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Monday, May 19, 2014

MEGACOMISION PELEA CONTRA LA CORRUPCION DE ALAN GARCIA

PERU
ENFRENTAMIENTO ENTRE PODER JUDICIAL
Y CONGRESO DE LA REPUBLICA
SOBRE CASO ALAN GARCIA
VISTO POR MEGACOMISION DEL CONGRESO

PERU
CONGRESO DE LA REPUBLICA
MEGACOMISION

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  • RESPUESTA DEL CONGRESO

    INFORME JURÍDICO SOBRE LA TIPICIDAD DE LAS INFRACCIONES CONSTITUCIONALES
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  • NOTAS SOBRE EL TRABAJO DE LA MEGACOMISIÓN


  • FORO MEGACOMISIÓN EN DEBATE: BALANCE DEL TRABAJO DE LA COMISIÓN INVESTIGADORA DEL CONGRESO SOBRE EL SEGUNDO GOBIERNO DE ALAN GARCÍA
    • Intervención de Congresista Sergio Tejada, Presidente de la Megacomisión  
    • Intervención de Julio Arbizu, ex Procurador Anticorrupción 
    • Intervención de Yvan Montoya, abogado penalista del IDEHPUCP
    • Intervención de Gustavo Gorriti, periodista de Investigación del IDL
      •
    • Intervención Carlos Contreras, historiador y profesor de la PUCP 
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      Fuente: IDL

      LA AUTENTICA BOMBA
      EL INFORME DE LA MEGACOMISION SOBRE BTR
      Por Jose Alejandro Godoy
      Hace un par de días, el Instituto de Defensa Legal publicó, en forma completa, los informes de la Comisión Investigadora de la segunda gestión de Alan García, luego de obtenerlos gracias a un pedido de acceso a la información pública.
      Ya algunos medios han reseñado las conclusiones sobre el informe vinculado a indultos y conmutaciones otorgados por AGP. Sin duda, este es el caso que mayor atractivo tiene en términos mediáticos, dado que ha sido el que más reflectores ha tenido, por la cantidad de implicados y el nivel de información que se ha tenido sobre el mismo durante el último año.
      Hoy en DTP nos permitimos rescatar otro informe, tanto por sus implicancias judiciales, como históricas: el encubrimiento en el caso BTR. Aquí un resumen de los principales pasajes del informe.
      ALAN GARCIA
      La Megacomisión recomendó que García pueda ser investigado por la presunta comisión del delito de asociación ilícita para delinquir, junto a Jorge Del Castillo, Hernán Garrido Lecca y Miguel Hidalgo, por supuestamente haber participado en una organización destinada a evitar el esclarecimiento tanto del caso BTR como de los casos de corrupción contenidos en los documentos y grabaciones obtenidos por esta empresa. En varios pasajes del informe se menciona el interés de García para que las investigaciones y allanamientos estén a cargo de la DINANDRO, entidad que tenía a su cargo varios equipos sobre espionaje, pero que no era competente para ver este tipo de indagaciones, por cuestiones de especialidad.
      Asimismo, se indica que existen indicios para acusar a García por infracción constitucional, en torno a la emisión de una resolución que asciende a Elías Ponce Feijóo, principal directivo de BTR, a pesar el marino estaba hace varios años en situación de retiro, así como por la resolución que revoca la misma, por no cumplir las reglas de la revocación.
      También se ordena investigar el siguiente contrato, mencionado hace algunos meses por Gustavo Gorriti:
      Algún tiempo después, la compañía española Endesa, que había tenido problemas judiciales con Petro-Tech, antes de ser favorecida “por el Decreto Supremo N°001-2010-EM, del 5 de enero del 2010, que estableció beneficios para las compañías eléctricas generadoras de centrales de Reserva Fría de Generación”, contrató a Alan García –firmante del decreto– para que diera una conferencia en Madrid, por la que le pagó 60 mil dólares.
      DEL CASTILLO Y LOS DOS MARINOS
      El Tio George no queda bien parado en el Informe. Se recomienda su procesamiento por encubrimiento personal, debido a la promoción de la salida de Ismael Matta Uribe, para ocupar un puesto de confianza en un consulado peruano en Estados Unidos. El motivo es que Matta informó a Luis Amengual Rebaza - exmiembro de la seguridad de Del Castillo - sobre las interceptaciones realizadas desde BTR. Amengual también salió a trabajar a una dependencia de Relaciones Exteriores en el país del norte
      El informe de la Megacomisión confirma, con documentación, la versión dada hace algunos años por el periodista Miguel Gutiérrez, quien contó que Matta quiso acogerse a la colaboración eficaz en el caso BTR, pues pudo brindar información que condujo a la captura  de los miembros de la empresa. El grupo de trabajo señala que Matta transcribió, por encargo de otro implicado en el caso, algunas de las conversaciones interceptadas desde Business Track, a pesar de lo cual, no fue involucrado en las investigaciones. Asimismo, la Megacomisión también pudo corroborar que Del Castillo fue el padrino de matrimonio de Amengual antes que éste saliera del país.
      Pero el otro aspecto grave involucra a los funcionarios de los consulados peruanos en Dallas y Paterson, donde ambos personajes fueron a parar. La Megacomisión recomienda una investigación por malversación de fondos porque la contratación de Amengual y Matta se hizo a pesar que ambas dependencias en el exterior habían recortado sustancialmente sus presupuestos, por lo que se presume que se tuvo una partida especial para el pago de ambos personajes, que fueron cesados en sus cargos al final del segundo gobierno aprista.
      EL FISCAL MILLA
      El otro funcionario que no queda bien parado en este caso es el fiscal Walter Milla, quien estuvo a cargo de las investigaciones del caso BTR. La Megacomisión lo acusa de cuatro posibles delitos:
      a) Encubrimiento personal y omisión de la acción penal, por sustraer a Israel Matta Uribe de las investigaciones que terminaron en una sentencia condenatoria a los miembros de BTR.
      b) Encubrimiento real, por no anexar al expediente un USB entregado por Matta Uribe con dos audios y trece transcripciones del material encargado de trabajar por un miembro de la organización BTR.
      c) Omisión de denuncia, por no haber comunicado a la autoridad competente sobre la presunta actuación ilícita de miembros de la Marina de Guerra del Perú y su Dirección de Inteligencia, dado que su logística habría sido usada para las actividades de BTR. El informe de la Megacomisión menciona los nombres de diversos funcionarios con acceso a información clasificada que estaban en la agenda del celular de Elías Ponce Feijóo. Se encuentran miembros en actividad y retiro de la Marina, de la Policía Nacional e incluso el nombre del abogado y exasesor de Luis Giampietri Sergio Tapia Tapia, defensor de los involucrados en el caso El Frontón.
      GARRIDO LECCA Y LOS NEGOCIOS MEXICANOS
      El informe de la Megacomisión recomienda que el Ministerio Público investigue los vínculos entre Hernán Garrido Lecca y empresas mexicanas. Dos casos son mencionados en el informe.
      El primero es el caso del Banco Azteca, entidad que obtuvo su licencia de funcionamiento cuando HGL era ministro, luego que fuera rechazada en 2005 por la SBS y con posterioridad al ingreso del grupo Azteca al accionariado de Alpamayo, la empresa de dibujos animados de Garrido Lecca y donde también es accionista el exministro José Antonio Chang. Para ilustrarlo, aquí el informe que preparamos junto a Marco Sifuentes y Jonathan Castro, que es citado por el grupo de trabajo:
      Un dato nuevo que el informe menciona sobre este caso es que fue Jaime Carbajal, antiguo socio de Garrido Lecca en varios negocios - incluyendo Alpamayo -, quien organizó el megaevento de presentación de Banco Azteca realizado en el estadio de Alianza Lima.
      Un segundo negocio mencionado tiene que ver con el ingreso de CEMEX al mercado peruano, así como la rebaja de aranceles al cemento luego del terremoto de Pisco. Aquí los datos del informe atan cabos. Según el documento, Rómulo León estaba bastante interesado en la rebaja de aranceles e indicaba, en correos electrónicos, que Garrido Lecca era el contacto para este tema. Asimismo, Giselle Gianotti menciona que, entre los documentos desaparecidos del caso BTR, se mencionaba este tema. También se menciona que, entre los correos, se encuentra correspondencia entre el gerente de CEMEX en Perú, Juan Carlos Cárdenas (colombiano), con Jaime Carbajal. Otro directivo de la empresa, en un correo posterior, le indicó a Cárdenas que había visto a Carbajal en medio de las obras de la reconstrucción de Pisco y que había que tener mucho cuidado con él.  Ponce Feijóo reconoció a la Megacomisión que estaban indagando sobre el tema del cemento y las conexiones mexicanas.
      PETROTECH VS. DISCOVER Y PEMEX
      Para la Megacomisión, las presiones contra la empresa Petrotech, así como la investigación posterior que trató de involucrar a la compañía y a sus directivos en el espionaje industrial vinculado a los Petroaudios, tuvieron un norte: favorecer el ingreso de capitales mexicanos a través de la alianza entre la empresa noruega Discover Petroleum (la del faenón) y el consorcio PEMEX-COMESA, representado por los mexicanos Mario Díaz Lugo y Francisco Garza.
      Entre 2008 y 2009, a partir de la información brindada por otros medios y por los audios de la coleccion BTR, en este blog dimos cuenta sobre las conexiones entre  Díaz Lugo, Fortunato Canáan y Rómulo León Alegría en torno al negocio petrolero. También aparecía el nombre de Garza en algunos correos electrónicos. Si bien Gustavo Gorriti señaló que los mismos podrían ser adulterados, confirmó la relación entre Garza y algunos personajes de esta trama.
      El informe de la Megacomisión señala que Garza habría estado presente en la reunión que Diaz Lugo, Canáan y los representantes de Discover tuvieron con Alan en Palacio en abril de 2008. Además, se consigna otra reunión de Garza en Palacio en 2006. Se describe tanto el interés del consorcio mexicano en hacerse de lotes petroleros, la falta de respaldo económico de Discover Petroleum para entrar a la licitación de los lotes del faenón, así como las presiones hechas a los miembros de BTR para que incriminen a la compañía y sus directivos.
      También se menciona un tema que fue ya mencionado hace algunos meses por IDL - Reporteros: la asesoría de Garrido Lecca a Savia, la empresa que resultó producto de la compra de Petrotech por parte de las empresas estatales petrolera coreana y colombiana. Se recomienda que el Ministerio Público investigue esta labor de consultoría.
      ROXANNE CHEESMAN
      La actual pareja de Alan García es mencionada en dos pasajes del informe. De un lado, se indica que Rómulo León le envío un correo el 25 de septiembre de 2008 con una carta adjunta para AGP y le señala “apreciaré tu comentario”. De otro lado, Elías Ponce Feijóo mencionó que uno de sus contactos con García fue Chessman. En su testimonio dado a la Megacomisión, el exdirectivo de BTR señaló que la conoció gracias al fallecido periodista Guillermo Thorndike y que, posteriormente, retomó el contacto en una reunión en la casa del militante aprista Víctor Raúl Trujillo de Zela. El Comercio mencionó hace tres años lo siguiente:
      El lunes último el presidente Alan García reconoció que se reunió con Ponce quien le fue presentado “durante media hora por otra persona”, sin revelar la identidad del nexo. Al día siguiente, sin embargo, aseguró que nunca hubo intermediarios para hablar con Ponce Feijoo ni para recibir la información del marino en retiro. “No tengo ningún intermediario, de manera que pueden decir lo que quieran”, afirmó el mandatario.
      Fuentes allegadas al proceso y a Ponce Feijoo revelaron a El Comercio que esa persona es Víctor Raúl Trujillo de Zela. El nombre de Trujillo saltó a los medios el 28 de mayo pasado, luego de la primera audiencia del Caso BTR, cuando Edward Sánchez, abogado de Ponce Feijoo, lo requirió como testigo (lo que fue aceptado). El abogado Sánchez argumentó que Trujillo participó en la reunión del presidente García con Ponce en el sótano de un edificio del Paseo de la República, sin brindar mayores detalles. Nuevas versiones indican que fue a través de Trujillo de Zela que en el 2006 el inculpado marino ex directivo de BTR entregó al entonces candidato presidencial aprista y a sus principales colaboradores, información relacionada con la campaña electoral que enfrentó a García y a Ollanta Humala, entonces candidato por el partido Unión por el Perú (UPP).
      Y también indicó:
      Según las fuentes consultadas, además de Trujillo de Zela hubo otra vía de comunicación entre Ponce y los apristas en el 2006, pero el marino en retiro decidió mantener su nombre en reserva, pues se trataría de una dama muy conocida en los círculos políticos.
      Ponce Feijóo señaló a la Megacomisión que conversó con la pareja de García antes y después de los Petroaudios. Textualmente señaló “(Le dije que) no había nada que vinculara directamente (al presidente) en esos audios, un poco que tranquilicé la cosa”.
      Por cierto, el libro de Gustavo Gorriti sobre el caso fue la primera fuente en mencionar a Chessman como una receptora de información brindada por Ponce durante la campaña de 2006.
      Sin duda, este informe dará mucho que hablar en los siguientes días.
      (Foto: Perú.21)
      Fuente: Blog Desdeeltercerpiso.pe
      27 marzo 2014


      EL INFORME FINAL DE LA MEGACOMISION
      SOBRE LOS NARCOINDULTOS

      Por Marco Sifuentes
      La semana pasada, la Megacomisión sacó su informe final, pero la bomba de humo de Yehude la hizo pasar piola. Hoy, Alan García ha publicado –para variar, en El Comercio– sus descargos. El problema es que está haciendo descargos sobre acusaciones que han sido muy poco difundidas. La opinión pública no ha sido debidamente informada sobre los alucinantes hallazgos de la Megacomisión, así que vamos a cambiar eso.
      De todos los casos denunciados por la Megacomisión, el más alucinante y comprometedor es el de los narcoindultos. Carlos León Moya, de Hildebrandt en sus Trece, publicó un extenso reportaje que detalla cada uno de los destapes. Una bomba de incalculables megatones. Léanlo.
      Le llegó su Waterloo
      (extracto) por Carlos León Moya
      Las investigaciones desarrolladas por la Megacomisión “dan cuenta de un uso sin precedentes” de las gracias presidenciales durante el período 2006-2011, “al punto de constituir en la práctica un sistema de administración de justicia paralelo al Poder Judicial, al modificar alrededor del 30% de las resoluciones de este”. Asimismo, encuentra “alta incidencia en la excarcelación de personas condenadas por el delito de tráfico ilícito de drogas, tanto en su forma simple como en su forma agravada”.
      En total se concedieron 232 indultos, de los cuales 72 fueron por casos de tráfico ilícito de drogas. Se otorgaron también 5.246 conmutaciones de pena, de las cuales 3.207 fueron a condenados por el delito mencionado. De estas, al menos 400 fueron otorgadas a condenados por tráfico ilícito de drogas en forma agravada.
      En sus declaraciones a la comisión, García argumentó que las gracias presidenciales se debían a su objetivo de “erradicar el hacinamiento de los establecimientos penales”.
      Sin embargo, la evidencia contradice su defensa. Lejos de reducirse, durante su gobierno el número de internos aumentó en 33%: de 35.467 en agosto del 2006 a 48.858 en julio del 2011. Además, eso no explica el especial interés en los condenados por tráfico ilícito de drogas. Los sentenciados por robo agravado componen la mayor parte de la población penitenciaria del país, con casi 30% del total de internos. Pero a estos se les otorgaron 1.626 conmutaciones, prácticamente la mitad de las 3.207 dadas a los condenados por tráfico ilícito de drogas.
      A esto se suma que se otorgó 371 conmutaciones a condenados que estaban con semilibertad; es decir, que no ocupaban espacio en las cárceles. De estos, 268 eran condenados también por tráfico ilícito de drogas.
      Para entregar esta cantidad de indultos y conmutaciones, fue necesario modificar la normativa existente. Por una parte, se flexibilizaron los requisitos y las exigencias. Por otra, se fusionaron las comisiones que veían los casos a ser beneficiados, centralizando el manejo en una sola: la Comisión de Gracias Presidenciales. Esta sufrió modificaciones con respecto a su antecesora: se redujo el quórum de su instalación de 4 a 3 miembros, se cambió su composición –de profesionales especializados a un nombramiento simple–, se eliminó el sorteo para la distribución de las solicitudes entre los comisionados y también se eliminó la obligación de archivar las solicitudes de indulto denegadas.
      El informe incluye análisis de casos: 3 de indultos y 39 de conmutaciones de pena. En indultos, se revisan los entregados a Juan Dianderas Ottone, José Francisco Crousillat y Julio Espinoza Jiménez, expresidente del Sistema Integral de Salud. Los tres fueron indultados a pesar de no padecer enfermedad terminal alguna.
      El pedido de Crousillat incluso había sido rechazado antes por “no calzar” dentro de los requisitos para esta gracia presidencial. En el caso de Espinoza Jiménez, la Comisión considera que hubo “sustracción de la acción de justicia”, pues fue indultado en pleno proceso judicial a pesar de no cumplir los requisitos para recibir dicha gracia.
      Respecto a los casos analizados de conmutaciones de pena, se encontró casos de familias y bandas enteras siendo conmutadas, así como denuncias de cobros. Lo más significativo de esta parte, sin embargo, es verificar que Alan García disminuía en ocasiones los años de conmutación propuestos por la Comisión de Gracias Presidenciales, consignando los cambios con su puño y letra. Es decir, alteraba los expedientes.
      “A todos les ponía mi rúbrica”, dijo García ante la Comisión. “Lo pueden ver en los 5.200 casos. No tengo problema”. Asimismo, dijo no saber sobre el cambio de la reglamentación. “Supongo que (ocurrió) por el ministro a cargo. Desconozco absolutamente esas negociaciones”. Consultado sobre el número alto de conmutaciones por tráfico ilícito de drogas, dijo que “no dispuso priorizarlas”, y que eso “corresponde a ellos (los ministros)”.
      La Megacomisión concluye que, si bien el otorgamiento de indultos y conmutaciones es una potestad presidencial, esta se encuentra sujeta a los límites establecidos en la Constitución. Su uso es “discrecional”, pero no por ello puede ser arbitrario. En su otorgamiento, “no se aprecia motivación alguna, ni mucho menos un razonamiento suficiente que permita concluir en el perdón de la pena”, ni una “explicación objetiva que sustente la decisión”, lo cual se agrava al detectarse que fueron “otorgadas a organizaciones delictivas y grupos familiares completos”.
      Asimismo, García atentó contra su carácter excepcional al entregarlos masivamente, convirtiéndose “en una vía arbitraria de excarcelación, de indiscriminada liberación de condenados por los delitos de tráfico ilícito de drogas, tanto en su forma simple como en su forma agravada”.
      Que las conmutaciones hayan sido a narcotraficantes no es menor: la Megacomisión insiste en más de una ocasión en que esto contraviene el artículo octavo de la Constitución, que “establece que el Estado combate y sanciona el tráfico ilícito de drogas”. No es un delito cualquiera: es un delito constitucionalizado.
      En suma, “la concesión de conmutaciones de pena a condenados por tráfico ilícito de drogas traspasó los límites formales y materiales derivados de la Constitución”. Mientras “el Poder Judicial cumplió con juzgar a quienes incurrieron en la comisión” de este delito, “el Poder Ejecutivo utilizó la prerrogativa del Derecho de Gracia para sustraer del cumplimiento de la pena a aquellos actores que agraviaron a la sociedad con la comisión de este ilícito”. Esto no respondió a una política elaborada por el Ministerio de Justicia, según el informe, “sino que se trató de una política del Ejecutivo en el tema penitenciario, que se aplicó durante toda la gestión de Alan García Pérez”.
      Lo encontrado permite establecer, afirman, “indicios de responsabilidad penal” en Alan García por la presunta comisión de los delitos de encubrimiento personal y asociación ilícita para delinquir. Asimismo, halla indicios razonables de que García infringió los siguientes artículos 39, 43, 44, 45 y 118 de la Constitución. También encuentran indicios para concluir que García transgredió el artículo octavo de la Carta Magna, que “ordena imperativamente que el Estado combata y sancione el tráfico de drogas”.
      Por esto último, “corresponde formular denuncia constitucional contra el expresidente Alan García Pérez”, especialmente “por el incumplimiento de lo establecido en el artículo 8 de la Constitución Política del Perú” (página 149 del Informe).
      Fuente: Utero pe
      31 marzo 2014

      JUZGADO CONFIRMO NULIDAD DE INFORMES DE 'MEGACOMISION'

      Alan García
      Abogado de Alan García, Wilber Medina, señaló que con fallo del Quinto Juzgado Constitucional de Lima “se ha extinguido” grupo de trabajo presidido por Sergio Tejada Galindo (presidente de la Megacomisión que investiga al expresidente).
      El abogado del expresidente Alan García, Wilber Medina, acompañado de los legisladores apristas, informó hoy que el Quinto Juzgado Constitucional de Lima declaró la nulidad de la citación al exmandatario del 4 de octubre pasado y de la sesión del 30 de ese mes, además de todos los actos posteriores y sucesivos, en consecuencia, se confirma la nulidad de los ocho informes de la ‘megacomisión’ referidos exclusivamente al demandante.
      “Esta resolución (del Quinto Juzgado Constitucional) que tengo en la mano es solamente la etapa final de lo que el juez resolvió el 22 de octubre de 2013 mediante la cual, en actuación inmediata de la sentencia, ordenó que la citación que le cursaron para el 30 no era válida, tenía que adecuarla. Sin embargo, el congresista Tejada no cumplió y el juez así lo ha dejado establecido”, indicó Medina en conferencia de prensa.
      [‘Megacomisión’ sostiene que Alan García cometió delito]
      Detalló que el procurador público del Congreso presentó un escrito y desistió de la apelación, “por lo que la resolución número 4 del 22 de octubre es firme y en consecuencia tiene que ejecutoriarse. Sobre esa base, el juez resolvió hoy”.
      El letrado señaló que lo que ahora tiene que hacer la ‘megacomisión’ es pedir a la Mesa Directiva del Congreso el retiro de dichos informes.
      “La ‘megacomisión’ se ha extinguido, no existe”, indicó Medina. Refirió que si se desea investigar nuevamente el segundo gobierno de García Pérez, se tiene que presentar una nueva moción para que se forme otro grupo de trabajo.
      En un comunicado, la Corte Superior de Justicia de Lima sostiene que la resolución del despacho del juez Hugo Velásquez Zavaleta “obedece a que la ‘megacomisión’ no ha cumplido con lo dispuesto en dos sentencias judiciales, en las cuales se ordena que la comisión deba precisar de manera puntual la conducta ilícita y presunto delito y/o infracción constitucional que habría cometido García en cada tema de investigación”.
      Para el legislador Mauricio Mulder, la última resolución del Quinto Juzgado Constitucional confirma la nulidad de la investigación respecto al expresidente “por una violación sistemática del debido proceso”.
      Tras estas declaraciones, el congresista Sergio Tejada se pronunció en su cuenta de Twitter.
      La historia de nuestro Perú no debe registrar un nuevo episodio de impunidad. La democracia se ve fuertemente mellada cuando hay intocables.
      — Sergio Tejada (@sergiotej) marzo 31, 2014
      Fuente: Perú21.pe
      31 marzo 2014
       

      LA NUEVA SENTENCIA CONTRA LA MEGACOMISION
      Por Alejandro Godoy
      Acabo de leer la sentencia del Quinto Juzgado Constitucional sobre el nuevo amparo presentado por la defensa de Alan García contra la Megacomisión. La misma anula la citación de octubre de 2013 así como los actos posteriores vinculados al demandante, es decir, consigue en la práctica que, por ahora (explico más adelante porque hago esta atingencia), no se aplique la serie de Informe emitidos por este grupo de trabajo al expresidente. Algunos comentarios al vuelo.
      1. Esta era una estrategia cantada por parte de la defensa de García. Como se mencionó en La Ley hace algunos meses:
      “La comisión lo cita el 4 de octubre para el 30 del mismo mes. El 10 de octubre notificamos al Juzgado que la nueva citación no se ajustaba a las órdenes de su fallo. El Procurador del Congreso solicitó la nulidad de la resolución y el juez declara infundada la nulidad el 22 de octubre pasado y precisó que la actuación inmediata es inimpugnable”, detalla Medina.
      Por ello, prosigue el abogado, en su última presentación ante la Megacomisión, García presentó el mismo día un escrito que dejaba sentado que si bien acudía a la citación del grupo parlamentario no se había cumplido aún el mandato judicial.
      “Si todo lo que se ha construido está sobre un fango, entonces mañana podríamos pedir la nulidad de todo y nos cargamos la sesión del 30. Simplemente porque lo que se actúa sobre una base irregular ya está viciado y debe declararse nulo”, acota.
      2. La resolución pide al Congreso que se le informe a García sobre cargos establecidos, sean delitos o infracciones constitucionales. Y allí creo que se comete un error. Si bien a la investigación parlamentaria se le deben aplicar las reglas del debido proceso, se equipara indebidamente el juicio penal con la investigación parlamentaria. Un defecto que ya se arrastraba desde el primer amparo sobre la materia. Como comentaba Gustavo Gorriti:
      Creo, por ejemplo, que su concepto de lo que es una investigación, resulta estrecho y confinante. Con frecuencia, una investigación no parte de una presuposición de culpa sino de una búsqueda de lo todavía desconocido. Si se sabe que ha habido corrupción, por ejemplo, pero se desconoce quiénes la organizaron y cómo, ¿de qué manera se investiga como acusados a quiénes son en ese momento fuentes de información? Y aún si se tiene algunas presunciones, ¿cómo se las hace explícitas sin que ello sea tomado como un adelanto de opinión del investigador?
      3. Como mencionaba Gorriti en el artículo antes citado, García fue bien preparado a la citación de abril. Y al leer los informes de la Megacomisión, también lo hizo en la de octubre. Así las cosas, todo indica que la estrategia ha sido tratar de anular mediante mecanismos formales la investigación y, en caso, en segunda instancia descarten esta resolución, alegar persecución política. No estamos, por tanto, ante una violación del debido proceso.
      4. Otra cuestión rara. La sentencia fue emitida en medio de la huelga de trabajadores del Poder Judicial, la misma que impide, por el momento, ver si Aurelio Pastor puede ser o no procesado por tráfico de influencias ante una denuncia de la alcaldesa de Tocache, Corina de la Cruz. Y, además, se emite cuando la Megacomisión ya no funciona y ya no puede citar a AGP. La estrategia legal, por tanto, ha buscado librarlo del informe final.
      5. A diferencia de los amigos apristas, que ven en todo esto una serie de documentos endebles, debo decir que el Informe de la Megacomisión está bastante bien fundamentado en la mayoría de sus extremos. El escenario más probable es que varios de los ministros del segundo gobierno de García pasen varias temporadas en la cárcel, tanto porque hay varios indicios que apuntan a su culpabilidad, como por la vocación de sacrificio que el Partido Aprista Peruano ha exhibido en los últimas décadas respecto a casos de corrupción. Los temas de inhabilitación y posibles delitos presuntamente cometidos por García serán una batalla aparte, que el propio expresidente ya comenzó a librar en un artículo en El Comercio.
      6. Ojo, esta decisión puede ser apelada. Así que aún se tendrá que librar una batalla judicial en la que el Procurador del Congreso deberá fundamentar, adecuadamente, porque no hubo una vulneración del debido proceso y cuáles son las diferencias entre un proceso penal y una investigación parlamentaria.
      Así las cosas, estamos ante un proceso largo y que será bastante desgastante para todos los implicados, empezando, claro está, por el propio Alan García.
      Fuente: blog desdeeltercerpiso
      31 marzo 2014

       
      TODAS LAS VECES QUE ALAN GARCIA
      SE HA SALVADO DE LA JUSTICIA
      Por Dánae Rivadenera
      Una vez más, Alan García se libra de ser directamente investigado.
      Hoy, el Poder Judicial de declaró nulo todo el informe final de la Megacomisión, donde se recomendaba acusar constitucionalmente al expresidente Alan García por las irregularidades cometidas durante su segundo gobierno. Coincidentemente, hoy también venció el plazo de vigencia de esta comisión. Es decir, si se quisiera volver a investigar a Alan García, se tendría que formar una nueva comisión.
      Por más increíble que parezca, esta no es la primera vez que Alan García se salva de ser investigado directamente. Desde su primer gobierno hasta el fin de su segundo mandato, Alan García ha sido seriamente vinculado con actos de corrupción y violación a los derechos humanos. Sin embargo, él ha sabido driblear como nadie a la Justicia.
      “Los crímenes de Alan García son tan horrendos como los de Fujimori, pero por más indicios que se han encontrado, el Ministerio Público ha jugado siempre a su favor”, dice Gloria Cano, directora de APRODEH. “Lo máximo que se ha logrado es que sea llamado como testigo” continúa Julio Arbizu, exprocurador anticorrupción.
       
      Táctica y estrategia
      La estrategia con la que Alan García ha enfrentado las investigaciones ha dependido de quién es el investigador al que se enfrenta. Por ejemplo, en el caso de la Megacomisión, “la defensa de García ha tratado de anular todo el proceso recurriendo a acciones de amparo”, señala el congresista Sergio Tejada. En otras ocasiones ha jugado en pared con aliados políticos. Por ejemplo, en el 2001, gracias a la influencia de los fujimoristas, consiguó la prescripción de los casos de corrupción de su primer gobierno. Pero, cuando las cosas se han puesto más complicadas, curiosamente, el Ministerio Público ha archivado las investigaciones o ha decidido que no “hay mérito para iniciar una investigación”.
      En el caso narcoindultos, la procuraduría le presentó al Fiscal de la Nación, José Pélaez Bardales, algunas de las fichas de conmutaciones “de puño y letra de García donde él cambiaba la fecha de la condena”, la institución que dirige Peláez Bardales no las aceptó aduciendo que “no hay rigor probatorio” y que ya había una investigación en curso iniciada por el Congreso, recuerda Arbizu. “El que haya una investigación no quiere decir que no se pueda iniciar otra. Lastimosamente, cuando el Fiscal da respuestas así de absurdas no hay a dónde más acudir”, afirma el procurador anticorrupción Christian Salas.

      Fiscal de la Nación, José Pélaez Bardales
      Para Julio Arbizu, existe una inclinación del Ministerio Público por ser más flexibles con ciertos apristas
      Los petroaudios y BTR
      En octubre de 2008 se desató el escándalo de los petroaudios: interceptaciones telefónicas ilegales en las que se escuchaba a funcionarios de la administración de García traficar con sus influencias para otorgar contratos con el Estado. Los principales actores de aquella tragicomedia fueron Alberto Químper de Perupetro y el aprista Rómulo León, a quienes el país entero escuchó hablar de “aceitadas” para conseguirle favores a la empresa petrolera noruega Discover Petroleum Company.
      Los audios pusieron al descubierto toda una maquinaria de ‘chuponeo’ que terminó con la salida de Jorge del Castillo, entonces Primer Ministro, junto a todo su gabinete. Más tarde supimos de la estrecha amistad de García con el dueño de Bussiness Track, de sus reuniónes con Fortunato Canaán, de las llamadas de Rómulo León a Palacio de Gobierno, etc.
      La investigación se inició ese mismo año y se dividió en dos: por un lado el caso Businnes Track que incluía sólo a los chuponeadores; y por el otro, el caso Petroaudios que pretendía indagar sobre los casos de corrupción que se desprendían de las conversaciones e involucraban a funcionarios de la administración aprista que habían vendido favores.

      El caso BTR se resolvió con una rapidez inusual, mientras que el caso Petroaudios aún no está en fase oral.
      “Lo de BTR se resolvió con una celeridad asombrosa para el promedio de los casos peruanos”, señala Julio Arbizu. Efectivamente, el caso BTR concluyó con la encarcelación de los responsables materiales. Sin embargo, “han pasado seis años desde que se inició la investigación por el caso petroaudios y ni siquiera estamos en el jucio oral”, dice el procurador Salas.
      Lo más preocupante del caso es que prescribirá en octubre. Pero este es un final anunciado si se tiene en cuenta que las irregularidades comenzaron desde las primeras detenciones. Cuando se inició la investigación, el fiscal encargado, Óscar Zevallos sólo notificó a la Procuraduría de Energía y Minas como representante del Estado y no a la Procuraduría Anticorrupción, cuando los delitos investigados eran competencia de ésta. Luego, se ha obstaculizado el proceso con el contínuo cambio de fiscales. En total han sido cinco los que han visto el caso. Primero fue Óscar Zevallos, luego Juana Meza, seguida de Flor de María Vega, Delia Espinoza y Milagros Mora, actual fiscal encargada.
      “Este cambio constante de fiscales ha sido un problema porque es un tema inmenso y justo cuando el fiscal termina de estudiarlo, lo cambian por uno nuevo. Resulta bastante sospechoso”, señala Christian Salas.
      En lo referido a los informantes del caso BTR también hay hechos más que sospechosos. Por ejemplo, los marinos Ismael Matta Uribe y Luis Amengual Rebaza se acogieron voluntariamente a la colaboración eficaz, sin embargo, después de dar su manifestación, fueron excluidos del proceso y en vez de ser comprendidos en el caso se les premió con un contrato en los consulados de Patterson, Nueva Jersey, y Nueva York, respectivamente, con un sueldo de 4.500 dólares.
      Además, Ismael Matta entregó a la fiscalía un USB con información incriminatoria que hasta ahora no ha sido incluida como prueba del proceso. “Se quedó en manos de (Walter) Milla. Él lo tiene que tener, él nunca lo entregó”, señala Sergio Tejada.
      En el informe de la Megacomisión, se recomienda que tanto el Fiscal Walter Milla como Jorge del Castillo, sean acusados por el delito de encubrimiento.
      Pero eso no es todo, coincidentemente, el mismo día del primer allanamiento a las oficinas de BTR, la entonces Fiscal de la Nación, Gladys Echaíz,tuvo una cita con Alan García. “Ella dice que fue para discutir un proyecto de ley pero esto resulta una coincidencia inverosímil”, afirma Tejada.
      Otro hecho llamativo es que el General de la Policía en retiro, Miguel Hidalgo, entonces ministro del Interior decidió que sea la Dirección Antidrogas (DIRANDRO) la que se encargue del caso y no la División de Investigación de Delitos de Alta Tecnología (DIVINDAT). Hidalgo justificó su decisión argumentando quela DIVINDAT no tenía los recursos suficientes. Como es de imaginar, la decisión de Hidalgo sólo trajo dificultades a la investigación. En un posterior allanamiento a la casa de la analista de BTR, Giselle Gianotti, en enero de 2009, se incautaron cuatro USBs que en el traslado hacia la DIRANDRO fueron cambiados por otros. La fiscalía recién se percató del cambiazo en marzo de 2010. Es decir, un año y dos meses después.
      Las pruebas siguieron desapareciendo. La madrugada del lunes 4 de mayo del 2009, un “intruso” ingresó al despacho de la jueza María Martínez Gutiérrez, en el cuarto piso de Palacio de Justicia, y borró 592 archivos (audios y correos electrónicos) de dos USBs incautados también a Giselle Gianotti. Pero no es sólo la desaparición de pruebas lo que juega en contra del esclarecimiento de esta investigación. “Hay muchos audios y archivos que están lacrados. Hemos pedido al juzgado, a la fiscalía que (los) saquen y se abran y escuchen pero se han negado”, señala el procurador Salas.
      A todo esto se suman también las dilaciones para empezar con el juicio oral. La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia pedía que para iniciar la fase oral se notificara a Discover Petroleum, incluida en la investigación como tercero civil responsable. El problema con este pedido es que Discover Petroleum ya no existe. “Nosotros pedimos que se inicie el juicio y se les envíe lo actuado pero hasta ahora no hay fecha cierta”, comenta Julio Arbizu. Mientras tanto,los involucrados en este caso están esperando que llegue octubre y se haga el milagro de la prescripción.
      La sombra de la prescripción asoma
      Esta no sería la primera vez que la prescripción salva a García de ser investigado. En 1992 se inició un proceso en contra del líder aprista por enriquecimiento ilícito, debido a su supuesta participación en el escándalo del Banco de Crédito y Comercio Internacional (BCCI), su intermediación en la compra venta de aviones Mirage 2000, además de un evidente desequilibrio patrimonial.
      El otro proceso fue abierto en 1994, también por enriquecimiento ilícito, colusión ilegal, negociación incompatible y cohecho pasivo, además se le acusaba de entregar sobornos para otorgar los derechos de construcción del tren eléctrico al consorcio italiano Tralima. Convenientemente, Alan García huyó del país y se refugió en Francia y Colombia, esperando que los delitos por los que se le acusaba, prescriban.
      El futuro del caso petroaudios parecería seguir el mismo camino.
      Los fantasmas de las matanzas
      Si el segundo gobierno de García se caracterizó por los escándalos de corrupción, el primero estuvo marcado por graves delitos de violación a los derechos humanos.
      El caso Cayara es uno de los que más llama la atención debido a las irregularidades que se cometieron. Entre los días 14 y 20 de mayo de 1988, un total de 39 campesinos del distrito de Cayara, Ayacucho,fueron asesinados de manera sistemática por un grupo de militares. Los pocos pobladores que quedaron vivos de aquella masacre, convertidos en testigos, fueron asesinados meses después.
      “El Fiscal Carlos Escobar Pinedo estuvo encargado de la información, él le pidió ayuda a García para proteger a los testigos, le dio sus nombres, y al poco tiempo casi todos fueron asesinados”, señala Gloria Cano, directora de APRODEH.
      Ese mismo año, la Comisión del Senado encargada de investigar la matanza negó los crímenes. Los únicos que discreparon fueron los senadores Javier Diez Canseco y Gustavo Mohme Seminario.
      En el año 2005, la Fiscal Cristina de Olazábal incluyó a Alan García en la investigación del caso Cayara como responsable político junto a otros tres jefes militares y cuatro senadores. Poco tiempo después la fiscal fue removida de su cargo. Su sustituta, la fiscal Miluska Cano excluyó a Alan García de la investigación.
      El Frontón
      La matanza de El Frontón
      El caso de la matanza en El Frontón, en 1986, fue similar. A pesar de que 33 internos fueron ejecutados, el caso fue sobreseído por falta de pruebas. En 1990, una Comisión Investigadora del Congreso determinó que altos funcionarios civiles y militares estaban implicados en la masacre y acordaron emitir un informe al Ministerio Público pero el APRA, con el apoyo de los fujimoristas de Cambio 90, logró los votos necesarios para rechazar la acusación.
      En el 2005, el Fiscal superior Edgar Chirinos ordenó al fiscal provincial Mario Gonzáles reabrir la investigación contra el expresidente Alan García y todos los miembros del Consejo de Ministros de 1986. Sin embargo, el 26 de enero de 2006, la 5ta Fiscalía Supraprovincial, a cargo del fiscal Mario Gonzáles, resolvió el archivo definitivo del caso. Finalmente, en setiembre de 2013, el Tribunal Constitucional afirmó que lo sucedido en el Frontón no constituye un delito de lesa humanidad poniéndole fecha de “prescripción” a aquella ejecución extrajudicial.
      “Hay un poder oculto detrás del Ministerio Público que ha impedido que se investigue”, afirma Gloria Cano, directora de APRODEH. “Yo estoy muy decepcionado del subsistema y con la nueva elección del fiscal no parece que el panorama vaya a mejorar”, finaliza el exprocurador anticorrupción, Julio Arbizu.
      Fuente : Utero pe
      31 marzo 2014

      5 REACCIONES AL FALLO QUE SALVA A
      ALAN GARCIA DE SER DENUNCIADO
      Por Ernesto Cabral
      Como cuenta Rosa María Palacios, en los 90s Alan se salvó de ser investigado. Ahora, García lo logra de nuevo.
      Yee! Fuente: La Mula
      Ayer se hizo pública la resolución que anula los informes de la Megacomisión, donde se menciona al ex presidente Alan García. Aquí te traemos todas las reacciones al fallo que, según el ex procurador Julio Arbizu, es un precedente nefasto.

      1. #Tomalacalle: Protesta espontánea en Plaza San Martín y Poder Judicial


      Fuente: El Comercio
      Luego de conocerse la decisión del Poder Judicial, diferentes ciudadanos se organizaron a través de Twitter usando el hashtag #Tomalacalle. A las 7 de la noche se reunieron en la Plaza San Martín, para luego dirigirse a las instalaciones del Poder Judicial, en el Centro de Lima.

      2. La Gran Transformación de Alan

      No es la primera vez que Alan García se contradice a lo largo del tiempo. Pero, luego de salvarse gracias a una acción de amparo, Carlos León Moya nos recuerda lo que dijo hace dos años.
      Por Carlos León Moya
      Eso no es todo. Parece que esta suerte de falta de memoria ya es crónico en el ex presidente. Ayer llamó la atención el tuit de Alan luego de que se conociera el fallo que lo salvaba.

      Parece que no se acuerda cuando aseguró que un presidente puede evitar que gane las elecciones quien él no quiera:
       

      3.  ¿No ha violado el Poder Judicial el principio de la independencia de poderes?

      No solo Rafo León se hace ésta pregunta:

      El Presidente del Congreso, Fredy Otárola, dio sus declaraciones en la misma línea: 
      "No vamos a permitir que violando la Constitución, pisoteando el estado de derecho...el Poder Judicial pretenda que se cambien los votos de los congresistas, eso está prohibido por la Constitución"
      Junto a diferentes integrantes del Congreso, Carlos Tubino presentará una apelación que deberá ser vista por un tribunal supremo.

      4. ¿Cómo emitieron sentencia si los trabajadores del Poder Judicial están en huelga?

      Como bien explica José Alejandro Godoy, es raro que se emita esta sentencia en medio de una huelga en el Poder Judicial (que, por ejemplo, evitó que se lea la sentencia del caso Utopía).

      El Presidente Humala también ha criticado el fallo a favor de García. Fuente: La Industria
      Además, se emite justo cuando la Megacomisión ya no funciona, y no se puede citar de nuevo a García. En su columna de hoy, Augusto Álvarez Rodrich es claro y directo sobre estas irregularidades:
      El Poder Judicial es al Apra lo que el Maracaná al ‘scratch’ brasileño, donde si alguna vez pierde, se vuelve un hecho inusual e histórico.
      Ayer lo demostró, una vez más, con una sentencia que llegó justo a tiempo para volver a salvar –como hace un poco más de dos décadas, al final de su primer gobierno– a Alan García del incómodo trance de tener que dar la cara ante la justicia por las evidentes y bochornosas irregularidades de su segundo gobierno.
      (...)
      Lo que las guardias apristas pretendieron hace unas semanas en el Hotel Riviera, al irrumpir como matones, lo consiguió ayer este Poder Judicial que ya debiera sincerarse y poner la estrella en su frontis y adoptar la marsellesa como himno.
      Bueno, nosotros ya habíamos descrito la influencia de Alan en el Ministerio Público.

      5. Sergio Tejada: "La función fiscalizadora ha sido mutilada"

      No podía faltar el congresista Sergio Tejada, quien fue presidente de la Megacomisión. Hoy escribió una columna en diario16 en respuesta al fallo que favorece a Alan. Aquí un extracto:
      Es igualmente sorprendente que los defensores de García Pérez en el Congreso hayan repetido con mucha confianza que la tercera citación a su líder era nula, situación que, insisto, no se había resuelto sino hasta el día lunes. ¿Es que conocían de antemano la resolución del Quinto Juzgado Constitucional (que fue emitida, por cierto, a pesar de la huelga del Poder Judicial)?
      Independientemente de ello, la sensación que deja esto a la inmensa mayoría de peruanos es que hay entre nosotros "intocables", que están por encima de la ley, que aun cuando no ejercen cargo público (es decir, no tienen "poder" en lo formal) no pueden ser si quiera mencionadas en un informe del Congreso de la República.
      Hay que decir que Tejada sabía que se iba a enfrentar a todas estas maniobras. Y a pesar de eso, el congresista se descuidó, como admite uno de los miembros de la Megacomisión.
      Así que ya saben...

      Carlincatura
      .. y para que toda la historia se repita de nuevo.

      Fuente: Utero.pe
      01 abril 2014
      ESTO FUE LO QUE DIJO EL DIPUTADO APRISTA
      MAURICIO MULDER SOBRE EL FALLO DE ESE
      JUEZ AL QUE AHORA CELEBRAN
      Ahora los apristas dicen que los caviares celebran cuando un juez le da la razón a Diez Canseco pero lloran cuando el mismo juez le da la razón a Alan. Ok, esto fue lo que dijo Mulder sobre el fallo de ese juez al que ahora celebran cuando le dieron la razón al cojo:
      – Solo un payaso puede hacer eso.
      – Deberíamos evaluar la denuncia de este juez porque no puede un juez de la república emitir un fallo que diga se ordena a la comisión de ética parlamentaria. Ese juez está cometiendo delito. Es un fallo prevaricador.
      – (...) incluso la posibilidad de citar al presidente del Poder Judicial para que diga qué tipos de acciones está tomando contra este tipo de jueces.
      Mauricio Mulder sobre fallo a favor de Javier Diez Canseco: El juez es un payaso

      El parlamentario aprista criticó de esta forma la sentencia emitida por la Corte Superior, que declaró nula la sanción otorgada por el Congreso a Diez Canseco.

      Lima. “Ese juez es un payaso, cómo va emitir una sentencia de este tipo, ¿acaso no sabe sobre la separación de poderes?”, dijo el congresista Mauricio Mulder al criticar la sentencia emitida por la Corte Superior de Justicia en favor de Javier Diez Canseco.
      Mulder recordó que el Poder Judicial está interfiriendo con el fuero del Congreso al anular la sentencia a Diez Canseco. “Eso está prohibido, merece un completo rechazo y un pronunciamiento rápido de su presidente”, indicó.
      El parlamentario Juan Díaz Dios respaldó esa postura y señaló que se “está violentando el fuero de manera inconstitucional”.
      “Los jueces no son dioses, tiene limitaciones y una de esas limitaciones es la separación de poderes”, recalcó, Díaz Dios.
      En ese sentido, el presidente de la Comisión de Ética, Humberto Lay, dijo que esperan la notificación oficial del Poder Judicial para pedirle al Procurador del Hemiciclo que intervenga en el caso.
      Todo estos desacuerdos empezaron cuando la Corte Superior de Justicia declaró nula la suspensión de 90 días que le impuso el pleno del Congreso de la República al parlamentario Javier Diez Canseco por supuestamente presentar un proyecto de ley que beneficiaba a su exesposa e hija.
      Fuente: Utero.pe y Perú.com
      02 abril 2014

      LA NUEVA CORTINA DE HUMO DE ALAN GARCIA
      Por Ernesto CabralAl parecer, Alan García está listo para dar lo que cree que será su estocada final.

      Fuente: TV Perú
      A solo días después de conocerse el fallo que anula los informes de la Megacomisión (donde se menciona al ex presidente), García lanza públicamente una denuncia contra Ollanta Humala. 
      Seguro muchos no se dieron cuenta porque tuiteó mientras todos estábamos concentrados en el terremoto que afectó el norte de Chile y el sur de nuestro país. No importa, aquí está lo que dijo el ex-mandatario:

      CHAN. Tuit original aquí
      ¿Cuál es la denuncia más fuerte contra García? El haber indultado a narcotraficantes. Quizás por eso recicló esta investigación recién hacia el final de las investigaciones. Aunque, como recordarán, ya había lanzado una acusación hace unas semanas, pero sin decir nombres (como es usual en él):
      "Si hablamos de narcotráfico, a mí jamás me ha pagado nadie para que deje despegar su avioneta de la Selva", fueron las declaraciones que dio Alan en el programa de Milagros Leiva.
      Sin embargo, no fue Alan quien exactamente develó el misterio. Veamos.
      La denuncia es de hace tres años. En 2011, el periodista Pablo O'Brien publicó una investigación donde se acusa a Humala de recibir dinero de narcotraficantes. 

      Tuit original
      Ayer, Alan tuiteó la captura de pantalla de un comentario de Jaime Antezana Rivera. Hasta ahora, no he podido encontrar el comentario (solo aquí). O soy muy malo buscando, o el texto hasta este momento no es público. En cualquier caso, fue Antenaza quien revela que la insinuación de Alan era sobre ésta denuncia. 

      Por si no quedó claro. Tuit original
      Todo parece indicar que esto ya estaba planificado, como parte de la "defensa política" que Alan esgrime para salvarse de la Megacomisión. Primero el rumor sobre un supuesto hijo no reconocido por Tejada, luego otro de Humala y ahora esto.
      ¿Qué? ¿Eso significa que no se debe investigar la denuncia contra Humala? Ehm...yo no he dicho eso. Obviamente se tiene que investigar. Pero, el análisis aquí está en el actuar de García, la forma irresponsable en que lanza la piedra y esconde la mano. Veamos que tal le sale esta vez.
      Fuente: Utero.pe
      02 abril 2014
      EL DOSSIER GARRIDO LECCA
      Por Alejandro Godoy
      Para quienes seguimos con atención al segundo gobierno aprista, Hernán Garrido Lecca siempre constituyó una caja de sorpresas. Y no precisamente de las gratas. Sus dos gestiones como ministro y sus actuaciones empresariales han estado marcados por casos que merecerían una investigación más exhaustiva. A raíz de los informes de la Megacomisión, que lo comprenden en dos de los documentos, aquí un memorex sobre las actividades de Garrido Lecca que merecerían un esclarecimiento público.
      CARLOS ARANA: El hombre de las movilizaciones apristas fue viceministro de Vivienda por 48 horas. Salió luego que se reseñara que estaba vinculado a cuatro constructoras, una de ellas, con el hermano de Agustín Mantilla. Luego lo nombraron director ejecutivo del programa Agua Para Todos, pero también salió de allí luego que dos periodistas fueran agredidos en una ceremonia de desagravio a Mantilla que él presidía.  En ambos casos, las resoluciones fueron firmadas por Garrido Lecca, en ese entonces, ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento.
      AGUA PARA TODOS: Lo antes señalado sobre Arana era solo la punta del iceberg. El Informe de la Megacomisión sobre Agua Para Todos indica que Garrido Lecca debe ser denunciado constitucionalmente por la expedición de normas que declararon en emergencia el sector Saneamiento. Estas normas no tuvieron el sustento técnico pertinente y generaron procesos donde se han encontrado presuntas irregularidades y deficiencias, al suspenderse parcialmente la aplicación de las normas de la Ley General de Contrataciones del Estado y de los procedimientos del SNIP. Además, se recomienda denunciar a Garrido Lecca como parte de una asociacion ilícita para delinquir, al considerarse que se constituyó una organización para las irregularidades y posibles delitos vinculados al programa Agua Para Todos. Recomiendo leer el informe donde caen varios funcionarios de SEDAPAL entre 2006 y 2011, por varios procesos de contratación presuntamente irregulares.
      LOS PUBLIREPORTAJES EN LA RAZON: En 2007, el programa La Ventana Indiscreta encontró que, durante la gestión de Garrido Lecca en Vivienda, se pagaron publireportajes en los diarios de Montecristo Editores, la empresa de la familia Wolfenson, algunos de cuyos miembros pasaron una temporada en prisión por vender la línea editorial de sus diarios chicha al gobierno de Fujimori (sí, el mismo caso por el cual ahora están procesando al autócrata). Para salvar el pellejo, Garrido Lecca botó al director de comunicaciones de su entonces ministerio.
      LAS LAPTOPS DE 100 DOLARES: Este es un caso en el que HGL se vio involucrado en forma tangencial y sobre el cual la Megacomisión recomienda ahondar en las indagaciones. Marco Sifuentes resume la ingerencia de Garrido Lecca en el mismo:
      En mayo de 2007, los entonces ministros (y socios) José Chang y Hernán Garrido Lecca anunciaron que “en convenio con el MIT” el Perú adquiriría unas laptops de 100 dólares “que han mejorado la educación en otros países el mundo”.
      Todo era mentira. No era un convenio con el MIT, sino con la Fundación OLPC, las laptops costaban casi el doble y el Perú era el primer país democrático en anunciar su compra. (Garrido Lecca es egresado del MIT, nota de DTP)
      Ante las críticas de algunos especialistas, el Ministerio de Educación de Chang decidió convocar a unos “técnicos independientes” que avalaran la compra. Los técnicos era los chicos del CPAD, el Consejo Privado para la Agenda Digital. En una aparatosa conferencia de prensa, dijeron que después una exhaustiva revisión que les tomó nada menos que un día, habían decidido avalar la compra de las computadoras (en realidad, prototipos, porque las máquinas todavía no estaban en el mercado).
      Lo que no dijeron los “técnicos independientes” es que ambos trabajaban para la universidad de Chang: uno era director de CORVUS, el Centro Internacional de la Organización Digital de la Universidad San Martín de Porres y el otro pertenecía al Laboratorio de e-business de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura de la misma universidad.
      Finalmente, las XO se compraron sin pasar por el SNIP. El último lote se adquirió nada menos que en julio del año pasado, en los últimos días del gobierno aprista, cuando ya expertos nacionales e internacionales denunciaban al proyecto como un gran fiasco.
      Aquí quien termina más salpicado es José Antonio Chang, quien actualmente es miembro del directorio de Crisol, junto al exsocio de Garrido Lecca, Jaime Carbajal y el expresidente Alan García.
      INGERENCIA EN CASO BTR: La Megacomisión encontró indicios de la comisión del delito de asociación ilícita para delinquir para el caso de Garrido Lecca por participar en una organización destinada a evitar el esclarecimiento tanto del caso BTR como de los casos de corrupción contenidos en los documentos y grabaciones obtenidos por esta empresa. ¿El motivo? Las presiones hechas por Garrido Lecca al padre de los hijos de Giselle Gianotti, Wilson Gomez Barrios. Aquí un resumen en un informe de Daniel Yovera presentado en #esnoticia:
      BANCO AZTECA: Esta entidad obtuvo su licencia de funcionamiento cuando HGL era ministro, luego que fuera rechazada en 2005 por la SBS (cuando Garrido Lecca era su lobbista) y con posterioridad al ingreso del grupo Azteca al accionariado de Alpamayo, la empresa de dibujos animados de Garrido Lecca y donde también es accionista el exministro José Antonio Chang. Esta historia la contamos en un reportaje elaborado con Marco Sifuentes y Jonathan Castro:

      REBAJA DE ARANCELES AL CEMENTO: Coincidente con el ingreso de la empresa mexicana CEMEX al Perú y el terremoto de Pisco. Como relatamos la semana pasada, el informe de la Megacomisión sobre el caso BTR ata varios cabos. Según el documento, Rómulo León estaba bastante interesado en la rebaja de aranceles e indicaba, en correos electrónicos, que Garrido Lecca era el contacto para este tema. Asimismo, Giselle Gianotti menciona que, entre los documentos desaparecidos del caso BTR, se mencionaba este tema. También se menciona que, entre los correos, se encuentra correspondencia entre el gerente de CEMEX en Perú, Juan Carlos Cárdenas (colombiano), con Jaime Carbajal, socio de Garrido Lecca y Chang.
      Otro directivo de la empresa, en un correo posterior, le indicó a Cárdenas que había visto a Carbajal en medio de las obras de la reconstrucción de Pisco y que había que tener mucho cuidado con él. Ponce Feijóo reconoció a la Megacomisión que estaban indagando sobre el tema del cemento y las conexiones mexicanas. De hecho, quienes seguíamos el caso conocíamos que la gente de BTR comenzó averiguando datos sobre Garrido Lecca, sobre los negocios de cemento, banca y hospitales y así llegaron a Fortunato Canaán, Rómulo y Don Bieto.
      HOSPITALES: Garrido Lecca fue mencionado en varios de los Petroaudios vinculados a la construcción de hospitales, cuando ya era ministro de Salud. Como se resumió en su momento:
      Canaán, con la ayuda de su entonces incondicional Rómulo León Alegría, habría obtenido del entonces flamante Ministro de Salud, Hernán Garrido Lecca, y de otros funcionarios de dicho ministerio apoyo para lograr sus objetivos.
      El primero de ellos, y fundamental para sus propósitos, fue la firma de un convenio marco entre el Ministerio de Salud y la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI). El convenio permitía a la OEI organizar los concursos públicos para la construcción de hospitales. Canaán exigió que se concretara dicho compromiso para controlar los procesos de licitación y su solicitud fue cumplida el 18 de marzo último.
      Pero eso no fue todo, también pidió información confidencial sobre los expedientes técnicos, influir en la confección de las bases de los mencionados concursos y sobre todo en la forma en que se fijaban los montos referenciales de las obras.
      Es cierto que este supuesto negociado no se concretó del todo, pero los aspectos cruciales (como confección de las bases y el otorgamiento de la buena pro para la constucción de los hospitales), estaban encaminados hasta mediados de mayo pasado cuando León Alegría y Canaán pelean.
      LAS CONSULTORIAS: Dos reportajes de Romina Mella para IDL-Reporteros (ver aquí y aquí) dan cuenta de las consultorías que hizo Garrido Lecca para empresas que tuvieron contactos con el Estado, en el periodo que va entre su salida del Ministerio de Salud y el final del gobierno de García. La principal conclusión es la siguiente:
      En los dos últimos años del gobierno aprista, entre 2009 y 2011, Garrido Lecca realizó consultorías para 14 compañías (nacionales y extranjeras), por las que cobró un total de 3 millones 255 mil 054 soles, según lo que declaró a la Sunat. Ese monto equivale a 15 años de trabajo como ministro de Estado, considerando el salario mensual que recibió, 15 mil 600 soles.
      Lo importante es que ocho de esas catorce empresas o grupos económicos tuvieron una relación contractual con el Estado durante el último gobierno de Alan García. Por esas consultorías Garrido Lecca ganó 2 millones 081 mil 341 soles.
      LA EMPRESA DE CARBAJAL: La pepa de hoy es de IDL-Reporteros. Un negocio vinculado con un estudio sobre valorización del azúcar lleva a lo siguiente:
      Este caso es aún más revelador: una de las compañías de Carbajal, Mercados & Norandina, se adjudicó directamente un contrato con el Estado mientras sus socios (en Crisol, nota de DTP), Chang y Garrido Lecca, eran ministros.
      Dicho sea de paso, el estudio financiero que hizo el consorcio T&IF – Mercados & Norandina para valorizar las acciones de Pomalca y Tumán fue, para efectos prácticos, inservible.
      En 2009, el Congreso de la República aprobó una ley que le otorgó a los trabajadores de ambas azucareras la preferencia en la compra de acciones. La valoración de los títulos se hizo con base a información del mercado, utilizando una metodología completamente distinta a la del estudio hecho por el consorcio.
      Este no fue el único contrato adjudicado al consorcio T&IF – Mercados & Norandina. El portal de proveedores del MEF registra una adjudicación por 11 mil 528 soles, en 2009. No figura para qué entidad fue el servicio.
      De manera individual, Mercados & Norandina también registra contratos con el Estado en pleno gobierno aprista, por un total de 31 mil 710 soles, según el MEF.
      Esta compañía es el resultado de la fusión de las compañías Mercados Consultora y Publicaciones, de Jaime Carbajal, y Norandina Ingeniería Financiera, de Hernán Garrido Lecca.
      Como vemos, Hernán Garrido Lecca ha sido una gran caja de sorpresas. La pregunta es si las mismas acabaran en una investigación ante el Ministerio Público.
      (Foto: La República)
      Fuente: El Tercer Piso
      03 abril 2014

      PERÚ: EL NARCO ESTADO
      Por Oscar Ugarteche
      Un tema recurrente de los últimos veinte años en el análisis político latinoamericano ha sido si existen los narco estados y qué los define. Está el marco referencial de México y lo que parece como un antiguo acuerdo de pase de drogas. El narcotraficante iba con el seudónimo de El Señor de los Cielos y pasaba la droga por aire en un acuerdo con un ministro de Estado del PRI de los años 50 que era vecino de su casa de campo. En México no hay nadie de alto nivel en la cárcel por narcotráfico y el control del territorio se perdió en varios estados.
      Luego está el caso colombiano donde hay financiamiento de los carteles de las drogas a los partidos políticos. El caso más ruidoso fue el financiamiento de Ernesto Samper a la Presidencia de la República siendo puente del dinero Fernando Botero, hijo del pintor y Ministro de Estado. Samper mismo quedó impoluto y Botero en la cárcel con un grupo grande de su partido político. El siguiente caso importante fue el escándalo de la venta de armas a las FARC a cambio de drogas donde el ministro de Defensa de Colombia acusó a Fujimori y Montesinos en el 2000, pocos meses antes de la caída de Montesinos[i] y luego de Fujimori. Esto fue acompañado de eventos aislados durante el fujimorismo de naves del Estado peruano llenas de toneladas de cocaína, tanto barcos de la Marina de Guerra como el avión presidencial. En los casos peruanos no cayó ningún responsable político a pesar de las acusaciones. El poder judicial eximió en todos los casos tanto a Montesinos como a Fujimori.
      El caso más nuevo y complicado es el del ex presidente Alan García donde el mismo parece ser cómplice del narcotráfico en el “sólido norte”, área geográfica donde su partido político ha predominado históricamente. El APRA se fundó en Trujillo en la costa norte. La complicidad parece tener la forma de indultos a sentenciados por narcotráfico. Esto no tendría cariz de complicidad si no se tratara de números masivos de narcos dejados libres y de los procedimientos empleados.
      En el semanario limeño Hildebrandt en sus Trece del 28 de marzo del 2014, el periodista Carlos León Moya señala varias cosas. El informe de la Megacomisión “da cuenta de un uso sin precedentes” de las gracias presidenciales durante el período 2006-2011, “al punto de constituir en la práctica un sistema de administración de justicia paralelo al Poder Judicial, al modificar alrededor del 30% de las resoluciones de este”. Asimismo, encuentra “alta incidencia en la excarcelación de personas condenadas por el delito de tráfico ilícito de drogas, tanto en su forma simple como en su forma agravada”.
      En total se concedieron 232 indultos, de los cuales 72 fueron por casos de tráfico ilícito de drogas. Se otorgaron también 5.246 conmutaciones de pena, de las cuales 3.207 fueron a condenados por el delito mencionado. De estas, al menos 400 fueron otorgadas a condenados por tráfico ilícito de drogas en forma agravada.
      En sus declaraciones a la comisión, García argumentó que las gracias presidenciales se debían a su objetivo de “erradicar el hacinamiento de los establecimientos penales”. Sin embargo, la evidencia contradice su defensa. Lejos de reducirse, durante su gobierno el número de internos aumentó en 33%: de 35.467 en agosto del 2006 a 48.858 en julio del 2011. Además, eso no explica el especial interés en los condenados por tráfico ilícito de drogas. Los sentenciados por robo agravado componen la mayor parte de la población penitenciaria del país, con casi 30% del total de internos. Pero a estos se les otorgaron 1.626 conmutaciones, prácticamente la mitad de las 3.207 dadas a los condenados por tráfico ilícito de drogas.
      A esto se suma que se otorgó 371 conmutaciones a condenados que estaban con semilibertad; es decir, que no ocupaban espacio en las cárceles. De estos, 268 eran condenados también por tráfico ilícito de drogas.
      Para entregar esta cantidad de indultos y conmutaciones, fue necesario modificar la normativa existente. Por una parte, se flexibilizaron los requisitos y las exigencias. Por otra, se fusionaron las comisiones que veían los casos a ser beneficiados, centralizando el manejo en una sola: la Comisión de Gracias Presidenciales. Esta sufrió modificaciones con respecto a su antecesora: se redujo el quórum de su instalación de 4 a 3 miembros, se cambió su composición –de profesionales especializados a un nombramiento simple–, se eliminó el sorteo para la distribución de las solicitudes entre los comisionados y también se eliminó la obligación de archivar las solicitudes de indulto denegadas. Hasta acá la cita del artículo del semanario.
      Todo parece sugerir que el ex presidente García sería cómplice de los narcoraficantes en general y de los mexicanos en especial que operan en el Perú donde han traslado algunas de las técnicas que usan en su país, incluyendo el sicariato, los secuestros y los infalibles dedos y orejas cortados. El tipo de violencia del narcotráfico desalienta tanto a los inversionistas como a los ciudadanos en este buen momento de la economía peruana. La relación del ex Presidente con el narcotráfico es una mala noticia para el país. Que no se juzgue el caso será una peor noticia.
      La interrogante, dado que se trata de un ex jefe de estado, es lo que implica para los que están detrás de él en la vida política. Por ejemplo, ¿los grupos financieros y mineros que lo sostienen sabían de esta complicidad? ¿El diario donde escribe el ex Presidente jurando su inocencia tiene conocimiento de estas operaciones? Al margen de lo que ocurra con el informe en la vía penal, la información hecha pública indica que hay complicidad presidencial con el narcotráfico por al menos segunda vez en el Perú a nivel presidencial: primero Fujimori y después García.
      ¿Cómo son las reacciones institucionales internas como son? ¿Qué piensa la Policía Nacional sobre la captura de narcos, al riesgo de sus vidas y la de sus familias, que luego su presidente liberó? ¿Cuál es la posición de las Fuerzas Armadas ante esta información? Al fin y al cabo quedaron muy afectadas por el narcotráfico en los años de Fujimori y el general Malca sigue prófugo teóricamente en México donde fue embajador hasta el 2000. Las Fuerzas Armadas están en el Valle del Río Apurímac y Ene (VRAE) peleando contra el narcotráfico, pero, ¿luego de capturados los narcos eran igualmente liberados? El juicio de la opinión pública en el caso de los narco indultos presidenciales es muy pesado, otra carrera a la presidencia de García pondría en claro quiénes son sus patrocinadores. Ahora sí, nadie puede decir que no sabían en que anda y con quien el ex presidente.
      La violencia en el sólido norte creció en los años de García y la nueva captura de los mismos liberados hace pensar que operan libremente con la confianza de tener influencia al más alto nivel. Este caso ya no se trata de administración del Estado sino simple y llanamente de narcotráfico, que por cierto puede ser denunciado ante un tribunal internacional, en caso que no prosperen los procedimientos internos peruanos. Como corresponde a este nivel de corrupción, se está entorpeciendo al más alto nivel la lectura del informe. Incluso, durante el proceso de investigación, el presidente y los miembros de la comisión fueron amenazados repetidamente y los prestigios de sus familias puestos en cuestión, como evidencia que lo hallado es verdad. García ha hecho que la Corte Suprema anule todo lo actuado en la comisión el día mismo que apareció el informe. Como no puede haber interferencias entre poderes del Estado, lo que corresponde es que se presente el informe completo ante el pleno del Congreso peruano para que luego de ser aprobado pase a la subcomisión de acusaciones constitucionales.
      El trabajo de la comisión ya está hecho y debe ser publicado a la brevedad para que se comience la búsqueda de la articulación del narcotráfico peruano con el mexicano para acabar con esta lacra. Eso ya le corresponde a inteligencia y a la DEA que se tienen que dar por informados ahora. El congresista Sergio Tejada y todos los comisionados merecen una felicitación por este extraordinario trabajo hecho bajo amenaza de muerte, que ahora se puede ver que es posible hacerlo. Si algo le ocurre a alguno de los miembros de la comisión estará claro quién fue.
      Nota:
      [i] . Tráfico de armas, una de las causas de la crisis de Vladimiro Montesinos http://tlahui.com/politic/politi00/politi10/pe10-10.htm
      - Oscar Ugarteche, economista peruano, es Coordinador del Observatorio Económico de América Latina (OBELA), Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM, México - www.obela.org. Miembro del SNI/Conacyt y presidente de ALAIwww.alainet.org
      Enviado por Alainet
      02 abril 2014
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