Hoy es el gas. Ayer fue el guano de las islas y antes de ayer fueron las líneas de frontera marítima. El anterior gobierno del Perú, presidido por Ollanta Humala -incluida su primera dama, Nadine Heredia– dejó la triste herencia de la firma de un contrato leonino con Odebrecht para llevar gas al sur andino. Y ahora, el nuevo presidente, Pedro Pablo Kuczynski, pretende exportar gas y energía eléctrica al norte de Chile.
El periodista Manuel Romero Caro, fundador del diario económico Gestión, califica de despropósito la interconexión del gasoducto sur peruano con Chile, una iniciativa que cobró fuerza desde el mismo momento de la toma de posesión de Kuczynski. La propia presidenta chilena, Michelle Bachelet, lo invitó para participar en la cumbre de la Alianza del Pacífico. Según el diario El Mercurio, Bachelet y Kuczynski trataron expresamente el tema de la interconexión.
Según explica Romero Caro, el ministro de Energía chileno, Máximo Pacheco Matte, manifestó que Gonzalo Tamayo, después de asumir su cargo como ministro (de Energía) peruano, se comunicó telefónicamente con él para expresarle que este era un tema prioritario, que se relaciona directamente con la construcción del Gasoducto Sur Peruano (GSP), una infraestructura que proveería el gas para generar electricidad destinada al mercado chileno. El ministro peruano también ha manifestado que la interconexión eléctrica con Chile tiene muy buenas posibilidades de concretarse y ha sido invitado nuevamente por la presidenta Bachelet para visitar Chile a finales del próximo mes de noviembre.
El objetivo a corto plazo de la interconexión, como lo explica el chileno Hugh Rudnick, profesor emérito de la Pontificia Universidad Católica de Chile, es aprovechar que existen importantes excedentes de energía en el país vecino –dado su desarrollo hidroeléctrico y gracias gas natural– con precios más económicos que podrían favorecer a Chile.
El beneficio del lado chileno está claro. Por parte peruana, Kuczynski ha explicado que existe un superávit de electricidad que se podría exportar y que ya están avanzadas las discusiones de una línea de transmisión entre el sur del Perú y el norte de Chile.
Para Romero Caro, el elevado costo de la interconexión eléctrica sería cargado a los recibos de la luz de los consumidores peruanos, ya que al exportar se estarían transfiriendo los subsidios pagados por éstos. Tal como está el contrato del GSP con la empresa brasileña Odebrecht, “los consumidores tendremos que pagar al Consorcio GSP 912,3 millones anuales de dólares durante 30 años. Cifra de la cual se deducirían los ingresos que el ducto pueda generar en dicho periodo”. De otro lado, precisa que el transporte de gas al sur tendría un precio demasiado alto por los elevados costos involucrados.
“Estimándose que estaría a 6,5 dólares por millón de BTU (unidad de energía llamada British Thermal Unit), precio que sería mayor a los precios que Chile importa el gas, por lo que sería inviable exportarlo como electricidad a ese precio. Sin embargo, todos los negocios que se están intentando desarrollar sobre la base del gas del GSP (y la exportación a Chile es uno de ellos), parten de la premisa de que el costo del GSP es un costo hundido, que el costo del transporte es cero, que el inmenso subsidio involucrado en él mismo ya fue aceptado por los consumidores peruanos. Por lo que en ese escenario se podría fijar casi cualquier precio para la exportación a Chile y eso disminuiría el nivel de subsidios que pagaríamos anualmente”.
Pese a las evidentes desventajas que presente la exportación a Chile, para aliviar el monto de los subsidios a pagar por los consumidores existe un camino más favorable a los intereses peruanos, que pasa por la renegociación del abusivo contrato del GSP. No obstante, el Gobierno se niega inexplicablemente a iniciar ese proceso, a pesar de que debería actuar en defensa de los intereses de los consumidores. Y todavía puede hacerlo. Ya que el consorcio GSP requiere que el Gobierno suscriba una adenda al contrato original y le otorgue un documento en el que afirme que el otorgamiento de la concesión no tuvo nada que ver con el caso Lava Jato, el priocedimiento judicial por el cual se ha condenado a Marcelo Odebrecht a más de 19 años de prisión.
Y agrega que la metodología de esos contratos permitió a Odebrecht y otras constructoras otorgar sobornos a cambio de introducir sobreprecios en las obras que pudieran haberse exportado a otros países en los que operan dichas empresas. Por lo que el Gobierno está en la obligación de renegociar el contrato del GSP, plagado de evidentes irregularidades.
Según explica Romero Caro, se luchó para que el gas del lote 88 se reoriente de la exportación al mercado doméstico para que ahora se pretenda que nuevamente se dirija al mercado externo. En este sentido, lo primero que se va a exigir son contratos a largo plazo entre los suministradores de energía peruanos y los clientes chilenos.
La exportación de electricidad a Chile enfrenta varios inconvenientes:
1) No alcanzaría el nivel de reservas ni el de procesamiento de Camisea para cumplir a largo plazo con la demanda del mercado interno, con los compromisos ya pactados con México y con las eventuales exportaciones a Chile. Naturalmente, esto es válido con la situación actualmente existente.
Adicionalmente, la exploración de gas no ha sido exitosa en los últimos años. De otro lado, hay que tener en cuenta que la capacidad de procesamiento de la planta de Las Malvinas (básicamente separa los líquidos del gas natural) es de poco más 1.600 mmpcd (millones de pies cúbicos día) y prácticamente ya ha llegado a su máximo potencial. El mercado centro-norte (Lima) absorbe 920 mmpcd y la exportación 620 mmpcd; por lo que inclusive el abastecimiento al sur del Perú podría enfrentar dificultades eventualmente.
Y casi toda la capacidad de procesamiento está contratada. Se paga pero no se usa en su totalidad por falta de demanda. Y una nueva expansión de Las Malvinas en el contexto actual estaría muy lejana. Por lo que ¿de dónde se sacaría el gas para generar la electricidad que exportaríamos a Chile?
2) Tarifa interrumpible versus contratos a largo plazo. Luego de la negativa experiencia que experimentara Chile con los contratos de exportación de gas argentino (se cortaron los envíos en el 2006 por la crisis macro de Argentina) se tomarán todas las precauciones en los eventuales contratos de exportación de electricidad.
Los chilenos quieren seguridad de suministro y Perú no les puede asegurar eso porque, si bien en este momento existe un exceso de oferta energética, con el crecimiento del PBI previsto por el Gobierno y la elasticidad de la demanda eléctrica en relación al PBI (crece bastante por encima del PBI) no es posible comprometerse a exportar electricidad a largo plazo porque se podría dejar desbastecido el mercado doméstico. Inclusive a nivel Grupo Andino se privilegia el mercado interno. Es por ello que la Decisión 757 suspendió el Marco General para la Interconexión Subregional de Sistemas Eléctricos e Intercambio Intercomunitario. Y el DS N° 011- 2012-EM en su artículo 3 (inciso 3.6) establece que los intercambios de electricidad tendrán carácter interrumpible.
3) Se expotaría electricidad subsidiada a Chile. Kuczynski ha manifestado que no se va a exportar una molécula de gas a Chile. Evidentemente, lo que se exportaría sería ese gas convertido en electricidad. Y se exportaría un doble subsidio, ya que, por un lado, se transferiría el gas del lote 88 –que tiene un precio promocional y solo 1 TCF (trillones de pies cúbicos) asignado al GSP– y, por el otro, los muy considerables subsidios destinados al ducto al sur.
Por lo que la electricidad subsidiada doblemente que se exportaría a las empresas chilenas les otorgaría mayor competitividad para que puedan competir en mejores condiciones que las empresas peruanas. Es por ello inexplicable que el Gobierno se niegue a renegociar el contrato del GSP, sobre todo ahora que tiene la oportunidad porque el consorcio del GSP está solicitando modificar el contrato original, aprobando una adenda que mejore la posición de cobranza de los bancos prestamistas ante una eventual “Terminación del Contrato de Concesión” (Capítulo IV); flexibilice la definición de que lo primero que van a exigir son contratos a largo plazo entre los suministradores de energía peruanos y los clientes chilenos.
Si los acreedores y el consorcio GSP solicitan modificaciones para defender sus intereses, no se entiende por qué el Gobierno no plantea modificaciones que disminuyan la abusiva carga que tendrán que soportar los consumidores peruanos. Y eso significa renegociar el abultado costo del servicio.
4) Razones estratégicas: en primer lugar, hay que considerar que será muy difícil evitar las protestas y movilizaciones de la población, una vez que ésta se dé cuenta de lo que implicaría la exportación a Chile. Durante largos años se luchó para lograr que el gas del lote 88 se reorientase de la exportación a abastecer el mercado doméstico, para que ahora se pretenda que nuevamente se dirija a la exportación. Lo que sí resulta positivo es incentivar más demanda para el GSP, como lo está haciendo Kuczynski en China al promover un clúster de refinerías en la zona del GSP.
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