Según informe que la fiscalía envió al CNM, se entregaron cuotas mensuales de dinero para apartar a magistrados incómodos
Carlos Ramos Heredia estará este lunes frente al CNM por el informe de cuatro procesos disciplinarios en su contra. (Foto: El
Rodrigo Cruz
Periodista
@rcruza
Un demoledor informe que podría poner fin a la carrera del hoy suspendido fiscal de la Nación Carlos Ramos Heredia se empezaría a debatir a partir del próximo lunes en el seno de la Comisión de Procesos Disciplinarios del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM).
Este documento, remitido por Pablo Sánchez, actual titular del Ministerio Público, recoge testimonios de colaboradores eficaces que participan en la investigación fiscal a Rodolfo Orellana. En ellos se da cuenta de que hubo más de una estrecha relación entre el controvertido Carlos Ramos Heredia y este presunto cabecilla de una gigantesca red de lavado de dinero.
Según fuentes de El Comercio, las declaraciones de los colaboradores señalan que el suspendido fiscal de la Nación, cuando estaba a cargo de la Fiscalía Suprema de Control Interno, puso su despacho al servicio de los intereses de Orellana, quien intentaba apartar de su camino a los fiscales que lo investigaban o denunciaban y que no se sometían a sus intereses ilícitos.
Orellana necesitaba la influencia y poder que tenía Carlos Ramos Heredia, pues como jefe de la Fiscalía Suprema de Control Interno podía sancionar o separar a los fiscales provisionales incómodos de esta presunta red criminal.
Estos favores, de acuerdo a los colaboradores eficaces de la fiscalía, se hacían a cambio de cuantiosas sumas de dinero, que estarían entre los US$10 mil y US$30 mil mensuales. Esta plata, según los testimonios, era cobrada por César Ramos Torero, hijo del suspendido fiscal, quien iba personalmente a la oficina del propio Rodolfo Orellana, en la avenida Guardia Civil, San Isidro.
Varios de estos colaboradores afirman que vieron a Ramos Torero, entre diciembre del 2013 y marzo del 2014, asistir en más de una oportunidad a esa oficina, conocida también como el búnker de Orellana, donde se editaba la revista "Juez justo", creada para difamar a los detractores de esta red.
PODER JUDICIAL DICTA PRISIÓN PREVENTIVA CONTRA JUECES VINCULADOS A ORELLANA
El juez supremo de investigación preparatoria David Loli Bonilla dictó ayer medida de prisión preventiva por 18 meses contra cinco magistrados de la Corte Superior de Justicia de Ucayali, investigados por estar supuestamente vinculados con la red de Rodolfo Orellana.
La medida comprende al expresidente de la Corte Francisco Boza Olivari y los jueces Wenceslao Portugal Serruche, Ricardo Castro Belapatiño, Luis Palomino Morales y Jorge Reátegui Pisco.
La Fiscalía acusa a estas personas por los presuntos delitos de asociación ilícita, tráfico de influencias, cohecho pasivo y encubrimiento personal.
Asimismo, el juez dispuso el impedimento de salida de los procesados por un plazo de cuatro meses, y contra el expresidente de la Corte de Ucayali la suspensión de la magistratura mientras dure la investigación penal.
Tras concluir la audiencia, pasada la medianoche del viernes, la defensa de los cinco investigados interpuso recurso de apelación a fin de que lo resuelto sea revisado por la instancia superior.
No obstante, se procedió a la detención de Boza Olivari, el único de los procesados que acudió a la sesión judicial.
Loli Bonilla declaró fundado el requerimiento fiscal al considerar que se cumplen los presupuestos señalados por ley: presunción de la comisión de los mencionados actos ilícitos, que la sanción a imponer es superior a los cuatro años de cárcel y que existe peligro de fuga u obstrucción de la justicia.
En la audiencia que duró cerca de diez horas se escuchó los alegatos del representante de la Fiscalía Suprema en lo Contencioso Administrativo, Iván Quispe; de los abogados de los investigados; así como de los jueces Boza Olivari y Reátegui Pisco, este último brindó su defensa desde Ucayali a través de videoconferencia.
Rodrigo Cruz
Periodista
@rcruza
Un demoledor informe que podría poner fin a la carrera del hoy suspendido fiscal de la Nación Carlos Ramos Heredia se empezaría a debatir a partir del próximo lunes en el seno de la Comisión de Procesos Disciplinarios del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM).
Este documento, remitido por Pablo Sánchez, actual titular del Ministerio Público, recoge testimonios de colaboradores eficaces que participan en la investigación fiscal a Rodolfo Orellana. En ellos se da cuenta de que hubo más de una estrecha relación entre el controvertido Carlos Ramos Heredia y este presunto cabecilla de una gigantesca red de lavado de dinero.
Según fuentes de El Comercio, las declaraciones de los colaboradores señalan que el suspendido fiscal de la Nación, cuando estaba a cargo de la Fiscalía Suprema de Control Interno, puso su despacho al servicio de los intereses de Orellana, quien intentaba apartar de su camino a los fiscales que lo investigaban o denunciaban y que no se sometían a sus intereses ilícitos.
Orellana necesitaba la influencia y poder que tenía Carlos Ramos Heredia, pues como jefe de la Fiscalía Suprema de Control Interno podía sancionar o separar a los fiscales provisionales incómodos de esta presunta red criminal.
Estos favores, de acuerdo a los colaboradores eficaces de la fiscalía, se hacían a cambio de cuantiosas sumas de dinero, que estarían entre los US$10 mil y US$30 mil mensuales. Esta plata, según los testimonios, era cobrada por César Ramos Torero, hijo del suspendido fiscal, quien iba personalmente a la oficina del propio Rodolfo Orellana, en la avenida Guardia Civil, San Isidro.
Varios de estos colaboradores afirman que vieron a Ramos Torero, entre diciembre del 2013 y marzo del 2014, asistir en más de una oportunidad a esa oficina, conocida también como el búnker de Orellana, donde se editaba la revista "Juez justo", creada para difamar a los detractores de esta red.
PODER JUDICIAL DICTA PRISIÓN PREVENTIVA CONTRA JUECES VINCULADOS A ORELLANA
El juez supremo de investigación preparatoria David Loli Bonilla dictó ayer medida de prisión preventiva por 18 meses contra cinco magistrados de la Corte Superior de Justicia de Ucayali, investigados por estar supuestamente vinculados con la red de Rodolfo Orellana.
La medida comprende al expresidente de la Corte Francisco Boza Olivari y los jueces Wenceslao Portugal Serruche, Ricardo Castro Belapatiño, Luis Palomino Morales y Jorge Reátegui Pisco.
La Fiscalía acusa a estas personas por los presuntos delitos de asociación ilícita, tráfico de influencias, cohecho pasivo y encubrimiento personal.
Asimismo, el juez dispuso el impedimento de salida de los procesados por un plazo de cuatro meses, y contra el expresidente de la Corte de Ucayali la suspensión de la magistratura mientras dure la investigación penal.
Tras concluir la audiencia, pasada la medianoche del viernes, la defensa de los cinco investigados interpuso recurso de apelación a fin de que lo resuelto sea revisado por la instancia superior.
No obstante, se procedió a la detención de Boza Olivari, el único de los procesados que acudió a la sesión judicial.
Loli Bonilla declaró fundado el requerimiento fiscal al considerar que se cumplen los presupuestos señalados por ley: presunción de la comisión de los mencionados actos ilícitos, que la sanción a imponer es superior a los cuatro años de cárcel y que existe peligro de fuga u obstrucción de la justicia.
En la audiencia que duró cerca de diez horas se escuchó los alegatos del representante de la Fiscalía Suprema en lo Contencioso Administrativo, Iván Quispe; de los abogados de los investigados; así como de los jueces Boza Olivari y Reátegui Pisco, este último brindó su defensa desde Ucayali a través de videoconferencia.
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