagaciones, cruces de información. Eso es lo que hemos solicitado a la Fiscalía.
En las elecciones de 2011, el partido Perú Posible de Alejandro Toledo reportó que recibió dinero de Queiroz Galvão y de Camargo Corrêa. Pero con la poca transparencia del manejo de los fondos de las campañas electorales, no se podría decir que es el único que recibió dinero de las empresas de Brasil.
Los organismos electorales deben afinar ese mecanismo de control. Deben garantizar que el candidato que postule sea honesto y no tenga ningún tipo de compromiso con una empresa. La realidad está demostrando que se necesita hacer un seguimiento de las finanzas de los partidos políticos.Definitivamente cuando una empresa financia a un político que tiene una gran expectativa que va a llegar el poder, en alguna medida esto le serviría a las compañías para direccionar las licitaciones. Y obviamente esto no tiene otro significado que el del adelanto.
Los gobiernos de Alan García, Ollanta Humala y Alejandro Toledo, y sus vínculos con el caso 'Lava Jar se encuentran investivados por la procuraduría anticorrupción. Fuente: Andina.
¿Va a considerar en su investigación el caso de las agendas de la Primera Dama, Nadine Heredia, en las que aparece una cita entre el encarcelado expresidente de OAS, José Aldemario Pinheiro? La Procuraduría de Lavado de Activos ha solicitado a la Fiscalía que vea el caso.
Por el momento yo no quisiera pronunciarme porque eso lo está viendo la Procuradora de Lavado de Activos. Pero si surgen elementos en relación a la hipótesis que estamos trabajando y hay una vinculación directa, no tiene que dudarlo.
¿Está funcionando la cooperación judicial entre Brasil y Perú para avanzar en las investigaciones?
Yo tengo mucha crítica sobre este tema. En América Latina no se tiene un equipo multinacional de investigación. Europa sí lo ha tenido en varios casos importantes. Cuando Brasil pide información a Perú, esto empieza con el fiscal y el juez. Y de ahí tiene que derivarse a la autoridad central (Ministerio de Justicia) y luego a Cancillería. En el caso de Perú sucede lo mismo…tiene todo ese recorrido. Creo que ese es uno de los peores obstáculos. Debemos sentarnos de una vez y evaluar los trabajos conjuntos multinacionales. Si no es un desgaste de tiempo. Peor aún en estos casos de corrupción, la información se debe trasladar de manera mucho más rápida para evitar que los testigos terminen callándose la boca. Es momento de considerar lo que recomienda la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, que las autoridades centrales de Perú y Brasil vean otro tipo de mecanismo. Se necesita una comunicación directa entre fiscales. No necesitas intermediarios, además por un tema de confidencialidad. Hay que repensar entonces estos mecanismos porque es lo único que nos va a llevar a tener casos concretos y bien hechos. Lamentablemente nos enfrascamos en una burocracia que impide avanzar. Ese es el problema de nuestro país, siempre está pensando en cosas pequeñas, en problemas internos. No se está pensando en normas para ver megacasos. Las dificultades son las normas de coordinación. No son ágiles. Entorpecen. Las cosas que pueden salir en un día, por el trámite burocrático terminan saliendo en dos semanas.
Es sorprende que en Brasil las autoridades hayan autorizado la incautación de computadoras y documentos de las oficinas de los empresarios involucrados en los casos de corrupción. ¿En el Perú se podrá ver algo así para llegar al fondo de esta red de coimas?
Aquí también se podría hacer algo así, pero eso depende del fiscal. Yo no estoy facultado a hacerlo. Los allanamientos se pueden hacer. En este contexto de corrupción intensa y de altos niveles, es necesario. Yo creo que si tú te enteras que una empresa está quemando sus computadoras, no le vas a pedir al juez que te de la autorización para incautarlas. Hay que tratar de preservar toda la información posible para reconstruir los hechos criminales. Es lógica pura.
El caso 'Castillo de Arena? fue archivado en Brasil pero no por falta de pruebas sino porque los representantes de Camargo Corrêa argumentaron que se violaron sus derechos con el allanamiento de sus oficinas. ¿Usted va a considerar esos documentos como pruebas para el caso peruano?
Sí los vamos a usar como fuente de información. ¿Puede servir como medio de prueba? Eso es un debate con varias posiciones encontradas.
¿Para usted no serviría como prueba a pesar que explícitamente se habla de coimas?
Yo considero que sí, hay excepciones. La regla es que todo ciudadano tiene derechos fundamentales que deben respetarse, pero si los casos se dan con órdenes judiciales y han sido lo suficientemente ponderadas. Ese no es un problema de quien ejecuta la orden (En el caso ‘Castillo de Arena’ le autorizaron a la Policía Federal a realiza el allanamiento). Esa es mi posición, pero esa posición tiene que ser compartida con un fiscal y un juez. Pero si uno va un tribunal como el que juzgó el caso ‘Petroaudios’ (que absolvió a los procesados por corrupción porque consideró que las pruebas se obtuvieron de manera ilegal), estamos fritos. Eso fue una bajeza.
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