BCP y Mibanco infringieron la ley de prevención de lavado de activos
Grupo de la SBS descubrió falta de registros contables, de archivos y de documentos de análisis de reportes sospechosos en aportes a las campañas políticas de Keiko Fujimori y Pedro Pablo Kuczynski. Foto: Andina
En elecciones 2011 y 2016. Grupo de Trabajo Ad Hoc de la SBS descubrió falta de registros contables, de archivos y de documentos de análisis de reportes sospechos en aportes a las campañas políticas de Keiko Fujimori y Pedro Pablo Kuczynski.
César Romero
15 Ago 2020 | 4:36 h
El Banco de Crédito del Perú (BCP), Mibanco y Pacífico Seguros infringieron la Ley de Prevención de Lavado de Activos entre los años 2010 al 2019, al detectarse irregularidades en el reporte de los aportes económicos en las campañas electorales del 2011 y 2016, a las candidaturas de Keiko Fujimori y Pedro Pablo Kuczynski.
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Las irregularidades son cuatro y fueron detectadas por un Grupo de Trabajo Ad Hoc creado, el 29 de noviembre del 2019, por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP para investigar al Grupo Credicorp, informó el BCP a la Bolsa de Valores de Lima.
El grupo de trabajo se creó luego de que el presidente del grupo Credicorp, Dionisio Romero Paoletti, reveló a la Fiscalía que en las elecciones del 2011 y 2016 realizaron aportes en efectivo por hasta 4,2 millones de dólares a las candidaturas de Fujimori y Kuczynski.
En efectivo
De ese monto, Dionisio Romero precisó que aportaron 3,65 millones de dólares a la campaña de Keiko Fujimori con el partido político Fuerza 2011, entre los años 2010 y 2011.
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Pese a que el dinero se entregó en efectivo, consideró no haber cometido ningún delito ni violación a la ley vigente, lo que ahora la SBS contradice.
Afirmó que realizaron los aportes del 2011 ante la amenaza del chavismo y "que Perú sufriese el destino de Venezuela", por la candidatura de Ollanta Humala, del Partido Nacionalista Peruano.
Humala ganó la elección presidencial y no representó ninguna amenaza para el país ni los empresarios.
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El banquero también declaró aportes el año 2016 por 650 mil dólares a las campañas de Pedro Pablo Kuczynski de Peruanos por el Kambio y, de nuevo, a Keiko Fujimori por Fuerza Popular.
El presidente de Credicorp recién informó de esa millonaria entrega de dinero el año pasado cuando fue citado a declarar por el fiscal José Domingo Pérez, en el marco de la investigación a Fujimori por los aportes de la constructora brasileña Odebrecht.
Investigación
Esa declaración motivó la creación del grupo de trabajo de la SBS que investigó la forma en que se movió el dinero dentro de las empresas del grupo Credicorp.
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Al tratarse de una entidad bancaria y que dichos aportes se realizaron en efectivo, de manera clandestina y sin ser reportados ni registrados inmediatamente en los documentos contables, llamó la atención de las autoridades.
Los resultados de la investigación y el inicio del procedimiento administrativo sancionador fue informado por el mismo banco en una carta que la representante bursátil del BCP, Miriam Nelsi Böttger, remitió a la Bolsa de Valores de Lima (BVL) el 5 de agosto último.
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Previamente, la SBS les había notificado a ellos el inicio del procedimiento sancionador. Al recibir la comunicación, de acuerdo con sus procedimientos, la BVL publicó la carta en su página, dentro de los hechos de importancia del BCP.
Anteriormente, el BCP ya ha sido sancionado por no cumplir con pulcritud con todas las medidas bancarias contra el lavado de dinero de origen ilícito.
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Las tres sanciones económicas anteriores sumaron unos 190 mil soles, cerca de 50 mil dólares al cambio actual.
Las cuatro infracciones del BCP
Según la carta que la representante bursátil del BCP envió a la SBS, las infracciones fueron:
1)Deficiente registro contable de operaciones de terceros durante el periodo com
prendido entre los meses de noviembre 2010-septiembre 2019.
2) Falta de registro o errores en el registro de algunas operaciones que debían ser anotadas en el registro de operaciones durante el periodo noviembre 2010-septiembre 2019.
3) Falta de conservación precisa y completa del registro de operaciones durante el plazo previsto por ley.
4) Falta de constancia documental del análisis de algunas alertas de operaciones bancarias sospechosas.
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