Julio Arbizu: La Fiscalía debe pedir la detención preliminar de Alan García por 10 días
Exprocurador sostuvo que es un buen día para la justicia en el Perú.
Es una buena noticia
Ideeleradio.– La Fiscalía debe solicitar, en el marco de las investigaciones, la detención preliminar del expresidente Alan García por 10 días, luego de que el gobierno de Uruguay decidiera negarle el asilo, sostuvo el exprocurador anticorrupción Julio Arbizu, tras considerar que se debe evitar que el exmandatario evada la acción de la justicia.
“[¿Qué le parece la decisión del gobierno de Uruguay?] Lo primero es que un buen día para la justicia en el Perú. Es, sin duda, una buena noticia, se ha hecho lo correcto. No es tampoco otra cosa que la ejecución normal de una consecuencia igual —normal— de un pedido de asilo que no se sustentaba en ninguna razón sólida ni una razón establecida en el Convenio de Caracas”, declaró en el programa No Hay Derecho de Ideeleradio.
“Lo que hay que resguardar, ahora, es la posibilidad de una elusión más de Alan García. Sabemos todos que acostumbrado está [García] a precisamente no hacer caso del mandato de la justicia, así es que creo que urge en lo que resta del día, que la Fiscalía solicite su detención preliminar en el marco de la investigación preliminar todavía, y se ordene esa detención por 10 días, que es lo máximo que establece la ley y, luego, cuando se formalice la investigación preparatoria se solicite igualmente la prisión preventiva”, precisó.
En otro momento, el ex abogado del Estado saludó que el ex jefe de Estado se haya retirado de la residencia del embajador del Uruguay en el Perú, tras negársele el asilo.
“Entiendo que Alan García ya salió de la residencia del embajador de Uruguay hace aproximadamente media hora, eso es lo que ha informado el embajador de Uruguay [Carlos Barros]”, acotó.
Julio Arbizu analiza la coyuntura política actual
En Sigrid.PE, analizamos con Julio Arbizu, ex procurador anticorrupción la audiencia de apelación de prisión preventiva de Keiko Fujimori y el hostigamiento de los fiscales del caso Lava Jato.
Julio Arbizu evaluó los argumentos de Rafael Vela y Giulliana Lozadurante la audiencia en la Segunda Sala Penal de Apelaciones. Los recursos utilizados por el fiscal Rafael Vela, según Arbizu fueron más inteligentes y en concordancia con la base del dictamen del juez Concepción Carhuancho.
“Ha sostenido el fiscal Vela en concordancia con el juez Concepciónque las instancias de dirección del Ministerio Público están siendo instrumentalizadas por la organización criminal liderada por la señora Keiko Fujimori para conseguir esa obstrucción en las investigaciones”, señaló el entrevistado. Además, aclaró que la acusación de hostigamiento puede ser verificable ante las acciones de funcionarios de la institución.
Para el ex procurador anticorrupción, la posible sustitución de los fiscales es preocupante por el “efecto nocivo” en las investigaciones que se están llevando a cabo.
Asimismo, afirmó que esta medida está dentro de las facultades de Pedro Chávarry, sin embargo, enfatizó que los cambios deben estar amparados en un nivel de racionabilidad.
No obstante, Julio Arbizu dijo que las acciones del fiscal de la Nación dejan entrever una motivación de obstrucción a las investigaciones.
Sobre el posible reemplazo de Rafael Vela, Abel Concha, el abogado argumentó que ante las acusaciones que posee este fiscal está descalificado para ocupar el puesto.
El entrevistado manifestó su preocupación por la sala que tomará la decisión de revocar o no la prisión preventiva de Keiko Fujimori puesto que es la misma que revocó la detención preliminar del juez Carhuacho.
“Estamos en un momento distinto, en ese momento estábamos en etapa de investigación preliminar, no había una serie de evidencias de riesgo procesal que ahora existen”, argumentó Arbizu. Además, añadió que sería antijurídico tomar la decisión de revocar la medida de prisión preventiva.
Sobre el debate del Congreso de financiamientos de partidos políticos, Arbizu llamó a la ciudadanía a ejercer presión ante un Parlamento que no trabaja en la lucha anticorrupción. “Esta ley representa un retroceso en la persecución del delito de lavado de activos”, expresó.
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