Avalancha de ataques al Equipo Lava Jato
Desde el vinculado a Cuellos Blancos, Tomás Gálvez, hasta el magistrado constitucional Sardón, imputan una serie de faltas a Pérez y Vela. En medio del ruido, se pretende atribuir responsabilidad por arbitraje de Odebrecht ante el CIADI.
En las últimas horas se han acumulado una serie de acusaciones contra los fiscales del Equipo Especial Lava Jato, coincidentemente desde sectores vinculados al fujimorismo y a las redes de corrupción como los Cuellos Blancos del Puerto.
El fiscal supremo Tomás Gálvez solicitó ayer nuevamente a la titular del Ministerio Público, Zoraida Ávalos, que evalúe el retiro de los fiscales Rafael Vela y José Domingo Pérez del Equipo Especial Lava Jato, acusándolos de ser “operadores de Odebrecht”.
Según Gálvez, Vela y Pérez habrían cometido los delitos de encubrimiento, peculado y falsedad ideológica por haber favorecido a Odebrecht al indicar que no tenían investigaciones ni procesos abiertos, lo cual permitió a la constructora recibir los US$132 millones por la venta de la hidroeléctrica de Chaglla.
Por su parte, el magistrado del Tribunal Constitucional (TC), José Luis Sardón, presentó un escrito a la fiscal María Isabel Sokolich Alva, señalando que Vela y Pérez habrían intentado generar “una burda y falsa idea de conflicto de intereses” en el marco de la investigación contra Keiko Fujimori, en relación con su cuñado, el falso aportante Javier Bisso.
El magistrado también cuestionó que Pérez lo habría presentado “como un mecenas del fujimorismo”, generando con ello indignación pública y “ataques” a su persona. Además, refirió que Pérez, “aupado en una opinión pública confundida, solo buscó deslegitimar mi voto en la sentencia constitucional”, en alusión al hábeas corpus que permitió la liberación de Keiko Fujimori.
De otro lado, tras la demanda presentada por Odebrecht ante el CIADI, el virtual congresista fujimorista Ricardo Vásquez Kunze aprovechó para cargarle la responsabilidad a los fiscales del Equipo Lava Jato. “Gracias a Pérez y Vela y su dichoso acuerdo de ‘colaboración’, Odebrecht recibió 524 millones. ¡Y como premio Odebrecht demanda al Perú ante CIADI por Gasoducto! Ahora Vela se victimiza diciendo que ‘evaluará impacto en el acuerdo’. ¡Lo mínimo es que renuncie!”, escribió en Twitter.
MANOTAZOS DE AHOGADO
El abogado del Instituto de Defensa Legal (IDL), Juan José Quispe, consideró que la denuncia presentada por Gálvez “obedece a un plan que tienen los fiscales supremos investigados por el caso de los Cuellos Blancos del Puerto”. “Son manotazos de ahogados para intentar romper el trabajo del Equipo Lava Jato, que a mi punto de vista es impecable ya que están descubriendo, investigando y llevando a juicio a personas vinculadas con organizaciones criminales y lavado de activos”, afirmó.
A criterio de Quispe, el fiscal Gálvez tiene plena consciencia de que su situación podría complicarse a partir de la entrada en vigor de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) y de las inminente evaluación de su permanencia en el cargo. “Sabe que se le viene la noche pues en los próximos meses o días él será separado del Ministerio Público por el grupo de trabajo que dirige la doctora Inés Tello, y expectorado de la Fiscalía”, agregó.
Respecto a la queja presentada por el magistrado constitucional José Luis Sardón, Quispe señaló que este hecho no hace más que confirmar que “todavía las personas vinculadas a la organización Fuerza Popular están realizando actos desesperados por traerse abajo a los fiscales que los están investigando”. En ese sentido, calificó la queja de Sardón como un acto de obstrucción al trabajo del Equipo Especial Lava Jato, y que terminaría por validar la tesis fiscal.
“Básicamente, lo que no quieren que el caso de Keiko Fujimori llegue a su etapa de juicio oral. A eso apuntan, y presentar denuncias contra Pérez y Vela no hace más que sustentar y potenciar la tesis de la Fiscalía”, comentó.
“MECENAS DEL FUJIMORISMO”
En cuanto a lo argumentado por Sardón, respecto a que el fiscal Pérez lo habría presentado como un “mecenas del fujimorismo”, Quispe indicó que el magistrado constitucional presenta graves conflictos de intereses porque a través de su ONG Reflexión Democrática “capacitó a candidatos de partidos políticos allegados a los ideales y fundamentos del fujimorismo”.
A partir de ello, el jurista consideró que Sardón debió inhibirse de pronunciarse en el caso de Keiko Fujimori, por estar vinculado a una organización política, la cual según la tesis fiscal tendría una organización criminal paralela. “Me parece que el señor Sardón juega sus últimos recursos para no ser investigado por el Congreso”, comentó el letrado.
POSIBLE ACUSACIÓN CONSTITUCIONAL
“El Congreso tendrá ahora una doble función, pues no solo deberá investigar a los funcionarios públicos vinculados a Fuerza Popular como el señor Chávarry, sino también a quienes siendo parte del TC, como Sardón y Blume, se apartaron del criterio jurisprudencial del TC. El TC tiene un criterio en el que cuando se resuelve un hábeas corpus, ellos deben resolver sobre la base de vulneraciones a derechos constitucionales, pero resolvieron como una última instancia judicial al rebatir los fundamentos del Poder Judicial”, expresó.
Quispe remarcó que, de acuerdo a la jurisprudencia del TC, se debe declarar fundado el hábeas corpus cuando existe vulneración al debido proceso, “pero de ningún modo pueden rebatir los fundamentos por los cuales 13 magistrados del Poder Judicial señalaron que Keiko Fujimori debía permanecer en prisión preventiva”.
En consecuencia, indicó que corresponderá evaluar al próximo Congreso si decide que se investigue preliminarmente a los magistrados que dieron su voto a favor de la libertad de Keiko Fujimori, pues la habrían sustraído de una investigación. “Eso tiene que ser investigado por la Fiscal de la Nación y de haberse cometido un delito los magistrados deberán ser sometidos a la justicia común cuando se les levante la inmunidad de la que hoy gozan”, apuntó.
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