La Universidad San Martín de Porres (USMP) financia subsidiarias que pierden dinero. Su modelo de negocios incluye inversiones en rubros ajenos a su core, como el aerocomercial y el deportivo, que tienen un impacto negativo sobre sus resultados financieros. Ésta es una situación que Moody’s ya había advertido en el 2017, cuando calificó su último programa de emisión de bonos. Al cierre del 2016, la universidad que dirige el exministro de Educación José Antonio Chang había reportado pérdidas netas por varios millones de soles. Por todo ello, la Sunedu le ha iniciado un proceso administrativo sancionador, aún cuando fue una de las primeras universidades en ser licenciada. Las consecuencias podrían ser —dependiendo del grado de afectación a las condiciones básicas de calidad— desde una multa de 100 UIT hasta la cancelación de la licencia, lo que implicaría el cierre de la universidad en menos de dos años.
Además de esta investigación —que la semana pasada reveló El Comercio y cuyo contenido aquí citado confirmó SEMANAeconómica con tres fuentes vinculadas al proceso—, las finanzas de la USMPevidencian la necesidad de liberarse del peso de sus subsidiarias para asegurar su solvencia en el tiempo. Este es uno de los aspectos que laSunedu considera claves para asegurar que se mantenga la calidad educativa, algo en lo que la universidad ya ha aceptado internamente sus falencias.
Para la elaboración de este artículo, la USMP sólo respondió sobre los aspectos legales del proceso sancionador.
Hasta donde se tiene registro, las utilidades de la USMP vienen cayendo (aunque la nueva Ley Universitaria obliga a publicar los estados financieros de forma actualizada, la USMP sólo lo ha hecho hasta el 2016). En el 2014 fueron S/23.7 millones, en el 2015 S/3 millones —0.7% de los ingresos, para un mercado cuyos márgenes netos normalmente superan el 5%— y en el 2016 se convirtieron en pérdidas netas por S/21.8 millones. Para la Sunedu, esta caída está directamente relacionada a las operaciones realizadas con sus subsidiarias, especialmente con el club de fútbol que juega en la primera división peruana y la aerolínea comercialmente conocida como LC Perú.
En el 2015 la USMP —de carácter privado asociativo, no societario— prestó al Club Deportivo Universidad San Martín de Porres S/19.6 millones sin pactar ninguna garantía ni pago de interés, los cuales fueron consignados como provisiones por deterioro de cuentas por cobrar. El mismo año también realizó una provisión por deterioro de las inversiones hechas en el club por S/88.9 millones. Además, la Sunedu encontró que la universidad habría realizado ese año aportes de capital a LC Perú —de razón social LC Busre S.A.C.— por S/11.2 millones, lo que la convirtió en su accionista mayoritario, pese a que la aerolínea ya presentaba un déficit acumulado de S/102.7 millones.
Otras empresas también aparecen en el informe de la Sunedu: Empresa Interamericana de Radio Difusión —que opera el canal de TV de la universidad—, Tambo Hotel y Restaurante SAC —que tiene tres hoteles en Miraflores—, el colegio Rita Castro Ramos —ubicado en Santa Anita—, Editora La Crónica y el fondo de inversión domiciliado en Malta Latin Lease LTD. Esta última está registrada en The Offshore Leaks Database, base de datos que agrupa a fondos vinculados al caso Paradise Papers.
El esquema de subsidiarias de la USMP no es nuevo: el 2004 le compró la categoría al Sport Coopsol y en el 2011 formó una sociedad con LC Perú, tras la cual comenzó un proceso de renovación de flota. Ya en el 2011, esta revista había analizado cómo, pese a que le suponía un déficit patrimonial de S/26.6 millones, el club de fútbol le había servido a la USMP para apuntalar la construcción de su marca. Para resolver el problema financiero, la universidad había hecho una provisión en libros por casi el 100% de su inversión deportiva. Hoy LC Perú está en un proceso concursal ante Indecopi por una deuda de US$5.7 millones con la arrendadora de aviones Aircraft Solutions, al que entró semanas después de dejar varados a más de 900 pasajerospor no tener su póliza de seguro vigente.
La calificadora de riesgo Moody’s también se percató del problema de las subsidiarias. En el 2017 le otorgó a los planes de la universidad de emitir bonos por US$120 millones la calificación Ba2 —que, según su escala, se asigna a papeles “especulativos y sujetos a un riesgo crediticio sustancial”—, bajo estrictas metas de reducción de sus ratios de apalancamiento. Los bonos serían pagados —dijo Moody’s— a través de una estructura de fideicomiso en la cual la USMP comprometería el 100% de sus ingresos por matrículas. En el 2016, la universidad había tenido ingresos por S/437.7 millones, de los cuales S/371.6 millones habían sido por derechos de enseñanza. SEMANAeconómica cotejó con cuatro personas que trabajan en el mercado de valores, y con la propia Equilibrium —filial de Moody’s—, y no encontró rastro de que la emisión finalmente se realizara a nivel local.
Pese a que Moody’s esperaba que los ingresos de la USMP siguieran creciendo por el aumento de las pensiones y de la población estudiantil, también señalaba que “la liquidez se mantendrá relativamente baja, ya que la universidad continúa invirtiendo en programas e infraestructura”. Y advertía: “la USMP tiene una capacidad limitada para hacer cambios sustanciales en la naturaleza de su actual negocio o de entrar en líneas de negocio nuevas o alternativas. Además, tiene que vender activos dentro de los próximos dos años por al menos US$27 millones […]. La USMP se distingue de otras universidades calificadas por Moody’s por sus diversas inversiones en actividades no académicas”.
La capacidad económica de una universidad, derivada de sus prioridades de inversión, está directamente vinculada con la calidad del servicio educativo que ofrece. Así también lo entiende la Sunedu. En el ranking de calidad universitaria SIR 2018, la USMP se ubicó séptima a nivel nacional, con sólo 237 publicaciones e investigaciones indexadas, un quinto de las que registra la San Marcos. En el FODA elaborado en su Plan Estratégico 2013-2017 —un documento interno, reafirmado en el 2016—, la universidad reconoce como debilidades la “deficiencia en calidad y servicio al estudiante”, el “escaso apoyo y seguimiento al egresado”, el “porcentaje considerable de docentes sin maestría ni doctorado” y la “carencia de una política de incentivos a la investigación”.
¿FIN UNIVERSITARIO?
“Cuando se trata del uso de los activos [y no la reinversión de excedentes], como es en este caso, no se tiene en cuenta la finalidad educativa, sino la universitaria, un concepto más amplio [artículo 116.1 de la nueva Ley Universitaria]. A través de sus empresas la universidad considera que realiza sus fines universitarios: el estatuto dice que su fin es promover el deporte [por el club de fútbol]. La aerolínea fue un esfuerzo extraordinario por crear una escuela para formar pilotos [Ciencias Aeronáuticas]”, dice Víctor Bolaños, abogado de la USMP. Otras universidades también utilizan sus activos para negocios fuera de su core: la PUCP, por ejemplo, tiene inversiones inmobiliarias en edificios de oficinas y en Plaza San Miguel. En el caso de las asociativas, sin embargo, son extraños los casos en los que estas inversiones sólo generan pérdidas.
La Sunedu identifica dos particularidades para iniciar el procedimiento sancionador: se trata de inversiones en subsidiarias que no le generan retornos y, en ambos casos, las autoridades de la USMP tienen cargos de dirección o control en las subsidiarias. Jorge Enrique Ureña, por ejemplo, aparece como director general de administración en la USMP, gerente general en el club de fútbol y apoderado en la aerolínea, según la Sunat. Víctor Idiaquez fue nombrado a cargo de la Oficina de Vinculación Universidad – Empresa de la USMP y aparece como apoderado en la aerolínea. El decano de la facultad de Ciencias Aplicadas, Daniel Valera, y el vicerrector Raúl Bao han sido vicepresidentes del club de fútbol y el propio Chang —rector de la universidad en dos intervalos desde 1996— ha sido presidente del directorio de la institución deportiva, según su web.
“No existe ninguna imputación sobre que se esté distribuyendo los excedentes entre los miembros de la universidad”, responde Bolaños. Universidades privadas societarias, como la César Vallejo (UCV), sí tienen la potestad de repartir excedentes entre sus accionistas (aunque tampoco pueden realizar “préstamos a sus ejecutivos” o a partidos políticos, como registraban los estados financieros de la UCV en el 2014). Las universidades asociativas, no. Tampoco hacer uso de sus activos para fines distintos a los universitarios. El proceso para determinar si el modelo de subsidiarias de la USMP calza en ambas figuras es en el que está hoy la Sunedu. Su sanción va desde una multa hasta la cancelación de la licencia de la universidad.
“Sólo se cierran universidades que no cumplen las condiciones básicas de calidad. Esa regulación [de sanciones] hay que interpretarla dentro del cuerpo de la Ley Universitaria”, dice Bolaños. Se cierre o no, desde el punto de vista financiero, queda claro que el esquema de la USMP está teniendo resultados negativos.
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