Graña y Montero termina de hundirse

Reportes desde Brasil dan cuenta que el ex secretario de Conirsa confirmó lo que ya había adelantado Jorge Barata ante el fiscal Hamilton Castro.

•  Miércoles 20 de Febrero del 2019
•  6:00 am

Las empresas peruanas Graña y Montero, ICCGSA y JJ Camet, que integraron el consorcio Conirsa con Odebrecht para obtener las licitaciones de los tramos II y III de la carretera Interoceánica, han conocido de los pagos de coimas que realizó la constructora brasileña para ganar estos contratos, habría revelado el ex secretario de Conirsa, Sergio Nogueira, durante el interrogatorio realizado por los fiscales peruanos en Brasil.

De acuerdo a la información reportada del vecino país, Nogueira habría señalado que estas firmas peruanas conocían de todo el pago de coimas, y debido a esa situación aceptaron la reducción de sus utilidades.

De esta forma, Nogueira habría corroborado lo que ya había declarado Jorge Barata ante el fiscal Hamilton Castro, quien estuvo a cargo de las investigaciones del caso Lava Jato desde el 26 de diciembre de 2016 hasta el 27 de julio de 2018.

Además, el ex funcionario carioca también indicó, según las mismas fuentes, que los montos de sobornos por la carretera Interoceánica llegaron a un total de US$ 45 millones, los cuales fueron pagados entre los gobiernos de Alejandro Toledo y Alan García.

Asimismo, Nogueira señaló, agregan los reportes, que Odebrecht le desembolsó varios pagos a Horacio Cánepa, ex dirigente del Partido Popular Cristiano, con el objetivo de obtener fallos arbitrales favorables sobre la carretera Interoceánica.

“Los US$ 45 millones sumarían los US$ 20 millones pagados por #Odebrecht al expresidente Alejandro Toledo, que reveló Jorge Barata, y diversos montos a otros funcionarios como Juan Carlos Zevallos de Ositran que habría recibido US$ 1.5 millones”, escribió el periodista César Romero, enviado especial al vecino país.

BARATA LOS INCRIMINÓ

Cabe precisar que fue el ex superintendente de Odebrecht en el Perú, Jorge Barata, quien señaló, ante el fiscal Hamilton Castro, que las compañías peruanas sabían del pago de coimas a las autoridades peruanas.

De acuerdo a la publicación realizada por el semanario “Hildebrandt en sus Trece” del viernes 24 de febrero de 2017, hecha sobre la base del “Cuaderno Especial – Acta de Declaración de Jorge Henrique Simoes Barata”, el empresario brasileño señaló al fiscal que las empresas peruanas sabían del acuerdo que existía con los funcionarios del Estado, motivo por el cual “asumieron lo que les correspondía”.

“¿Cuál es el grado de intervención en el acuerdo ilícito y en los pagos realizados a Alejandro Toledo de las demás empresas consorciadas en el proyecto Interoceánica, tramos 2 y 3?”, fue la pregunta de Hamilton Castro.

“El pago [a Alejandro Toledo] ha sido por Odebrecht, pero el resto de empresas sí tenían conocimiento, no detalles, pero sí sabían que existía el acuerdo. Esto fue más o menos así: Ellos [los socios] sabían que habíamos pagado y sabían que tenían que asumir lo que les correspondía”, fue la respuesta de Barata, de acuerdo al documento de la Fiscalía.

GANAN LICITACIÓN

El Congreso ha investigado el caso Lava Jato desde el año 2015, y dentro de esas indagaciones, siempre se ha buscado esclarecer cómo se entregó la licitación de los tramos 2 y 3  de la carretera Interoceánica al consorcio Conirsa (conformado por Odebrecht, Graña y Montero, ICCGSA y JJ Camet).

En el año 2015, la primera comisión Lava Jato, presidida por el excongresista Juan Pari, inició sus indagaciones sobre esta situación, y en el informe final presentado por el exlegislador se señala que en la reunión que realizó el Comité de Proinversión en ese momento, para subsanar las observaciones realizadas por la Contraloría, estas se resolvieron en 18 minutos.

“Entre las 12:30 y la 13:05 se pidió la presencia del gerente de la Oficina Legal de Proinversión, del presidente del Comité de Proinversión en Proyectos de Infraestructura y se solicitó un informe al Estudio Monroy Gálvez. A las 13:05 se suspendió momentáneamente la sesión (que se estaba realizando en el MEF), para luego a la 13:27 reanudarla en Palacio de Gobierno, en donde se sesionó hasta la 13:45. En ese lapso de tiempo, de 18 minutos, se recibió todos los informes y se decidió disponer que se prosiga con los actos de cierre de concurso con el objeto de que se suscriban los contratos de concesión”, se lee en este informe.

En la sesión intervinieron el presidente del Consejo de Ministros, Pedro Pablo Kuczynski Godard, y el director ejecutivo de Proinversión, René Cornejo Díaz.

Esta comisión culminó sus funciones a mediados del año 2016 en el gobierno de Ollanta Humala. El nuevo Congreso retomó las investigaciones en noviembre de 2016 mediante una comisión multipartidaria presidida por la legisladora Rosa Bartra (FP).

El informe final de la Comisión Lava Jato desarrolló toda la historia de la concesión tramposa y de cómo se adecuaron las leyes para entregar las interoceánicas a Odebrecht, evadiendo el sistema de control, los estudios definitivos de inversión, entre otras ilegalidades.

Con relación a los tramos 2, 3 y 4 de la Interoceánica Sur, por ejemplo, las adendas de las administraciones de Alejandro Toledo y de Alan García subieron los costos en forma artificial de US$ 810’079,128  a US$ 2,002’000,000.

Solo en adendas, fuera de otras fechorías que la historia juzgará.

Jorge Castro: Participación de consorciadas era conocida

El parlamentario Jorge Castro (No Agrupado), quien integró la Comisión Lava Jato presidida por la legisladora Rosa Bartra (FP), manifestó que la revelación realizada por Sergio Nogueira no es un dato nuevo para las investigaciones, ya que esto se pudo conocer en el grupo investigador.

“Esto lo revisamos en la Comisión Lava Jato, y llegamos a la conclusión de que efectivamente ellos [los consorciados] tenían que saber, no había otra manera de que hicieran todo lo que hicieron sin saber. (…) Cómo iban a asumir el pago que les correspondía si no sabían [de las coimas]. Han tenido que programar el cumplimiento de estas obligaciones”, manifestó.

Además, lamentó que a pesar de que se tenía conocimiento de esta situación, la Fiscalía no adoptara medidas más estrictas para evitar, en su momento, la salida del país de José Graña Miró Quesada.

“Todas las omisiones hoy las estamos pagando con consecuencias bastante altas. Se debió hacer justicia en su momento, para que nadie fugue del país y que pague por los daños ocasionados”, enfatizó.

Yeni Vilcatoma plantea derogar la Ley 30737

La tercera vicepresidenta del Congreso, Yeni Vilcatoma, presentó esta semana un proyecto de ley a través del cual busca derogar la Ley 30737, la cual habría permitido el marco legal para el acuerdo que estableció la Fiscalía y la Procuraduría con Odebrecht.

“Derógase la Ley 30737, Ley que asegura el pago inmediato de la reparación civil a favor del Estado Peruano en casos de corrupción y delitos conexos, y déjese sin efecto el Decreto Supremo Nº 096-2018-EF, Reglamento de la Ley Nº 30737”, se lee en el primer artículo de la norma.

Además, la iniciativa legal señala que todos los acuerdos que se establecieron con la Ley 30737 seguirán su curso, pero bajo el marco legal que establece el Código Procesal Penal.

“Los procedimientos e investigaciones que realiza el Ministerio Público y los procesos penales que se encuentran en trámite ante los órganos jurisdiccionales competentes, iniciados bajo la Ley 30737, se continúan desarrollando de conformidad con las normas establecidas en el Código Procesal Penal vigentes, así como otras normas pertinentes que no se opongan a lo dispuesto en la presente ley”, se señala en el segundo artículo de la propuesta.

De otra parte, Vilcatoma emplazó a su bancada de Fuerza Popular a derogar la Ley 30737 que permite a Odebrecht ser eximida de los procesos judiciales y continuar contratando con el Estado.

“Espero y exijo que la bancada de Fuerza Popular tramite la ley, acepte apoyarla, porque tenemos que darle una respuesta al país. Vamos a esperar cuál es la reacción y no solo de los de Fuerza Popular sino de otros congresistas”, manifestó.

La también tercera vicepresidenta de la Mesa Directiva en otro momento se dirigió a sus colegas de partido Úrsula Letona y Miguel Torres para salir del embrollo de haber propiciado la aprobación de la citada ley con el voto de 42 fujimoristas en marzo del año pasado.

“Hice conocer a Úrsula Letona y ‘Miki’ Torres de los hechos por lo que no debió haberse aprobado esa norma. En su momento, me opuse férreamente y les hice conocer cuáles eran los riesgos, ellos [Letona y Torres] salieron adelante promoviendo esta ley”, denunció.

Ley corrupta

En esta disyuntiva, Vilcatoma espera que los legisladores respalden su iniciativa con el objetivo de dejar sin efecto la citada ley que perjudicaría al Estado. “Espero que así sea porque es el deber de los congresistas. Nunca debieron aprobar esa ley, porque esa ley está siendo utilizada como marco para que las empresas corruptas sigan contratando con el Estado”, añadió.

ACLARACIÓN DE FELIPE CANTUARIAS

Señor:
ANTONIO RAMÍREZ PANDO
Director Diario Expreso
Por intermedio de la presente, me dirijo a usted con motivo de la carátula y artículos aparecidos hoy 19 de febrero de 2019 en la edición impresa y ecosistema digital del diario Expreso bajo el título “Árbitros fueron los mismos que encabezados por Felipe Cantuarias permitieron que Odebrecht ganara varios laudos arbitrales al Estado Peruano”. Esta es información totalmente falsa por lo siguiente:

1. Es absolutamente falso y agraviante que el Diario que usted dirige señale que yo haya participado y permitido que Odebrecht ganara laudos arbitrales al Estado. Yo no he participado en ningún proceso arbitral vinculado a Odebrecht.
2. Su Diario también falta a la verdad y me agravia al mencionar “Pero ¿qué antecedente tiene Felipe Cantuarias sobre los arbitrajes? Como se recuerda, está siendo investigado por el Ministerio Público debido a los fallos favorables que en forma recurrente tomó a favor de Odebrecht”. Reitero que yo no he participado en ningún proceso arbitral de Odebrecht y no estoy siendo investigado por el Ministerio Público.
3. En relación con el caso Nº 120 del año 2005 entre Consorcio Colca y EGASA, referido a la construcción de la Represa Pillones, yo fui designado como presidente por los árbitros nombrados por las partes y nunca conocí a los representantes del Consorcio Colca y menos al presidente Vizcarra o su hermano, quienes participaron del proceso por medio de sus abogados.
4. Finalmente, pretender insinuar que, por este arbitraje, que equivale a sólo el 2.5 % de valor total de la obra (US$ 23 Millones), se generó un desbalance en el proyecto Pillones, no resiste algún análisis.

Al respecto y por respeto a la opinión pública, el periodismo profesional debe ser ejecutado de manera ética, seria y objetiva con información corroborada, lo que no ha ocurrido en el presente caso, porque, reitero, no he participado en ningún arbitraje de Odebrecht y por ende no estoy investigado por dicho caso.

Soy una persona que ha labrado su desarrollo profesional en base a una reputación sólida y de respeto a las leyes y los valores de la sociedad.

Por las razones señaladas, al amparo de lo establecido por el segundo párrafo del inciso 7 del artículo 2º de la Constitución Política del Perú, lo requiero para que en forma inmediata y proporcional se publique la presente carta rectificatoria, caso contrario, me veré obligado a interponer las acciones penales pertinentes, en salvaguarda de mi honor y reputación.

Felipe Cantuarias Salaverry

DNI 07271733

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