La presidenta Michelle Bachelet, cumplió otra de sus promesas de campaña al enviar al parlamento de su país el proyecto para que la educación deje de discriminar entre los que tienen y los que no.
Dichos reclamos llevaron a los estudiantes a tomar las calles durante varios meses, en los que hubo varios enfrentamientos con los carabineros y detenidos. La iniciativa viene a saldar una vieja deuda del Estado de ese país con los que menos tienen.
La suscripción de la iniciativa, que será enviada al Congreso para que la debata con carácter urgente, se producirá cuatro días después de que la reforma tributaria destinada a financiarla sorteara favorablemente su primer trámite legislativo.
Ambas reformas constituyen la médula de las promesas electorales con las que Bachelet volvió este año a la jefatura del Estado chileno cinco años después de haber terminado su primer mandato, y serán seguramente el eje de su mensaje anual al parlamento, este miércoles.
En ese discurso, la mandataria exhibirá el estado de sus principales políticas, luego de haber prometido 50 medidas para los primeros 100 días de su gobierno, iniciado el 11 de marzo pasado, y haber ejecutado la mitad de ese compromiso en menos de 70 días.
Además de la reforma tributaria, que fue aprobada y despachada esta semana por la Cámara de Diputados, está avanzada la reforma del sistema electoral -que será revisada entre mañana y el martes en la Comisión de Hacienda de la cámara baja- y una reestructuración del sistema de salud, destinada a mejorar el régimen de jubilaciones.
"Fin al lucro, a la discriminación; establece la gratuidad escolar y crea una nueva institucionalidad de educación parvularia", señala la invitación que hizo llegar el gobierno a especialistas del área, autoridades y parlamentarios convocados a la ceremonia de mañana, informó la agencia de noticias ANSA.
El proyecto, que tiene más de 50 páginas, persigue el objetivo de cambiar el paradigma de la educación chilena, reforzar el sistema público de enseñanza y dar poder a las familias para que sean ellas las que escojan los colegios y no al revés, anticipó el ministro de Educación, Nicolás Eyzaguirre.
La iniciativa postula dejar atrás el financiamiento compartido mediante el congelamiento de los montos que cobran los colegios ("copago") a padres y reemplazarlo gradualmente por un subsidio estatal, informó el diario La Tercera.
Según el proyecto, aquellos establecimientos educativos que reciban subsidios estatales no podrán tener fin de lucro, para lo cual deberá modificarse la Ley General de Educación vigente, que permite la obtención de utilidades por la actividad escolar.
De acuerdo con ANSA, en Chile hay actualmente 3.470 establecimientos educativos que declaran tener fin de lucro y deberán transformarse en fundaciones sin esa finalidad.
Esos colegios y universidades tendrán dos años de plazo para realizar la conversión de su estado societario y podrán solicitar al Estado que compre los inmuebles donde funcionan.
A la vez, el Estado tendrá un período de 12 años para pagar esos inmuebles y descontará del precio la inversión que realice en infraestructura.
Asimismo, el proyecto prevé la creación de un organismo estatal para la compra de colegios de aquellos propietarios que deseen dejar la actividad con el nuevo régimen, a fin de evitar cierres masivos y caída de la matrícula.
Por otra parte, la reforma busca dejar atrás la facultad de los colegios de seleccionar a los alumnos que admiten mediante evaluaciones, para lo cual postula un sistema en el que los padres puedan establecer un orden de preferencia para postular a sus hijos.
Las normas para el funcionamiento del sistema educativo rigen desde la última dictadura (1973-90) y son resistidas desde hace años por gran parte de la sociedad chilena.
Las protestas, encabezadas por organizaciones estudiantiles y de docentes, se hicieron especialmente frecuentes durante el mandato de Piñera, aunque se habían iniciado bastante antes.