EL CONGRESO INVESTIGARA AL NARCOAPRISMO QUE EMPEZO A ESTAR VINCULADO AL NARCOTRAFICO DESDE EL PRIMER GOBIERNO DE ALAN GARCIA PEREZ

EL NARCOTRAFICO INVOLUCRADO Y BLINDADO POR  LAS ALTAS ESFERAS DEL GOBIERNO DESDE EL GOBIERNO DE MORALES BERMUDEZ

Precisamente el allanamiento del complejo narco industrial de Tijero en Callarú, en agosto de 1985, dentro de la denominada «operación Cóndor» y a las tres semanas de haberse instalado el gobierno de Alan García, puso en evidencia el crecimiento desmesurado del poderío económico del narcotráfico, su colusión con el poder y su peligrosa alianza con los cárteles colombianos de la droga.

Policía y corrupción 

La corrupción policial es un tema que se ha venido discutiendo desde siempre. Durante la época de Morales Bermúdez, la famosa «Promoción» de la Policía de Investigaciones del Perú (PIP), a la cual pertenecían 35 generales, se adueñó entre otras direcciones, de la Dirección de Delitos contra el Patrimonio para repartirse los bienes que eran recuperados y proteger a ciertas bandas a cambio de 756 compartir el producto de sus robos. Esta descomposición -sólo comparable a la ocurrida dos décadas después en el Ejército con la famosa «promoción Montesinos», que copó los puestos de mando y se corrompió de la mano del ex asesor Vladimiro Montesinos- alcanzó su máxima expresión durante la gestión de Eduardo Ipinze Rebatta como director superior de la PIP, en 1983. Al llegar Ipinze Rebatta a la Dirección Superior, el negocio ilícito del narcotráfico comenzó a cambiar de dueños. La PIP barrió a los «pequeños distribuidores» y «paqueteros» que eran protegidos por la Guardia Civil, y se concentró en las grandes mafias que llegaban a Lima procedentes del Huallaga. La estación PIP de Apolo, en La Victoria, a donde iban a parar los traficantes intervenidos en la carretera Central, era una «mina de oro» apetecida por muchos policías. Algo similar ocurría con la estación PIP del Callao, a donde llegaban las personas detenidas con droga en el aeropuerto «Jorge Chávez». Un destaque a estos lugares llegó a costar diez mil dólares, pero en la época de Ipinze Rebatta, de la «venta» de los puestos más productivos se pasó al «alquiler». En otras palabras, una estación o división PIP debían producir una determinada cantidad mensual de dinero que era distribuida entre las cabezas de «La Promoción». No fue simple coincidencia que Reynaldo Rodríguez López, alias «El Padrino», dueño de la llamada «Villa coca», diera comienzo a una desconcertante prosperidad en tiempos de Ipinze Rebatta. Cuando el general Rómulo Alayza asumió la Dirección Superior de la PIP, se asegura que Rodríguez López le ofreció un espléndido banquete al cual asistió en pleno «La Promoción», que ya controlaba los altos mandos y todos los puestos claves de la PIP Con la captura de Rodríguez López quedó al descubierto la famosa red de protección oficial de la que gozaba. No sólo fue dado de baja y apresado el general PIP «Pepe Jorge», José Jorge Zárate. También fueron implicados en el caso de «Villa Coca» todos los jefes de la policía entre 1980 y 1985, los jefes policiales antidrogas, un asesor del primer ministro y varios empresarios. El general Irwin Jaime Llamosas, jefe de la División de Investigación Financiera de la PIP, fue dado de baja definitivamente y años más tarde aparecería como cercano colaborador de Montesinos en el Servicio de Inteligencia Nacional. También fue dado de baja el general Ketin Vidal, quien según algunos proveía de información «privilegiada» a la mafia aprovechando su destaque en la División de Inteligencia de la PIP. Partes de inteligencia suscritos de su puño y letra fueron hallados en una caja fuerte de «El Padrino» Rodríguez López. Otro ejemplo de la corrupción en las filas de la policía se constata en 1984 a raíz del juicio al narcotraficante colombiano Evaristo Porras Ardila, detenido en Lima cuando intentaba cerrar un «pase» de 20 kilogramos de clorhidrato de cocaína. Vladimiro Montesinos ejerció la defensa de Porras, quien fue enviado al penal de Lurigancho pero a fines de ese mismo año fugó del país en una avioneta, con la ayuda precisamente de Montesinos y la complicidad de la policía que lo estaba investigando pues fue la propia policía, según el Coronel Pércovich, la que sugirió su traslado al Hospital Daniel A. Carrión del Callao, de donde fugó disfrazado de médico junto a dos efectivos de la 757 PIP apellidados Calderón y Delgado, con rumbo al aeropuerto «Jorge Chávez». El propio comandante Rivera Portel, jefe de Migraciones y Gamero Febres, jefe de Extranjería, lo ayudaron a embarcarse. Años después ambos serían convocados por Vladimiro Montesinos para trabajar en el SIN. A partir de 1984, con la ayuda de la CIA y la creación de la Policía Aérea, el Ministerio del Interior logró detectar 48 aeropuertos clandestinos, los mismos que fueron fotografiados y permitieron formular el «Operativo Cóndor», de bombardeo masivo de pistas tanto en Perú como en Colombia, implementado con la ayuda de las autoridades norteamericanas. Una de las pistas dinamitadas pertenecía a un laboratorio clandestino ubicado en la frontera con Colombia, donde el narcotraficante Lucio Tijero producía clorhidrato de cocaína de alta pureza, una proeza para la época. Además, contaba en su haber con dos avionetas, una incalculable fortuna en bienes inmuebles en Iquitos y en Lima y, por supuesto, protección policial. Como veremos a continuación, la descomposición policial fue un factor importante que ha permitió a las mafias operar con total impunidad en el Perú desde la década de 1960. Precisamente el allanamiento del complejo narco industrial de Tijero en Callarú, en agosto de 1985, dentro de la denominada «operación Cóndor» y a las tres semanas de haberse instalado el gobierno de Alan García, puso en evidencia el crecimiento desmesurado del poderío económico del narcotráfico, su colusión con el poder y su peligrosa alianza con los cárteles colombianos de la droga.

José Jorge Zárate, general retirado de la PIP, que fue condenado por el delito de Tráfico de Drogas, junto con la banda de Reynaldo Rodríguez López. En ese proceso estuvieron implicados otros jefes policiales y militares, cuyo defensor fue el ex capitán Vladimiro Montesinos.

La existencia de diversas modalidades de corrupción que infiltraron a todos los actores armados presentes, afectó la posibilidad de hacer trabajos coordinados, o de separar la guerra contra la subversión de una adecuada política de control de cultivos y de drogas, incluso antes de la existencia de la mafia controlada por Vladimiro Montesinos, como veremos en el acápite sobre corrupción más adelante. Aunque hasta 1990 el Perú fue reacio a una vinculación castrense por los riesgos de corrupción y por su prioridad en la lucha contra el PCP-SL, esta situación cambió con el advenimiento de Alberto Fujimori y su asesor Vladimiro Montesinos. Desde abril de 1995, se produjo una crisis de proporciones en la cuenca del Huallaga por diversas razones, entre las que destacan: el sobre stock de cocaína en los mercados internacionales; la auto provisión de hoja de coca y de PBC de grupos en territorio colombiano; los efectos de la interdicción aérea. La arroba de coca (5 kilos y medio) fue descendiendo del precio de los mejores tiempos, US$ 20, hasta llegar a menos de la mitad de esa cantidad. En 1997 se creó la Comisión de Lucha contra el Consumo de Drogas, CONTRADROGAS, encargada de la política de cultivos sustitutorios, convertida con el gobierno actual en DEVIDA, enfrentada nuevamente a paros y huelgas de productores cocaleros a los cuales se sigue considerando como ciudadanos casi fuera de la ley.

 

 Se fortalece la DIGIMIN EN 1984-1985 INICIOS DEL PRIMER GOBIERNO DE ALAN GARCIA

Según la opinión del general en retiro Edgar Luque Freyre, quien se desempeñó durante cuatro años, entre 1987 y 1990, como director de la DIGIMIN durante la gestión de José Barzalo Burga y posteriormente con Agustín Mantilla Campos, uno de los principales énfasis del gobierno aprista fue organizar, desde la Dirección de Inteligencia del Ministerio del Interior, un sistema de inteligencia lo suficientemente competente como para hacer frente con éxito al fenómeno del terrorismo y también a las mafias internacionales de la droga que se habían instalado en el Perú. El propio Luque Freyre admite que entonces ya existían pruebas concretas de la alianza entre subversión y narcotráfico: El narcotráfico abastecía determinado tipo de armamento y la subversión le protegía los vuelos para llevar droga al exterior. nosotros presentamos testimonios, fotografías, pero el gobierno (de Alan García) prefirió mantenerlo oculto por razones que a veces son difíciles de entender. Desde su particular percepción, el narcotráfico había infiltrado numerosas esferas del poder, desde el Congreso hasta los organismos que se supone tenían que perseguir el delito, y ni que decir de la propia policía. La serie de escándalos como el referido al ex asesor Luis López Vergara, brazo derecho del ex ministro del Interior Luis Percovich Roca, involucrado con el narcotraficante Reynaldo Rodríguez López, o la defenestración del senador Yashimura por su sociedad con Guillermo Cárdenas Guzmán, alias «Mosca Loca», en cuyo avión bautizado «Blanquita» se habían trasladado los principales candidatos de Acción Popular durante la campaña del 1980, no serían casos aislados. La captura del diputado aprista Miguel Ángel del Pomar, involucrado con una red de narcotráfico internacional que enviaba cocaína a Alemania, o la del diplomático Francisco Tweedle, en cuya valija fueron hallados varios alijos con droga, fueron evidencias rotundas de su alto poder corrosivo. Años después, la grabación de una conversación telefónica entre el congresista de Cambio 90 por Chachapoyas, Manuel La Torre Bardales, el narcotraficante Abel Muñoz Seijas, contador de Demetrio Chávez Peñaherrera, y un sujeto identificado como Carpio, en marzo de 1993, confirmaría que estas acciones ilegales continuaron durante el gobierno fujimorista. La corrupción entre elementos de la Policía Nacional, llámese PIP, Guardia Civil o Guardia Republicana, se complementa con el repliegue de estas instituciones de los espacios rurales ante el hostigamiento y los ataques cada vez más frecuentes del PCP-SL contra blancos policiales. La situación se modificó radicalmente al llegar Alberto Fujimori al poder, momento en que el Ministerio del Interior fue «tomado» por la fuerzas armadas. A la DIGIMIN fue nombrado el general EP Cáceres y el general Alvarado reemplazó a Agustín Mantilla. Todo el personal preparado para producir inteligencia en la DIGIMIN fue reclutado por el SIN de Vladimiro Montesinos. Sus equipos fueron transferidos y, según Luque Freyre, la información de inteligencia que existía sobre subversión y narcotráfico fue «capturada» por el asesor Montesinos. Pero no sólo se desmanteló el aparato de inteligencia del MININT, sino que, como dijimos, su accionar quedó subordinado a los Comandos Político-Militares en las zonas en emergencia, por lo cual por lo menos durante una década la policía no volvería a recuperar su autonomía y presupuesto, ni siquiera en el tema de la lucha antidrogas.

Congreso investigará el narcoaprismo

Por Diario UNO el abril 11, 2015

Ante revelaciones de aprista Chinguel con narco prófugo Gerald Oropeza.

La relación del empresario y presunto narcotraficante Gerald Oropeza con Miguel Facundo Chinguel, expresidente de la Comisión de indultos del último gobierno de Alan García, y preso por el caso narcoindultos, que demostraría las vinculaciones del narcotráfico con la actividad partidaria, tiene que ser aclarada, afirmó la presidenta de la comisión que investiga la vinculación del narcotráfico en la política, Rosa Mavila.

“Creo que sí es pertinente que lo veamos. Justamente estoy proponiendo a los miembros de la comisión ver el caso este lunes que tenemos que asistir al establecimiento penitenciario de Piedras Gordas 1, a fin de entrevistar a determinados personajes vinculados a temas de lavado de drogas y lavado de activos”, anotó.

“Y en tanto hemos tomado conocimiento que el señor (Miguel Facundo) Chinguel está también detenido en el establecimiento Piedras Gordas, vamos a ampliar la convocatoria para que también él sea citado y pueda aclarar ante la comisión, la naturaleza de su relación y vínculos con Gerald Oropeza”, subrayó.

La parlamentaria recordó que de acuerdo a la información que se conoce Facundo Chinguel presuntamente habría sido abogado de Oropeza, quien está en calidad de prófugo de la justicia.

“El señor Facundo Chinguel sí tiene vínculos de naturaleza política, como son obvios. Ha sido relacionado con el tema de las narcoconmutaciones. Habrá que ver si sus vínculos con el señor Oropeza eran estrictamente de carácter profesional, o también de naturaleza política, en la relación que tendría esto con el tema de lavado de activos o de narcotráfico”, remarcó.

Al ser consultada por diario UNO sobre estos reiterados nexos de elementos y militantes apristas relacionados con el narcotráfico, Mavila se excusó de responder a fin de no adelantar opinión sobre el particular.

“No puedo adelantar opinión porque va a empezar la investigación. Como le digo, estamos tomando una decisión que, aparte de práctica, es oportuna. Es deber de nuestra comisión hacer esta investigación”, puntualizó.

CASO MUY GRAVE
La legisladora del Partido Popular Cristiano-Alianza para el Progreso, Marisol Pérez Tello, fue clara en indicar que la justicia tendrá que determinar las vinculaciones de los narcotraficantes con Miguel Facundo Chinguel, a quien García avaló como “hombre probo” ante la Megacomisión, y el Partido Aprista.

“En todo caso, los ciudadanos se formarán un juicio sobre este asunto y si se permiten o no determinadas cosas en un partido político. Por eso, creo que las investigaciones siempre son sanas y necesarias para que la política se oxigene y entren los mejores para representar al país”, puntualizó.

Sin embargo, Pérez Tello recordó que el caso de Facundo Chinguel es muy grave, en términos de la dación de indultos y conmutaciones. “Ya que con la política de otorgar indultos para no cobrar o beneficiar a nadie, se está muriendo la gente en los penales”, apuntó.

En todo caso, consideró que si hay un sinvergüenza en esta clase de beneficios, este debe estar preso, ya que –anotó- “no se puede distorsionar una política pública por él”.

La titular de la comisión legislativa especial que investiga la vinculación del narcotráfico en la política, Rosa Mavila, ratificó igualmente que en el transcurso de los próximos días su grupo legislativo definirá las invitaciones a una treintena de personas con indicios de relaciones con el narcotráfico, para que aclaren dichas vinculaciones.

“Aclaro, no es para investigar sus presuntas vinculaciones o no, sino es para tomarles su testimonial, sus probables vínculos con acciones o mecanismos de relación entre lo que pueden ser actividades de lavado de activos y relaciones sistema político”, detalló.

ADEMÁS
La congresista Rosa Mavila consideró que hay indicios suficientes para iniciar investigación sobre los vínculos que pueda tener Chinguel con el narcotráfico y si esas relaciones trascendieron al Partido Aprista.