Crucifican a Pedro Pablo Kuczynski
Junto a Alejandro Toledo y sus ministros –como Fernando Zavala–, se encuentran evidencias de que PPK habría cometido delito contra la administración pública, en su modalidad de colusión, en calidad de autor.
Miércoles 31 de Octubre del 2018
6:00 am
El informe final de la Comisión Lava Jato recomendó a la Fiscalía investigar no solo a Alejandro Toledo por favorecer a la empresa Odebrecht, sino también al exmandatario Pedro Pablo Kuczynski, en quien encontraron indicios suficientes de haber cometido delito contra la administración pública en las modalidades de cohecho y colusión, negociación incompatible, entre otros.
Entre los puntos que concluyó está la existencia de un acuerdo entre el expresidente Alejandro Toledo y los representantes de las constructoras brasileñas Odebrecht y Carmargo y Correa a fin de favorecer a las referidas empresas con la entrega de la Carretera IIRSA o Interoceánica.
El esquema estructurado para favorecer a las empresas brasileñas significaba interceder en favor de dichas constructoras ante los funcionarios que participan en el proceso, para que las condiciones contractuales les sean favorables y así garantizar su continuidad, de acuerdo a lo señalado por el propio ex CEO en el Perú, Jorge Barata, ante los fiscales peruanos.
“La ejecución de la carretera IIRSA no es prioritaria en términos de asignación presupuestal, en el momento en que se tomaron las decisiones, por lo que el entonces presidente [Alejandro] Toledo y el ministro de Transportes, José Javier Ortiz Rivera, justificaron indebidamente su ejecución en la necesidad social y supuesta rentabilidad económica para la región sur del país”, señala el informe.
En esa línea, era necesaria la ejecución de la Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública para permitir la exoneración del SNIP (Sistema Nacional de Inversión Pública) en el proyecto IIRSA Sur, a fin de acelerar su entrega y ocultar su falta de rentabilidad económica y social.
“Odebrecht a través de la celebración de contratos ficticios, como son el acuerdo de estructuración financiera de abril de 2005 y el acuerdo para la estructuración financiera de los CRPA, consiguió estrechar lazos con el entonces ministro de Economía y premier, Pedro Pablo Kuczynski”, indica.
Es más, en el contrato de concesión se estableció una serie de condiciones que favorecían al inversionista privado, trasladando la totalidad de los riesgos al Estado, que asumió la inversión, superando el monto de inversión contratada y fijado a través del proceso de entrega en concesión.
DELITOS
Tras una profunda investigación que se inició desde el gobierno pasado con la denominada Comisión Pari y concluyó con el grupo congresal presidido por la legisladora Rosa Bartra (FP), el informe final concluye que existen indicios suficientes de la comisión del delito contra la administración pública en el exmandatario Alejandro Toledo como autor y quien hoy se encuentra prófugo en Estados Unidos.
En calidad de cómplices se encuentran Avraham Dan-On, exjefe de seguridad de Alejandro Toledo; Jorge Barata, apoderado de la Constructora Norberto Odebrecht S.A; Marcos de Moura Wanderley, exdirector de Camargo Correa Perú S.A. Ingeniería y Construcciones.
Asimismo, en José Graña Miró Quesada y Hernando Graña Acuña, presidente y director, respectivamente, de la empresa peruana Graña y Montero S.A.A., así como en Fernando Camet Piccone, presidente del directorio de JJC Contratistas Generales S.A.
De igual forma, luego del análisis de las negociaciones para la ejecución del proyecto IIRSA Sur, se advierte que el expresidente Alejandro Toledo estaría inmerso en la presunta comisión del delito contra la administración pública, en calidad de autor, en su modalidad de cohecho pasivo propio.
A su vez, se advierte la existencia de indicios suficientes que permiten establecer que las otras personas antes señaladas estarían inmersas en la presunta comisión del delito de lavado de activos en calidad de autores, así como se considera terceros civilmente responsables a las empresas antes mencionadas.
PPK
En cuanto a la contratación de servicios de asesoría financiera de Westfield Capital para la estructuración financiera del proyecto IIRSA Sur (abril 2005), se advierte la existencia de indicios suficientes que permiten establecer que Pedro Pablo Kuczynski (PPK) y Jorge Barata, apoderado de la Constructora Odebrecht, estarían inmersos en el presunto delito contra la administración pública, en su modalidad de colusión, en calidad de autores.
Con el agregado de que PPK estaría además incurso en cohecho pasivo propio en calidad de autor.
Con respecto al nexo de Westfield Capital Limited, se presume la existencia de indicios suficientes que permiten establecer la comisión del delito de negociación incompatible en calidad de autor que habría cometido PPK, expremier al celebrarse un contrato de asesoría financiera sobre el “CRPA entre la concesionaria del Tramo 3 y la empresa Westfield Capital Ltd.”
También PPK se encuentra presuntamente comprometido en la comisión del delito contra la administración pública, en su modalidad de colusión, así como José Ortiz Rivera, exministro de Transportes, y Carlos Ferrero Costa, extitular del Consejo de Ministros e integrante del consejo directivo de Proinversión.
A Pedro Pablo Kuczynski asimismo se le atribuye el presunto delito en contra de la administración pública, en su modalidad de tráfico de influencias en calidad de cómplice. Se le acusa del mismo delito a José Ortiz Rivera, ex ministro de Transportes; a Carlos Ferrero Costa, extitular del Consejo de Ministros y exintegrante del consejo directivo de Proinversión.
De igual forma, a María Blume Cillóniz, exjefa del gabinete de asesores del MEF, y Fernando Olivera Vega, ex embajador de Perú en España.
También se advierte la existencia de indicios suficientes que permiten establecer que Fernando Zavala Lombardi, exministro de Economía, estaría inmerso en la comisión del delito contra la administración pública en su modalidad de cohecho pasivo propio, en calidad de autor, presunta comisión del delito contra la administración pública en su modalidad de omisión y demora de actos funcionales.
Otros implicados son Javier Sota Nadal, exministro de Educación, encargado del Ministerio de Economía; René Cornejo Díaz, ex director ejecutivo de Proinversión, y Alfredo Rodríguez León, ex director ejecutivo de Provías Nacional, quienes estarían incursos en la presunta comisión del delito contra la administración pública, en su modalidad de negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo en calidad de autores; sin embargo, debido a la fecha, el delito ya prescribió.
La Comisión Lava Jato recomendó a la Fiscalía abrir investigación al expresidente Pedro Pablo Kuczynski y a los citados exministros del gobierno de Alejandro Toledo.
US$ 30 mil millones
El economista Juan Mendoza calcula que Odebrecht y Graña y Montero coimearon a Toledo con US$ 20 millones; Odebrecht y OAS dieron US$ 3 millones a los Humala-Heredia y otros US$ 3 millones a Susana Villarán. PPK cobraba de Odebrecht mientras era ministro. En total nos han robado US$ 30 mil millones, afirma.
Tercero civil…
El informe final recomienda señalar como tercero civil responsable a la Constructora Odebrecht, Camargo Correa Perú S.A., Graña y Montero S.A.A., JJC Contratistas Generales S.A. e Ingenieros Civiles y Contratistas Generales S.A.
JUNTA DE PORTAVOCES MODIFICA EL ACUERDO
Sustentación y debate del informe será el lunes
La Junta de Portavoces acordó que la sustentación y el debate del informe final de la Comisión Lava Jato se realicen el lunes de la próxima semana. Así lo señaló el presidente del Congreso, Daniel Salaverry.
“Hoy [ayer] en Junta de Portavoces, se ha hecho una modificación (…) y se ha acordado que se postergue el inicio de la exposición para el día lunes. Es decir, se va a convocar a sesión del Pleno para el día lunes a las 9 de la mañana, para que se exponga el informe final de la Comisión Lava Jato, y se inicie de inmediato el debate”, indicó.
Salaverry dijo que la votación realizada en el Pleno, para levantar la reserva del informe Lava Jato, también será respetada; sin embargo, aseguró que el documento solo será entregado a los parlamentarios.
Sobre esta decisión, el vocero del Nuevo Perú, Richard Arce, indicó que es una posición que no tiene sentido, debido a que si se comparte la información con los legisladores, es necesario que también sea compartido de forma pública con la población.
“Tiene que ser público ese informe (…). Van a poner sello de agua, para que cuando se filtre, se sepa quién ha filtrado la información, pero creo que es importante que la población conozca qué es lo que va a entrar al debate. Esto es absurdo, va contra el reglamento”, manifestó.
POR: MARÍA TERESA GARCÍA
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