La jueza y los traficantes
Ricardo Uceda
El Informante
El Informante
La liberación de los abogados que constituían el brazo legal de la organización criminal de Rodolfo Orellana suscitó críticas de un sector de juristas. Opinan que la Sala Penal Nacional debió mantener la prisión preventiva dispuesta por el juez Ricardo Manrique. Los miembros del colegiado han defendido su posición. La fiscalía, indican, no sustentó por qué había peligro de fuga, un elemento fundamental para privar de la libertad a alguien mientras se lo investiga. Además, el juez Manrique se basó en una norma ya modificada, como señala otro sector de especialistas. Así, el ex vocal supremo Robinson Gonzales, de quien se presumen actividades para corromper a magistrados que veían asuntos de Orellana, podría haber sido puesto en libertad correctamente.
OTRA PERSPECTIVA
Aún no se conoce públicamente la resolución de la Sala Penal. Walter Albán, director ejecutivo de Proética, la pidió basándose en la Ley de Transparencia a la coordinadora de la Sala Penal Nacional, Inés Villa Bonilla. Pidió también el audio de la audiencia pública de apelación, para analizar el alegato de la fiscalía. “Con esta información podremos esclarecer muchas cosas”, dijo Albán. Sin embargo, es posible ver el asunto desde otro lado.
Hay un distinto punto de partida para objetar el rol de la presidenta de la Sala Penal que liberó a Robinson Gonzales, Edita Condori. Pues, ¿con qué legitimidad actúa una magistrada que resuelve sobre personajes acusados de fabricar “compradores de buena fe” para convalidar la usurpación de propiedades mediante títulos falsos, cuando ella misma es “compradora de buena fe” de un predio usurpado? Hasta podría no ser de buena fe. Este hecho, en sí mismo, no es causal que permita apartar a un juez de un juicio. Pero lean lo que sigue y después respóndanse.
Los hechos tuvieron lugar en el distrito de Carabayllo, donde en 1992 Promotora Torreblanca compró, con fines urbanizables, tierras que fueron propiedad del Grupo Nicolini. En los Registros Públicos estaban asentados los títulos desde hacía cien años atrás. La compradora transfirió la propiedad a Total Inmuebles y a F y F Maquinarias, que se asociaron a su vez con Inmobiliaria Gesmold. En esta gran superficie debía levantarse –aún son los planes– la Nueva Urbanización Torreblanca. Limitaba, por un lado, con la comunidad de Jicamarca, y por otro, con la avenida Túpac Amaru. La primera anomalía fue una gran invasión, entre el 25 y 27 de febrero del 2012.
LA USURPACIÓN
Los invasores fueron unas cien familias procedentes de la comunidad de Jicamarca. Los lideraba Marcial Mendoza, un dirigente de este grupo, hoy denunciado por criminalidad organizada. En el momento de la ocupación aún no estaban inscritos en Registros Públicos de Lima los predios de Gesmold y F y F Maquinarias, pero sí 15.7 hectáreas de Total Inmuebles. Esta empresa hizo la denuncia. A pesar de ser un área anotada en los Registros Públicos, los usurpadores contaron con apoyo judicial. Estaba allí, en apoyo de la toma de tierras, el titular de la Primera Fiscalía de Prevención del Delito en Lima Norte, Augusto Lozano.
De acuerdo con la denuncia de Total Inmuebles, los invasores mostraron una escritura pública, según la cual Marcial Mendoza y otras dos personas habían comprado el predio a Jesús Bravo, un representante de la comunidad de Jicamarca. Aparecía que una asamblea del 19 de noviembre del 2006, convocada por su presidente, Dionisio Huapaya, había aprobado la venta. Con posterioridad a la invasión, Huapaya ha declarado que la firma que aparece en el documento no es la suya. Acreditó, por otra parte, que ninguna asamblea de los miembros de Jicamarca autorizó alguna vez la operación.
Los títulos, pues, eran falsos, pese a que los avaló el notario público Jorge Velarde. La Tercera Fiscalía Mixta de Carabayllo, ante la que Total Inmuebles denunció la falsificación de documentos, le ha pedido a Velarde que confirme la información que tuvo a la vista para elaborar las escrituras públicas. Hasta el momento no hay respuesta. Los falsos dueños, por su parte, empezaron a vender lotes para que las familias que deseen pudieran levantar su vivienda en esa zona de Carabayllo.
LA JUEZA COMPRA
Aquí es donde entra a tallar la jueza Edita Condori. En agosto del 2013, junto con su pareja, el Fiscal Superior Lester Quispe, adquirió 620.32 metros cuadrados de un predio perteneciente a Total Inmuebles y F y F Maquinarias. Corresponde al Lote 2, Manzana J, de la urbanización que promueve la sociedad Virgen del Carmen, comercializadora de los predios usurpados. De acuerdo con la minuta, elevada a escritura pública por el mismo notario Velarde a fines de ese año, los vendedores fueron los ya mencionados Marcial Mendoza y Jesús Bravo, quienes declararon haber adquirido el bien a la comunidad campesina de Jicamarca. Los magistrados pagaron 34 mil soles, entonces unos 13 mil dólares. Lo primero que impresiona es lo poco que invirtieron.
Actualmente Virgen del Carmen, según sus anuncios publicitarios, vende lotes a ciento ochenta dólares el metro cuadrado. Los compradores habrían debido pagar no trece mil sino más de cien mil dólares. Hay un segundo contraste. El terreno adquirido por Condori y Quispe es, con mucho, el mejor ubicado de todos los lotes de la invasión. Un agente inmobiliario estimó, para esta nota, que actualmente su valor sería de quinientos dólares el metro cuadrado, pues está en la esquina más comercial, a la altura del kilómetro 23.5 de la avenida Túpac Amaru. De ser cierto, valdría unos trescientos mil dólares. De todas maneras tenemos un precio encubierto, algo poco estético para dos altos magistrados. Y eso no es todo, porque la compraventa se hizo al margen de las formalidades que deben respetar quienes hacen cumplir la ley.
PARA INVESTIGAR
Por ejemplo, ¿por qué compraron los magistrados un bien no inscrito en Registros Públicos? ¿Por qué lo pagaron en efectivo y no con una transacción bancaria? ¿Por qué no consideraron los antecedentes sobre Mendoza y sobre el terreno, dado que la denuncia por usurpación y falsificación de documentos ya era conocida por el Ministerio Público y el Poder Judicial? Un comprador común, y con mayor razón un abogado, fiscal o juez, se cerciora de que la propiedad adquirida esté debidamente saneada, y sus títulos perfeccionados. En el contrato, la entrega de documentos relativos a la propiedad se menciona de modo relativo. Los linderos están indefinidos. ¿Por qué a Condori y Quispe no les importó?
Quizá no eran compradores de buena fe. Es pertinente investigarlo. Como en las operaciones de Orellana, esta usurpación tuvo apoyo en el sistema de justicia. Primero, hubo un fiscal amparando la invasión. Luego, las acciones denunciadas por los dueños no tuvieron eco en el Poder Judicial. A instancias del fiscal Quispe, un juez de Condevilla desalojó de su propiedad al dueño de F y F Maquinarias, el empresario Domingo Palermo. En 2014, Total Inmuebles hizo una denuncia ante las fiscalías de criminalidad organizada. Los invasores, dijo, tenían suficiente poder para detener las acciones legales en su contra. Había veintidós procedimientos municipales, dos judiciales y tres intervenciones penales que no produjeron ningún resultado durante más de dos años. Más aún, un fiscal y una jueza terminaron comprando a los invasores.
Dicho esto, ¿con qué parámetros evaluará la jueza Condori casos de la red de usurpación de Rodolfo Orellana?
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