LUNES 02 DE ABRIL DE 2018 01:01
ORELLANADA
Han transcurrido 18 meses desde que se concretara la captura de casi dos decenas de sujetos vinculados a lo que se conoce como la mafia de “Los Orellanitas” y hasta el momento el Ministerio Público no ha sido capaz de formular una requisitoria escrita contra los involucrados y menos aun deslindar sus responsabilidades en los delitos de lavado de activos y asociación ilícita para delinquir. No se puede soslayar que esta es una de las primeras organizaciones delictivas que fue desbaratada a través de un megaoperativo policial en nuestra ciudad y que puso punto final a los mafiosos que traficaban con los terrenos de propiedad de la Caja del Pescador. La semana pasada, el Juez anticorrupción ha aceptado el pedido del fiscal para que se amplié la orden de prisión preventiva en otros 18 meses más, pedido que está amparado en las normas legales en razón que estanos ante un delito de criminalidad organizada. Lo que no llegamos a entender cuan complicado puede ser para la Fiscalía acusar de una buena vez a estos sujetos si en la pesquisa inicial se recopilaron una gran cantidad de pruebas que los implicaban en esta mafia, se trataba de abogados que aprovechando sus conocimientos no solo en los procedimientos extrajudiciales, sino en la información privilegiada que tenían de terrenos abandonados de la Caja del Pescador, simularon procesos de conciliación extrajudicial, falsificando nombres y direcciones, simulando notificaciones y expidiendo laudos arbitrales con la finalidad de apoderarse de terrenos y propiedades. Fueron sindicados como “Orellanitas” en la medida que su actuación emulaba a lo que hacía la mafia de Rodolfo Orellana Rengifo en la capital de la república, quien también terminó con sus huesos en la cárcel. Esperemos que el Ministerio Público muestre mayor celo en la pesquisas en la medida que hay otros casos en los cuales los investigados han ganado las calles con libertad procesal, es decir, porque se mantuvieron presos más allá de los 36 meses que señala la ley como máximo de una prisión preventiva.
RULETA
Muchos periodistas locales se mostraron sorprendidos de ver por estos lares nada menos que al ex Juez Supremo, Javier Villa Stein, quien fue el tristemente célebre vocal ponente del caso de la alcaldesa Victoria Espinoza García cuando se anuló su sentencia por delito de enriquecimiento ilícito que se le investigó. La semana pasada Villa Stein, quien estaba secundado por un séquito de abogados y asistentes, sustentó ante la Sala Penal de Apelaciones la impugnación contra un recurso de Habeas Corpus que presentó en favor de su defendido el ex congresista desaforado Michel Urtecho Medina. El ex Juez Supremo pretende que el caso de este ex congresista vuelva a fojas cero, lo que no deja de llamar la atención es por qué razones recurre a un Juzgado de Chimbote cuando ese proceso penal y los hechos relacionados con Urtecho, los cuales fueron un escándalo en su momento, se registraron en la capital de la república., muchos piensan que el ex Juez jugó a la ruleta judicial, empero, no calculó que el caso recaería en una joven y correcta Juez que desestimó de inmediato el recurso y ahora espera que la Sala Penal le haga el milagro. La verdad es que en este medio hemos sido siempre enemigos de esta clase de articulaciones que se traen de otros lares como si se buscara un Juez a su medida, por ello pedimos en su oportunidad que se modifique la legislación y se impida que se planteen acciones de garantía en otros distritos judiciales porque se ha demostradlo hasta el hartazgo que se trata de un mecanismo que mayoritariamente aliente la corrupción judicial.
ABUSIVOS
La Sala Penal de Apelaciones de la Corte del Santa ha dejado sentado un importante precedente jurídico la semana pasada cuando ratificó en todos sus extremos la sentencia condenatoria que se impuso el año pasado al segundo Comandante en Jefe de la base Naval de Chimbote, Ricardo Martino Gonzales, tras haber sido hallado responsable del delito contra el pudor en agravio de una marinero de su institución. El oficial ha sido sancionado a cuatro años de prisión condicional y hay que resaltar que esta sanción obedece al conocido abuso de poder de los oficiales de alto rango con el personal subalterno. En este caso el sentenciado hizo lo que se le dio la gana con la marinero y no pensó jamás que la subalterno había dejado encendido la cámara de su teléfono celular y grabó la humillación de la que fue objeto, documento fílmico contundente que ha servido para condenar en instancia definitiva a un oficial de la Marina. Nos imaginamos que con este fallo la Marina lo dará de baja, es lo menos que se puede esperar en un caso así.
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