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El Tribunal Constitucional (TC) emitirá en los “próximos tres meses” el fallo que obligaría al Gobierno a pagar los bonos de la reforma agraria, deuda pendiente hace 40 años y que representaría miles de millones de dólares para los tenedores de los títulos en el Perú y en el extranjero.
El presidente del TC, Ernesto Alvarez, comentó que la sentencia tendría por objeto limpiar un capítulo amargo en la historia peruana y que el colegiado que preside trabaja en una resolución que especifique cómo el Ejecutivo debería valorar los bonos y cuándo se debe pagar.
“Nuestra meta es esa”, dijo a Reuters. “Eso abona la necesidad de lograr una compensación adecuada, posiblemente progresiva, para evitar un daño al bien común pero necesariamente cumplir con la deuda interna”, agregó, tras señalar que a reforma agraria se hizo de “forma abusiva, prepotente, arbitraria”.
Como se sabe, los llamados “bonos agrarios” fueron emitidos como compensación en la década de 1970, como parte de un programa de redistribución de tierras iniciado por el general Juan Velasco, quien trató de tomar las haciendas de los ricos y entregarlas a los campesinos.
Sin embargo, muchos agricultores de clase media, bancos e incluso trabajadores quedaron atrapados en el programa, lo que provocó el derrumbe de la producción agrícola del país a la par de la expropiación de unas 5,000 granjas entre 1969 y 1981.
El Tribunal Constitucional ordenó al Gobierno pagar los bonos en una sentencia en 2001. Pero desde entoncesuna serie de expresidentes lo postergaron, por el problema fiscal que generaría cancelarlos.
¿A CUANTO ASCIENDE LA DEUDA?
A su turno, el Ministerio de Economía ha dicho que* no sabe cómo valorar los bonos porque la hiperinflación a finales de la década de 1980 erosionó su valor* y la decisión inicial fue muy vaga.
A su turno, el Ministerio de Economía ha dicho que* no sabe cómo valorar los bonos porque la hiperinflación a finales de la década de 1980 erosionó su valor* y la decisión inicial fue muy vaga.
Sin embargo, sí se ha pagado a tenedores de bonos que lograron fallos favorables en cortes menorescon determinados premios monetarios. Cientos de demandas han sido presentadas en tribunales, peromuchos bonistas nunca se han molestado en demandar y muchos papeles siguen pendientes.
Según cálculos conservadores, hay entre US$1,000 millones y US$3,000 millones en bonos. Otros arrojan una cifra mayor, de entre US$4,600 millones y US$8,000 millones, o alrededor del 4% del PBI.
Mucho depende del índice de precios histórico utilizado para calcular el valor de los bonos y el número exacto de los bonos en circulación. Registros detallados no fueron guardados por el régimen de Velasco.
Al ser consultado sobre el próximo fallo del TC, el ministro de Economía, Luis Castilla, afirmó que se acatará la sentencia. “Nosotros no estamos al margen de la ley ni mucho menos”, indicó
“Como estamos en pleno proceso, diría que no es apropiado pronunciarse sobre el tema dado que el Tribunal Constitucional debe deliberar y hacer lo que le corresponde”, agregó el titular del MEF.
TLC CON EEUU DA IMPULSO A DEMANDA
Aunque los tenedores han presionado desde hace décadas para recibir el pago, la controversia cobró urgencia porque fondos de inversión extranjeros han comprado bonos agrarios en un mercado secundario informal en los últimos años.
Aunque los tenedores han presionado desde hace décadas para recibir el pago, la controversia cobró urgencia porque fondos de inversión extranjeros han comprado bonos agrarios en un mercado secundario informal en los últimos años.
Esos fondos están protegidos por el acuerdo de libre comercio que suscribió Perú con EEUU, que entró en vigencia en el 2009, y podrían, si quisieran, demandar a nuestro país en un tribunal de Nueva York para solicitar el pago.
“Hay un temor por parte de algunas autoridades del Ejecutivo (…) de que (Perú) sí podría verse perjudicado por la denuncia ante tribunales jurisdiccionales dentro del marco del tratado de libre comercio con Estados Unidos”, señaló Alvarez.
“Eso podría perjudicar los intereses comerciales y dar una imagen negativa del Estado peruano (…) Por tanto, al Perú le conviene ser visto como una entidad respetuosa del derecho y la ley”, agregó.
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