Explosiva revelación. “García Pérez presionó a un presidente de la Corte de Lima para favorecer a la minera Sulliden”, asegura Alfredo Sánchez Miranda
Por Henry Campos
El clan de los Sánchez Paredes, involucrado en delitos de narcotráfico y lavado de activos, que hizo aportes económicos en la campaña presidencial de Alan García en 2006 e incluso le compró una camioneta a este en 2003, pretende convencer de que ahora no está ligado al expresidente, al asegurar que incluso promovió una investigación fiscal en su contra. El Ministerio Público, dicho sea de paso, aún no concluye sus pesquisas que ya llevan ocho años sobre ese caso.
La razón de “la persecución” del gobierno de García, de acuerdo a Alfredo Sánchez Miranda, hijo de Orlando Sánchez Paredes, sindicado como cabecilla de una red de narcotráfico, fue la disputa, ocurrida en 2003, por una mina –que fue vendida hace tres meses por mil millones de dólares– entre su familia y la empresa canadiense Sulliden, la que fue patrocinada legalmente por el entorno de García Pérez.
En este “gran conflicto de intereses”, García, desde su posición como presidente de la República –asegura Sánchez Miranda–, presionó directamente a un presidente de la Corte de Lima para favorecer a Sulliden. Por tal razón, informó que su familia denunció a García en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por haber presionado a las autoridades jurisdiccionales en ese proceso.
“Tenemos como testimonios en esa denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a un exministro de García, que indica las irregularidades que hubo contra nosotros, un exasesor del Tribunal Constitucional, un expresidente de la Corte Superior de Lima, que afirma presiones directamente de García para apoyar a los señores de Sulliden contra nosotros”, dijo Sánchez Miranda textualmente en una entrevista concedida ayer a un medio radial.
En 2003 la empresa canadiense Sulliden era asesorada legalmente por Jean Pierre Nava Mendiola, hijo del exsecretario de Palacio de Gobierno Luis Nava, y su abogada fue nada menos que Rosario Fernández, quien fue luego ministra de Justicia de García Pérez.
“Cuando esta gente entra al Gobierno lo primero que hace es presionarnos a nosotros, políticamente, mediáticamente, para poder tranzar con Sulliden (...) y tuvimos que tranzar con ellos, pero el muñeco ya se había armado y siguió andando y estas son las consecuencias”, manifestó.
“Esa es mi hipótesis y está totalmente comprobada, porque la representación de Nava está en Registros Públicos y los cientos de escritos firmados por Charo Fernández están en los expedientes”, añadió Sánchez tuteando a quien fuera la ministra de Justicia en el gobierno de Alan.
Esta habría sido la razón, según Sánchez Miranda, para que el exmandatario ordenara a la Policía hacer un atestado contra su familia en una conferencia de prensa “sin haberse establecido una investigación fiscal previa”.
Una camioneta
Lo contado es lo nuevo. Pero no puede soslayarse la oscura relación entre García Pérez y los Sánchez Paredes que es corroborada, por ejemplo, con las peripecias de una camioneta Nissan Frontier de doble cabina importada de Yokohama, Japón, que, según la investigación de IDL-Reporteros, comprada por el líder del APRA, terminó luego en manos de Alfredo Sánchez Miranda, uno de los hijos de Orlando Sánchez Paredes.
Lo raro es cómo se dieron las transacciones. La camioneta, cuyo precio real de venta era de 29 850 dólares, fue comprada en 2002 por 18 000 dólares por García. Es decir, el líder del APRA tuvo un tremendo descuento de 11 850 dólares. ¡Qué suerte tienen algunos! ¿No?
Pero no solo eso. García la revendió al año no más obteniendo una ganancia de más de cuatro mil dólares. El comprador fue la compañía Alta Tecnología e Inversión Minera y Metalúrgica S.A. (ATIMMSA), una de las empresas de fachada de los Sánchez Paredes, vinculado al narcotráfico. Fue el gerente general de ATIMMSA, Belisario Esteves Ostolaza, quien le pagó a García 22 mil dólares al contado por la camioneta.
¿Pero quién era Esteves Ostolaza? Pues nada menos que el viceministro de Comercio de García Pérez en su primer gobierno. O sea, la relación entre García y los Sánchez Paredes sería de larga data.
¿Y qué dijo el APRA sobre la historia de la referida camioneta? Pues que todo era una coincidencia. Que la camioneta se vendió a través de un aviso en los clasificados de El Comercio.
Pero hay otros hilos de la relación de los Sánchez Paredes con García. Resulta que uno que ocupó el cargo de gerente general de ATIMMSA hasta el 2007 fue el abogado Humberto Abanto, quien también fue asesor del entonces congresista y luego ministro Luis Alva Castro. Abanto, quien es aprista y ahora además defiende a Agustín Mantilla en el caso Rodrigo Franco, es uno de los hombres más cercanos a los Sánchez Paredes y, por lo visto, a la cúpula aprista.
Y los Nava también hicieron negocios con los Sánchez Paredes. Esto ocurrió en 2003 e interviene en este capítulo la compañía Transportes Don Reyna, cuyo gerente general era José Antonio Nava –hijo de Luis Nava, ex secretario general en el segundo gobierno de García–, que transportó en varias ocasiones insumos químicos a Comarsa, compañía minera de los Sánchez Paredes. ¿No es ya entonces demasiada coincidencia?
La plata sí llegaba sola
Y lo que cerraría el círculo de esa turbia relación es que el clan de los Sánchez Paredes realizó un importante aporte económico a la campaña presidencial del 2006 de García Pérez, quien ganó finalmente en esa contienda. Este, para atenuar el escándalo, tuvo que devolver el dinero aduciendo que no conocía el origen de ese dinero.
La suma –conocida hasta ahora– de los Sánchez Paredes fue de cinco mil dólares. Y fue el propio Alfredo Sánchez Miranda quien lo reveló a la prensa. Y no solo eso. También aseguró que el expresidente y líder del APRA estuvo muy al tanto de esa entrega.
“Al conocer la relación familiar de esa persona de apellido Sánchez Miranda con el grupo Sánchez Paredes, cumplo con devolver a usted esos US$ 5 mil, pues de haber tenido conocimiento de ese aporte y conocer esa relación familiar, no hubiera permitido de ninguna manera que la secretaría de mi oficina lo aceptara”, fue la defensa de García sobre el asunto a través de una carta.
Lo cierto es que Sánchez Miranda entregó los cinco mil dólares a través de un cheque a Mirtha Cunza, fiel secretaria de García Pérez. El propio abogado Abanto reconoció que ese dinero fue entregado porque el APRA lo necesitaba para financiar el arriendo de una avioneta que trajera a Lima a García para el mitin del cierre de la primera vuelta de 2006. Sin embargo, Sánchez Miranda aseguró que en realidad fue para la segunda vuelta del 2006, cuando García estaba compitiendo con el entonces candidato nacionalista, Ollanta Humala.
Quiere archivo
La reaparición de ayer en la prensa de Sánchez Miranda fue aprovechada para indicar que tras siete años de investigaciones, el Ministerio Público no ha encontrado pruebas para sustentar una acusación contra su familia. Lamentó, en ese sentido, que en lugar de que se archive se haya pedido una ampliación del caso en que están como principales investigados –tras reducirse en 2008 una lista de 77 sospechosos– Orlando Sánchez Paredes y sus hermanos Wilmer y Manuel; los hijos de este último, Fidel y Miguel Sánchez Alayo; Blanca Sánchez Príncipe, hija de Perciles Sánchez, y Belisario Esteves.
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