Alan García Pérez, el líder del Partido Aprista Peruano (APRA) y dos veces inquilino de Palacio de Gobierno, es hoy investigado por un presunto lavado de dinero ilícito junto con 30 de sus colaboradores cercanos. Pero ellos son solo parte de los 432 personajes que de manera directa o indirecta mantuvieron vínculos con este partido y que, a su vez, están relacionados a denuncias por crimen organizado. 
La información se desprende del mapa de relaciones creado por Ojo-Publico.com para conocer los nexos que existen entre los personajes que financiaron las campañas electorales del Perú y los miembros de las principales redes delictivas investigadas en la última década.
Para ello construimos una base de datos preliminar con informes o expedientes oficiales de la Policía Nacional, el Ministerio Público, el Poder Judicial, el Congreso y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), así como reportes de medios de comunicación que citan dichos documentos, lo que nos permitió condensar 46 casos presuntamente delictivos.
APORTANTES. Son 432 los personajes vinculados en primer o segundo grado al APRA y a presuntos casos delictivos. La mitad de ellos hizo aportes al partido.
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APORTES AL MENUDEO Y DELINCUENTES INFILTRADOS FINANCIARON AL APRA
La masiva recepción de dinero en efectivo tuvo su pico en el 2006.
El análisis de dicha data reveló que 856 personas, entre investigados por delincuenca organizada, corrupción, delitos ambientales, lavado de dinero y tráfico ilícito de drogas, y su entorno más cercano, están relacionados con 65 organizaciones políticas de todo el Perú. Incluso el 54% de ellos los apoyó activamente, entregándoles aportes económicos para sus actividades proselitistas.
En toda esta red, el APRA se ubica como el partido político con más conexiones en presuntos actos delictivos. De los 432 personajes relacionados, más de la mitad hizo aportes de campaña. El elevado número de militantes y financistas al menudeo podrían explicar por qué la balanza se inclina en su contra.

SOMBRAS DEL NARCOTRÁFICO
Según la X Encuesta Nacional sobre Percepción de la Corrupción, siete de cada diez peruanos cree que el crimen organizado está infiltrado en la política, y el 36% de ellos considera que el motivo es el financiamiento de las campañas con dinero ilícito. La percepción ciudadana coincide con los hallazgos que revela el presente mapa de relaciones, parte clave de la plataforma Fondos de Papel, creada por Ojo-Publico.com durante la última campaña electoral para analizar el récord histórico de las finanzas partidarias.
INVESTIGADOS. El líder aprista, Alan García, y sus exfuncionarios y colaboradores más cercanos son hoy investigados por presunto lavado de activos. Otros más fueron procesados o condenados por corrupción. / Andina.
Pese a que algunos de los aportantes y allegados identificados en el mapa están ligados a más de un caso delictivo, el análisis de esta información nos permite conocer que el 34% (293) de ellos tiene relación con casos de lavado de dinero y narcotráfico. Y el APRA y Fuerza Popular son los que registran más cantidad de nexos.
El partido aprista lidera el mapa de relaciones en procesos emblemáticos de tráfico ilícito de drogas por los Casos Oropeza y Sánchez Paredes. Uno de los personajes que ayudó a consolidar esta red es Miguel Facundo Chinguel, exabogado de Alan García que hoy purga prisión por delitos de corrupción al haber favorecido a presos por narcotráfico con indultos y reducciones de pena mientras era presidente de la Comisión de Indultos y Gracias Presidenciales, durante el segundo gobierno aprista.
Facundo Chinguel firmó contratos de compra-venta con la madre de Gerald Oropeza, líder de una organización criminal que enviaba droga a Europa, y ejerció la defensa de Jhonny Olivas Ovalle, un traficante de tierras que vivía con Oropeza. La familia de este narcotraficante postuló a cargos públicos por el APRA e hizo aportes al partido, al igual que 37 de los narcoindultados.
NARCOTRÁFICO. De izquierda a derecha, Fidel Sánchez Alayo (48) y su padre Manuel Sánchez Paredes (75), los hermanos Orlando (73) y Fortunato (69) y Belisario Esteves. / Poder Judicial.
Facundo Chinguel, además, hizo aportes a favor del exsecretario de Palacio de Gobierno y brazo derecho de Alan García, Luis Nava Guibert, a quien incluso cedió como local partidario un inmueble que terminó en posesión de Oropeza.
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CASO SÁNCHEZ PAREDES: LOS FANTASMAS DEL NARCOTRÁFICO NUNCA DESAPARECEN
Uno de los más importantes en la lucha contra el lavado de dinero.
Por su parte, el hijo de Nava, José Antonio Nava Mendiola, fue socio comercial de Alfredo Sánchez Miranda, cuyo padre y tíos (Orlando, Manuel y Fortunato Sánchez Paredes) están procesados por presuntamente crear su fortuna en base al tráfico de drogas, delito por el que la fiscalía ha pedido 28 años de cárcel. Precisamente Sánchez Miranda aportó a la candidatura de García en la campaña que lo llevó a la presidencia el 2006. Cinco años después, cuando se hizo público el hecho, el expresidente informó que devolvería el dinero.
En total, de los 243 aportantes del APRA identificados en este mapa, 138 crearon relaciones en primer o segundo grado con organizaciones del narcotráfico y lavado de activos.

LAVADO DE DINERO
El mapa de relaciones creado por Ojo-Publico.com también pone en evidencia a 59 personas, vinculadas a Fuerza Popular, bajo sospecha por presuntos actos delictivos. Los casos en los que están involucrados permitieron crear 72 relaciones, de las cuales 49 son por los delitos de tráfico ilícito de drogas y lavado de dinero.
REDES. Las relaciones identificadas entre los colaboradores de Fuerza Popular se concentran en casos de lavado de activos y narcotráfico.
La lidereza del partido, Keiko Fujimori, tiene nexos con la familia Martínez, dueña de la pesquera Hayduk, que en 1993 fue investigada tras el hallazgo de 353 kilos de droga en su empresa. Eudocio Martínez Torres y sus hijos fueron procesados y encarcelados por este hecho, pero Fujimori –según ella misma admitió– usó su cargo de Primera Dama para gestionar el derecho de gracia presidencial a favor de las hijas del magnate pesquero. Precisamente una de ellas, Ana Martínez, aportó a la campaña fujimorista del 2006.
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PAPELES DE LA DEA REVELAN QUE JOAQUÍN RAMÍREZ ERA INVESTIGADO DESDE EL 2012
Vigilancia incluyó viajes, negocios, cuentas bancarias y millonarias transferencias de dinero a EE.UU.
El partido fujimorista también tiene entre sus financistas a Luis Calle Quiros, empresario peruano incluido en la lista negra de la agencia antidrogas de Estados Unidos (DEA) por liderar una red de envío de droga a España. Además, aparece Joaquín Ramírez Gamarra, excongresista y secretario general del partido, quien junto a su tío Fidel Ramírez Prado fueron blanco de operaciones secretas de vigilancia por parte de la DEA, en el marco de la investigación al sindicado capo de las drogas, Miguel Arévalo Ramírez, alias 'Eteco'.
Los documentos de la DEA, publicados por Ojo-Publico.com en el 2016, contienen un organigrama que conduce al empresario aeronáutico Fidel Ramírez y a la Universidad Alas Peruanas, centro de estudios de la cual es dueño.
En el mapa de relaciones, además, se incluyeron los expedientes formalizados ante la fiscalía por presunto lavado de activos en el Caso Limasa, la empresa de almacenes fundada por Kenji, Hiro y Sachi Fujimori (hijos de Alberto Fujimori) que es investigada por su exorbitante incremento de capital tras comprar y vender deudas entre compañías que pertenecen al mismo grupo familiar.
FINANCISTA. El aportante y secretario general de Fuerza Popular, Joaquín Ramírez, y su tío Fidel Ramírez, fueron objeto de seguimiento por parte de la agencia antidrogas de Estados Unidos (DEA).
También se incluyó al grupo familiar del exministro fujimorista, Jaime Yoshiyama Tanaka por los casos vinculados a los millonarios aportes de campaña que habrían fraccionado sus familiares y allegados para financiar la candidatura presidencial de Keiko Fujimori el 2011 y 2016.

REDES DE CORRUPCIÓN
Los financistas con denuncias contra el medio ambiente –entre los que se encuentran acusados por tala y minería ilegal– son las que copan el mayoritario 36% de este mapa de relaciones, luego de que Ojo-Publico.com accediera a la relación completa de los procesos que son impulsadas por las procuradurías ambientales de todo el país. Allí encontramos a 313 aportantes de los partidos políticos, lo que representa el 38% del total de los nombres incluidos en el mapa de relaciones.
Los personajes vinculados a casos de corrupción ocupan el 26% (229) del mapa. Se trata de financistas y sus cómplices o allegados, que están implicados mayoritariamente al Caso Odebrecht, un esquema de sobornos liderado por la empresa brasileña del mismo nombre y en el que participaron funcionarios del APRA, Perú Posible, Chimpum Callao y el Partido Nacionalista. Muchos de los cuales están hoy presos o procesados.
Los otros dos grandes casos de lavado de activos por usurpación de terrenos, estafa y otros delitos que están siendo procesados en el Poder Judicial son las redes lideradas por el abogado Rodolfo Orellana y el expresidente regional de Áncash, César Alvarez. La lista de investigados y sus allegados cruzan el APRA, el Frente Independiente Moralizador, Chimpum Callao, Unión por el Perú y Solidaridad Nacional.
ODEBRECHT. El expresidente Alejandro Toledo es procesado por los presuntos sobornos que recibió de la empresa brasileña a cambio de entregarle la licitación de la Interoceánica. / Perú Posible.
Por el gran número de involucrados también destaca el caso Antalsis, promovido por Martín Belaúnde Lossio –quien fuera asesor de campaña del expresidente Ollanta Humala– para obtener licitaciones amañadas en diferentes regiones del Perú. El financiamiento y las relaciones entre los personajes que hoy son investigados en la fiscalía por este caso se concentran en Unión por el Perú, partido en el que postuló Humala el 2006.
La red de corrupción que lideró el ex alcalde de Chiclayo, Roberto Torres, paradójicamente líder del Movimiento Regional de las Manos Limpias, aparece en este mapa con 25 personas que en su mayoría ya purgan cárcel por colusión en agravio del Estado. El mismo ‘Beto’ Torres y dos de sus coprocesados aparecen como aportantes de campaña, pero del partido aprista.
Álex Montoya, un sindicado narcotraficante, aparece en la red de Solidaridad Nacional y el caso Comunicore
En tanto, en el Caso Comunicore, que involucra a funcionarios del entorno cercano al alcalde de Lima, Luis Castañeda Lossio, también encontramos a financistas de su partido Solidaridad Nacional. Ellos, a su vez, son personajes claves en la fraudulenta y millonaria compra de una deuda municipal que terminó favoreciendo a la empresa fantasma que da nombre a este caso.
Hay dos personajes en esta red que llaman la atención: El primero es Álex Montoya Agüero, un sindicado narcotraficante prófugo desde el 2009 que, según reportes de la Unidad de Inteligencia Financiara (UIF), estuvo detrás de la creación de Comunicore para lavar dinero. El segundo es el exfiscal Mateo Castañeda Segovia, quien aparece con conexiones múltiples en este caso, en las investigaciones a la red de Rodolfo Orellana y en la investigación de las interceptaciones telefónicas realizadas por la empresa Business Truck.
CALLAO. Las autoridades del primer puerto han sido denunciadas por su participación en redes de chuponeo y contratos amañados en la Vía Expresa Faucett. El último en ser procesado es el gobernador regional Félix Moreno, por el caso Odebrecht. / Andina.
El 6% del mapa de relaciones elaborado por Ojo-Publico.com corresponde a personajes inmersos en la delincuencia organizada, como la banda la Gran Cruz del Norte, dedicada a la extorsión y tráfico de tierras en Piura; al tratante de personas Teófilo Apeña Cano, exdueño de 13 night clubs en Lima; y las dos redes de espionaje promovidas, respectivamente, por la empresa Business Track y las autoridades municipales del Callao.
La primera de estas redes de chuponeo fue liderada por el marino en retiro Elías Ponce Feijoo e involucró a militantes apristas; mientras que la segunda involucró a los alcaldes chalacos Juan Sotomayor y Félix Moreno, y terminó con el asesinato del principal testigo: Wilbur Castillo Sánchez.
La Comisión de Constitución del Congreso de la República tiene pendiente aprobar la reforma electoral que reúne propuestas del Gobierno y de la sociedad civil para regular el financiamiento privado que reciben los partidos y organizaciones políticas, pero a pocos meses de empezar la campaña electoral para elegir a 12.500 cargos municipales y regionales, aún no llega a un consenso.
Un primer dictamen aprobado el 4 de octubre último, prohíbe la recepción de aportes anónimos y de aquellos que provengan de personas condenadas o con prisión preventiva por delitos de corrupción, narcotráfico, minería ilegal, tala ilegal y otros similares. Sin embargo, el mismo documento señala que los partidos informaran del dinero recibido recién al terminar la campaña, es decir, se impedirá la fiscalización de los fondos durante la misma ejecución del proceso electoral.