Se trata de Ricardo Castro Belapatiño, uno de los cinco magistrados que afrontarán bajomandato de detención la investigación por su presunta pertenencia a dicha red
Por Daniel Yovera
Periodista de investigación de Lamula.pe
Uno de los magistrados que serán investigados bajo medidas limitativas de libertad por haber pertenecido, presuntamente, a la red de Rodolfo Orellana, fue procurador de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) durante el segundo gobierno de Alan García.
En esa ciudad se desempeñó como fiscal superior, fiscal anticorrupción y juez de Yarinacocha. Desde esta localidad, Castro habría tomado decisiones supuestamente favorables a empresas de la organización que lideró Rodolfo Orellana. Por esa razón, el exjuez fue suspendido en enero de 2014 por la Oficina de Control de la Magistratura (OCMA), con la Resolución Nº01.
COMPAÑERO
Fuentes de la Fiscalía señalan al abogado Ricardo Castro Belapatiño como un magistrado cercano al Partido Aprista.
Quizás ello explique que el 31 de agosto de 2006, un mes después del inicio de la segunda administración aprista, el presidente Alan García, el premier Jorge del Castillo y la ministra de Justicia María Zavala firmasen la Resolución Suprema Nº147-2006-JUS, que designaba a Ricardo Raúl Castro Belapatiño “en el cargo de procurador público a cargo de los asuntos judiciales de la Presidencia del Consejo de Ministros”.
El letrado permaneció inamovible en el cargo los cinco años del mandato de García Pérez, hasta algunos meses después de iniciado el actual gobierno, cuando el 24 de febrero de 2012 una resolución suprema firmada por el presidente Ollanta Humala y el premier Óscar Valdés dio por concluida su permanencia en el puesto de procurador.
Según la página web de su estudio jurídico, el exmagistrado de Ucayali también prestó servicios en el Consejo Nacional de la Magistratura, en Servir, en Proinversión y en el Despacho Presidencial, entre otros. No precisa si se refiere al despacho presidencial de los tiempos del mandatario García.
NOMBRADO POR PELÁEZ
Siete meses después de su salida de la PCM, Castro Belapatiño volvió a Estado por todo lo alto, cuando el 28 de setiembre de 2012 el fiscal de la Nación José Peláez Bardales lo designó fiscal superior provisional de Ucayali. Su nombre aparece encabezando una larga lista de magistrados nombrados ese día por Peláez, en la Resolución de Fiscalía de la Nación Nº2559-2012.
Pero el fiscal no solo salió del Ministerio Público por la puerta falsa, cuando la OCMA lo suspendió en enero del año pasado. Sino que, además, el fiscal superior penal Víctor Cubas Villanueva lo someterá a investigación por su presunta pertenencia al aparato jurídico que tuvo a su disposición Rodolfo Orellana.
Este fiscal es investigado por haber admitido, desde Ucayali, recursos de amparo a favor de empresas y personas vinculadas a Orellana por hechos ocurridos en Lima.
En una de sus acciones este Castro Belapatiño ordenó que se le entregue a Orellana un terreno de 26,000 metros cuadrados. Junto a este magistrado también responderán sus colegas Francisco Boza Olivari, Antonio Reátegui y Wenceslao Portugal Cerrutti.
EXIGEN QUE CNM DEFINA SITUACIÓN DE RAMOS HEREDIA PARA EVITAR RETROCESOS EN INVESTIGACIONES
Situación legal del exfiscal de la Nación se complica aún más por reciente informe que lo vincula con la red Orellana
A partir de mañana, en la Comisión de Procesos Disciplinarios del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), se iniciaría el debate sobre los informes que comprometen a varios magistrados con la red de Rodolfo Orellana, entre ellos el suspendido fiscal de la Nación Carlos Ramos Heredia.
Precisamente ayer el Instituto de Defensa Legal emitió un comunicado para exigir que el CNM defina la situación de Carlos Ramos para evitar retrocesos en las investigaciones.
Y es que la situación de Ramos Heredia se ha complicado legalmente a raíz del reciente y demoledor informe de la fiscal de lavado de activos, Marita Barreto, que lo acusa de recibir pagos de Rodolfo Orellana.
En el documento, difundido por varios medios de comunicación, se recoge testimonios de colaboradores eficaces que señalan que el controvertido magistrado, cuando estaba a cargo de la Fiscalía Suprema de Control Interno, puso su despacho al servicio de los intereses de Orellana y su organización criminal, para evitar denuncias o investigaciones en su contra.
La investigación de Barreto también señala al hijo del citado magistrado, César Ramos Torero, abogado de profesión, como el nexo con el clan.
De acuerdo a los testimonios de los colaboradores eficaces de la Fiscalía, los favores de Ramos Heredia se hacían a cambio de pagos que estarían entre los US$ 10 000 y US$ 30 000 mensuales, sumas de dinero que eran cobradas supuestamente por Ramos Torero.
Dicha carpeta con la investigación ya fue remitida al Consejo Nacional de la Magistratura por el actual fiscal de la Nación, Pablo Sánchez.
Son cuatro los procesos que enfrenta Ramos Heredia ante el CNM y que podrían ser determinantes en su destitución:
1. Sus presuntos vínculos con Rodolfo Orellana.
2. La destitución de José Luis Checa, fiscal anticorrupción del Santa, quien fue sancionado por la presunta persecución al ex presidente regional de Áncash César Álvarez.
3. La injusta sanción de los cuatro fiscales que allanaron el local conocido como ‘La Centralita’, en Chimbote. Ramos Heredia incluso recomendó al entonces fiscal de la Nación, José Peláez Bardales, denunciarlos penalmente.
4. Su cuestionada actuación en el caso Sánchez Paredes. Como jefe de la Fiscalía de Control Interno, justificó el archivamiento de dicha investigación y no sancionó a la fiscal María Maguiña.
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