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Thursday, November 16, 2017

Graña y Montero dice que no la investiga el MP

¿QUIÉN MIENTE EN TRAMA ODEBRECHT? 

Graña y Montero dice que no la investiga el MP

Constructora envía comunicado a regulador bursátil desmintiendo afirmaciones de fiscal Hamilton Castro. En tanto, congresista Vilcatoma presenta otra denuncia constitucional contra Pablo Sánchez.   

La firma Graña y Montero (GyM), la mayor constructora de Perú, dijo en un comunicado enviado al regulador bursátil que a la fecha no ha recibido notificación alguna en la cual “se nos informe formal y oficialmente de la inclusión de la compañía o de alguno de sus directivos, ejecutivos y/o colaboradores en las mencionadas investigaciones”.
En una entrevista la noche del domingo con el canal América Televisión, el fiscal Hamilton Castro dijo que su oficina investiga de forma reservada a GyM y a otros socios locales de Odebrecht, empresa que ha admitido sobornos para ganar obras públicas en Perú.
“Sí, existe una investigación contra las empresas llamadas consorciadas”, dijo Castro. Al ser consultado si en las pesquisas estaba incluida Graña y Montero, el fiscal respondió: “Efectivamente y otras, contra Graña y Montero y otras”, anotó.
La afirmación de Castro fue corroborada, también la noche del domingo en declaraciones públicas, por el fiscal de la Nación, Pablo Sánchez.
Castro había dicho el domingo que el exejecutivo de Odebrecht Jorge Barata, quien se convirtió en un colaborador de la Fiscalía, declaró que las empresas con las que Odebrecht se asoció en dos proyectos de carreteras participaron en los sobornos al expresidente peruano Alejandro Toledo para asegurar los contratos.
“Esa declaración debe ser corroborada”, dijo Castro, quien no proporcionó detalles adicionales sobre Graña y Montero.

LA CARTA DE GYM

Sin embargo, tal información fue desmentida en la carta remitida ayer lunes a la Superintendencia del Mercado de Valores por Luis Díaz Olivero, gerente general corporativo de GyM.
“Por medio de la presente, cumplimos con informar en calidad de hecho de importancia que a través de diversos medios de comunicación, hemos tomado conocimiento de las declaraciones [de Castro y Sánchez] en las cuales señalan que Graña y Montero viene siendo investigada como parte de la corroboración de lo declarado por el Sr. Jorge Henrique Simones Barata, en relación con los actos de corrupción confesados por la empresa Odebrecht”, se lee en el primer párrafo del comunicado.
Tras precisar que a la fecha GyM no ha sido notificada, la constructora deja constancia de su “entera disposición” para colaborar “plenamente” en “todo aquello que la Fiscalía pudiese necesitar para el correcto esclarecimiento de los hechos”.
La compañía ha negado en repetidas ocasiones cualquier irregularidad y ha dicho que una reciente investigación interna que encargó no arrojó ninguna evidencia de que sus empleados hubieran participado en los sobornos de Odebrecht.

NUEVA CAÍDA BURSÁTIL

La acción de Graña y Montero tuvo una nueva caída en la jornada de ayer: un 4.20 por ciento, a 2.28 soles.
Las acciones de la constructora Graña y Montero en la Bolsa de Valores de Lima (BVL) habían caído en 19.35 % en las primeras horas de la jornada bursátil del pasado viernes, como una reacción de los inversionistas a las explosivas declaraciones de Marcelo Odebrecht, ex CEO de la empresa brasileña del mismo nombre, a los fiscales peruanos.

Finalmente, al cierre de la jornada de ese viernes, la acción de GyM en la BVL cerró en 2.40 soles (de lo que estaba en 2.75 soles), es decir tuvo una baja de 22.58 %, habiéndose negociado apenas 3 millones 99 mil soles.
Las consecuencias de las declaraciones de Marcelo Odebrecht también se reflejaron en un porcentaje menor de la baja del valor accionarial en la Bolsa de Valores de Nueva York.

OTRO FACTOR

Debe tenerse en cuenta también que, por su parte, el Congreso aprobó la madrugada del viernes el proyecto de ley 1410 que modificó el texto del Decreto de Urgencia 003 para aplicarlo a las exsocias de Odebrecht con una participación mayor al 5 %, lo que implicó una inclusión automática de Graña y Montero y JJC.
La nueva norma, que tendrá una vigencia de seis años, pone en la mira a las compañías condenadas por corrupción o que hayan admitido ilícitos, incluidas sus socias y consorciadas, las cuales no podrán transferir dinero del país hasta que se pague el total de la reparación civil a favor del Estado.
Tampoco podrán vender activos sin la autorización del Ministerio de Justicia. Finalmente, esta normativa ordena la retención de un porcentaje de las utilidades sobre contratos vigentes con el Estado.

VILCATOMA DENUNCIA

Más temprano ayer, la congresista y exprocuradora anticorrupción, Yeni Vilcatoma, presentó una denuncia constitucional contra el fiscal de la Nación, Pablo Sánchez Velarde, por nombrar de “manera errónea” al fiscal Hamilton Castro como el encargado de liderar las investigaciones en el caso de Odebrecht y por darle “poderes inusuales” para recibir todas las nuevas denuncias que pudieran existir a nivel nacional por crimen organizado y lavado de activos en el caso Lava Jato.
Vilcatoma explicó que interpone esta denuncia constitucional contra el fiscal de la Nación por infracción contra la Constitución, al haber vulnerado el inciso 4 y 5 de la Constitución Política del Perú respecto a la designación idónea del fiscal y del equipo especial de fiscales, pues ella tiene directa implicancia para la conducción de la investigación, tal como señala el artículo 159, inciso 4 de la Constitución.
Asimismo refirió que Sánchez Velarde ha atentado contra el material probatorio de la investigación en este megacaso Odebrecht, “lo cual va en desmedro directo y evita (…) el ejercicio real y eficiente de la acción penal”, contraviniendo con ello el inciso 5 del artículo 159 de la Constitución.
Vilcatoma recordó que la exprocuradora ad hoc, Katherine Ampuero, no solamente realizó pedidos de ampliación de investigación preparatoria en el caso de la Interoceánica, porque no era posible que el expresidente Alejandro Toledo haya podido cometer los actos de corrupción sin el apoyo de otros funcionarios públicos, es decir en la modalidad de crimen organizado.

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