Contralor puede ser denunciado ante la Fiscalía
Se niega a pagar a cesantes y jubilados de la Contraloría, denuncian.
Según la Resolución de Contraloría Nº 162-2015-CG, firmada por el señor Fuad Khoury Zazar y publicada en el diario El Peruano, el contralor debe haber llegado hace unos pocos días de un nuevo viaje al extranjero, esta vez a la ciudad de Nueva York, para exponer en la Universidad de Columbia sobre el tema “La participación ciudadana: movilizando a la ciudadanía, a la sociedad civil y los medios de comunicación”, en el marco de un evento destinado a “mejorar la capacidad de las entidades públicas y sus profesionales para detectar y combatir la corrupción…”
El lector podrá juzgar lo que ha hecho el contralor Khoury por la participación y la movilización de la ciudadanía, la sociedad civil y los medios, para la lucha contra la corrupción, pero el señor sigue dando conferencias en un montón de países del mundo contando su experiencia, mientras en el Perú reconoce que está siendo cada vez más desbordado por la corrupción. Pero mientras el caballero hace sus interminables recorridos por el mundo, en Lima se informó que la señora Isabel Acevedo, 15 años al frente de la Asociación de Cesantes y Jubilados de la Contraloría, que litigan interminablemente con su antigua institución para que les paguen lo que les deben, fue internada de urgencia en el hospital Rebagliati.
Ya son más de 60 cesantes y jubilados que han muerto desde que a mediados de los 90, se inició esta pelea y muchos están enfermos, algunos muy seriamente. Todas las instancias internas y externas les han dado la razón, y el señor Khoury está advertido para ser denunciado penalmente por no cumplir los mandatos de la justicia, pero como se ve, otras son sus prioridades. Conminado judicialmente y desmentido por el mismo MEF, Khoury anda sobre el filo de la navaja, pero nadie sabe quién lo protege y le permite violar la ley.
Documentos
El 6 de noviembre del 2014, el 9º Juzgado Constitucional de Lima, que dirige el juez Juan Fidel Torres Tasso, sobre el reclamo de los cesantes y jubilados de la Contraloría para que se ejecute lo ordenado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el Tribunal Constitucional y otras instancias judiciales, resuelve: “Requiérase por última vez a la parte demandada (Contraloría) y a los funcionarios señalados a fin que en el plazo de tres días cumplan con cancelar a favor de la parte demandante el íntegro del monto aprobado…, descontando los pagos a cuenta realizados a la fecha, sin fraccionar ni priorizar los pagos, bajo apercibimiento de los artículos 22 y 59 del Código Procesal Constitucional, así como de remitir copias certificadas de las piezas procesales pertinentes al Ministerio Público) a fin que haga uso de sus atribuciones con arreglo a ley”.
El 6 de noviembre del 2014, el 9º Juzgado Constitucional de Lima, que dirige el juez Juan Fidel Torres Tasso, sobre el reclamo de los cesantes y jubilados de la Contraloría para que se ejecute lo ordenado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el Tribunal Constitucional y otras instancias judiciales, resuelve: “Requiérase por última vez a la parte demandada (Contraloría) y a los funcionarios señalados a fin que en el plazo de tres días cumplan con cancelar a favor de la parte demandante el íntegro del monto aprobado…, descontando los pagos a cuenta realizados a la fecha, sin fraccionar ni priorizar los pagos, bajo apercibimiento de los artículos 22 y 59 del Código Procesal Constitucional, así como de remitir copias certificadas de las piezas procesales pertinentes al Ministerio Público) a fin que haga uso de sus atribuciones con arreglo a ley”.
El 7 de enero de 2015, el 9º Juzgado Constitucional, vuelve sobre el tema: “Requiérase por última vez a la Contraloría general de la República, al contralor Fuad Khoury Zarzar, al vicecontralor Edgar Alarcón Tejada… (y a una lista extensa de altos funcionarios), a fin de que en el plazo de tres días cumplan con cancelar a favor de la parte demandante el íntegro del monto aprobado… descontando los pagos a cuenta realizados a la fecha, sin fraccionar o priorizar los pagos, bajo apercibimiento de los artículos 22 y 59 del Código Procesal Constitucional, en caso de incumplimiento , así como de remitir copias certificadas de las piezas procesales pertinentes al Ministerio Público a fin de que haga uso de sus atribuciones con arreglo a ley. Sin perjuicio de cursarse notificación con la presente resolución a la procuraduría pública respectiva”.
¿Qué respondió la Contraloría y el señor Khoury a estos emplazamientos? Nada, los ignoró olímpicamente y el juez Torres Tasso no se ha atrevido a dar los pasos anunciados en sus propias resoluciones. A su vez, el MEF en informe, de la Dirección General de Presupuesto, que mantiene toda su vigencia, fechado el 10 de julio del 2012, apunta: “Se recomienda que el Pliego 019 Contraloría General, conforme a la normatividad vigente, priorice sus metas a fin de disponer de recursos para cumplir con sus obligaciones, entre las que se encuentra la Sentencia dictada por la Corte Interamericana de los Derechos Humanos en el caso Cesantes y Jubilados de la Contraloría y las sentencias emitidas por el Cuarto Juzgado Especializado en lo Civil de Lima, con cargo a su presupuesto autorizado”.
Hasta los duros del MEF entendieron que no había nada que discutir sino que cumplir, pero Khoury no solamente no repriorizó sus metas, sino que en los años siguientes devolvió dinero del presupuesto no ejecutado, mientras no daba ninguna salida a los mandatos a que estaba obligado. ¿De dónde le sale tanta soberbia?, es algo como para pensarlo seriamente mientras nos enteramos que emprende algún nuevo viaje.
Situación
Después de veinte años de lucha, solo cabe imaginar que el señor Khoury está esperando que los cesantes y jubilados se vayan muriendo de a pocos y nunca cumplir con ellos. Un concepto siniestro pero no es posible concebir otra cosa. Ahora todo está en manos de un juez que debe atreverse a llevar adelante el emplazamiento señalado por él mismo. Nadie, y menos la autoridad, pueden colocarse por encima de la ley y la justicia.
Después de veinte años de lucha, solo cabe imaginar que el señor Khoury está esperando que los cesantes y jubilados se vayan muriendo de a pocos y nunca cumplir con ellos. Un concepto siniestro pero no es posible concebir otra cosa. Ahora todo está en manos de un juez que debe atreverse a llevar adelante el emplazamiento señalado por él mismo. Nadie, y menos la autoridad, pueden colocarse por encima de la ley y la justicia.
Por más contralor que sea el señor Khoury está en la disyuntiva: o paga lo que se debe y que no puede eludir porque es cosa juzgada, o es denunciado ante el Ministerio Público por abuso de autoridad y resistencia al mandato judicial. Tiene que darse cuenta que ser denunciado penalmente puede interrumpir su nutrida agenda de viajes.
ADEMÁS
Después de veinte años de lucha, solo cabe imaginar que el señor Khoury está esperando que los cesantes y jubilados se vayan muriendo de a pocos y nunca cumplir con ellos. Un concepto siniestro pero no es posible concebir otra cosa.
Después de veinte años de lucha, solo cabe imaginar que el señor Khoury está esperando que los cesantes y jubilados se vayan muriendo de a pocos y nunca cumplir con ellos. Un concepto siniestro pero no es posible concebir otra cosa.
Raúl Wiener
Diario UNO
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