Rodrigo Noriega 04 sep 2018 - 07:02h
El Ministerio del ambiente parece que es una organización que encubre a los depredadores corrupta porque da impunidad a la tala ilegal, mineria ilegal, pesca ilegal, y permite la botadera de basura al mar y los ríos
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Decenas de miles de contenedores de tucas sacados en los bosques del Darién en los últimos años, no han acabado con la pobreza indígena.
Decenas de miles de contenedores de tucas sacados en los bosques del Darién en los últimos años, no han acabado con la pobreza indígena. LA PRENSA/Archivo
¿Para qué sirve el Ministerio de Ambiente? El expresidente de Estados Unidos Jimmy Carter contaba la anécdota de que en las encuestas de opinión de su época, las preocupaciones ambientales siempre estaban entre las demás altas prioridades del pueblo estadounidense.
Preocupado por todo esto, Carter llamó a su administrador de la Agencia de Protección Ambiental (EPA, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos y le preguntó cuál era el principal problema que enfrentaba su entidad. El funcionario le respondió a Carter palabras más, palabras menos, que la principal barrera que enfrentaba su agencia para resolver los problemas ambientales de Estados Unidos era el propio gobierno de Estados Unidos. Esto significaba que el propio gobierno, agencias y otros ministerios no le hacían caso a las regulaciones de la EPA.
Carter resolvió este problema jurídico ordenando que todo el mundo, incluyendo los militares, la CIA y la NASA debían obedecer a la EPA. Así se hizo hasta que en 2001, el entonces presidente George Bush cambió esta política.
Si uno hace el inventario de la institucionalidad ambiental panameña, se encuentra con una historia de importantes victorias y muy graves derrotas. Este año por ejemplo se cumple el centenario de la primera área protegida, la cual fue creada por Belisario Porras en 1918 en el distrito de Macaracas para preservar los bosques de galería y la cubierta forestal de varios ríos de la localidad. Esto ocurrió casi una década antes que Barro Colorado se convirtiera en área protegida. Desde las iniciativas de Porras hasta la actualidad, Panamá cuenta con casi un 38% de su superficie designada a alguna categoría de área protegida, teniendo las mismas diferentes regulaciones y ninguna verdadera estrategia que las proteja.
Otro actor que tuvo un rol históricamente determinante en las batallas ambientales panameñas fue el Ministerio de Salud.
Por motivo de las grandes cumbres de temas ambientales que ocurrieron en la década de 1970 y 1980 y bajo la presión de que grandes extensiones de bosques en el área del Canal de Panamá se convertirían en territorio panameño, se creó el Instituto Nacional de Recursos Naturales Renovables (Inrenare). Esta institución era parte del Ministerio de Desarrollo Agropecuario y correspondía a una visión netamente conservacionista de los recursos naturales.
Inrenare era el juez de aguas de la nación, el custodio de los bosques y áreas protegidas del país, y la entidad que otorgaba los permisos de “subsistencia” de caza y tala de bosques.
A la vez que funcionaba el Inrenare, existía lo que se denominaba el Consejo Nacional del Medio Ambiente (Conama) de la Presidencia de la República, creado por el expresidente Jorge Illueca y que tan pronto Illueca terminó sus funciones, se lo pasaron al Ministerio de Planificación y Política Económica y luego al Ministerio de Economía y Finanzas. La gran lucha ambiental de esa época, incluyendo la creación de grandes áreas protegidas fue liderada por Conama.
Otro actor que tuvo un rol históricamente determinante en las batallas ambientales panameñas fue el Ministerio de Salud (Minsa), que con su dirección de salud ambiental rechazó importantes iniciativas empresariales que hubiesen hundido al país en un mar de contaminación.
Por ejemplo, fue el Minsa el que rechazo que Panamá recibiera la basura de otros países para crear un gigantesco relleno en Bocas del Toro. El Minsa también combatió un proyecto que traería las cenizas de incineradores estadounidenses que serían enterradas en nuestro territorio. Este ministerio rechazó plantas manufactureras de plaguicidas altamente tóxicos y otras iniciativas de igual o mayor riesgo para la salud humana.
A finales del siglo XX, con la presión del inminente traspaso del Canal de Panamá a manos panameñas, el Inrenare fue transformado en la Autoridad Nacional del Ambiente (ANAM). Se eliminó al Conama, y se debilitó la Dirección de Salud Ambiental del Minsa.
A diferencia de este último, la ANAM no podía rechazar proyectos. Tenía que someterlos a una evaluación de Impacto Ambiental, por la que cada promotor identificaba los impactos negativos de su proyecto, y proponía las medidas de mitigación. Como resultado de este proceso, jamás un promotor iba a reconocer que su proyecto era nocivo para el ambiente y que los beneficios del mismo no justificaban realizarlo. Solo si el estudio de impacto ambiental estaba incompleto o incorrecto, podía la ANAM rechazarlo.
El pensamiento convencional era que cualquier persona que hubiese estudiado algo relativo con ciencias naturales, agronomía, ingeniería forestal, derecho ambiental o ingeniería ambiental, es un ambientalista. Nada más lejos de la verdad. El tener una formación en una disciplina ambiental, no significa que automáticamente se tendrá la ética de defender a la naturaleza. Así la ANAM se llenó de técnicos ambientales, y heredó una cultura de ingenieros forestales del Inrenare acostumbrados a cortar bosques. En los primeros años del actual siglo, la ANAM absorbió mucho personal del antiguo Instituto de Recursos Hidráulicos y Electrificación, quienes veían en cada río como un potencial para una hidroeléctrica, y no entendían conceptos de ecosistemología, interdependencia, e incluso había un fuerte rechazo a valorar el cambio climático, como una amenaza real para Panamá.
La apertura de un aeropuerto en la Isla de Coiba va a acabar con el turismo de la costa sur de la provincia de Veraguas.
Como es sabido, ANAM se transformó en el Ministerio de Ambiente. La creación del ministerio fue una promesa de campaña que en realidad es un cascarón vacío. Por diseño, desde la ANAM, existe un terrible conflicto de interés entre las misiones que debe cumplir la institución. La ANAM y el actual Ministerio de Ambiente han tenido mandatos conflictivos entre cuidar las áreas protegidas y los recursos naturales del país y su uso “sostenible”. Los panameños no sabemos usar ningún recurso de forma sostenible. Los bosques, los ríos, el aire, las playas o el mar se han convertido en objetos de apropiación económica. Decenas de miles de contenedores de tucas sacados de los bosques de Darién en los últimos años, no han acabado con la pobreza indígena, pero sí han creado grandes problemas sociales y ambientales. Tampoco se ha reforestado todo lo que la ley obliga a cambio de la extracción de las preciosas maderas de los bosques de Darién.
Por su parte, abrir un aeropuerto en la Isla de Coiba va a acabar con el turismo de la costa sur de Veraguas. ¿Para qué gastar casi cinco horas en un recorrido por tierra, desde Panamá hasta Santa Catalina, si se puede llegar en 30 minutos por aire directamente a Coiba? Todos esos hoteles, restaurantes, pequeños empresarios de turismo, guías comunitarios, artesanos, y todos lo demás que dependen de esos empleos lo perderán. A su vez , la falta de planificación y de una gestión ambiental cónsona con los tiempos, se evidencia con la idea de abrir el Parque Nacional Volcán Barú a más turistas. No hay capacidad de ofrecer servicios, de recoger la basura o de acompañar a los visitantes en esa área. Igualmente, la colección de "ñamerías" que han pasado el filtro de las evaluaciones de impactos ambientales del Ministerio de Ambiente, es una galería de horrores. Por cierto, ese ministerio no tiene la capacidad de supervisar si se cumple con lo establecido en los estudios de impacto ambiental, o en sus hermanos los planes de manejo forestal, los programas de manejo ambiental y otros documentos que recogen polvo en las oficinas del ministerio.
La situación actual del ambiente panameño es la misma situación que afecta al resto de los temas nacionales. No hay institucionalidad, no hay cultura del castigo, no existe una burocracia competente sujeta a la meritocracia, y en términos generales, el país no tiene una estrategia de desarrollo sostenible, por lo tanto se improvisa y se implementan proyectos que distorsionan la huella ecológica de los panameños, y hacen cada vez más difícil la protección ambiental de lo poquito que nos queda.
El Ministerio de Ambiente es un retroceso. En realidad no tenemos a un ministerio que proteja a la naturaleza, sino una entidad encargada de rematarla al mejor postor. En países serios, el Ministerio de Ambiente es una agencia rectora que vela por el cumplimiento de las normas y prácticas ambientales del resto del gobierno y de la economía. Esas entidades llevan a sus países hacia la sostenibilidad descartando prácticas como el uso de combustibles fósiles, la deforestación, la producción exagerada de basura, y por supuesto adoptar medidas para combatir el cambio climático.
Los ministerios de ambientes de ciertos países europeos, como Francia y Holanda ya tienen estimaciones de los impactos ambientales del cambio climático para el año 2100, y han propuesto las regulaciones para enfrentarlos. Hay ciertas actividades económicas que tendrán que desaparecer. Ellos tienen claro que en el dilema entre el futuro de la tierra y un montón de dinero a corto plazo, la tierra siempre gana. Esa claridad no la ha tenido el Inrenare, la ANAM, ni mucho menos el Ministerio de Ambiente.
Sorprendentemente, el mayor defensor del ambiente en este gobierno ha resultado ser el Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc).
Aunque en una forma muy focalizada en el riesgo de catástrofes y desastres “naturales”, el Sinaproc ha estado más pendiente y dispuesto a pelear contra la deforestación, las malas prácticas de construcción, la extracción de arena de las playas y ríos, e incluso los incendios forestales, que el propio Ministerio de Ambiente. Esto me hace pensar que la conclusión obvia es unir las dos instituciones, y así convertir al Ministerio de Ambiente no en una entidad víctima del “ponche y sello”, si no en una autoridad que salve las vidas del presente y del futuro.
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