Graña y Montero sabía todo
domingo 12 de noviembre del 2017 | 3:05 am
Los hechos hablan por sí solos y las declaraciones de Marcelo Odebrecht no dejan lugar a dudas acerca de su socia más cara en el Perú, Graña y Montero (GyM), la misma que a la sombra de Odebrecht amplió sus actividades de construcción a otros rubros, como los de infraestructura en hidrocarburos, el sector inmobiliario, los servicios de operación y mantenimiento de tecnologías de la información, los procesos de negocios y las redes eléctricas.
El ex CEO de la constructora carioca, Marcelo Odebrecht, al referir que con GyM tenían un “contacto especial” no usa una mera frase naif, sino que evidencia un verdadero terremoto dentro de la octogenaria firma peruana, con la cual participó en una serie de negocios ante el Estado. A buen entendedor pocas palabras, y si a esto sumamos el hecho de que GyM sabía todo lo que hacía Odebrecht en Perú y que conocía de la amplia red de operaciones estructuradas como punta de lanza para hacerse de licitaciones y concesiones arregladas bajo la mesa, entonces el resultado perjudicial a los intereses del Estado es contundente.
No por gusto ahora los agentes económicos castigan a GyM en la Bolsa de Valores de Lima, donde sus acciones se fueron a pique el último viernes. No es para menos que los inversionistas reaccionen así ante las declaraciones del cuestionadísimo y todavía preso Marcelo Odebrecht, a lo que se suma la modificación del Decreto de Urgencia 003 concretada en el último Pleno del Congreso de la República, que extiende la responsabilidad de los delitos de su constructora a las empresas que fueron sus socias en el Perú con una participación mayor al 5 %.
Según las declaraciones de Marcelo, el jueves 9 de noviembre se selló el desprestigio de Graña y Montero, pues en esa fecha se dijo categóricamente que las empresas peruanas que trabajaron en consorcio con su compañía en Perú “sabían lo que estaban haciendo” y que la única con la que tenía un “contacto especial” era la referida constructora, ligada familiar e institucionalmente al Grupo El Comercio.
Una vez más viene la pregunta acerca de cuál será el trato que el Ministerio Público le dará a Odebrecht y a sus socias en Perú; y si bien las investigaciones continúan, desde ya se debe pensar en que el Estado peruano ha sido el principal agraviado y de alguna forma se le deberá indemnizar satisfactoriamente y no a la ligera como algunos pretenden. Lamentablemente, hace tiempo que las constructoras comprometidas en sobornos se vienen beneficiando de las obras ejecutadas a punta de corrupción y se burlan del país a vista y paciencia de los fiscales.
Dueño de Graña y Montero en la Comisión Lava Jato
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El presidente del Directorio del Grupo Graña y Montero, José Graña Miró Quesada, se presentó este martes a la comisión investigadora Lava Jato del Congreso de la República y reveló que se presentaba por segunda vez ante dicho gremio, con el fin de colaborar en aras de que se llegue a saber toda la verdad.
“Al respecto, quiero reiterar mi posición de que nosotros no conocíamos ni podíamos conocer sobre el sistema de pago de sobornos de Odebrecht. Ejecutado por un área llamada la División de Operaciones Estructuradas”, manifestó el convocado.
Graña Miro Quesada ratificó que el dinero del soborno de Odebrecht se canalizaba vía un pool de sociedades offshore en el extranjero.
EL PROBLEMA DE GRAÑA Y MONTERO
El problema de Graña y Montero no es la querella que Keiko Fujimori amenaza con interponer a El Comercio por su osadía de informar categóricamente a partir de hechos no verificados en el caso de Odebrecht y el financiamiento eventual a Fuerza Popular.
Tampoco es la histeria de que se esté amenazando la libertad de expresión. La judicatura resolverá lo que corresponda cuando se conozcan al detalle las declaraciones de Marcelo Odebrecht y Jorge Barata.
La cuestión de fondo es la falta de transparencia institucional, el riesgo que por ello corren los trabajadores y la actuación de la justicia.
GyM negó conocer los delitos de Odebrecht; sin embargo, Barata ha sostenido que Graña sí conocía las coimas a Toledo en la Interoceánica. Según la Folha de Sao Paulo en la ejecución de la Línea 1 del Metro, Graña habría cedido sus ganancias para el pago de coimas a funcionarios. Además, ¿cómo contrató con alguien que ya tenía un problema penal en Brasil? Por otra parte, Graña y Enagás burlarían una deuda de US$ 200 millones con los proveedores en el gasoducto sur. Asimismo es excesivo que la Concesionaria Chavimochic, integrada por Odebrecht y GyM, a cargo de la construcción de la III etapa de Chavimochic, amenacen con enjuiciar al Estado.
Entre tanto, las averiguaciones internas sobre estos hechos encargadas por la compañía a Simpson Thacher & Bartlett carecen de valor jurídico.
Fiscalmente, ¿por qué Pablo Sánchez jamás solicitó el embargo de los bienes de GyM y otras constructoras corruptas? ¿Por qué ha permitido la venta de parte de sus activos? ¿Por qué designó a dedo al fiscal Hamilton Castro, en vez de que la elección sea a través de la Mesa de Partes o el fiscal de turno? ¿Por qué se eligió a dedo a un grupo especial de fiscales para que acompañaran a Castro a Brasil?
La procuraduría sí denunció penalmente a las empresas GyM y otras por sus vinculaciones al pago de coimas en la Interoceánica Sur, y fiscalmente tras la delación de Barata de que GyM conocía de las coimas a Alejandro Toledo, la Fiscalía debió incluirla.
No debe buscarse la quiebra de Graña, pero sí intervenir la empresa para garantizar las indemnizaciones, cautelar el derecho de los trabajadores, que no se rompa la cadena de pagos y que cualquier contrato nuevo se haga bajo el marco del DU 003 modificado. Lo contrario sería permitir privilegios inexcusables.¿QUIÉN MIENTE EN TRAMA ODEBRECHT?
Graña y Montero dice que no la investiga el MP
Constructora envía comunicado a regulador bursátil desmintiendo afirmaciones de fiscal Hamilton Castro. En tanto, congresista Vilcatoma presenta otra denuncia constitucional contra Pablo Sánchez.
La firma Graña y Montero (GyM), la mayor constructora de Perú, dijo en un comunicado enviado al regulador bursátil que a la fecha no ha recibido notificación alguna en la cual “se nos informe formal y oficialmente de la inclusión de la compañía o de alguno de sus directivos, ejecutivos y/o colaboradores en las mencionadas investigaciones”.
En una entrevista la noche del domingo con el canal América Televisión, el fiscal Hamilton Castro dijo que su oficina investiga de forma reservada a GyM y a otros socios locales de Odebrecht, empresa que ha admitido sobornos para ganar obras públicas en Perú.
“Sí, existe una investigación contra las empresas llamadas consorciadas”, dijo Castro. Al ser consultado si en las pesquisas estaba incluida Graña y Montero, el fiscal respondió: “Efectivamente y otras, contra Graña y Montero y otras”, anotó.
La afirmación de Castro fue corroborada, también la noche del domingo en declaraciones públicas, por el fiscal de la Nación, Pablo Sánchez.
Castro había dicho el domingo que el exejecutivo de Odebrecht Jorge Barata, quien se convirtió en un colaborador de la Fiscalía, declaró que las empresas con las que Odebrecht se asoció en dos proyectos de carreteras participaron en los sobornos al expresidente peruano Alejandro Toledo para asegurar los contratos.
“Esa declaración debe ser corroborada”, dijo Castro, quien no proporcionó detalles adicionales sobre Graña y Montero.
LA CARTA DE GYM
Sin embargo, tal información fue desmentida en la carta remitida ayer lunes a la Superintendencia del Mercado de Valores por Luis Díaz Olivero, gerente general corporativo de GyM.
“Por medio de la presente, cumplimos con informar en calidad de hecho de importancia que a través de diversos medios de comunicación, hemos tomado conocimiento de las declaraciones [de Castro y Sánchez] en las cuales señalan que Graña y Montero viene siendo investigada como parte de la corroboración de lo declarado por el Sr. Jorge Henrique Simones Barata, en relación con los actos de corrupción confesados por la empresa Odebrecht”, se lee en el primer párrafo del comunicado.
Tras precisar que a la fecha GyM no ha sido notificada, la constructora deja constancia de su “entera disposición” para colaborar “plenamente” en “todo aquello que la Fiscalía pudiese necesitar para el correcto esclarecimiento de los hechos”.
La compañía ha negado en repetidas ocasiones cualquier irregularidad y ha dicho que una reciente investigación interna que encargó no arrojó ninguna evidencia de que sus empleados hubieran participado en los sobornos de Odebrecht.
NUEVA CAÍDA BURSÁTIL
La acción de Graña y Montero tuvo una nueva caída en la jornada de ayer: un 4.20 por ciento, a 2.28 soles.
Las acciones de la constructora Graña y Montero en la Bolsa de Valores de Lima (BVL) habían caído en 19.35 % en las primeras horas de la jornada bursátil del pasado viernes, como una reacción de los inversionistas a las explosivas declaraciones de Marcelo Odebrecht, ex CEO de la empresa brasileña del mismo nombre, a los fiscales peruanos.
Finalmente, al cierre de la jornada de ese viernes, la acción de GyM en la BVL cerró en 2.40 soles (de lo que estaba en 2.75 soles), es decir tuvo una baja de 22.58 %, habiéndose negociado apenas 3 millones 99 mil soles.
Las consecuencias de las declaraciones de Marcelo Odebrecht también se reflejaron en un porcentaje menor de la baja del valor accionarial en la Bolsa de Valores de Nueva York.
OTRO FACTOR
Debe tenerse en cuenta también que, por su parte, el Congreso aprobó la madrugada del viernes el proyecto de ley 1410 que modificó el texto del Decreto de Urgencia 003 para aplicarlo a las exsocias de Odebrecht con una participación mayor al 5 %, lo que implicó una inclusión automática de Graña y Montero y JJC.
La nueva norma, que tendrá una vigencia de seis años, pone en la mira a las compañías condenadas por corrupción o que hayan admitido ilícitos, incluidas sus socias y consorciadas, las cuales no podrán transferir dinero del país hasta que se pague el total de la reparación civil a favor del Estado.
Tampoco podrán vender activos sin la autorización del Ministerio de Justicia. Finalmente, esta normativa ordena la retención de un porcentaje de las utilidades sobre contratos vigentes con el Estado.
VILCATOMA DENUNCIA
Más temprano ayer, la congresista y exprocuradora anticorrupción, Yeni Vilcatoma, presentó una denuncia constitucional contra el fiscal de la Nación, Pablo Sánchez Velarde, por nombrar de “manera errónea” al fiscal Hamilton Castro como el encargado de liderar las investigaciones en el caso de Odebrecht y por darle “poderes inusuales” para recibir todas las nuevas denuncias que pudieran existir a nivel nacional por crimen organizado y lavado de activos en el caso Lava Jato.
Vilcatoma explicó que interpone esta denuncia constitucional contra el fiscal de la Nación por infracción contra la Constitución, al haber vulnerado el inciso 4 y 5 de la Constitución Política del Perú respecto a la designación idónea del fiscal y del equipo especial de fiscales, pues ella tiene directa implicancia para la conducción de la investigación, tal como señala el artículo 159, inciso 4 de la Constitución.
Asimismo refirió que Sánchez Velarde ha atentado contra el material probatorio de la investigación en este megacaso Odebrecht, “lo cual va en desmedro directo y evita (…) el ejercicio real y eficiente de la acción penal”, contraviniendo con ello el inciso 5 del artículo 159 de la Constitución.
Vilcatoma recordó que la exprocuradora ad hoc, Katherine Ampuero, no solamente realizó pedidos de ampliación de investigación preparatoria en el caso de la Interoceánica, porque no era posible que el expresidente Alejandro Toledo haya podido cometer los actos de corrupción sin el apoyo de otros funcionarios públicos, es decir en la modalidad de crimen organizado.
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